El juez Alejo Ramos Padilla, munido de pruebas irrefutables, concurrió a la Cámara de Diputados de la Nación para revelar detalles muy comprometedores sobre la investigación a su cargo de lo que calificó «una red ilegal político judicial de magnitudes».
En efecto, aún no se puede saber la profundidad y el alcance de una trama delictiva que involucra a espías, embajadas, agencias norteamericanas como la DEA, políticos, periodistas, fiscales y jueces.
Los grandes medios de comunicación prácticamente no cubrieron el tema y tampoco lo hicieron las agencias de noticias vinculadas con las potencias Occidentales. La red se conoció por la denuncia de una de las víctimas: un empresario que estaba siendo extorsionado y la posterior investigación de Ramos Padilla. La finalidad de la organización era comprometer a funcionarios del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en hechos de corrupción.
«Se secuestraron carpetas con sellos de las embajadas de EEUU y de Israel. Ramos Padilla encontró expedientes con los membretes de estas embajadas, aunque no se puede comprobar aún la legitimidad de estos sellos. Muchos expedientes eran sobre las personas a extorsionar, sus hijos, parejas y allegados», aseguró el periodista Sebastián Salgado, quien presenció en la Cámara de Diputados la exposición de Ramos Padilla.
Muy preocupado por la vida del juez y por las consecuencias del escándalo el Premio Nobel de la Paz, el argentino Pérez Esquivel dijo: «Esto pone en peligro la estabilidad democrática. Hay que cuida al juez Ramos Padilla». Poderosos sectores judiciales involucrados tratan de sacarle al juez la causa.
«Cuando pensamos en estos niveles de injerencia, nos damos cuenta de cómo llegó al poder Mauricio Macri», destacó Salgado, que destacó el escándalo que esta causa representa para Argentina en un año electoral.
Según refirió Ramos Padilla uno de los extorsionados fue «el expresidente de PDVSA en Argentina, Brusa Dovat. Iba a ser un gran respaldo para el presidente Macri, según los documentos que se hallaron».
Otro caso a investigar involucra una empresa de venta de cemento de Irán que estaba cerrando una operación con Uruguay y esta red los extorsionó con que iban a ser encarcelados por terroristas.
La red involucra como mínimo al fiscal Carlos Stornelli, al agente Marcelo D’Alessio y al periodista Daniel Santoro del Grupo Clarín. En conversaciones grabadas se constató cómo sometían a las personas –según las propias palabras de D’Alessio- a un «ablande» y a situaciones de pánico» para luego obligarlos a hacer declaraciones falsas además de pedirles grandes sumas de dinero. Y esto es, al parecer, apenas «la punta del iceberg».
El Estado Islámico resiste para conservar los restos de su califato
Salgado, que actualmente se desempeña como corresponsal de Hispan TV en Argentina, también se refirió a la situación que atraviesa el Estado Islámico en Baghuz, al este de Siria, donde lucha por conservar los restos de su califato. «Los gobiernos de EEUU, Israel, Qatar y Francia financiaron a los grupos terroristas, donde el EI es el más conocido. Cuando Rusia entró el conflicto, los grupos ya no tenían capacidad operativa para mantenerse en el terreno. Estos grupos, por ende, fueron disminuyendo. El Ejército Libre Sirio, el primero en desestabilizar Siria, pensaba que iba a ser suficiente para derrocar al régimen sirio. Una persona que pertenece a estos grupos terroristas puede cambiarse el uniforme y ser del ELS, porque son lo mismo», dijo.
Asimismo, aseguró que Siria comienza a retornar a una relativa normalidad.
«Hay gente que está retornando a Siria. Ahora el gobierno de Bashar Al Assad retoma espacio en la política exterior. La semana pasada el presidente fue a Irán. Y luego el canciller de Irán fue a Siria a retribuirle la visita», graficó Salgado.
En el programa se informó a su vez acerca del acuerdo entre EEUU y Brasil para que Washington pueda hacer uso de la base militar de Alcántara, ubicada al norte del país sudamericano; el vínculo con agentes de la CIA en el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid, España, ocurrida el pasado 22 de febrero; y la conformación de una comisión investigadora en Venezuela para determinar lo sucedido durante el masivo apagón eléctrico.
