¿A quién afectan las reformas a la Ley de la Carrera Judicial promovidas por la Asamblea Legislativa?

Muchas personas piensan que los más afectados con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son los jueces. En parte sí hay un daño directo hacia ellos, pero, todos los casos que están en el sistema de justicia se verán afectados.

El caso de la masacre El Mozote es uno de tantos que se verán  afectados. El juez Jorge Guzmán fue uno de los removidos, a raíz de la implementación de las reformas.

Óscar López Jerez, nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia el pasado 1 de mayo, ofreció al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán, que continúe trabajando en el caso El Mozote y sitios aledaños, después de asegurar que ya había nombrado a un sustituto.

Guzmán afirmó que lo invitaron a participar en la Comisión de Jueces, el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, Guzmán dijo que no asistiría a la invitación porque la pretensión era que continuara tramitando el caso de la masacre El Mozote y sitios aledaños. “Aquí no se trata de capricho, se trata de que se vuelva al respeto de la Constitución y la ley; mantengo mi posición que solo regresaré si se expulsa del ordenamiento jurídico el inconstitucional decreto 144, a través de una derogatoria o de una inaplicabilidad por la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el juzgador.

Leonel Claros,  presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de Morazán (APDHEM), lamentó la salida del juez Guzmán y dice respetar su decisión ante la aplicación de las reformas.

Las víctimas señalan que desde hace años han buscado la remoción del juez y hoy se logró. Claros lamenta que con la llegada de un nuevo juez el caso básicamente se reiniciará.

El caso El Mozote cuenta con más de  200 folios, por lo que un nuevo juez tiene que informarse del caso.

Ovidio Mauricio de Tutela Legal “María Julia Hernández” señala que El Mozote no es el único caso que se vería afectado, también el de la masacre de La Quesera, Monseñor Romero, Caso Jesuitas, entre otros.

Pero estos no son los únicos casos que se verán afectados con la destitución de jueces, sino también con el traslado de éstos a otras instancias.

Los magistrados propietarios de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama y Cesia Romero fueron trasladados a otras sedes judiciales al interior del país. El magistrado Lizama estará en una Cámara de lo Penal en San Vicente. Por su parte la magistrada Romero pasa a la Cámara de lo Civil de Santa Ana.

Según la jueza Romero, con el traslado de los jueces los casos ambientales tendrán un retraso, mientras los nuevos jueces conocen de los mismos.

A criterio del juez Juan Antonio Durán, los jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia están haciendo destrozos en el sistema judicial al desconocer los procedimientos o los casos que están siendo procesados. Señala que hay un total desconocimiento por parte de los jueces, quienes nunca han hecho una audiencia o dictado una sentencia.

Durán dijo que las sentencias que emitan los 98 jueces impuestos por la Corte son de dudosa constitucionalidad.

El pasado 30 de septiembre nuevamente los jueces, de la mano con otras organizaciones, salieron a la calle para demandar que se respeten las leyes y el Estado de derecho.

Los cambios al sistema judicial no solo afectan las leyes de la República y la institucionalidad afectan los miles de casos que estaban en etapa de judicialización,  pues la remoción de jueces implica, más allá de una afectación profesional de una persona, daños a los más pobres y a los que durante años han luchado por una pronta justicia.