En agosto de 2010, 72 migrantes de varias nacionalidades murieron a manos del crimen organizado en San Fernando Tamaulipas, México, entre ellos 14 salvadoreños. A nueve años de la masacre el avance en la investigación es incipiente pese a las pruebas presentadas por organizaciones de familiares de las victimas.
En El Salvador hay un expediente abierto en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un amparo presentado por una de las familias afectadas a la Corte Suprema de Justicia, pero no hay seguimiento del caso.
Claudia Interiano de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho dijo que al omitir investigar los Estados violan derechos humanos: “Es una obligación de los Estados, tanto de origen como de transito y destino, el investigar y colaborar para que se encuentre la verdad, la justicia y reparación. También pedimos al Gobierno de El Salvador que tome todos los niveles de colaboración, exigiendo la justicia a nivel transnacional”.
Según dijo Interiano “el hecho que no se haya cometido el delito, la grave violación a derechos humanos en territorio salvadoreño, no quiere decir que nos lavamos las manos y que eso solo lo tiene que investigar México. El Salvador también tiene que pedir cuentas a México, sobre qué pasó con sus ciudadanos”.
Luis López del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador COFAMIDE le pidió al presidente Nayib Buleke que se siente con los familiares de los migrantes fallecidos y desaparecidos para abordar la problemática. A la vez, pide crear un grupo especial de investigación del caso en coordinación con México.
“Estamos viendo que solo se está tocando el tema de migrantes que van en tránsito y migrantes deportados, pero, ¿qué está pasando con los migrantes desaparecidos y los que fallecen en territorio mexicano?, cuestionó López.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y COFAMIDE pide una legislación en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
