Es la regla: No hay país que respete los derechos de los trabajadores

El poder sindical lo vamos a entender como la capacidad de imponer las posiciones sindicales ante sus interlocutores. Siempre que exista una lucha de poder, en el caso salvadoreño es un cuestionamiento permanente e histórico de la economía, que está implicando una lucha por la hegemonía del poder económico y por consiguiente quienes se apropian del poder del Estado—el uso del estamento gubernamental para los fines e intereses propios o del grupo al que represento—

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Dentro de ese contexto los sindicatos históricamente han dispuesto de poder sindical con sus interlocutores, a partir de bases donde cada parte evalúa la capacidad para poder ganar y también el costo de participar en la lucha. Los sindicatos desde su contexto de lucha, han identificado claras diferencias entre el sector privado y el sector público. Hacer sindicalismo hoy entre trabajadores proletarizados (asalariados) y de personas trabajadoras no asalariadas, abre una cárcava, que genera por momentos debilitamientos del poder sindical.

Es hoy claro que como sindicato estamos a la defensiva y actuando de manera muy reactiva; para el caso el efecto que provoca la cadena de suministros, luego del impacto ocasionado por la pandemia, una economía cerrada local, nacional, regional y mundial, tiene diferentes efectos, que dependiendo de una situación particular deficitaria antes de la pandemia, representa para estas economías una situación de impactos gravísimos en el poder de compra de la gente.

No es lo mismo la postura del gobierno Bukele en feb2019, con su gane electoral y la derrota de los partidos políticos tradicionales (ARENA, FMLN), a un Bukele en la toma de posesión henchido de soberbia, de gozo por la debacle de una oposición funcionando desarticulada y sin fuerza, que le pretendía atacar su falta de visión y experiencia política, resultado de varios hechos anteriores que configuraron una personalidad disidente a las fuerzas electorales tradicionales.

Pero también el hecho de feb2020 ante la Asamblea Legislativa, opuesta a todo y a nada, potenciando la lógica de seguir igual sin cambio, no pudo resolver la acción de Bukele de conformidad al marco jurídico imperante en el país y, ello fue vital para la medición de fuerzas. Después de allí el panorama cambió radicalmente y entró un Bukele dentro del contexto de la pandemia, las necesidades estructurales pendientes históricamente de resolverse, denotaba un contexto de trabajo gubernamental más complejo, por cuanto nadie de los gobernantes pasados lo había vivido.

Este vaivén del poder electoral, trajo como consecuencia mayores debilitamientos al sindicalismo, aquel ligado partidariamente—ya sea a ARENA o al FMLN—cayó en su interlocución política. Y se ha tenido que estructurar un remedo de sindicalismo para darle respuesta a los intereses de la gente trabajadora, se cayó en una deficiente representación de los grupos laborales poblacionales. Y que su lastre de estar vinculados a uno u otro partido tradicional, determinó consecuencias de declive del poder sindical estructural y asociativo entre otros.

El bajo poder interlocutor durante el ejercicio de ARENA y del FMLN, dejó claramente un camino de desestructuración de la fuerza sindical, sindicatos que habían jugado un papel pro empresarial o un papel político en favor del FMLN, terminaron de ser; y tuvo su mayor efecto en tanto es la misma masa de trabajadores de los diferentes sindicatos, quienes otorgaron el poder electoral a Bukele; y fue de mayor impacto en el caso del FMLN, por ser quienes expulsaron a Bukele.

Esto trajo un marco de deterioro del diálogo social, los errores del gobierno del FMLN en ese aspecto, trajeron como consecuencia argollas sindicales que proliferaron en sindicalismo ad hoc, acorde a las necesidades del funcionario(a) de turno, y llevó a un deterioro acelerado de las relaciones laborales en el contexto público y privado.

La economía nacional siguió su deterioro, y después de aumentos al salario mínimo en el 2021, con otras connotaciones más de carácter político que de acuerdo a las necesidades de aumentar el poder de compra de la gente trabajadora; sin embargo, el salario mínimo incrementado en un 20% en agosto 2021, no trajo superación del bienestar propio y familiar.

Las empresas en su carrera de recuperación económica, aumenta metas, reduce condiciones laborales, desvalora las relaciones laborales con el sindicato, disminuye prestaciones, maneja el pago de salarios al antojo y discrecionalidad totalmente arbitraria. Y el gobierno sigue siendo cuestionado en el plano internacional como violador de derechos humanos y acciones de cambios en clara violación constitucional.

El poder sindical organizacional e institucional, deben complementarse a los anteriores, sin caer en un resultado precario y debilitamiento de los otros poderes, por estar sólo arrimados al poder de facto y gubernamental, actuando de manera oportunista y con escaso liderazgo ético y consecuente.

*Sindicalista salvadoreño

Es muy importante la pregunta de qué es lo que causa los impedimentos para una mejoría sustancial en los salarios y el empleo, después que fueron afectados negativamente y de manera deshumanizante; y en la lógica que si “no se perdieron” estos empleos o fueron recuperados paulatinamente, la vuelta al trabajo dentro del marco post Covid, jamás en ningún lugar laboral se volvió tan siquiera a las similares condiciones anteriores, y que ya eran muy inferiores a la norma de decencia y suficiencia para la cobertura de las necesidades fundamentales para vivir.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El freno de mano sigue estando en que priva la lógica de mercado, el control de los grupos fácticos para mantener una economía de conveniencia a sus intereses, niveles altos de explotación laboral, escasas políticas públicas de defensa de salarios y el empleo; anulación del diálogo social con los interlocutores legítimos, deficiencias históricas arrastradas por acciones deshumanizantes en el valor del trabajo; además de la reducción y control de mercados internos de poco o nulo desarrollo que no genera empleos, ni aumento al poder de compra de la población empobrecida por las medidas neoliberales y globalizantes. La poca inversión extranjera, a pesar de producir con ventajas competitivas en cuanto a la protección dentro del marco de zonas económicas especiales, nulos impuestos a renta y municipales; importación sin o bajos aranceles; los niveles de una productividad en materias primas agrarias y de pequeña industria insuficiente para dinamizar la economía local.

Existe hoy un fenómeno de la persona trabajadora pobre; y más aún, considerando que los niveles de empleo pudieran haber retornado a los valores pre-pandemia, pero con menores ingresos laborales reales. De ahí que la demanda sindical se concentre en mejores leyes de protección social—la reforma previsional—y el contenido del capítulo laboral y pertinentes, dentro de la reforma constitucional y laboral.

Es claro que los frenos de mano no sólo implican importantes retrocesos en las condiciones de vida, sino que demandan, aún más que en el pasado, la implementación y fortalecimiento de diferente tipo de políticas públicas y de acciones empresariales vía el mejoramiento sustancial de la administración del trabajo; y la forma de producir bienes y servicios.

Hay freno de mano empresarial y gubernamental en el fomento a la creación de más puestos de trabajo formales. Se desalojaron las calles en el centro de la capital, y las opciones para una integración productiva de los afectados no ha sido muy exitosa. Las personas trabajadoras desalojadas siguen en la informalidad por cuanto no hay oferta efectiva de mayores y nuevos puestos de trabajo. Lo mismo para absorber la población cesante (más de 3,000 empleos perdidos) en el cierre de empresas de maquila textil.

No hay coordinación con políticas activas, formación profesional (transición digital, transición justa) y políticas sectoriales. Y el diálogo social a niveles tripartitos, en un claro espacio de trabajo en equidad y justicia, y menos en la forma que ha estado actuándose de desinterés empresarial en el debate de los temas socio-laborales y sindicales; de la debilidad orgánica sindical y, de una nula visión y acción gubernamental por desarrollar este tipo de instancias y mejoramiento del debate en dichos espacios.

Las libertades sindicales siguen siendo perjudiciales para la empresa privada y en sectores de gobierno, como resultado de leyes y acciones que afectan la estabilidad laboral a saber: los cierres de empresas; las suspensiones de contratos individuales de trabajo; la reducción y el no pago de bonos de producción; el retraso del pago de los salarios (Stylle Avenue), la supresión de las entidades públicas (DIGESTYC, ISDEMU, VMT y otras) y la asignación de esas funciones u otras instituciones como el BCR. El nulo fortalecimiento de las instituciones laborales, en particular, salario mínimo y los retrasos para la extensión de credenciales, el debilitamiento de una acción efectiva y diligente de la inspección y conciliación laboral; la reforma laboral que pretende disminuir la fuerza de la negociación colectiva en el sector público, y el marco de un diálogo social en equidad y, una labor administrativa y jurisdiccional de pronta y cumplida justicia laboral.

Es claro que las MYPES, son importantes las medidas de apoyo a esas empresas, especialmente a las más pequeñas; pero CONAMYPE, parece haberse quedado en el pasado y la bandera de lucha ha caído en un bache que no logra imponerse a los diferentes frenos de mano internos y externos a la institución.

De sumo importante el acceso universal a la protección social y sostenimiento de ingresos a las personas trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad. Debe desarrollarse más la institucionalización de los avances, mayor alcance y cobertura de lo exitoso que se tenga, y mucha coordinación, para evitar los abusos, protagonismos, arbitrariedades, que una cultura y acción dominante nos impone.

*Sindicalista salvadoreño

Bajo diferentes criterios de carácter político que todos sabemos; para el caso las recientes declaraciones de funcionarios de la actual gestión gubernamental, que siguen manifestado posturas nada realistas que en lugar de favorecer, generan zozobra e incumplimientos graves; y se cae en la demagogia y el oportunismo político, que provoca crisis y se maltrata a la población cotizante y no cotizante, al pensionado y beneficiario de pensión, física y psicológicamente, que esperan decisiones y acuerdos que lleven al logro de beneficios previsionales de mayor protección social.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La situación social es de sumo grave para los que están e ingresan a la adultez mayor, en tanto la protección social a través de políticas, acciones y/o leyes sigue subsumida en el mercantilismo y presa de la lógica financiera internacional. La actual gestión de Bukele anunciaba en el plan Cuscatlán, que primero sería la clase trabajadora, luego el estado y en el suelo las AFP. No obstante, al iniciar su gestión (jun2019) se variaron las prioridades y se ha mantenido el tema previsional invisibilizado, dándole al tema de la seguridad la mayor importancia.

Sin embargo, se rescató el tema previsional como una acción pronta en el marco del bicentario (15/9/2021). No obstante el anuncio, ha ido pasando el tiempo y no se concreta, sin embargo, se ha manifestado poco debate con los sectores involucrados y las instituciones previsionales públicas y privadas, la academia, la OIT, y sectores profesionales que están involucrados en ciencias económicas, actuariales y técnicas que respondan al grave problema que presenta el sistema previsional.

Todos sabemos que la política económica del país, sigue dando tumbos y se deteriora en razón de los vaivenes de la globalización económica (imperialismos, decisiones unilaterales de gobiernos, el impositivo sistema financiero internacional (BM, FMI, BID, etc) como de la propia política económica, que no logra definirse o sigue inclinándose en pro de las fuerzas del mercado, del capital transnacional y nacional; que todos sabemos reduce drásticamente el mercado interno, generando escaso trabajo decente, condiciones de estabilidad económica y nula sostenibilidad y sustentabilidad del proceso económico, en tanto seguimos con una producción agroindustrial, de servicios y comercial de poco valor agregado.

En el tema de pensiones luego del anuncio presidencial, las cuestiones pertinentes al tema no han tenido la acumulación informativa, decisional y la celeridad del caso y, los organismos rectores Hacienda, BCR y SISF, siguen obcecados en viejos y anacrónicos debates, inmersos en una cultura de falta de transparencia, de escaso diálogo social, sólo esperando la iluminación de la idea en el Presidente de la República para que lo pase al pleno legislativo; que sin discusión alguna, aunque se anuncie que va existir una consulta masiva, no garantiza que se va aprobar una ley que recoja las necesidades presentes y futuras de los diferentes grupos poblacionales dentro de la lógica del trabajo, remunerado y no remunerado.

Todos sabemos que la cultura previsional es un mito, la población joven que trabaja no entiende que tarde o temprano llegará a la adultez mayor, y se acumula una alta población en edades mayores que nunca ha trabajado en una labor remunerada o que jamás ha cotizado y no es parte del 27% que cotiza; y es una población económicamente activa u ocupada; que busca trabajo. Por consiguiente, la explosión social del país en años posteriores será una presión importante en la subsistencia personal y colectiva.

Como consecuencia de ello, sigue sin aceptarse el total fracaso de la gestión privada en la administración de pensiones, por cuanto la promesa de una mejor pensión, del aumento de la cobertura y de mayores niveles de rentabilidad de los fondos, no se ha podido cumplir, en primera instancia por no interesar a la AFP las inversiones seguras y de alta rentabilidad. Son instituciones económicas que dentro del sistema financiero, poseen la mayor rentabilidad de funcionamiento y operaciones, pero ello no va en beneficio de los cotizantes, sino del capital corporativo que administra el fondo de pensiones.

La comisión sigue siendo onerosa y mantiene limitando al fondo de pensiones para un mayor ahorro. La gente trabajadora exige, demanda mejores y mayores montos de pensión, se habla de una tasa de reemplazo de hasta un 70 u 80%, sin tener en claro lo fundamental del asunto previsional, primero que los beneficios estén claros para la generalidad, y no haya grupos fácticos con poder para favorecerse de los organismos gubernamentales y privados, como fueron los del D.L.1217 y D.L. 100 favorecidos en detrimento de la mayoría de cotizantes-

Que quede claro el costo de ese beneficio—estudios actuariales y estadísticos—han sido manipulados para justificar su viabilidad; y finalmente quién lo va pagar el Estado (impuestos), la empresa privada, las personas trabajadoras; y ello requiere que la población no cotizante disponga también de beneficios de protección social.

