Relaciones laborales en el sector público
El gobierno ha hecho circular el documento “Lineamientos para la organización y funcionamiento de mesas laborales en el Órgano Ejecutivo”, desconocemos la intención y el alcance que ha provocado el envío de dicho documento, sin embargo somos del criterio que los procesos de relaciones laborales en el sector público en general y en el Órgano Ejecutivo en particular, ha sido de una constante de conflictos laborales, complejos, difíciles y en mucho apegados a una atmósfera de poco tino, de mucho encuentro poco dialogante, por momentos sesgado a niveles ideológicos bastantes inconsecuentes con las condiciones laborales que tienen los servidores públicos, en demasiados casos ha implicado encuentros desafortunados, llenos de poco diálogo y hasta por momentos con un alto grado de adversidad.
La pregunta que nos hacemos como FEASIES, una acción de esta índole podría ser fácilmente desmontada por un nuevo gobierno independiente de la naturaleza que sea o es de confiar que el diálogo en la administración pública con sus representantes laborales es una situación que cualquiera fuerza política que administre el ejecutivo lo tendría en cuenta.
El punto es que la relación laboral, está basada en mucha legalidad dictada por organismos internacionales como la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Carta Iberoamericana, etc instrumentos que pretenderían encausar aquella interacción entre el administrador y el subordinado (a) y que en el ámbito privado permite armonizar el capital y el trabajo—es claramente la relación activa en materia laboral entre las obligaciones y los derechos ejercidos por la parte que contrata empleador y la parte que es contratada –trabajador(a).
Positivo haber tratado en el documento de identificar el conflicto “como algo natural” en las relaciones laborales, el punto acá es que se trata de una esfera donde debe privar lo legal. Sin embargo muchos funcionarios no conocen el marco legal y exceden las facultades que expresamente les da la ley, oponiéndose de una manera visceral a las demandas por mejoras en las condiciones de los servidores públicos; ejercer el poder en la administración pública, a veces se olvida dejando de lado la legalidad.
En consecuencia el principio de legalidad, de buena fé, indubio pro operario, de la norma y de la condición más favorable, de la primacía de la realidad, entre otros principios jurídicos contemplados en la ley laboral y la Cn. en muchas ocasiones no han prevalecido y los funcionarios en lugar de ser artífices del diálogo y ser claramente el marco de actuación para prevenir y resolver conflictos, por el contrario se han empecinado en bloquear los intereses de las personas trabajadoras.
Mucho del problema, o porque ese conflicto casi natural no se resuelve tiene que ver que a la base no se trata de cogestión o de pretender co administrar, sino que la particularidad que presentan los servicios públicos, es que ambas partes quedan obligados a dar el servicio más eficaz, eficiente y sobre todo no hacerlo bajo términos inaceptables de violación a los derechos laborales y colectivos. Por ello es tan fundamental que la contraparte tenga toda la información necesaria y suficiente para tomar conciencia de una situación de servicios determinada.
El punto crítico de estos lineamientos está en la fragilidad de llevarlos con fuerza y operar en el rescate y solución de varios conflictos desarrollados en el sector público. Donde han existido situaciones gravísimas de violación de derechos como el despido de la secretaria general y acosos laborales en el sindicato de STSEL; el conflicto de la Secretaría de Inclusión Social; del INDES; Ministerio de Trabajo; Secretaría de Cultura; en el Ministerio de Agricultura; en Gobernación; en Obras Públicas; en la Secretaría de Comunicaciones; en el INPEP, en INSAFOCOOP; en Bienestar Magisterial; Ministerio de Educación. En el Ministerio Público, etc
El fenómeno de un buen ejercicio dentro de las relaciones laborales enfocado en los aspectos de dialogar, participar y concertar, parecería ser una buena base; el punto es si 1°) tendrá asidero legal para todo tipo de funcionario en el Órgano Ejecutivo, siendo que a finales del período el Presidente de la República, haya tomado la decisión de alinear a todas las carteras a que respondan y resuelvan en buena lid, la conflictividad emanada resultado de las propias acciones desatinadas de muchos de aquéllos. Y, 2°) que en razón de cambios en los servicios públicos, hay presiones fuertes a que se modifiquen a través de una reforma a la ley del servicio civil.
*Sindicalista salvadoreño