Deficiencias legales, intereses sectarios y poca visión de justicia social
(Por: Róger Hernán Gutiérrez*)
El país se debate entre la legalidad, la ilegalidad—el orden y el des-orden—y por demás en beneficios para los sectores dominantes y en efectivo detrimento para las clases marginadas, empobrecidas y excluidas de la sociedad salvadoreña.
Deficiencias legales se presentan hoy en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo, y preguntamos a todos esos cuerpos jurídicos del país que “defienden la legalidad” a capa y espada, y se oponen o tratan de tener controlados los brotes de una posible insurrección para restablecer el orden, y se rasgan las vestiduras hablando en toda la cadena mediática conservadora, parcializada y sesgada de la verdad, que jamás harán la acción de que la justicia social prevalezca por sobre los intereses dominantes.
Los consejales han violado la ley laboral y dan una interpretación de su actuar no basado en la ley sino en el interés económico y propio—y los contubernios en los procesos electorales para hacer llegar a esos nuevos consejales, mantienen grados de corrupción que hacen que prevalezcan no los elementos de la legalidad, sino de los intereses turbios, la opacidad y la nula transparencia.
Recordando en el 2016, cuando se dio la pelea por la ANEP y el sindicalismo plegado a los intereses patronales, aducían no estar de acuerdo con la decisión firme de la Ministra de Trabajo de aquel entonces—que se opuso a la decisión de incremento del salario mínimo ofensivo, indecente y denigrante para la clase trabajadora. Y fue así que se buscó la decisión para hacer de las funciones de esa instancia tripartita una mejora sustancial rescatando un proceso electoral menos viciado.
La legalidad se está violando, y dando paso a mayores niveles de injusticia social, dónde queda ese orden establecido que muchos personeros del país aclaman que se está en peligro de perturbar y modificar, por qué entonces lo que domina es la pasividad, la demagogia y la manipulación de la información—en aquel espacio de discusión sobre si se incrementaba o no el salario mínimo, se tuvieron de manera ética y sistematizada un orden para presentar las propuestas, que fueron más de 9, y dar cabida a la discusión y lo más importante es que se hizo de manera abierta a los medios de comunicación que claramente defendían los intereses de la ANEP que no estaba en el debate, por las razones que todos sabemos—intereses sectarios y poco consecuentes para los que se encuentran en niveles de empobrecimiento acelerado—
Ahora se hace en la opacidad, en conciliábulos (reuniones oscuras) que no hacen y demuestran una clara justicia social, en esto las actuales autoridades de trabajo, se ven igualmente en solitario y sin la correlación de los otros sectores para poder decidir por una revisión al salario mínimo. A pesar de que hay propuestas de la clase trabajadora insertas en el seno del Consejo, éstas no se mueven a una discusión franca, y se deslegitiman en primer momento por el sector empresarial, que cierra filas y asusta con el petate del muerto, que se afectará negativamente el ejercicio productivo de las empresas, limpiándose en mucho en el alto sector población sub empleado y de la informalidad, así como de que un incremento desestabilizará a la pequeña y micro empresa.
Y en un segundo momento el gobierno no se pone de acuerdo en sus 3 carteras que están representadas, tales son la cartera de agricultura y ganadería, y de economía que mantienen posturas individualizadas que no logran una clara propuesta gubernamental unificada y coherente hacia la clase trabajadora y de parte del sector empresarial que no presenta ninguna en tanto que ello haría claramente evidenciar cuál es la posición al respecto del tema. Aunado a esto el sector laboral llega deficitario, acusado de defender el interés empresarial; y es adversado de que no presenta propuestas que realmente recojan los intereses y necesidades de la gente trabajadora.
En todo esto queda claro que hay un claro rompimiento de la legalidad, donde el sector gubernamental se ve con mayor problema en tanto que sus funcionarios están obligados a respetar la ley y no tienen más facultades que lo que la ley les manda; y sin embargo no pasa nada. El sector empresarial su lógica es la oposición visceral, anular el debate franco y abierto y, provocar el miedo a quienes se ven apresados en la realidad de empobrecimiento constante, que da pie a pensar en perder empleos y/o condiciones mínimas de trabajo y de ingresos.
*Sindicalista salvadoreño