*Sindicalista salvadoreño

Los orígenes de los sistemas previsionales en el ISSS (1969) y en el INPEP (1975), han sido decisiones que en su momento fueron atinadas y necesarias en los períodos en que se constituyeron, durante la Presidencia del General Fidel Sánchez Hernández; y durante la Presidencia del Coronel Arturo Armando Molina, sin embargo fueron desde su existencia limitadas en su definición de la previsión social; para los empleados del sector privado hubo más tino y la institución surgió vinculada a la cartera de Trabajo y Previsión Social, en cambio el INPEP, surgió de la cartera de Hacienda.

Po: Róger Hernán Gutiérrez*

Parecería que esto no es importante, sin embargo, la previsión social, no trata de definir las pensiones con un carácter hacendario, donde prevalezca la lógica de finanzas y mercantilista de las pensiones, sin embargo, como dicha cartera tenía a cargo el otorgamiento de jubilaciones y pensiones civiles a los empleados públicos en 1930, fue que se decidió que la unidad primaria sería el Ministerio de Hacienda. Luego que el INPEP iniciara sus operaciones mediante el D.L. 474 de 1990, se incorporaron como parte de dicho sistema previsional. Con este precedente surge la entidad pública a cargo de los servicios previsionales para los empleados públicos civiles desde el 2/11/1975, para los administrativos y a partir del 1/1/1978 para los empleados públicos en el régimen docente; esto fue así por cuanto las organizaciones de maestros ANDES 21 de junio, dudaron que fuese favorable a sus intereses.

El INPEP, se conformó inicialmente en su Junta Directiva con la representación mayoritaria gubernamental en aquel entonces las carteras de Hacienda, del Interior, Trabajo y Previsión Social, Educación y Salud Pública y Asistencia Social, que junto a la Presidencia mantenía una correlación favorable para las decisiones; por otro lado, estaban los representantes gremiales que correspondían a los administrativos (AGEPYM), docentes (ANDES 21 de JUNIO) y el gremio de enfermería (ANES).

Más tarde se agregaron los sectores de pensionados (ASEPI) y otras asociaciones similares; desde hace varios años la representación de empleados administrativos y docentes se han retirado y no han podido superar los valladares internos y externos de sus asociaciones, dejando un alto vacío de representatividad por los intereses de los empleados públicos.

Esto pudo a la base ser una causa del debilitamiento organizativo para encarar la decisión de ARENA (1995) de privatizar el sistema de pensiones, a través de la sustitución completa de un sistema público de primas escalonadas y de reparto colectivo, por un sistema privado de capitalización individual.

En esa época las fuerzas político partidarias del PCN, que era el padrino de la criatura (INPEP) por los gobiernos militares de aquel entonces, luego de la CN, de 1983, fue perdiendo fuerza, cambió de nombre y se plegó al partido ARENA; el PDC, no alcanzó la fuerza social necesaria y perdió las elecciones de 1989, ya sin la figura importante de su líder. El FMLN, no tenía la experiencia (1994) para entender la situación del sistema previsional y oponerse férreamente—y las divisiones internas—dejaron el terreno para esta y otras privatizaciones de entidades públicas.

Cuando el sistema se privatizó, comenzaron mayores problemas, en primer lugar, se pretendió justificar por ARENA, que el INPEP estaba quebrado por la corrupción y otras acciones, y era necesario la privatización, el discurso sonaba agradable a los oídos de la población cotizante del INPEP, que no conocía esa función medular de la institución, sino que INPEP era conocido por el programa de préstamos personales e hipotecarios a bajas tasas de interés.

El ataque de ARENA fue artero y no dejó chance para el cabildeo opositor por desconocimiento, aquella población que tuvo la oportunidad de quedarse en el INPEP, el 80% se fue a las AFP, que nacieron 5, para luego quedarse en el duopolio conocido que no mejora la competencia ofrecida con la privatización.

¿Por qué se privatizó el sistema público previsional del INPEP e ISSS? En mucho por el origen y nacimiento de la idea muy débil de constituir protección social; por la cerrazón y voracidad de la oligarquía financiera de apropiarse de todo lo rentable en el sector público; por la falta de comprensión y entendimiento de lo que significa un sistema de protección social; la falta de una propuesta clara que pudiera competir con la de ARENA.

Y también mucha de la debilidad de las organizaciones sociales y sindicatos por entender quiénes eran los perjudicados con la medida; y quienes los ganadores.

Finalmente, porque se socializaron las pérdidas, la carga previsional que ha incrementado la deuda previsional cada año; y se privatizaron las ganancias, el manejo del fondo previsional a la discrecionalidad de quienes lo administran (oligarquía financiera y después capital transnacional) y quienes se quedan con una cuota de administración; y que recuperaron sus costos de inversión en el primer año.

*Sindicalista salvadoreño

La clase trabajadora en su lucha sindical y laboral, sin comprender la dimensión histórica de lo que significa un plano de cobertura y protección social a cabalidad brindada por el Estado y la clase empresarial, relacionado con la salud (seguro médico-hospitalario, laboratorio-farmacia y maternidad) y la previsión social (pensiones), en tanto el sector empresarial, con su aporte mínimo y una contribución de acuerdo a ley con la cuota en el ISSS y AFP, asume que tiene la suficiente solvencia moral para exigir intereses económicos que tienen otra finalidad.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Esto no es tanto así, el proceso productivo requiere de personas sanas física y mentalmente, que estén protegidos de las eventualidades que suceden en el proceso laboral directa e indirectamente, que al no cubrirse con suficiencia lesionan la capacidad y calidad del trabajo, dado que su falta o insuficiencia, aumenta gravemente los riesgos de vida, por varias razones tales son: riesgos profesionales (accidentabilidad laboral y enfermedad profesional); condiciones laborales por diferentes riesgos como calor, humedad alta, insuficiente iluminación, riesgos biológicos y físicos-químicos, y los que se han incrementado drásticamente vinculados con la violencia laboral que persiste en el trabajo, como son los riesgos psico-sociales.

La explotación laboral en la realidad es una pugna entre los intereses económicos del patrón referidos a la ganancia, y a cambio una fuerza de trabajo que necesita de ingresos suficientes para generarse condiciones aceptables de vida propia y familiar. En este binomio productivo se pretende una persona trabajadora inmune a enfermedades, que no se embarace, sea incansable para laboral en condiciones insatisfactorias de trabajo, en el tiempo laboral necesario para sacar metas y dejar lista la plusvalía para mejores inversiones en el futuro.

En el caso de las AFP, al no incorporarse a la estructura tripartita, cuestión que hay que preguntárselo a ARENA cuando condujo el país (1989-2009), quienes anularon la mínima representación laboral que estaba antes de la privatización de los fondos de pensión (1996). Los sectores rentistas del capital transnacional y nacional, incorporados en la lógica previsional mercantilista, mantienen posturas totalmente economicistas en detrimento de la mayor cobertura y protección social efectiva para la población trabajadora, que en su tarea laboral por conseguir ingresos para vivir, aceptan ser explotados de forma intimidante, abusiva, arbitraria e impositiva, sin demandar mayores niveles de cobertura en seguridad social.

En mayo pasado pasó a ratificación de la Asamblea Legislativa el C102 de la OIT, la cuestión acá es que es la norma internacional mínima para cumplir con los derechos a la seguridad social, sin embargo, el país hizo caso omiso de buscar un marco legal para introducir la prestación por desempleo y prestaciones familiares, para cumplir con las 9 prestaciones que el convenio regula; los procesos democráticos como todo lo demás en el país, caen en la demagogia y el anuncio publicitario, dado que se somete a ratificación, pero deja fuera las dos prestaciones mencionadas. El convenio entra en aplicación el 7 de junio de 2023, en ese período se esperaría que no caiga en un convenio más, sin pena ni gloria para la clase trabajadora.

Eso significa que luego de mucho ruido y pocas nueces, la cartera de trabajo decidió pasar el proceso para su ratificación, sin embargo, se trata de un proceso demagógico por parte del Ministro de Trabajo y del Gobierno, el anunciar con bombo y platillo algo que ha sido demandado históricamente, pero al no convenir a ARENA que estaba por la privatización de la previsión social, no le convenía disponer de este marco, todos sabemos que en caso de duda o conflicto privará el tratado.

Es una lástima que el proceso de ratificación de convenios siempre sea algo nada informado, de tal manera que su discusión y debate es muy pobre, acá siempre hay fuerzas de arriba que presionan; y procede que se de una clara concienciación de todos los sectores, a la empresa privada no le convenía en tanto la norma mínima para una pensión por vejez es de 40% de tasa de reemplazo, cuestión que está lejos de cumplirse por parte del sistema SAP/AFP, y no sólo porque no se alcanza a cumplir dicho porcentaje, sino porque en mucho quedarán sin derecho a pensión muchos cotizantes que en el sistema ahorran para una pensión, y que por razones de bajos salarios, interrupciones laborales directas e indirectas, es insuficiente el ahorro y tendrá la AFP que devolvérselo.

*Sindicalista salvadoreño

Los cantos de sirena, de grillos, las posturas inamovibles por intereses creados y los comentarios desatinados de muchos involucrados en el tema, son como dice el Dr. Picardo el freno de mano, para que no se pueda arrancar y no metamos la primera para avanzar, y vayamos a un ritmo demasiado lento que jamás llegaremos a algo concreto en la materia previsional.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Muchos técnicos, profesionales e investigadores que se han metido de cabeza han establecido hasta la saciedad las variables que se conjugan en el sistema previsional: a) la administración, que todos sabemos puede ser pública o privada—los ejemplos están a la orden del día, la administración privada cobra por recaudar el dinero de las cotizaciones, cobro que ha ido rebajándose por presiones de los sindicatos, fijándose por hoy en 1.9% del 15% que se descuenta de los salarios cotizables. Ese cobro es por la custodia y por el uso de los fondos previsionales discrecionalmente y por ley: fondo de obligaciones previsionales (2006 a la fecha), obliga a prestar bajo una tasa de interés no muy atractiva al gobierno para que pueda pagar las pensiones que la privatización dejó como carga previsional.

b) Los beneficios, esta variable es la que más atrae en tanto toda la población cotizante y pensionada quiere montos de pensión altos, se habla de hasta un 80% de tasa de reemplazo, Esta variable está claramente vinculada a otros aspectos como la rentabilidad del fondo de pensiones, el cual se esperaría que creciera vertiginosamente y se depositara con creces en la cuenta individual. Esto no es así y la rentabilidad es un problema a resolver, a pesar que la reforma del 2017, creó el comité actuarial y el comité financiero, que se encargarían del control de la rentabilidad de las inversiones y del estado actuarial (sostenibilidad del sistema previsional).

c) Lo financiero, todos los que tenemos capacidad de cotizar y estamos dentro de un empleo formal en el sector público o privado, queremos que nadie de los administradores haga malas inversiones, preste el dinero a la actividad de negocio ilícita, que haga crecer las inversiones con una tasa de rentabilidad alta y con riesgos mínimos, no haya corrupción, ni abuso y arbitrariedades hacia la población afiliada y cotizante.

Tampoco se modifiquen las variables paramétricas de la edad ahora en 55 las mujeres y 60 años los hombres, tiempo de servicio, ahora en 25 años y cotización al sistema, ahora en 15%. El problema acá es la baja cobertura que se tiene. En la administración pública la cobertura era del 100% todos los empleados públicos; sin embargo, en el sector privado una gran proporción de la población ocupada y edad de trabajar se queda fuera del sistema; y hasta ahora la administración de la afp no ha logrado aumentarla.

La discusión y debate si es que lo hay, apunta a que hay desacreditaciones de los testaferros, incondicionales y profesionales al servicio del capital al sistema público, que hoy se agrega la desconfianza por la actuación del Presidente Bukele que no da lugar a una toma de decisiones participativa y transparente a todo nivel. En consecuencia, se trata de una discusión con un ingrediente político muy fuerte, y lo que no ayuda es el grado de profesionalización en materia de entendimiento del tema del profesional del periodismo y comunicacional, que no logra captar el tema y no se incorpora al debate sino se convierte en freno de mano.

No puede ser un debate sólo técnico en tanto eso está superado—la privatización de los fondos previsionales, en 1996, fue un diseño equivocado que favoreció a los que iban a encargarse del negocio, en tanto pasábamos de un sistema previsional de administración pública débil y sesgado al cumplimiento de otros fines, por uno privado que convirtió lo previsional en mercancía. Y de manera fraudulenta y engañosa se apoderó de los fondos de pensión, ofreciendo mejores pensiones y garantías de que el ahorro individual, era mejor que hacerlo colectivamente—lo cual no se ha demostrado.

No se puede decir que una reforma previsional será buena, sino corrige el pecado original, creer que lo privado por el hecho de serlo, siempre es mejor que lo público; así también un modelo económico que sustentaba privatizar todo lo público que era rentable, lo que convertía los derechos a la protección social en una mercancía. Quien está en mejores condiciones de empleo, salariales y prestacional; con estabilidad laboral, tendrá una mejor oportunidad de pensionarse, pero aún así no le garantiza un monto de pensión en una tasa de reemplazo satisfactoria; en tanto que el sistema de pensiones no es el problema, sino el régimen económico en el que subsistimos.

