Paquetes escolares a tiempo, una política pública de beneficio popular

Miguel A. Saavedra

El año escolar 2019 para los centros escolares públicos comenzará el 21 de enero y para entonces los beneficios que los gobiernos del FMLN crearon para la población estudiantil desde kínder hasta bachillerato estarán entregados o disponibles para un millón tres cientos mil estudiantes.

Dichos beneficios son la entrega de 2 uniformes y un par de zapatos por estudiante, más un paquete escolar apropiado al nivel educativo que incluye cuadernos, lápices, bolígrafos, colores, reglas graduadas, herramientas para manualidades y libros de texto de matemáticas, lenguaje y literatura, lo cual representa una inversión cercana a los 65 millones de dólares que se ahorran los padres de familia y que beneficia a 2,755 proveedores salvadoreños, quienes con su actividad productiva generan cientos de empleos, en la pequeña y mediana empresa.

El Viceministro de Educación Francisco Castaneda al supervisar una empresa de embalaje de los paquetes escolares declaró a los proveedores se les canceló totalmente lo suministrado en el 2018 y que a la fecha, el 70% de los paquetes ya fueron entregados a los centros escolares y espera que para el 15 de enero se complete el 100% de tal manera que el 21 de enero las clases comiencen con toda normalidad y destacó que la puesta en práctica de esta política educativa de los gobiernos del FMLN, ha contribuido a reducir la deserción estudiantil, que en el 2018 no llegó ni al uno por ciento, la más baja hasta ahora registrada.

En la línea de proteger a los padres de familia que tienen a sus hijos e hijas en centros educativos privados, el gobierno desplegó en todo el territorio la campaña “Defensoría escolar” coordinada entre la Defensoría del Consumidor (DC) y el Ministerio de Educación, la cual según el presidente de la Defensoría Ricardo Salazar consiste en el despliegue de técnicos en todo el país “para ofrecer asesoría y recibir denuncias sobre violaciones al artículo 113 de la Ley General de Educación que prohíbe a los centros escolares públicos y privados imponer la adquisición de libros, útiles, vestuarios y demás artículos en determinados negocios o librerías”.

Estas son las políticas públicas que generan beneficios populares que deben defenderse el 3 de febrero y consolidarse con un tercer gobierno del FMLN.

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