Evaluación de las demandas laborales presentadas el uno de mayo -II-

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En cuanto a la demanda salarial de mejora en los salarios mínimos, hasta antes del anuncio de la lista Engels, el Ministro de Trabajo argumentaba que debía basarse en un estudio técnico, donde todos estuviéramos de acuerdo –es decir que la tripartita Consejo Nacional del Salario Mínimo-CNSM, debería llegar a un acuerdo—sin embargo, este organismo se ha mantenido inactivo sin abrirse la discusión de las diferentes propuestas presentadas, que dejaron de recibirse el pasado marzo/2020. Eso nos lleva a reflexionar, por qué el salario mínimo fue incrementado, en otro lugar de CAPRES y el Consejo Nacional no se enteró, y sobre todo por cuanto el desfase de su revisión, era una justificación de que estamos pasando por difíciles momentos políticos, económicos y sociales.

No obstante el Presidente argumentó que era el momento y tiró el anuncio del aumento del 20%, como suele hacerlo, que todos sabemos era una medida que estaba desfasándose sin entender las razones del Ministro Castro, para no dar pauta a que se concretara una propuesta dentro de la revisión, la que nunca se hizo, luego fue retomado el mandato presidencial como una orden, igual que en otras oportunidades, siendo la causa principal que no existiera discusión alguna, quedando los argumentos ministeriales un tanto fuera de contexto.

Por lo demás era necesario, pero no ha recogido el costo de vida y una efectiva cobertura en materia de bienes materiales y servicios públicos; así como la efectiva provisión de la canasta básica de alimentos y ampliada, no obstante, el análisis y debate que lo determinen no se dio, hay una economía golpeando fuertemente los bolsillos de la gente, los incrementos están dándose al combustible que trastoca todos los bienes y servicios que implican transporte, a la energía eléctrica, al gas propano, a los servicios de agua potable. Y otros efectos negativos resultado de la pandemia y de las medidas del gobierno. El aumento salarial del 20%, va implicar que salarios arriba de 365 usd se verán acortados en su diferencia con el salario mínimo y quedarán en desventaja esperando un aumento salarial por parte de las empresas para nivelar la responsabilidad, cuestión que será notoriamente difícil.

Así también los más de cien millones para dar cobertura al subsidio a las empresas durante doce meses en el valor de la planilla incrementada con salario mínimo a partir de agosto/2021, será igualmente asumido por toda la población a través de los impuestos, lo que hace que el incremento se vea disminuido, además de fallas en el sistema de control de precios de bienes y servicios, por cuanto continuamos con un modelo de economía con prevalencia del mercado, en tanto todo se ha convertido en mercancía, en detrimento de lo social; por lo que una acción política de incrementar el salario mínimo, no resuelve el problema de la economía.

Mucho del sector empresarial, está sumergido en una acción de plena aceptación de condiciones que presionan, y que hacen más compleja la situación; nos encontramos ante una corrupción que flagela e impacta las vidas de las personas salvadoreñas, y que va minando en una lógica de ir anulando condiciones de provecho para las nuevas generaciones.

La corrupción delata una situación de debilitamiento estatal, es deficitaria por los recursos económicos obstaculizan el posible bienestar del país; los distintos sectores y estamentos de la sociedad mantienen un retraso y alto sub desarrollo socio-económico, como resultado de la corrupción imperantes en el país; lo que ha llevado a una gestión de las instituciones del Estado infuncionales y de poco provecho para la población

La plataforma sindical de lucha también planteó—la situación por la que atraviesa la administración del trabajo, que sigue sin avanzar en procesos claros de políticas públicas referidas al empleo y salarios. Hay una práctica empresarial tanto pública como privada de impulsar muy poco la promoción y formación de las libertades sindicales, hay prácticas empresariales que son dominantes y fortalecen una cultura anti sindical. Persiste una debilidad en la acción de tutela de los derechos humanos laborales; y no hay una efectiva labor por la justicia laboral y social, a través de una eficiente inspectoría del trabajo, y resolución alterna de conflictos.

Siguen siendo muy debilitadas por acciones públicas y privadas—el derecho a la organización, negociación colectiva y derecho a huelga—y se vivencia un des mejoramiento en la administración de justicia, para evitar los abusos y las arbitrariedades de las patronales. Importante en este contexto que se reconozca una mayor protección jurídica para las personas trabajadoras que ejercen cargos sindicales, y para ello la demanda de reconocimiento, en lo jurisdiccional y administrativo es todavía materia pendiente para el actual gobierno.

*Sindicalista salvadoreño

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