*Sindicalista salvadoreño

La situación laboral en los centros de trabajo conocidos como maquilas de confección de prendas e indumentarias, sigue siendo una forma de producir mercadería, en un marco jurídico-legal desventajoso para los intereses de las personas que trabajan en dichas fábricas.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Lo que vemos es que ARENA y los grupos oligárquicos, FUSADES y el Gobierno neoliberal, planteó como salida a la crisis económica del país-los empleos sin derechos, dentro de infraestructura denominadas zonas francas y recintos fiscales que luego de un tiempo cambiaron a depósitos de perfeccionamiento activo—es decir empleos precarizados, dispuestos a la población laboral, preferentemente femenina, con poca formación y ubicadas en puntos cercanos o en la dirección hacia puertos y aeropuertos.

Esto tuvo a la base las lógicas productivas para un supuesto programa de desarrollo económico en los países en vías de desarrollo, basado en el mercado de exportación, lo que implicó la denominada globalización económica, que representaba una segmentación del proceso productivo, con una deslocalización de puestos de trabajo, de exportación de capitales por la vía del préstamo o de la instalación de fábricas en países con tasas salariales y de empleo muy bajas y precarias y, con base a reglas de oferta y demanda; y en el marco de tratados comerciales, que significaban la exportación de prendas de vestir e indumentaria con aranceles bajos o sin arancel y bajo términos preferenciales del país imperialista y más desarrollado-

El gobierno de ARENA, del FMLN y de Bukele, han continuado impulsando la ley de zonas francas y creación de zonas económicas especiales, y la historia es rica en violaciones a los derechos y condiciones laborales en dichas fábricas y lugares para las personas que son contratadas. Se han presentado reformas e incorporar en estos procesos de comercialización situaciones de clara elusión fiscal, proteccionismo a la inversión extranjera, y facilidades para producir y generar empleos totalmente flexibilizados—muchos de estos tratados comerciales obligan al salario aplicando el trato igual—es decir las empresas extranjeras pueden pagar mejores montos salariales, pero el tratado se obliga a pagar el mínimo legal vigente del país subdesarrollado.

La desprotección de los derechos laborales es un claro síntoma que se evidencia en las relaciones laborales que surgen entre un patrono protegido por la ley de zonas francas y una persona trabajadora protegida por una ley laboral obsoleta y anacrónica—el surgimiento de zonas francas y al interior fábricas del textil confeccionando ropa en su mayoría, surgieron en la década del 90, y en un marco de los acuerdos de paz que pretendía reiniciar una lógica de estado de derecho y rescate económico del país.

La violación laboral sucede a diario, y no se reprende al empresario violador, la inspección laboral y la conciliación en sede administrativa, es totalmente inequitativa, la corrupción y la falta de recursos para atender los servicios laborales por parte de la cartera de trabajo es deficiente, las inspecciones laborales son tardías, por diferentes razones, la carga de trabajo de inspectores, la falta de carros, de gasolina, de motoristas, de implementos y equipo de trabajo para las mediciones, como ruido, calor, riesgos laborales—enfermedades profesionales y accidentabilidad laboral— es débil el trabajo institucional; en el ejercicio del neoliberalismo y la prevalencia del mercado por sobre los derechos humanos laborales y sindicales, hizo que la institucionalidad se debilitara y en el peor de los casos se desmontara plenamente.

Esto trajo consigo la prevalencia de carteras como economía y hacienda, más que la de trabajo y previsión social, en mucho del tiempo de inicio las personas trabajadoras en la maquila se les violaba derechos a la salud—la cotización al ISSS, no se realizaba y se hacían los descuentos estos fondos no se enteraban, surgiendo moras que aún no se han recuperado y mantienen una crisis mayor cuando ocurren cierres en las fábricas; también la cotización a la previsión social, luego con las administradoras de fondos de pensión se continuó con la misma práctica evasiva y en toda la historia salvadoreña a pesar de ser un delito, jamás se ha metido preso a ningún empresario (a). Y por consecuencia han evadido la ley laboral, y ninguna de las carteras de gobierno que intervienen y son mencionadas en la ley de zonas francas, es esta ley la que prevalece, y han dejado de hacer lo propio para evitar este tipo de malas prácticas empresariales.

Marcas prestigiosas como fruit of the loom y fábricas en zonas francas específicas del país como APS El Salvador S.A. de C.V., y de Honduras, han cerrado operaciones, dejando en la calle a muchísimas personas trabajadoras hoy desempleadas, sin que hasta ahora haya soluciones concretas para resolver estos y otros tipos de conflictos laborales que se siguen suscitando en este tipo de industrias.

*Sindicalista salvadoreño

Para el pensamiento recalcitrante del empresario(a) que sólo busca la ganancia en detrimento de la deshumanización del trabajo y demás derechos laborales y condiciones productivas, la cuestión es simplemente económica, mis costos son “a” y mis ingresos “b”, si los primeros son más que los segundos en consecuencia el negocio no es rentable y hay quiebra.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La premisa capitalista básica es que yo debo vender lo que produzco, sino puedo hacerlo en un mercado desregulado, se me acumula el inventario y los gastos se incrementan sin obtener mayores ingresos, y por tanto voy a la quiebra. Una lógica económica que priva para sectores dominantes.

Las variables primarias son materias primas necesarias para el objeto de trabajo, que son ofrecidas en el mercado por uno o más determinados proveedores que elaboran lo que me sirve para mi producto o servicio; luego energía, nada se mueve sin ella, ni se pierde sólo se transforma en el requerimiento necesario para hacer que el proceso productivo se mueva—es decir es la base para los motores de funcionamiento del equipo y de la maquinaria—este tipo de elemento de la producción también requiere de proveedores internos (del país) o externos (importación). Una balanza comercial que se impone con una lógica económica para el imperio y/o poderoso.

Después el último eslabón de la cadena productiva es la plantilla laboral, la asesoría y consultoría necesaria me permite identificar la mano de obra que necesito, el grado de calificación, la cantidad de personas trabajadoras, y una distribución de ésta acorde a la experiencia, conocimiento y necesidades operativas fijas y variables.

Esto es lo que conocemos como fuerza de trabajo—la premisa laboral es elemental a “trabajo realizado, trabajo pagado”, las personas trabajadoras elaboran el producto, utilizando los recursos puestos a disposición por el patrón, en la cantidad y calidad requerida por parámetros de control de calidad y supervisión efectiva realizada.

Esta combinación de elementos a groso modo es lo que conocemos como relaciones laborales, el asunto es que las personas que laboran venden su fuerza de trabajo por un salario, necesitan cubrir necesidades para una existencia decente propia y de sus familias; y el patrono se compromete a pagarlo en la cantidad legal que corresponda, en tiempo y oportunidad de acuerdo a lo fijado contractualmente y la ley. Una lógica económica que impone relaciones sociales de producción de clara explotación de la mano de obra.

A todo esto, el árbitro (el Estado) impone una regulación apropiada para que nadie abuse de su posición e imponga, manipule, explote a la parte más débil de la relación laboral—quien busca el trabajo y quien labora bajo reglas de subordinación y control rígidas como un horario, una jornada, la cobertura de necesidades diversas que le permitan cumplir el trabajo acordado. Significa pagar salario mínimo legalmente estipulado. Lógica económica que pretende desregular el salario y precariza las condiciones de trabajo.

Una lógica productiva históricamente de generación en generación, como sociedad con diferentes ideas, pensamientos, formación profesional, propósitos, necesidades e intereses, y en todo esto la heterogeneidad de los diferentes grupos poblacionales, hacen complejo ponerse de acuerdo en algo. El capitalismo exacerba el individualismo, que culturalmente es lo que más se fomenta en el hogar, la escuela, la universidad, la iglesia y otras relaciones de convivencia que se suscitan en la sociedad de mercado.

Por el contrario, el socialismo sustenta principios como a cada quien según su necesidad y su capacidad, la solidaridad, el centralismo democrático, la unidad y lucha de contrarios, la crítica y autocrítica, la negación de la negación, se trata de que en la coexistencia de unos con otros, las condiciones de trabajo, se manifiestan con equidad y no permitir que nadie abuse de nadie por ser una persona o grupo vulnerable que no sabe defenderse por incapacidad o por ignorancia de los derechos de ciudadanía que le corresponden.

El trabajo del Estado es primordial, pero necesita hacerlo en un marco de ejercicio del poder no de dominio, sino democrático. Y para ello hay un régimen político que se elige periódicamente, que actúa con ética por la convivencia pacífica y democrática; comprometido por la causa de las mayorías, por la humanidad y la justicia social.

El salario no alcanza, en tanto los abusos y la imposición de los grupos dominantes se manifiestan, el gobierno no ayuda en la equidad por ejercer la democracia y el cumplimiento cabal de los derechos de ciudadanía. El salario mínimo se incrementó en agosto/2021, se dieron ofrecimientos de subsidiar al empresario que supuestamente no podía cubrir dicho incremento por un año, y ya existe un jaloneo por alargarlo y que no se quite.

Lo subsidiado no es gratis, alguien lo paga, usted, yo, contribuimos a que el gobierno se compromete a subsidiar; ahora toca absorberlo al empresario; pero el costo de vida sigue subiendo, una lógica económica perversa que empobrece y aprieta con más saña que nunca.

*Sindicalista salvadoreño

La concepción de trabajo en términos un tanto simples es la necesidad humana para satisfacer condiciones de vida que le permitan a cada persona que trabaja en una sociedad, planear su vida futura.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El punto está en que hasta los niños y niñas trabajan, y sin embargo dicho trabajo realizado no tiene una perspectiva de desarrollo para una vida mejor en el futuro, en tanto los ingresos y la forma en que se adquieren es informal, sin reglas, en total desprotección y en mucho totalmente insuficiente para una planificación de vida acorde a las necesidades individuales y colectivas de una familia en particular.

En mucho de toda esta realidad, casi nadie en el país no trabaja, es alta la población en capacidad de trabajar, sin embargo, hay un problema que mucho de ese trabajo no es pagado, es claro no es asalariado, lo que conlleva a que son ingresos siempre insuficientes, temporales, azarosos y sin una protección social adecuada—es decir no sustentan para garantizar servicios de alimentación, vestuario, salud, educación, vivienda, cultura, etc.

El trabajo debe ser en todo sentido una dignificación humana, no obstante, eso está lejos de ser así. La falta de trabajo en el país, decente, que llene las expectativas como personas humanas que somos; pero es casi imposible alcanzar la categoría trabajo como un derecho humano. Lo cual no permite alcanzar un estatus de vida que disponga de las capacidades individuales y colectivas para satisfacer las necesidades de vida y de trabajo.

Hoy nos escudamos en la complejidad que llevan las relaciones laborales, donde todo está sujeto a la oferta y demanda, es decir el mercado es el que define para quien hay trabajo remunerado y para quien no. Muchos de los que laboramos por un ingreso, lo hacemos como ocupación, una actividad laboral sujeta al vaivén del mercado y los intereses de grupos económicos que lo controlan. Los Estados siguen siendo fallidos en cuanto a cumplir literalmente con el contenido de tener todo ciudadano(a) derecho a trabajo de calidad en el orden moral, material y cultural.

Nadie sin un trabajo remunerado puede coherentemente planificar su vida individual y colectivamente, en tanto sin ingresos o muy poco, además sin estabilidad y permanencia. La política pública, sigue sin preparar a la ciudadanía, para ser capaz de encontrar un trabajo de calidad, y sacar adelante su familia y al país. Falla la familia por la precariedad en que vive y las decisiones para educarse no son las más atinadas creando una familia obsoleta, anacrónica, pero sobre todo empobrecida y sin recursos para enfrentar su destino.

Luego el elemento de disponer de los alimentos en cantidad y calidad adecuados para vivir, no es posible disponerlo por no tener los ingresos suficientes que puedan suplirlo. El derecho a vivienda no se desarrolla, viviéndose en lugares totalmente improductivos e inadecuados para disponer de un desarrollo familiar, esa realidad opresora, discriminativa, marginal y excluyente, no permite que se disponga de condiciones materiales de existencia que le permitan ir desarrollando un ciudadano(a) con capacidades y habilidades suficientes que le integren en un crecimiento y desarrollo humano satisfactoriamente.

La estructuración económica de país, es decir como se desarrolla la economía, en términos del marco jurídico imperante, es en base al poder que disponen grupos fácticos dominantes del orden establecido en la Constitución. Y siendo así las condiciones de inequidad y desigualdad se vuelven un cáncer permanente. Situación que anula el proceso para fomentar y desarrollar el trabajo, que va permitir que el ciclo vicioso se corte, y haya una expectativa de cambio en la generación que continúa. Ya no encontrarán condiciones peores, sino un ámbito de oportunidad para integrarse sin marginación y exclusión social. Por tanto, se fortalece la política pública, el marco jurídico se refuerza y el surgimiento de empleo supera el nivel de ocupación de subsistencia.

