Cambia, todo cambia y entonces la reforma constitucional

Comencemos diciendo que la Constitución que nos rige es de 1983, una constituyente creada para impedir o mediatizar la guerra civil, con la diferencia que no se podía por medio de un golpe de estado, en tanto los militares la pasaban ocupados, siendo la causa principal del conflicto: la represión política, jurídica, económica y militar; por ello los constituyentes se permitieron modificar sustancialmente a la clase gobernante que pasó de los militares a los partidos políticos, creando supuestos espacios democráticos en el ejercicio del poder, aquello que hoy mantiene una difusa hegemonía, ¿quiénes hoy en El Salvador disponen del poder a sus anchas?

Algunos románticos del derecho, sostienen que se trata de una legislación de avanzada y con gran significado democrático, sin responder a que siempre existe un contexto que crea y vive por circunstancias determinadas que hombres y mujeres entre otros tratarán de modificar para adecuarla a su conveniencia e intereses, y otros muchos lucharán por cambiar esa realidad, a través de una conciencia revolucionaria.

La Constitución no pudo detener el conflicto de una forma civilizada y se desencadenó la guerra por más de 12 años, hasta 1992; en consecuencia la Cn. no cumplió con su objetivo y fueron otras las causas que superaron el conflicto político militar—la represión siguió hasta alcanzar un pináculo que un contexto diferente forzó a cambiarlo; y la bendita Cn. solo fue parchada con reformas que permitieran incorporar a las fuerzas guerrilleras al ejercicio del poder, esta vez como partido político, desmontando así su ropaje revolucionario y aceptando las reglas del juego democrático impuesto por el poder.

¿Por qué entonces aferrarse a una Constitución que no superó una realidad, ni tampoco hizo más democrático al país y las relaciones de poder?.

Se dieron comicios electorales en 1994, y alguna cuota de poder formal se distribuyó (diputaciones y alcaldías) y, en la magna concentración con los sectores populares y la fuerza política partidaria de oposición, que adoptó las siglas del FMLN; se juraron hacer que el país cambiaría a una realidad de bienestar social y económico para todos, en el anterior estadio de la Flor Blanca, sin embargo la división fue la respuesta y la fuerza partidaria se fraccionó en tendencias con algún peso específico que en unos ha prevalecido mientras en otros que se constituyeron sólo fueron llamarada de tusa. Finalmente las reformas constitucionales se han venido suscitando en el devenir histórico del país, y así adecuar los intereses más dominantes, para el caso preservar el régimen económico que diera paso a la imposición de la globalización económica y la prevalencia del mercado, con su doctrina neoliberal—que desplaza al Estado, de su lógica de protección y tutela, dando paso al poder del mercado y a la desvaloración de los derechos en una acción de flexibilización, desregulación, alcanzando niveles insostenibles de precarización y pauperización de la persona y del ámbito donde se desarrolla.

Se impuso una lógica económica a partir del proyecto económico de FUSADES, adoptado por ARENA y la clase oligárquica, que había dependido de la fuerza militar para proteger sus intereses, tomó el poder político convirtiéndose en clase gobernante a través de dicho partido y comenzó procesos de privatización y apropiación de la propiedad pública y de las instituciones públicas rentables como comercialización de la energía eléctrica, telecomunicaciones, fondos de pensión; se reprivatizaron los bancos y sistema financiero, el comercio exterior; se dolarizó la economía; se han cometido desmanes y acciones deshumanizantes en pro del mercado, lo que desencadenó el cierre del IRA, atacando la comercialización y subsidio de abastecimientos (leche, granos básicos, azúcar, aceite y otros); del IVU, sector de vivienda popular y accesible y se apoderó el mercado del Fondo Social, despareció la economía centralizada y planificada, así como otras instancias que tutelaban muchos derechos civiles, laborales y demás. Se despidió a más de 40,000 empleados públicos y la economía dio un giro hacia favorecer el interés privado por sobre el interés público, la Sala de lo Constitucional, no hizo mayor cuestionamiento de lo que pasaba y declaró sin lugar muchos recursos de habeas corpus, inconstitucionalidad y amparo—y la Cn. volvió a ser estéril para resolver esos cambios impuestos por los gobernantes que lo requerían-

Cambia, todo cambia, pero la reforma constitucional, solo se piensa para cambiar el régimen político, no obstante candidaturas independientes no partidarias, diputados suplentes, tránsfugas, endeudamiento público, asocios público privado, transparencia en el uso de fondos públicos, desarrollo de libertades sindicales: organización , contratación colectiva, derecho de huelga en el sector público-privado, la subcontratación, medio ambiente, cambio climático; interpelaciones, la actualización y adecuación de la Cn (1983) a la restante legislación nacional que da problemas de acción y de omisión—hay tantos asuntos que una reforma constitucional, reforzado por la pandemia que se sufre y ataca la salud general, hace imperiosa esa necesidad para una diferente “normalización” de las actividades humanas.

Por: Róger Hernán Gutiérrez. Sindicalista salvadoreño

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