“Muchos se extraviaron de la fe porque la raíz de todos los males es el amor al dinero». 1a de Pablo a Timoteo, cap. 6 versículo 10.
La opinión pública mexicana ha ido tomando conciencia de la transferencia de recursos a las iglesias, particularmente la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En el caso mexicano están prohibido el financiamiento público las iglesias e incluso las donaciones que se hagan a las mismas no se pueden deducir de impuestos.
Hecha la ley, hecha la trampa” sentencia un dicho popular. En México las iglesias fundan con sus feligreses asociaciones civiles (AC) e instituciones de asistencia privada (IAP) e incluso los personeros de la Iglesia Católica sabemos que controlan las Juntas que supervisan a las IAPs. En los Estados Unidos las iglesias gozan de exenciones de impuestos, pero no pueden involucrarse en cuestiones políticas, aunque sus líderes están abiertamente involucrados en el proceso electoral de noviembre donde se disputan la presidencia y muchos cargos electivos. Es muy conocido y comentado el involucramiento de la Iglesia Mormona en el referéndum del estado de California que llevó a la revocación de la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por lo contrario, en varios países de América Latina la Iglesia Católica es iglesia de Estado y/o tiene fuertes financiamientos estatales, definidos por los textos constitucionales. Para nadie es un secreto que los conflictos del destituido presidente Evo Morales con la Jerarquía católica es una de las causas de la ofensiva política contra el Movimiento al Socialismo (MAS) y el golpe de estado que sufrió.
En México la situación de la Iglesia Católica está pasando por algunas tensiones que afectan notablemente su prestigio. Era sabido por los especialistas que había transferencias de recursos de los gobiernos federales, estatales y municipales a la Iglesia Católica: donaciones de terrenos, vehículos del año para los obispos, construcción de templos con recursos públicos, además de protección e impunidad ante situaciones de carácter judicial. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tenían un funcionario con rango de subsecretario adscrito a la presidencia de la República, que se ocupaba de atender sus solicitudes, al margen del Director General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación que se ocupaba de las demás religiones.
En esta ocasión la Jerarquía Católica está varios problemas reseñaré los mas notables: Caso Cesar Duarte, este exgobernador de Chihuahua actualmente detenido con fines de extradición en Estados Unidos tenía una nómina secreta donde figuran sacerdotes pagados con recursos del Estado, lo cual está prohibido por la Constitución. Sabemos que no es el único caso, pero siempre fue muy difícil de comprobar por la existencia de recursos opacos.
Más grave aún es el financiamiento del crimen organizado: en el contexto de la detención del líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, apodado el Marro, en el estado de Guanajuato, el prestigiado periódico mexicano El Universal nos informó que “hay preocupación de que el criminal tuviera vínculos con sacerdotes y religiosos de Guanajuato. La angustia no es solo porque los religiosos ofrecieran celebraciones en honor del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, sino que hubiera dado donaciones exorbitantes de recursos.”
La Jerarquía Católica se adelantó al escándalo y manifestó su disposición de cooperar con la justicia en la materia. Es importante mencionar que las asociaciones religiosas deben identificar cualquier donante mayor de 240,000 pesos (11,000 dólares) e informar al Servicio de Administración Tributaria para cumplir con la Ley Anti lavado de dinero.
Estos escándalos de asociación con políticos corruptos y el involucramiento con recursos del crimen organizado se añaden a los ya conocidos temas de la pederastia clerical: ¿Sólo la Iglesia Católica está involucrada en estos delitos? Habría que ver quien puede “tirar la primera piedra”. Al tiempo.
Por: Elio Masferrer Kan, profesor-investigador emérito ENAH-INAH México