El trabajo es una actividad claramente social, siendo así el empleo debe convertirse en trabajo, y la ciudadanía iría cambiando su modo de vida y dando paso a la sustitución del empleo y este a la ocupación. El trabajo por hoy tiene consecuencias opuestas y contradictorias, en tanto que al sostenerse como empleo u ocupación, implica intereses políticos e ideológicos, conllevando así unas relaciones laborales explotadoras dentro del espacio laboral, y unas relaciones de políticas públicas antiéticas, demagógicas y de poco provecho ciudadano.

El trabajo es el derecho que el sindicalismo debe retomar en su lucha emancipadora, y no prestarse a los intereses de una política pública corrupta, de empresarios explotadores y gobernantes que mantienen regímenes que ahogan y empobrecen a la población laboral.

*Sindicalista salvadoreño

Algunas realidades pegan hoy más fuerte que nunca a la estructura sindical, llena de anacronismo, débiles liderazgos, en mucho el sector del comercio y servicios es el que sigue más acumulativo—en su mayoría pequeñas empresas sin trabajadores sindicados—asalariados sin mayor formación político-social y sin el peso para profundizar una lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo, y en mucho una fuerza femenina, ligada a comportamientos más de subordinación y hasta sumisión, con pocos grados emancipatorios.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La tarea sindical primaria reconocimiento de la fuerza laboral: mujeres, jóvenes, de la diversidad sexual, empleados públicos modernizados, manufactura (industria), comercio y servicios, por cuenta propia, núcleos familiares, independientes dentro de la economía no estructurada, ¿dónde está hoy la fuerza laboral, pensante, independiente y autónoma que trabaje los factores de la unidad en la acción, programática u orgánica?.

El Ministro de Trabajo, alucinó tiempo atrás, pretendiendo impulsar un Instituto de formación sindical, pero ni el propio Ministro, ni los liderazgos sindicales actuales han visto esta acción por hoy demagógica del propio Ministro, como una oportunidad, la formación y educación sindical, es elemental para adquirir nuevas lógicas para el impulso de un trabajo organizativo sindical en la actualidad, que sea diferente en su esencia.

El mundo tecnológico y las condiciones de hacer un trabajo productivo, que llene los vacíos y deficiencias económico-sociales de las personas trabajadoras, no alcanza a ser lo suficiente para tener un modelo de desarrollo de país, que esté enfocado en la gente y no en actividades acumulativas de las ganancias de los grupos fácticos, que se nutren de estos procesos de empobrecimiento poblacional acelerado, bastante cimentados en las actuales políticas públicas y de gobernanza que se llevan.

Hay un lastre que lleva cargando el sindicalismo, que no logra liberarse, y empujar una acción más transparente, siguen enquistadas formas antidemocráticas a lo interno, que por hoy lo hacen incapaz de superar el ambiente de ahogamiento y asfixia en que se encuentra, en mucho sin credibilidad y sin una visión de conjunto, llena de principios y valores que se han ido menoscabando por la actuación venal de algunos personajes sindicales, que siguen aferrados a un pasado de encontrar pactos oscuros con grupos empresariales y gobiernos poco éticos.

Hay obsolescencia en lo que hacemos, la lucha reivindicativa está desvalorada, sigue en mucho con alta prevalencia economicista, válida por el alto grado de deterioro económico en la vida de la gente, se acepta cualquier trabajo sin alcanzar los estándares de una suficiencia de ingresos para vivir, y se ata a una subsistencia llena de miedo, que paraliza e inmoviliza la acción reivindicativa.

La crisis de la economía globalizada, que destruye una infinidad de puestos de trabajo, hacia un estadio de superación de esta etapa por una diferente con otros puestos de trabajo, con otras características; y para los cuales las nuevas generaciones serán los indicados de ocuparlos, pero eso requiere de una formación profesional y educación que no tenemos, bajo otra óptica socio-laboral y política de las condiciones productivas del trabajo.

Esta transición que vivimos, es actualmente de zozobra y desesperanza, es degradante, nada ética, de intereses mezquinos, que generan mayores inequidades y desigualdades, todo este ámbito que caracteriza la fase en que nos encontramos será de mayores indecencias laborales, de alta degradación del trabajo que conocemos para aquellos grupos de personas trabajadoras que no tienen alguna preparación para enfrentar el nuevo esquema laboral y de puestos más enfocados en una formación profesional, que sigue sin incorporarse en la currícula educativa del INSAFORP.

Los atrasos en el sistema de educación y de formación profesional, vinculados a la pandemia del covid 19, a los altos deterioros de los partidos políticos, de las conducciones empresariales incompetentes, voraces y acaparadoras de la ganancia, y que no ayuda a generar un sindicalismo de mayores entendimientos y apropiación de los procesos productivos que se modifican, para entrar en un esquema y estadio de mayores complejidades.

La propagación de la pandemia ha estirado el tejido social, amenazando aún más la sanidad del país, la actividad económica y el sistema social, así como los medios de vida a largo plazo y el trabajo decente para todos. Esta situación nos arrastra a ser un sindicalismo poco creativo, participativo de las condiciones de trabajo, no identificados a causas por un desarrollo económico-social sustentables y con alta sostenibilidad.

Es claro la movilidad en reducción, la desconfianza por la causa, que crea mayores oposiciones a la actividad sindical reivindicativa en la empresa, deterioro de la representación sindical, por la manera como se eligen sus delegados para la interlocución con la fuerza empresarial y gubernamental. Pensemos si lo hacemos de manera dogmática como siempre o lo hacemos con una apertura a mayores y mejores intereses genuinos ligados al trabajo que todas las personas trabajadoras necesitamos.

*Sindicalista salvadoreño

La situación puede presentarse bastante filosófica, algunos dirán qué importa todo eso si al final sigo siendo lo que soy, el mismo de siempre, un mediocre empedernido, con poco cerebro para disfrutar los placeres de la vida o alguien inmerso en un dilema existencial que no acaba nunca ¡pienso, luego existo! Se acuerdan de eso, “la duda metódica”; dudando de todo lo que conocemos o sabemos.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Todos y me incluyo quisiéramos avanzar, es bueno ir tras una meta que la vemos en lontananza, sin claridad de si será algo que traiga provecho, que sea una cuestión que nos haga mejor persona. Pero que sucede con todos los automovilistas que no detienen su marcha y ven el amarillo o hasta el rojo y siguen cual bólidos cruzando para llegar más allá, no sabemos la estadística, pero sugiero que muchos o una gran mayoría no lo logran, pero lo seguirán haciendo. Como consecuencia avanzar, no necesariamente sería siempre algo bueno para hacerlo.

Pero entonces deberíamos como sociedad avanzar, podemos en esa meta no llegar nunca, y continuar y continuar sin nunca tener acceso hacia algo mejor; eso deberíamos tenerlo claro, vamos avanzar mientras a lo que queremos llegar siempre sea mejor de la situación económica, social, medio ambiental, cultural, política en la que estamos; son muchas cosas si avanzáramos en sólo una de ellas creo que estaríamos bien. Vaya lío en el que nos hemos metido. A veces avanzar no es conveniente, hay que pensar bien el paso que vamos a dar, ¿y el actual gabinete presidencial tiene el cerebro para avanzar a algo mejor?

La duda nos vuelve a invadir, al menos nos dice que no hay competencias suficientes para conducir el país a donde queremos. Pero, si el punto es que no conocemos a donde vamos—siempre hay dudas en el plan, si existe o es algo en la mente de alguien—En consecuencia, siempre será cuestionable, si avanzamos hacia algo mejor para el país. Desde el punto de vista sindical, es como oir llover, se vuelve tan normal pasar zozobras y un plan de vida que nunca se cumple, ni mejora nuestras comunidades.

El sector empresarial, siempre argumenta estar bien, la economía, las exportaciones, la producción, la ganancia, a esto se les unen algunos ministros que conducen la cosa pública; pero, desde el lado de las personas trabajadoras los salarios no alcanzan, el empleo formal es mínimo y precario, la protección social no existe para cubrir a plenitud la situación deficitaria en que viven las mayorías, el empobrecimiento para dichos sectores es una cuestión rutinaria que mantiene permanentemente estancamientos y en mucho se presentan retrocesos que siempre nos conducen a algo peor del que ya vivimos.

La pandemia es algo que nos ha tocado en lo más hondo, todos estamos afectados por el virus, nadie escapa, los sistemas de salud, las etapas de investigación en los grandes laboratorios, corporaciones tecnológicas que sólo buscan mayores ganancias, pero que no garantizan nada. Las sociedades se debaten en desarrollos cuestionables, en tanto siguen favoreciendo al que tiene, en detrimento de las mayorías que se debaten constantemente entre la subsistencia y la muerte.

En consecuencia, ¿somos una sociedad en condiciones de viabilidad para avanzar en todos los aspectos que nutren una población? Se critica la falta de derechos humanos, sin embargo, es claro que hemos estado en una lucha constante por redimirlos, en mucho la tarea sigue estando inconclusa, la sociedad y en consecuencia los derechos en general de las personas y los humanos nunca han sido progresivos, en tanto no retoman la justicia. La anarquía, la imposición, la dictadura, la arbitrariedad, los abusos, la violencia son acciones de poder utilizados para someter, sumir al debilitado, al sin esperanza, mantener las cosas como están en tanto sean favorables a mis intereses.

El retroceso está involucrado de esa visión por una jerarquización que tiende a subordinar siempre, las relaciones laborales son atrasadas en tanto son verticales, el marco jurídico es poco liberador y justo para el que no tiene medios de producción, los empresarios están llenos de soberbia por la ganancia, sin importarles la explotación de las personas trabajadoras, mientras esto continúe la sociedad estará estancada, con constantes retrocesos, esos que vuelven cada vez que la nueva esperanza se corrompe.

Avanzamos, retrocedemos o estamos estancados ¡he ahí el dilema!

*Sindicalista salvadoreño

Estamos avanzando rápidamente en la violación al derecho al trabajo, para centros de trabajo como las conocidas maquilas, las cadenas de suministros, así como los contratos para la confección de prendas de vestir e indumentarias han caído en una supuesta crisis de producción, lo que en términos reales es despido de personas trabajadoras que se quedan sin el sustento diario propio y para sus familias.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En esto la supuesta causal es que los costos inflacionarios en la USA y en consecuencia los mercados tienden a restringir los pedidos y procesos de producción, en tanto afecta las ventas—el consumidor común y corriente—no compra y el proceso de producción y comercialización se ve estancado.

Lo que conlleva a que dentro de la línea de producción es la plantilla laboral la que es afectada negativamente, dejando sin empleo a muchas personas que no ven otra opción, truncando sus planes de vida, pasando a engrosar las ya grandes listas de sub empleados y desempleados.

¿Y los sindicatos, propios en esas empresas que siguen siendo muy débiles en desarrollo organizativo, qué hacen para enfrentar esas medidas y acciones empresariales que afectan la estabilidad laboral y el propio derecho al trabajo?

En primera instancia la noticia de despidos cae como bomba en el centro de trabajo y empresa afectada, los departamentos en lo que es la producción se ven golpeados por el recorte de personal, ¿cuál es entonces la valoración que se hace en toda esta incertidumbre laboral que se provoca?

Seré yo, estoy en la lista, y la rumorología conveniente para la empresa empieza a actuar, se agrega la falta de información empresarial y los avisos son escasos, la llamada a recursos humanos, por parlantes u otras vías de contacto, pone los nervios de punta, y la incertidumbre crece, va creándose un conformismo en lo sicológico, y los grupos laborales empiezan a ver culpables por todos lados, es por culpa del sindicato o el sindicato no hace nada y sin estar afiliado lo expresan sin ninguna conciencia.

En mucho del problema, es la patronal que escasamente dialoga con los representantes sindicales, los mandos de mayor jerarquía se pierden, y los pocos que enfrentan el asunto laboral aducen no saber nada, pero la medida avanza y poco falta para convertirse en una realidad plena. Va cayéndose en un pesimismo, y los comentarios se afianzan por mayores rumores, el sindicato se vendió, lo vimos salir de las oficinas de recursos humanos, y el problema persiste.

Se continúa justificando la medida, que todos deberíamos saber y estar conscientes para la lucha que en nada se justifica, perder el trabajo en estos momentos de crisis mundializada y nacional, no es una cosa que se absorba con tranquilidad, la indemnización que me den será suficiente para seguir adelante, no obstante algunas de estas empresas que proceden a despedir, a veces indemnizan anualmente, y por tanto la indemnización adeudada es menos que un salario mínimo de 30 días, en tanto sólo van 7 meses del presente año.

Las noticias abruman, todo anda mal en el país, excepto para quienes hoy mantienen las riendas del poder a su favor, para el grueso de la gente es de zozobra el día a día que pierde su trabajo o sobrevive con ingresos mínimos que no llenan lo básico para vivir decentemente. El Ministerio de Trabajo anuncia demagógicamente que estará pendiente, las vacaciones ahogan la demanda y la oficina pública ad hoc, se ve inutilizada por la situación vacacional, no es la misma atención, no hay la misma experticia para abordar el asunto grave en cuestión.

La cultura laboral es pobre, sociológicamente cae una bruma de acomodamiento y justificación inválida, despidieron a los que siempre vienen tarde a laboral, los que no colaboran con la empresa, los que muchos piden permisos personales y para el ISSS constantemente, los que ocupan el tiempo laboral para otras cosas, los del sindicato que andan haciendo a saber qué cosas y nunca se integran a la producción.

