Publicidad laboral, buenas intenciones ministeriales y formas demagógicas de ejercer el poder en la materia laboral

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En el marco de la conferencia Internacional de la OIT, el Ministro de Trabajo se fue a Ginebra a cabildear sobre aspectos que empañan una gestión del actual gobierno; el asunto que se trata es que la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se celebrará, por primera vez en su historia, de manera virtual, a tenor de los cambios que ha provocado la crisis de la COVID-19.

El orden del día de la parte de la CIT en junio incluye un documento de resultados especial relativo a las medidas de respuesta de la OIT frente a la covid-19 , y lo interesante el análisis de los informes sobre aplicación de las normas del trabajo durante la pandemia y los correspondientes debates sobre casos de país.

El medio utilizado por el Ministro de Trabajo, arrojó noticias de su visita, de sus reuniones y de las diferentes declaraciones y motivos de sus encuentros entre los que se mencionaron mucha publicidad por lo laboral que dice estar haciendo en la cartera de trabajo. La realidad encuentra un debate en lo sindical que a la vez está siendo cuestionado a partir de una actuación del jefe de la administración del trabajo, con poco tino, pero con conocimiento del ámbito de corrupción creado en mucha de la historia sindical salvadoreña.

Es importante establecer que la visita en Ginebra de la persona de Rolando Castro, tiene a su base adelantar criterio ante la Conferencia, y evitar alguna reacción negativa o en último caso aminorar quejas que mantienen a El Salvador en una lista de países violadores de libertades sindicales. Po otro lado demuestra un trabajo de contención importante de posibles fracturaciones por aquéllas voces que reclaman una solución a los problemas sindicales que se evidencian en el país. Para el caso la visita transmite una capa de que la gestión Bukele en la materia laboral está bastante orientada a una supuesta mejoría sustancial de los derechos laborales.

El Salvador, no sólo ahora, sino en años anteriores ha estado siendo cuestionado por problemas de libertad sindical, para el caso desde antes y durante el momento donde se ratificaron los convenios 87,98 (2006), que no permitían su ratificación por la Asamblea Legislativa de aquel entonces opuestas a ese derecho, dichos convenios son relativos a la protección del Estado en materia de organización sindical, contratación colectiva y de huelga; fue una modificación a la Cn. que los conservadores como Parker y otros insistieron en que debía modificarse el art47, así se cambió ampliando el derecho de organización y dio paso a la sindicación en el sector público—ministerios y alcaldías—no obstante, quedaron grupos laborales a los que hasta el momento se les impide asociarse en sindicato.

Luego de esto se observaron en la administración pública, claras oposiciones a un ejercicio de diálogo con el movimiento sindical, en tiempo de ARENA copado por un sindicalismo patronal, que protagonizó un tripartismo doloso y poco consecuente con las necesidades del país, bastante ligado a los intereses de las empresas. Cuando se entra en el ejercicio del FMLN (2009), se apertura el diálogo en el sector público y la Secretaría de la Gobernabilidad y Modernización del Estado (2010) y se crean espacios tripartitos con los empresarios en el denominado Consejo Económico Social-CES (con la figura de Alex Segovia); y luego, con el Ministro Centeno (2013) se ahogaron los equilibrios derivándose en quejas ante la OIT por parte de la ANEP y otros organismos sindicales por violaciones al C144 de la consulta tripartita; con el Prof. Sánchez, y la Ministra Sandra Guevara, la queja continuó y fue un gobierno sin diálogo social.

Esta herencia se intentó diluirla en la CIT de 2019, con el actual Ministro, y no se pudo hacer mayor cosa, se rescataron algunas cuestiones, pero se complicaron otras, el Consejo Superior del Trabajo, se reactivó su nombramiento, pero ha estado sin trabajar agravado por los efectos que la pandemia determinó para 2020.

Si el Ministro de Trabajo, piensa que con publicitar supuestas acciones de cabildeo con diferentes personeros de la OIT en Ginebra, con los impuestos y el poco presupuesto institucional, es suficiente, siguen pendientes la deuda histórica sobre las indagaciones y la deducción de la responsabilidad material e intelectual por los sindicalistas asesinados, lo relativo a pensiones, salario mínimo, los temas salariales y de empleo, que en un tripartismo realmente aperturado hacia los intereses laborales, daría pauta a pensar algo de bienestar para el país.

*Sindicalista salvadoreño

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