La poca cultura sindical, se va lamentando a la hora que la patronal acciona su poder despidiendo, antes de suceder la medida no quieren afiliarse, se sienten seguros y seguras que no van a ser afectados, asumen que la patronal les aprecia y reconoce sus méritos laborales ¡vayan ustedes a saber! Los jóvenes, mujeres en mayor proporción, enfermos crónicos, que el trabajo los agota hasta la muerte, ¿por qué nadie dice y hace nada?

Será porque el líder y la ideología dominante nos inmovilizan, nos trata como simples consumidores, somos fácilmente manipulables y en mucho somos como marionetas supuestamente felices del control social que nos somete a diario.

*Sindicalista salvadoreño

La introducción con la que quisiéramos abordar este asunto es ¿hay organización sindical en los jugadores de las diferentes categorías que practican el fútbol a nivel semi o profesional? Dentro de mi experiencia sindical, siempre fue difícil organizar a los futbolistas, por diferentes razones, y cuando se construyó algo sindical se sustentaron en las raíces de un sindicalismo venal, aparejado a los intereses de los dueños de los equipos.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Desconozco si el problema del fútbol tiene que ver con muchos arraigos históricos sustentados en una organización corrupta desde sus orígenes o que fue corrompiéndose en el camino, a diferentes niveles, autoridades federativas, reclutadores, promotores y entrenadores de equipos, oligarquía vinculada con la pasión y el negocio del fútbol, personas con sueños de ser una estrella del fútbol, ser cotizado y reclutado por equipos grandes, dueños de equipos que ven a los muchachos como negocio, un estado que jamás le ha interesado canalizar escuelas de fútbol y dirigir el desarrollo del deporte del fútbol por mejores senderos.

Lo cierto es que la cloaca, se ha destapado, por cuanto tanta acumulación nociva, tóxica, de malos intereses involucrados en el juego y la organización del fútbol, ya no soportan el peso de una construcción que no ha sido para el gozo y la recreación de quienes les gusta el fútbol, esa noble afición que se fanatiza de su equipo, y cuando tiene dinero acude a los estadios para ver sufrir a su equipo en las buenas y en las malas.

El hoy nos dice que el fútbol se ve por televisión nacional o por cable, el deseo de ver buen fútbol se ha trasladado a un satélite que cuesta carísimo y que su uso y derechos de transmisión envuelven ganancias exorbitantes que van creando una atmósfera de poder que ha desnaturalizado la diversión. Ahora podemos ver si los dueños de los medios de comunicación garantizan sus ganancias, cualquier partido, de cualquier nivel de competencia, del país que sea y en la geografía más lejana que se pueda imaginar.

Los estados parece que no intervienen en toda esa vorágine de poder involucrado en intereses económicos que se generan en ese particular negocio llamado fútbol, que cada vez atrae mayores pasiones y aglutina voluntades resultado del fenómeno comunicacional y mediático, que se van apoderando y acumulando en intereses egoístas, insolidarios y mezquinos, donde la transparencia es poca, y donde ya no tiene sentido el desarrollo del deporte del fútbol como tal, sino si es negocio o va generar determinada rentabilidad para determinados grupos de poder.

La confianza, el control y la regulación de parte de organismos interventores, va desenmascarando situaciones que adversan al fútbol y lo denigran—la intervención de la Fiscalía General en el asunto va sobre delitos como administración fraudulenta y lavado de dinero, ahora es tal la confusión que se adversan ilegalidades al intervenir el INDES con la Comisión Normalizadora, la Corte de Cuentas si hay fondos públicos en el manejo federativo del fútbol, la Liga Mayor, que ve sus intereses económicos detenidos; la afición en general que critica que no hay fútbol, los medios de comunicación y los negocios comerciales involucrados, con contratos millonarios.

Por último, la informalidad laboral involucrada en esto del fútbol, como la señora de los panes, bebidas alcohólicas y gaseosas entre otras, que se ven afectados negativamente en sus ingresos, en tanto la noticia es manipulada, la información es poca, lo mediático exacerba los medios escritos, radiales, televisivos, redes sociales y demás medios interactivos operando en el problema que no se sabe en qué va a parar. Ahora bien, surge en el proceso la Asociación de Futbolistas ASOFUTPROES, que apela porque el INDES saque su Comisión Normalizadora. Por la forma en que el conflicto ha generado dinámicas diversas, el resultado es que dicha Comisión se ha salido de las instalaciones de la FESFUT y pide participar con delegados en la normalización administrativa y organizativa del fútbol. La asociación de fútbolistas apeló a un Congreso con todas las “fuerzas vivas” y que vaya el proceso según lo contempla la regulación de la FIFA, que amenazó con todo el poder que dispone. Esta jugada nos parece que al INDES le doblaron el brazo los poderes fácticos involucrados en esto del fútbol.

Lo importante es conocer si existe un problema y darle una solución integral, el INDES debe poner sus barbas en remojo y no verse mermado en una actuación que no aclara el objetivo de su intervención. Los trabajadores del fútbol que bien que actuaron y fueron escuchados, pero el problema persiste, lo que debe quedar claro es que participen con conocimiento, con criterios sanos y en bien del fútbol, y nadie debe quedar excluido.

*Sindicalista salvadoreño

Nuestra economía es sostenible y sustentable en un plazo mayor, diríamos que no, en consecuencia, los actuales funcionarios del gabinete económico no quieren decirnos sobre la realidad económica del país, de forma tal que no se permite acceder directamente a la fuente de la información, por razones de no convenir a determinados intereses dominantes del actual régimen político.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Para las personas trabajadoras organizadas y no organizadas, es sumamente difícil comprender las causas de su empobrecimiento diario que les mantiene en condiciones materiales de existencia bastante precarias. Los salarios son diferenciados según el tipo de actividad económica y la zona geográfica—rural o de la ciudad—y el empleo igualmente precario, de poco desarrollo profesional, escaso, no llena condiciones de decencia, y no contribuye para las familias disponer de planes de vida que pueda garantizarles un futuro de existencia con niveles de bienestar en materia de salud, educación, vivienda, cultura, entre otras necesidades.

Se da entender que el costo de vida es diferente en la ciudad que dispone de más presiones por la acumulación y concentración de los intereses dominantes y de los negocios; el agro ha ido disminuyendo su poder de acumulación de riqueza, en tanto el modelo económico agroexportador fue erradicado para dar paso a otra lógica económica basada en la exportación y el libre mercado. Estas modificaciones en las políticas económicas afectan en mayor medida las condiciones materiales de existencia de las personas trabajadoras con menos recursos.

Se asumen variables económicas en las zonas rurales que disminuyen a las personas que habitan en dichas zonas, haciéndolas ver sin mayores capacidades, ni formación académica y profesional, y ante un agro que no ofrece una perspectiva de subsistencia económica suficiente, y de poco desarrollo socio-económico, mantiene en atrasos considerables muchas zonas del país. Las zonas francas y/o zonas económicas que han pretendido desarrollar la zona en que se instalan, no ha significado así y todo el esfuerzo laboral y de elusión fiscal implicado no pasa de un nivel muy básico de existencia.

El impulso de una serie de medidas y acciones que supuestamente se han impulsado por diferentes gobiernos y el actual para el logro de un país diferente y mejor, que cubra necesidades de existencia de su población, para alcanzar el bienestar; no han tenido el alcance socio-económico, ni el grado de participación, para el desarrollo de los diferentes intereses conjuntados en una visión común; que deben construirse y sustentarse en el diálogo social más amplio y sostenible posible.

Alcanzar el bienestar, todos y cada uno de los que habitamos el país, tiene a su base las capacidades y competencias de su fuerza laboral, mientras esta sea de poca calificación, y conjuntada en intereses nada solidarios, egoístas y competitivos, nunca vamos a avanzar a donde queremos llegar, los sectores que más empoderados se encuentran deben conducir el proceso organizativo, alcanzando una igualdad y equidad de derechos, no podemos seguir con la lógica equivocada de valorar el tener por sobre el ser.

Somos por hoy una mano de obra deficiente, con poco tino en la organización del trabajo, conducida por una profesionalidad igualmente deficiente, no por despotricar en el número de universidades, la situación de desarrollo de competencias, para cada salvadoreño y salvadoreña es de un mejor futuro. Las universidades, institutos técnicos, son deficientes y están muchas de estas instituciones encasilladas en el negocio; pero también la educación básica y el bachillerato no logra trascender hacia lo que el país necesita y requiere de esfuerzos para una etapa de progresividad a todo nivel y en todos los campos de la vida. La juventud sigue siendo una población sin posibilidades, con nulas oportunidades para llegar a ser.

La tecnología en sí misma, no va a ayudarnos mucho y las comunicaciones e información, cuando es aplicada para someter, chantajear, esconder lo que no se quiere que sepan, con poca transparencia y por el logro de objetivos mediáticos y cada vez más deshumanizados, encuentra a un país veleta sometido al menos coherente de nosotros.

Un proceso comunicacional impulsado para sostener la mentira, y dejar atrás la verdad, no va generar nuevas cosas, ni sostener condiciones de progreso económico-social, cultural que lleven al bienestar de la mayoría. Debe trabajarse entre todos los sectores la transformación económica, pero construyendo un modelo de favorecimiento mayoritario. Los pocos empleos formales son cada vez menos sostenibles, la resiliencia de muchos sucumbe ante la idiotez de muchos de aquéllos que no se meten en política.

Mejorar condiciones materiales de existencia es una lucha reivindicativa que los sindicatos deben retomar, pero deben prepararse en el conocimiento, en lo político y en una práctica solidaria, hacia aquella población que no tiene futuro, pues su pasado y su presente no le ha permitido ser en condiciones de decencia, de paz, seguridad y justicia social.

*Sindicalista salvadoreño

Sabemos que mucho de lo que sucede en el país es un claro poder basado en populismo, que no trasciende los intereses de la clase trabajadora; continuamos con regímenes deficitarios de empleo estable y salarios decentes con derechos; protección social, educación; formación profesional, vivienda, salud.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Por qué sucede esto, la opinión que tenemos es que seguimos con altos grados de sub desarrollo económico-social, muchos de los gobernantes anteriores y presentes, no logran empujar una economía de favorecimiento de políticas públicas que lleven a la igualdad y equidad en mucho de la riqueza que producimos, en tanto que como personas trabajadoras no ha existido que podamos desarrollar planes de vida que nos lleven a un bienestar desde nuestra microeconomía de forma satisfactoria.

Los gobernantes se han preguntado qué hacer una vez logrado los votos para ser electos, y la promesa nunca se ha amalgamado con el compromiso como funcionario público desde la visión de las clases menos favorecidas de ingresos. Las personas trabajadoras ven pasar los períodos de elección, sin cambio alguno, no hay suficientes recursos económicos para dar un giro de timón, el rubro de la educación no llega a tener el impacto que todos queremos, siempre es mucho menor al que se necesita, sacrificando su potencial por destinarlo a otro gasto público que no trasciende hacia una mejoría sustancial de desarrollo.

La cultura es siempre que muy poco se hace, que estamos en situaciones catastróficas, que hacen cada vez más difícil una continuidad progresiva. Es claro que los efectos a las personas trabajadoras, para el caso los relacionados con la pandemia del covid 19 y la provisión de alimentos y necesidades de vida, para disponer de mejores opciones de bienestar de manera colectiva.

La comunicación gubernamental es clave para exacerbar una situación o un hecho, si es conveniente a sus intereses sectarios y para esconderla o apaciguarla si no se acepta como parte de la dinámica de poder. Y en este marco la clase trabajadora, se ve muy vulnerable, y se esconde la cabeza y no se escucha, ni se sostiene con objetividad y acepta un discurso que realmente no es tan veraz.

La persona trabajadora sigue siendo poco o nada calificada, y tiene fuertemente un problema de capacidades en el desarrollo productivo, y el sector empresarial mantiene una acción abusiva de tratar de enmarcarlo en la productividad, sin embargo, no podemos amarrar los empleos y el salario a la productividad, en tanto los actuales procesos de producción en mucho son obsoletos y anacrónicos y, la lógica productiva de incorporar tecnología, es simplemente un discurso y hay poco desarrollo tecnológico. Seguimos sosteniendo que hay que hacer una fuerte inversión en el Instituto de Formación Profesional, e ir transformando estructuralmente la capacidad productiva del país, los puestos de trabajo, salarios y ser competentes para el desarrollo productivo del país, en el corto y mediano plazo.

Muchas de las relaciones laborales existentes en las empresas y diferentes sectores públicos y privados, son conflictivas, y disponemos de poco avance en un ambiente de trabajo favorable para hacer avanzar el país hacia un desarrollismo, no obstante, mucho de las políticas públicas son elaboradas con una visión hacia el capital y los grupos económicos corporativos. La concentración de la riqueza sigue siendo un factor de peso y la gobernanza actual no ha conducido a que esto se modifique sustancialmente.

El mundo del trabajo avanza, evoluciona y necesitamos una lógica productiva acorde a nuevas visiones de cómo elaborar bienes y servicios, pero los atrasos en el desarrollo de formación profesional, y términos de educación, mantienen un estancamiento de que la economía mejore, pero no logran unificarse los intereses sectoriales y los políticos no logran desprenderse de su naturaleza corporativa con la funcionalidad como gobernante político.

Los trabajadores (as), no logramos la comprensión suficiente de la economía, y desconocemos de los modelos que han sido aplicados para supuestamente hacer avanzar el país a un desarrollismo, que nos conduzca a salir del empobrecimiento constante en que vivimos, la oportunidad como clase trabajadora recae en la aceptación de un líder que ganó correlación política y que se mantiene con fuerza, apoyado por las masas poco deliberantes y analíticas para propender hacia un horizonte que no logra visualizarse a cabalidad.

Hay empobrecimiento en las personas trabajadoras, y la pandemia se configura como parte de esa tragedia, se reclaman medidas compensatorias que recuperen el salario y los puestos de trabajo en mejores condiciones de vida y de trabajo. ¿Qué hacemos para superar esta situación de desventajas socio-laborales y en pro de aquéllos que mantienen mejores posiciones de poder, y el régimen político qué beneficios se trabajan luego de superar condiciones estructurales, o vamos a escribir siempre una hoja de la historia que ofrece más de lo mismo?

*Sindicalista salvadoreño

En el contexto histórico del país en que vivimos, la situación de la niñez y de la adolescencia e incluso de los ya jóvenes ha sido siempre de mucha desatención, falta de apoyo social y despreocupación de padres con las valiosas excepciones del caso, del Estado y de los empresarios que han sido reacios y opositores férreos a cumplir con el art.42 de la Constitución, que en lo literal refiere “un descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación del empleo…la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores”.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El marco en que este contenido se establece dentro de la Constitución vigente que data de 1983, explica que hay una necesidad social, nunca financiera del sector patronal de cumplir con los hijos e hijas de las personas trabajadoras en los momentos de la vida que pueden ser más vulnerables, el empresario necesita de la fuerza de trabajo para producir las ganancias que le lleven a un estatus de vida de comodidad, bienestar económico, y demás satisfactores de desarrollo humano. Pero la contraparte es que los padres trabajadores están cumpliendo con jornadas muchas veces largas, agotadoras, de tiempo completo por un salario que en mucho sabemos no cumple a cabalidad con las condiciones materiales de existencia.

El trabajo duro y en mucho explotador que viven las personas trabajadoras, para llevar ingresos al hogar y poder mantener satisfactoriamente a hijos(as); es resultado de un régimen laboral regulado por la ley (Cn. y código laboral) a conveniencia del más fuerte de la relación laboral, cuestión que contradice si realmente el contenido del art.42 está velando por un apoyo sustancial a la niñez, mientras los padres trabajan, casos de ambos padres y en otros madres solteras que hacen más difícil de cumplir la tarea de proteger, educar, de criar con todas las de la ley al menor, y que crezca en sanidad completa en una sociedad bastante corrompida por los intereses mezquinos y todo tipo de violencia.

Los patronos han evadido dicho articulado y nadie se ha atrevido a demandar con excepción de las personas que lo hicieron ante la Sala de lo Constitucional en 2017, argumentando la violación constitucional de la Asamblea Legislativa anterior por omisión; hay vacíos enormes en la comprensión de poner en el contexto adecuado la situación de los menores que se ven desprotegidos mientras sus padres están lejos, cumpliendo a un patrono, en un trabajo que no es suficiente para garantizar al menor lo necesario para su desarrollo humano.

La ANEP, siempre cuando ha sido cuestionada y demandada para que cumpla por el sindicalismo consecuente, lo ha hecho expresándose demagógicamente que si lo dice la Constitución es algo de ley que debe respetarse, pero no obstante decirlo es fácil, pero cumplirlo no lo es tanto, si hacemos la cuenta del tiempo de omisión, los principios jurídicos son de que ante un nuevo texto constitucional se da un año para adecuar toda la legislación secundaria al diferente contexto jurídico. Más, sin embargo, la ANEP no lo ha hecho y las diferentes asambleas legislativas han trabajado en pro del poderoso, omitiendo el cambio en la ley para regular dicho derecho.

Ahora estamos a las puertas de introducir un diferente texto constitucional, no sabemos de los pormenores del proceso y situación actualizada de esto, pero siendo el gobierno de Bukele, con una composición de más de 66 diputados a su favor, no entendemos por qué la reforma constitucional no ha pasado el tamiz legislativo, con 43 votos y esperar en el período de 2024 al 27, su ratificación por una mayoría calificada (56 votos).

Lo importante acá es que todas las vacatio legis y prorrogas al ejercicio de la ley de salas cunas y otros esfuerzos en materia de la LEPINA y ley de lactancia materna, se han dejado atrás con la nueva ley Crecer Juntos. Es esto un avance o un retroceso a la cuestión de cumplimiento o incumplimiento de esta protección para los menores.

En la lógica que prevalece, los empresarios van a salir exentos del cumplimiento constitucional, eso es bueno o es más de lo mismo del pasado, facilidades al que más tiene en detrimento del que menos recursos poseen para cumplir a cabalidad, y en un contexto de violencia de la sociedad salvadoreña. Son una serie de más de 300 artículos aprobados por una legislatura obediente al Presidente, eso es un avance o un retroceso para que el Estado realmente asuma su rol, pero en materia laboral y lo productivo—bienes y servicios—son intereses económicos y no los del menor los que prevalecen.

*Sindicalista salvadoreño

Las condiciones globales presagian y se observan situaciones difíciles, sobre todo en muchos países empobrecidos como el nuestro, en el corto y mediano plazo; y la contradicción es que los gobernantes que no están preparados para abrir brecha y dirigir, serán desplazados y quitados del poder, por la angustia y la zozobra que nos amenaza y nos alcanza a cada momento que damos un paso, siempre incierto pero seguro de mayor empobrecimiento económico para la clase trabajadora.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Habrá voces que dirán que los aumentos de salario deben impedirse, así como evitar medidas proteccionistas de las redes comerciales, y hacer acciones de reducción de los costos del comercio. Necesario combatir el aumento en los precios de los alimentos y brindar ayudas específicas a los muchos hogares vulnerables.

Lo grave es la escasez agudizada de alimentos, las políticas neoliberales de ARENA, nos llevaron a una completa dependencia del mercado globalizado, hacernos de una plataforma de servicios con buenos puertos y aeropuertos, además de súper carreteras fue totalmente ilusorio. Seguimos siendo un país atrasado y carcomido por los intereses mezquinos y corruptos siempre en vigencia para echar al traste cualquier buena intención económica y social.

Todos deberíamos saber cómo clase trabajadora, que los salarios pierden poder de compra cada día, y los alimentos mantienen una alta proporción de ese ingreso para comprarlos ( más del 50%), además de que se trata de un deterioro potencialmente abrumador por cuanto sólo un 25% de la fuerza laboral es formal, y está con una fundamentos básicos en materia de protección social y prestaciones socio-económicas, el resto de la clase trabajadora no es asalariada y depende de una situación económica favorable para adquirir productos y servicios que le permitan obtener ingresos de su venta.

La inflación va en aumento, y deteriora los ingresos como ácido, lo que termina en la zozobra y un grave problema de subsistencia para una clase trabajadora que se debate diariamente en una situación a cada momento deteriorándose; una realidad que erosiona esos mínimos ingresos y pesa fuertemente en el nivel de consumo, vemos la mercadería (alimentos y otros) que va escaseando, lo que hace elevar los precios, y la compra para vender algo que traiga ingresos a una familia—informalidad de la economía— va siendo cada vez más difícil por esa escasez de alimentos y de productos básicos.
Necesario los subsidios para mantener la ayuda alimentaria, la base financiera para una existencia mínima, los costos de vivienda, educación, servicios públicos, transporte son claves para que la gobernanza no se deteriore y caiga en una anarquía de intereses, en un aprovechamiento político, y sobre todo en la ganancia exorbitante de los detentadores del dominio y del poder económico.

Es claro que los alimentos siguen subiendo de precio, resultado de la escasez cada vez más sintomática de la realidad que vivimos a diario—no obstante, Calleja y los supermercados Selectos, siguen llenando sus bolsillos a costa de la incertidumbre y la concentración acumulada, se mantuvo abierto durante la pandemia y mantiene el control de los productores pequeños y medianos de bienes básicos para la subsistencia propia y familiar.

El covid 19, es todavía una variable que ha afectado los fundamentos de la existencia social, comunal, familiar, y la economía propia de país no logra proyectarse hacia generar la base económica, para que la crisis sea superada, en tanto importadores de casi todo, generamos un alto déficit fiscal por el endeudamiento al comprar los bienes y servicios más caros.

Como todos sabemos sólo disponemos de política fiscal, por estar dolarizados, y por ello nos encontramos en graves repercusiones de los efectos de las crisis mundiales y de los eventos que afectan directamente la economía. Mucha de la población está desprotegida y no presenta una protección social debida. Los gobernantes no logran encajar las políticas públicas que traigan el resarcimiento y empujen hacia una realidad de bienestar socio-económico—este tema sigue siendo inconcluso y no ha logrado permear la realidad de la clase trabajadora, sometida a la fuerza de la empresa para mantener relaciones laborales verticales, injustas y desiguales.

La educación es importante, los controles de precios, los subsidios, necesitamos diversos programas gubernamentales para resurgir el agro y volvernos menos dependientes de productos alimenticios en la región, logrando la soberanía alimentaria. Es claro que necesitamos cambios en el sistema productivo, impulsando la tecnología necesaria para superar las deficiencias históricas. Importante los subsidios al salario y políticas fiscales progresistas, así como en la creación, fortalecimiento y asistencia de mayores niveles de empleo.

*Sindicalista salvadoreño

La actual gestión en la administración del trabajo del Ministro Castro, sigue estando cuestionada por propios y extraños, desde dentro del propio gabinete hay intereses e intenciones que no permiten ligar hacia un futuro exitoso en la cartera de trabajo.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Esta situación no encuentra una labor de provecho para la clase trabajadora que sigue en un camino de empobrecimiento constante—los empleos, si es que existen en la formalidad y registros son siempre precarizados, flexibilizados y en condiciones laborales mínimas, los salarios mínimos y en general mantienen una contracción, lo que impide salir de la pobreza histórica y entrar en una economía productiva que pueda alcanzar el bienestar social y económico para la mayoría y los sectores populares.

La historia recoge la falta de un ministerio de trabajo que funcione con la dedicación plena, con principios, valores, ética y de conformidad a la justicia social y al derecho de la población trabajadora, cuestión que a la fecha sigue siendo una tarea inconclusa.

A tres años de una gestión, y una presidencia un tanto a- partidaria, con características particulares en la forma de gobernar el país y la sociedad, no han sido un factor de peso para darle un giro a la administración del trabajo y cumplir los fines ministeriales en materia de libertades sindicales plenas, mejoramiento en equilibrio y justicia de las relaciones laborales entre el capital y el trabajo.

Un funcionamiento en cuanto a la función de previsión social que no sólo trabaje en pro de los riesgos profesionales—hoy menoscabados, en tanto fuimos afectados por la pandemia del covid 19, y aún no salimos de la crisis y sus efectos en los aspectos de economía de subsistencia, de provisión de alimentos básicos, salud pública plena, sustanciales mejoras institucionales en la atención médico-hospitalaria general y especializada; medicamentos genéricos, especializados y de buena calidad, derechos a maternidad, cobertura de atención, pago efectivo y eficiente de subsidios e indemnizaciones de parte del ISSS.

En cuanto al tripartismo, con graves deficiencias en plantear los intereses más equitativos de la parte laboral, sin capacidad y poder para anteponerse a los intereses empresariales que siempre buscan su beneficio particular y no de país—y representantes de gobierno ajenos a una realidad opositora a una economía de concentración, acumulación de la ganancia, desvinculados y poco capaces para una interlocución en pro de intereses de país, antes que por grupos empresariales élites, económicos y dominantes.

No hay un trabajo en estos tres años, por un tripartismo que concilie, sin humillarse al poderoso, los diversos intereses y resuelva el problema estructural de la forma de producir bienes y servicios, salarios mínimos que no se discuten, no resuelven la economía de la gente y son impuestos desde arriba.

Una institucionalidad tripartita que mantiene una actividad estéril e infuncional en la toma de decisiones y de acuerdos, en tanto prevalecen los intereses sectarios y mezquinos, además de personales, totalmente ajenos a la colectividad laboral que espera resultados que mejoren su economía y cambien su vida propia y familiar.

Estamos estancados en la mejora de la educación en general, técnica, universitaria y profesional, lo que no contribuye a la formación y capacitación de una mano de obra calificada que trabaje la economía productiva que necesitamos en las condiciones de país que vivimos. INSAFORP, sigue en dominio por intereses de élite, que no permite el progreso profesional de la gente trabajadora, continuamos con la industria maquilera de confección de prendas de vestir, muy básicas, como mejor opción productiva y de exportación, con fábricas de poco desarrollo, ni horizontal ni vertical, bajos salarios, que involucre la potencialidad laboral para dirigir la producción de las empresas en la industria, la agroindustria y los servicios de apoyo a dichas empresas.

La cartera de trabajo, no ha logrado en estos tres años, una incidencia que equilibre las relaciones laborales entre quienes tienen los medios de producción y los asalariados que venden su fuerza de trabajo. La plusvalía alcanzada en algunos sectores económicos como la banca, lo financiero, las comunicaciones, la fabricación de azúcar y comercio exportador entre otros sectores, es obscena e impide alcanzar una redistribución de la riqueza producida por la gente trabajadora.

Y es allí donde el actual gobierno ha fallado, en tanto la economía con prevalencia del mercado sigue en pie y dejando en un empobrecimiento mayor, y por los vientos que soplan la medicina sigue siendo amarga, en tanto la crisis sigue impactando y se avecina ser de mayores proporciones, resultado de los efectos y consecuencias en el mercado mundial.

*Sindicalista salvadoreño

Después de un largo trajinar en lucha histórica de la clase trabajadora para que le sean reconocidos derechos sustanciales que mejoran y reivindican con más fuerza un marco jurídico en el país, con claro reconocimiento para quienes son el motor de la economía.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Fueron ratificados 5 convenios a saber: C102, relativo a la protección para las personas trabajadoras dentro del marco de la seguridad social, pensiones, atención de salud médico-hospitalaria, subsidios por enfermedad, medicamentos, maternidad, el seguro por desempleo y el pago por servicios familiares.

Los otros son relativos específicamente el tema de ruidos, contaminación del aire (C148); el C154, vinculado con la negociación colectiva en la administración pública; el C183, relativo a mejoramiento al derecho de maternidad y el C190, el más importante por tratar de reconocer y contrarrestar la violencia en el mundo del trabajo.

Lo importante acá es que se avanzó un pequeño tramo, y se cumplió con la demanda y presiones sindicales que se sostenían con gobiernos anteriores y el actual, por parte de la clase trabajadora para su beneficio.

Acá hay que recoger la dinámica de trabajo acumulada: 1°) está el asunto que se tenían 3 años de venir planteando la necesidad de dichas ratificaciones, y por fin se dio parcialmente y la Asamblea los ratificó; 2°) que fue una acción de compromiso del gobierno en la encerrona del pasado uno de mayo, una deuda que mediatiza el asunto de la reforma de las pensiones, algunos aseguran que el C102, da base a entender mejor hacia donde debe apuntar la reforma; 3°) No es cierto que la ratificación de convenios sea una acción diferente de gobiernos anteriores, ARENA en 20 años, ratificó 23 convenios; el Frente en 10 años, sólo 1; la DC en 5 años, lo hizo con 2, y ahora la gestión Bukele, lo hace con 5.

Es de destacar los diferentes discursos de diputados(as) que por primera vez en un debate público hablaron de la clase trabajadora del país, y se nutrieron pensamientos que no se habían oído en pro de derechos en el ámbito laboral, por ser históricamente un tema tabú. En tanto la prevalencia ha sido hacia el sector empresarial, que consigue políticas públicas, leyes, programas y proyectos en su beneficio.

Qué bien que hoy tenemos 35 convenios ratificados de 190 (18%), y un protocolo sobre SST. La clase trabajadora sigue esperando si el actual gobierno va cumplir con los intereses de la clase trabajadora, mejorando sustancialmente la administración del trabajo en lo que resta del período. O se va quedar durmiendo en sus laureles, y al entrar en una coyuntura preelectoral, de aquí en adelante será la consecución por la continuidad del ejercicio presidencial, y pasar la página.

Necesitamos la viabilidad e institucionalidad democrática para reconocer la formación de sindicatos, su promoción, su fortalecimiento, pero necesitamos legislación y el cumplimiento irrestricto en pro de tales necesidades, no es posible que entremos a rutas y caminos que atropellan los derechos humanos laborales y sindicales. Las acciones como el control sindical, la falta de autonomía e independencia de los intereses patronales, y de aquéllas que llevan a una criminalización de la gestión sindical, nos parece que no es la vía para alcanzar bases para una reelección o entrar a una lógica social de país diferente.

Hay un panorama ensombrecido por la crisis política y social que vivenciamos a diario, aspectos sustanciales para el desarrollo humano no se dan en un proceso en el que todos contribuyamos a él, y se ven como aspectos aislados que no responden a los problemas que viene arrastrando el país, para el caso la educación, la salud, la vivienda, la migración, el medio ambiente, el empleo, los salarios, el desarrollo de una economía en favor de la gente.

Las relaciones laborales, siguen estando conflictivas, hay preponderancia de los intereses del capital por sobre quienes producen la riqueza, el partido que se juega tiene reglas impuestas a la clase trabajadora que no se logran entender a cabalidad, por no tener nada o es muy poco de beneficio; y cuesta visibilizar con toda la apropiación necesaria quienes siguen favoreciéndose de una mayor tajada del pastel.

Qué bien por la ratificación alcanzada, pero falta el C173, el C177, el C189 y otros; hay que trabajar por una legislación que supere la pandemia que nos abruma; elevar los índices de protección laboral. La protección social de todo salvadoreño(a) es fundamental para avanzar. No se trata sólo de mejorar el PIB, sino veamos el sub empleo, la ocupación temporal, la falta de ingresos suficientes para vivir con decencia. Se requiere cambiar el modo de producción y dar equidad e igualdad a muchos sectores poblacionales que siguen marginados, excluidos y atropellados en su dignidad y en su desarrollo humano.

*Sindicalista salvadoreño

En mucho de su base surgieron para que los Estados Unidos se beneficiaran en lo que se define como una deslocalización de la producción. La globalización de la economía implicó un proceso económico que derivara en ventajas competitivas para quien disponía del control del mercado, y en un supuesto apoyo a los países denominados “en vías de desarrollo”. Era mucho más de bajo costo instalarse en países donde su mano de obra es pagada de una manera precaria, con el bombo de estar generando trabajo.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La historia es que esas personas—la mayoría mujeres, educadas en la cultura de la pobreza, con ciertas habilidades aprendidas de sus antepasados, como es la costura de prendas de vestir a través de patrones muy básicos; y que además fueron incorporadas a mínimos programas de formación profesional. Antes de la guerra civil, se comenzaron a instalar en zonas como en Ilopango, específicamente en San Bartolo, cercana al aeropuerto internacional de Ilopango, zona que durante el conflicto armado disponía de una maquila más calificada como era la fabricación de chips electrónicos, que daban un trabajo más calificado, de mayor valor agregado a determinada población con conocimientos técnicos y universitarios.

Esas maquilas conocidas como la segmentación del proceso productivo, cuya base está en la deslocalización del país industrializado, que instala sus fábricas directamente en una lógica de verticalidad productiva o buscan hacerlo a través de contratos con fabricantes nacionales o de capital extranjero para instalarse directamente con su marca o hacerlo por una vía de subcontratación. Lo que implica una característica de garantizar los países subdesarrollados una infraestructura mínima conocida como naves de producción dentro de espacios cercados y con alta vigilancia; y con claras concesiones del gobierno de turno en materia de elusión fiscal.

Facilitar su instalación en el país, bajo contratos de mucha desventaja para el fabricante de las prendas, por la alta ganancia que se lleva la marca y más abajo la ganancia del fabricante, dejando para el último factor de la lista de costos la mano de obra con los salarios sumamente bajos (precarización del empleo), que pretenden medirse a través del salario mínimo fijado por una entidad tripartita, donde se va supuestamente siempre a estar haciéndolo bajo la realidad de medir y evaluar el costo de vida; cuestión que no se cumple y que mantiene los salarios mínimos muy por debajo del costo de la vida, y que constitucionalmente debe cumplirse con esa finalidad.

Por el contrario, los intereses del sector maquilero ha sido la de mantenerlo contraído a su beneficio, y en el país lo tenemos con un valor menor al de la industria en general—es decir existen salarios mínimos diferenciados, que sólo benefician al sector empresarial, bajo la supuesta evaluación de que se facilite la apertura y puesta de fábricas y se generen empleos en el país empobrecido por la lógica de mercado imperante.

El trabajo por la defensa de derechos como la organización sindical, ha estado en mucho vetada y proscrita por el gobierno y los empresarios maquileros y, donde hubo expresiones como la del ex Ministro de Economía, Miguel Lacayo que decía que en El Salvador había una ventaja competitiva que no existían sindicatos en este tipo de fábricas; o del Secretario Técnico de Mauricio Funes, Alex Segovia, quien argumentaba que eran lugares donde no existía la violación laboral y que el incumplimiento de los derechos era una cuestión infundada.

En mucho estos capitales llamados golondrinas, por que no ponen mucho de su propiedad, y fácilmente pueden irse a otro lugar, cerrar la fábrica e instalarse en otro país similar, mantienen un alquiler de la maquinaria, además de pagar un arrendamiento de la nave a otra persona que administra la zona. Lo que lleva a un intrincado consorcio de intereses económicos que hace difícil para el gobierno disponer de un control de cumplimiento de los derechos allí conculcados.

La intervención de diferentes ministerios intervinientes en el negocio: Hacienda, Economía y Trabajo, vuelve infuncional el cumplimiento de derechos y el control de esos lugares. Son zonas donde se producen prendas de vestir e indumentaria sesgadas hacia el favorecimiento del capital, muchas empresas cierran abruptamente o se van, dejan los derechos de las personas trabajadoras totalmente incumplidos y en ese escenario comienza la tragedia, donde Hacienda prevalece porque se queda burlado y hay que recuperar algo de la elusión, Economía sólo busca esconder la mancha, y Trabajo es inoperante para establecer la justicia laboral.

Esas cuotas de producción que deben cumplirse en condiciones en mucho desventajosas para producir, estableciendo que esas personas trabajadoras son prescindibles, y van rotando buscando otra fábrica que sea “mejor” con un capital más responsable, simplemente migran al norte, o en el peor de los casos mueren intoxicadas, con enfermedades profesionales que arrebatan sus vidas, y que por más que se les publicite como buenas son campos de concentración—donde se sobre explota al arbitrio y paciencia, esperanzados en que el problema de la economía se va resolver; dando los empleos necesarios, siendo puestos de trabajo decentes y con buena remuneración.

*Sindicalista salvadoreño

Importante para la población laboral del país, es dar a conocer ámbitos que son vitales para saber sobre las condiciones laborales en los diferentes lugares y centros de trabajo.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El pasado 28 de abril se celebró el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo en el mundo, y el mensaje en el país en la institucionalidad que lo tutela la actual administración del trabajo, conducida por la persona de Rolando Castro e instancias tripartitas como el Consejo Superior de Trabajo NO DIJERON ABSOLUTAMENTE NADA, por cuanto no interesa y no se está interesado como parte del quehacer institucional en que sea un tema que se valore su importancia, ni siquiera una conferencia de prensa, algún boletín informativo, alguna señal en las diferentes redes sociales, algún acto alusivo en algún centro público.

Siendo el tema de la salud y seguridad en el trabajo, muy sustantivo para para la protección socio-laboral de quienes laboran para obtener ingresos dentro de la formalidad laboral para su subsistencia diaria, y por cuanto además de ser una condición laboral que debe privar en todo momento en una empresa pública y privada, y para lo cual la Dirección de Previsión Social del Ministerio de Trabajo está obligada a dar tutela y seguimiento continuo y permanente.

Esta condición se pone más difícil y atentatoria a la salud de las personas trabajadoras, por cuanto padecemos desde hace más de un año condiciones de contaminación, inseguridad y desprotección en el ámbito del trabajo por el virus covid 19 y la pandemia, ha afectado negativamente los ámbitos laborales diversos, muchos de estos sin un claro control sanitario de contención de la contaminación resultado del virus.

Hubiese sido importante que las autoridades de trabajo y/o de salud, hubiesen expresado cómo se encuentran las empresas—públicas y privadas—y los efectos de la pandemia en un período específico luego de la apertura de la economía, la que no ha vuelto a cerrarse, sin embargo las estadísticas de falta de salud llevadas por las clínicas empresariales, por el ISSS y el propio Ministerio de Trabajo en la Dirección pertinente, las desconocemos, son cosa compartimentada que la gestión Bukele no comunica en debida forma, por razones que ya todos conocemos, en primer lugar la incompetencia en la institucionalidad pública, a partir de la anulación del propio Presidente para que no le ensombrezcan su gestión, una buena funcionalidad de alguna cartera ministerial.

Los números fríos, en los rendimientos productivos afectados la productividad por ser ahora lentos o diezmados por la enfermedad, atacando a buen número de población laboral son materia desconocida y no conviene sacarlas pues ello con seguridad sería negativo para el trabajo del gobierno, lo que se traduce en guardarse las opiniones, a menos claro que la noticia o la información sea de provecho para seguir en la carrera de la reelección y las redes sociales pro gobierno se encarguen de socializarlo.

Otro elemento es que mucha de la institucionalidad pública que ha venido haciendo trabajo con personeros encargados de ella, muchos sin experiencia e idoneidad y puestos con un bajo perfil para no competir con la figura de Bukele, muchas renuncias han sido analizadas de esa manera. En consecuencia, la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como muchos temas no tuvo una connotación mínima y fue un día cualquiera sin preparativos antes, durante, ni después; y claramente pasó desapercibido.

Esta situación, donde el mundo en el caso laboral sigue padeciendo el impacto de la crisis del covid-19,llevando a una desigual recuperación, la seguridad y la salud en el trabajo siguen estando en primera línea de las respuestas de ciertos países, sin embargo en el nuestro hay una cortina de humo que no deja ver que es lo que se ha hecho en dicha materia, la referencia que tenemos es que en las empresas los protocolos de bio seguridad son deficientes, las clínicas empresariales y el ISSS, poco relevante han hecho para medir el fenómeno en lo específico en cuanto a sectores económicos que hacinan mucha población laboral, para el caso las maquilas.

Las lecciones que pudieran haberse aprendido de esta crisis en cuanto al diálogo social para reforzar la seguridad y la salud a nivel nacional, local, comunitario y en el propio lugar de trabajo, no ha tenido fuerza, los sindicatos son vetados por reclamar los protocolos y la protección social, la instancia pertinente que dispone de una Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, dentro del Consejo Superior del Trabajo no ha dicho esta boca es mía. La fecha pasó desapercibida en el plano nacional, demostró su nula o escasa publicidad que la ayuda a reducir un nivel inaceptable de muertes y enfermedades laborales que se producen cada año, parece no interesar al Ministro Castro, como al propio Presidente de la República.

*Sindicalista salvadoreño

Las razones que dieron origen al sindicalismo se dio a partir de la entrada del modo capitalista de producción con la denominada revolución industrial (1760), inicios de un capitalismo industrial a partir del descubrimiento de la máquina, ahora vamos por la 4ª revolución que descansa en la tecnología y, pareciera que las cosas no cambian en el marco de los derechos de las personas trabajadoras.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Las relaciones laborales sostienen y mantienen la dominación de una parte sobre la otra. La que oferta el empleo con respecto a la que lo demanda, por la ganancia una parte y por la mejora de condiciones de trabajo que lleven al desarrollo laboral y como consecuencia a un bienestar familiar, y desarrollo humano evolutivo la otra.

¿Cómo nos encontramos en pleno siglo XXI, la clase trabajadora? Diferentes épocas y en ellas diferentes gobiernos, han utilizado a la fuerza de trabajo en pro de sus intereses centrados históricamente en la ganancia, el negocio sin principios ni ética, la apropiación del trabajo no pagado (plusvalía) resultado de la explotación de la fuerza productiva, y en clara y sistemática oposición a que las personas trabajadoras se organicen en sindicato para la defensa de sus derechos e intereses propios.

Los diversos grupos sindicales históricamente, dependiendo de la corriente sindical con la cual se identifican así se han enfrentado o plegado a la clase empresarial y/o gubernamental u otros poderes fácticos, para la consecución de prebendas, mejorías mínimas o de un estatus temporal favorable y elitista, mientras duren las condiciones políticas de quienes ostentan el poder económico, político o militar.

En mucho se ha considerado al movimiento sindical y los grupos laborales, como apoyo al sostenimiento y oportunidad viable para alcanzar el poder del aparato del Estado—ejercicio político-partidario—clave para ejercer e imponer el programa económico acordado desde arriba, que garantice la ganancia a los pequeños grupos económicos que dominan la sociedad, denominados burguesía u oligarquía, dependiendo de si tienen o no cabeza política. Un gobierno sin el apoyo social de la gente, prácticamente tarde o temprano deja de incidir en la masa de personas que le han apoyado y termina siendo un período más sin beneficio concreto para llenar las expectativas que se generaron en la población.

Actualmente la fuerza laboral se debate en niveles de subsistencia diaria que no le permiten avanzar en el pensamiento político, han sucedido tiempos que han impactado la economía familiar, y la realidad golpea con la precarización de los empleos, la sub contratación que lleva a una serie de puestos que no están directamente relacionados con la producción como aseo y limpieza, transporte, vigilancia, el trabajo eventual en demasía que es una clara caracterización de la estrategia empresarial de la flexibilidad y desregulación laboral y el alto sub empleo con altos niveles de informalidad, que afectan drásticamente el ámbito económico social, dado que a su base están los ingresos insuficientes, mínimos y la falta de cobertura para las necesidades de salud, educación y vivienda, seguridad ciudadana entre otras vitales tales son el uso de recursos naturales como el agua, la falta de recreación y una subcultura, que alejan vivir de manera satisfactoria, sin distinción de clase, género, diversidad, edad, raza e ideas políticas.

La actualidad denota una fuerza social de falta de apropiación de los intereses de clase, la situación se mantiene en un vacío para llenar una causa popular que lleve a mejores opciones de vida para los sectores populares, los sindicatos se manifiestan en esa lógica de no tener cabida en los nuevos y diferentes ámbitos de los intereses dominantes, sociales, económicos y políticos. Se abaten en un desconocimiento de los sistemas productivos, de los intereses político-partidarios que hoy se conjugan para detentar el poder del aparato del Estado; y se ven desprotegidos y con poca organización socio-política en una lucha por alcanzar metas reivindicativas importantes.

Las relaciones sociales de producción se restringen a un ámbito productivo de debilitamientos en la formación profesional técnica, el régimen educativo del país está alcanzando el anacronismo en lo académico y técnico y no hay un cambio estructural que potencie el desarrollo de las fuerzas productivas hacia diferentes formas y modos de producción de bienes y servicios.

En el marco de la conmemoración de la gesta heroica de los mártires de Chicago (1886) por alcanzar una vida laboral decente por las 8 horas y la protección social para el desarrollo de la persona en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad, expresamos que la lucha debe continuar; y hay que sobreponerse a las ambigüedades políticas, la falta de solidaridad por el que menos tiene, que necesita del apoyo moral, económico y militante y rescatar la causa de la fuerza productiva del país hacia mejores horizontes sindicales y socio-políticos.

*Sindicalista salvadoreño

En lo que concierne a la sumisión a las autoridades competentes de convenios y recomendaciones adoptados por la CIT (artículo 19), El Salvador ha venido sosteniendo a través de la cartera de trabajo de promesas que han ido cayendo al vacío, a partir del no cumplimiento.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La demanda social en la materia laboral está en el C102 y su recomendación R102, en cuanto a que se anunció la reforma previsional desde el pasado 15 de septiembre 2021 por parte del Presidente; pero ni el convenio ni el proyecto de reforma han tenido un final feliz; ni el primero ha sido ratificado por el país y lo segundo para reivindicar la decisión de corregir el problema estructural de la privatización de los fondos de pensión, ocurrido en la lógica neoliberal impuesta por los gobiernos de ARENA y la oligarquía financiera.

El actual gobierno Bukele, sigue sin adoptar una solución estructural en beneficio del derecho a protección social en materia de vejez, invalidez y muerte, para cotizantes y no cotizantes.

La OIT, espera que las autoridades competentes sometan, en el plazo de 12 meses (o excepcionalmente en el plazo de 18 meses) después de clausurada la reunión de la Conferencia. El Gobierno debe informar a la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas que haya tomado a este respecto. En caso de no hacerlo se cae en una falta grave de sumisión.

La actitud del Gobierno salvadoreño la Comisión “lamenta tomar nota de que, una vez más, el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. En este marco, la Comisión recuerda la información proporcionada por el representante gubernamental de El Salvador (108.ª reunión, en junio de 2019). Aduciendo que el Gobierno adoptaría pronto las primeras medidas para someter los convenios y las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes”.

Este en general ha sido un problema estructural en el contexto de las relaciones entre el capital y el trabajo (marco jurídico laboral), por parte de los gobiernos de turno, que no han procurado un marco de existencia en términos de justicia laboral, equidad y mejoramiento sustancial de los procesos productivos y las relaciones sociales de producción. Haciendo un recuento de 61 instrumentos pendientes dentro del período de las 25 reuniones celebradas desde oct1976 a junio2019.

Ello significa que el gobierno Bukele, no ha sido diferente, y continúa el obstáculo político, de que el marco jurídico laboral del país, se refuerce con la legislación internacional, dando un cambio sustancial a la lógica actual de producir bajo una regulación atropelladora de los derechos al trabajo, la seguridad social y las condiciones de realización de la producción en términos de equidad y desarrollo humano en el marco del trabajo productivo y reproductivo.

El gobierno de Bukele y lo realizado por el Ministro Castro en la cartera de Trabajo, no ha sido algo de beneficio, se va acercando la conmemoración del Uno de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, y sería bueno, sin la demagogia acostumbrada, que se dispusiera pasar a la ratificación de nuevos convenios pendientes como el 154, 173, 177, 189 y 190 y otros. Que vienen siendo una demanda constante de parte de los diferentes grupos sindicales y laborales del país.

No deberían los intereses gubernamentales definirse a partir de quién los propone, lo demanda o presiona para que siga un curso de sustancial de mejora a las condiciones de trabajo, salariales, de empleo para los diferentes sectores productivos y reproductivos. Las relaciones con la OIT, no son de lo más satisfactorio, y el país no sale de su ostracismo político, como es el caso de la disensión con el programa político utilizado en unas determinadas elecciones; el bukelismo tiene una lógica de atacar a quien no le conviene o manifiesta alguna oposición; por la disconformidad con las alianzas y pactos que propone la dirección partidaria, esto ha sido de ayer en mucho, y hoy no es diferente, lo que ha facilitado el autoritarismo y la desregulación institucional, entre otros factores y de los grupos fácticos.

De igual forma la crítica que se puede realizar con el funcionamiento partidario anterior y/o de gobiernos de turno; y por ende la discrepancia ante la evolución ideológica dentro de las condiciones de la política partidaria aplicable a las condiciones de una democracia formal, representativa, cada vez en mayor degradación y descomposición, en detrimento de la gente y sectores populares.

*Sindicalista salvadoreño

La generación de empleo desde que ARENA impuso el modelo económico del rebalse (1989), sustentado en exportaciones bajo el régimen de zonas francas industriales.

Por: óger Hernán Gutiérrez*

La USA había sostenido por larga data un sistema generalizado de preferencias SGP, para determinadas mercaderías sin aranceles, para estos países de la región sin mucho desarrollo económico; luego se fue ampliando con el tratado de la cuenca del Caribe, hasta concluir en el CAFTA (2006), y la completa apertura comercial, entendida como la globalización económica.

Calderón Sol (1994), amplió la visión del negocio como la única forma de crear empleos “fáciles”, con la consigna El Salvador S.A. de C.V. hacer de todo el país una sola zona franca. Que implicaba una serie de compromisos y acuerdos comerciales con los que se posibilitaría ir saliendo del hoyo económico en que la guerra nos había conducido. Los acuerdos de paz, soslayaron el tema económico social, hubo complacencias de grupos dominantes y decisiones que abortaron el tema económico, para finalmente anular un cambio estructural en el modelo oligárquico con retoques de una lógica neoliberal perversa, la prevalencia del mercado por sobre todas las cosas.

La exportación bajo reglas de mercado impuestas por el capitalismo corporativo, obligaba a nuestros países a aceptar su oferta—se ampliaron las zonas francas, se creó una ley de zonas francas inexpugnable, una ley de servicios internacionales, se pretendió impulsar a la fecha zonas económicas especiales, que han tenido vaivenes que se han pretendido esconder, y están impulsándose con total impunidad.

La visita reciente de funcionarios locales, al parecer diputados y de la actual Ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, en fábricas como Impression Apparel Group S.A. de C.V. en Boulevard del Ejercito Nacional, Km. 8 1/2 y calle a Cooperativa Algodonera, Soyapango, y Decotex International Ltda. de C.V. del grupo corporativo TEGRA GLOBAL, Zona Franca American Industrial Park. Block H Calle Canadá Km # 36.; da pauta a pensar que algo se trama y se quiere expresar que vamos avanzando hacia supuestos nuevos derroteros económicos, se habla de reactivación económica, que vamos mejorando en las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

Algunas valoraciones desde la visión de las personas trabajadoras y de sus organizaciones sindicales más representativas dentro de estas fábricas visitadas, son que desconocen el motivo de la visita, del por qué fueron seleccionadas para la lógica gubernamental que priva—no se comunicó por ninguna vía la visita oficial—ni lo personeros de gobierno visitantes entablaron alguna visión de trabajo sobre la parte productiva de la fábrica, es decir quienes producen las mercancías, ello puede tomarse como una acción demagógica de la empresa con el gobierno Bukele; que nada bueno trae y no se comunica de forma transparente y horizontal.

Algunos grupos laborales en las plantas de la fábrica, observan amenazas a la estabilidad laboral, hay días en que no hay trabajo qué producir, eso es un mal síntoma que prevalece y tiene causas estructurales y en el ámbito de una pandemia, estado de excepción pueden conducir a un mayor debilitamiento del Estado para enfrentar la situación nacional, la negociación entre las partes no se ve que hayan avances importantes y se mantienen en mucho prejuicios que no logran acuerdos medulares y/o estratégicos que impulsen una zona de producción con beneficios mutuos.

Las inversiones para la exportación de prendas de vestir e indumentaria, ha sido un rubro dentro de la economía salvadoreña que ha significado miles de empleos para el país, y en mucho poco más de 200 empresas dedicadas a esa actividad económica, las condiciones laborales es un empleo claramente precario, poco calificado para la mayoría, la formación profesional está estancada y el instituto dedicado a ello está estancado, ya no hay suficientes programas de formación mucho más avanzados y acordes al futuro con la evolución de la globalización económica. El acuerdo multi firmas (2005), CAFTA y otras condiciones comerciales se mantienen atrasadas y ya no representan una dinámica económica progresiva; encontramos una alta proporción de sub empleo y desempleo (por la alta rotación) que implica producir para este tipo de industrias; ni siquiera el salario mínimo se ha equiparado a 365 usd como en el resto de la industria.

No vemos con la visita gubernamental que los procesos económicos para producir en este tipo de industria, vayan a mejorar, siguen siendo puestos de trabajo precarios, con una alta flexibilidad laboral, mucha rotación con alta dosis de riesgos profesionales y lo de las zonas económicas especiales como proyecto económico, no deja de ser siempre un aspecto sin bases y fundamentos para mejorar derechos laborales e impulsar un trabajo decente.

*Sindicalista salvadoreño