Categoría: Sindicalismo

La política sindical no ha tenido condiciones en el país, que desarrollen y permitan un crecimiento en la representación de los intereses de las personas trabajadoras. Desde arena (1989) con su política económica de libre mercado, apuntó al desmantelamiento de los sindicatos en áreas consideradas estratégicas a saber: el sistema financiero, el comercio exterior que implicaban obstáculos para imponer su política, e introdujo en la política laboral el modelo NO Sindicato, que implicaba claramente, entre otras cuestiones medulares, obstruir el ejercicio organizativo de las personas trabajadoras en sindicato.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El modelo económico de libre mercado, introdujo el elemento de una apertura económica y el país gobernado por arena requería de condiciones que favorecieran esos intereses económicos, y lo primero fue continuar negando la organización sindical en el sector público; después eliminar por vía pseudo legal o impositiva la organización sindical en bancos privados y el banco central de reserva. Se reprivatizaron los bancos y el comercio exterior, y se pretendió imponer el modelo no sindicato en las empresas, con ello se anulaba la necesidad de las personas trabajadoras de querer organizarse.

En tanto se impusieron terminologías y culturas sobre las relaciones laborales, y se consideró en la política laboral de gobierno hacer creer que no había necesidad que las personas trabajadoras se organizaran, dado que la apertura de mercado daba la pauta a que las condiciones laborales se igualarían, dado que la competencia (el mercado) era el verdadero adversario, y no quienes en conjunto (dueños, ejecutivos y trabajadores(as)) dentro del centro de trabajo producían para el mercado en competencia, de allí que se denominaran en las empresas como colaboradores, despojándose de la ideología que los intereses son diferentes y se volvieran comunes a ambas partes de la relación laboral.

El trabajo se convirtió en una mercancía y la ley laboral de 1972, se volvió más obsoleta, de tal manera que las operaciones de las empresas bajo el régimen y ley de zonas francas, modificaron la prevalencia laboral e impusieron lo hacendario y económico como lo principal. Este nuevo marco de relaciones laborales se fue haciendo cada vez más unilateral, despojando a las personas trabajadoras del contexto jurídico, laboral, económico y social; la globalización económica se había impuesto y la necesidad de defender intereses laborales fue cediendo a supuestas lógicas económicas de beneficio para el país, recordemos la teoría del rebalse.

En la actual situación de país, seguimos en una claro deterioro de la política sindical, la legislación laboral que impera  es anacrónica y no contempla el trabajo en zonas francas, y las supuestas reformas laborales que dizque el Ministro de Trabajo tiene listas, pero son desconocidas por la población laboral y bajo la sujeción de una Asamblea Legislativa amorfa e incapaz de trabajar por mejoras laborales; tampoco la manera de controlar las exportaciones—las empresas maquileras continúan cerrando y con problemas de operatividad, esto implica despidos selectivos y masivos; por su parte el gobierno de turno impone una manera de promover al país, para el caso el turismo—surf city, concurso miss universo, el viaducto de Los Chorros, el supuesto aeropuerto en oriente, mega proyectos de infraestructura, pero también la cooptación de los fondos de pensión, y la desarticulación de sindicatos en el sector público por el cierre y/o fusiones, el ahogamiento presupuestario de los gobiernos locales, encarcelamientos e intimidaciones por reclamar derechos laborales, entre otras decisiones políticas que no promueven mejoras sustanciales a las condiciones socio laborales, en materia de derechos laborales y mucho menos los derechos sindicales, sino a través de la política comunicacional promoviendo un El Salvador con acciones macro económicas prevalecientes, para un supuesto bienestar.

Se ha consolidado lo que arena inició (1989-2009) con la prevalencia del mercado por sobre los derechos humanos. El gobierno de Bukele, no da pauta a pensar que se convertiría en un gobierno pro trabajador, por el contrario de lo que se trata es sostener un debilitamiento de la institucionalidad pública, socavando sus recursos presupuestarios, manteniendo anulados los órganos legislativo y judicial; un ministerio público sin visión de compromiso con la ciudadanía, lo que no permite rescatar en pro, las diferentes demandas que los Sindicatos promueven en la busca de una defensa por diferentes intereses socavados por la falta de institucionalidad y sometimiento de funcionarios(as) al poder de Bukele.

La política sindical, es un reto para el sindicalismo, pero habrá que entender el momento en que estamos, el pasado de obstrucción y políticas económicas que han conducido al país a mayores migraciones, falta de educación, empobrecimiento acelerado para la mano de obra poco y nada calificada, salarios estancados, un crecimiento de la ocupación informal, y mayores dinámicas de opacidad en el manejo de la cosa pública.

*Sindicalista salvadoreño

La situación de las personas trabajadoras continúa siendo negativa en los términos económico-sociales, a partir de un alto nivel de inestabilidad laboral alcanzado—más de 20,000 empleos en el sector público desde junio2019; y más de 3000 en la industria de la confección de prendas e indumentarias (maquilas); que se manifiesta en reducciones de la plantilla laboral, a partir de suspensiones del contrato individual de trabajo, implicando la reducción del salario; despidos en cantidades importantes; cierre de empresas por problemas en la cadena de suministros, que lleva a elevación de costes de producción. Además, se manifiestan conflictivas relaciones laborales que sostienen dificultades en el sostenimiento de los empleos y en la contratación de nuevos empleos.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Las actividades económicas en el agro, las otras industrias, y la actividad comercial y servicios, se ven afectadas por mayores índices inflacionarios que repercuten en la elevación de los costes de producción, resultado de los altos precios en la cadena de provisión y suministros de materias primas y servicios logísticos. Y hay repercusiones de un debilitamiento productivo, que afecta los ingresos del Estado, así como el sostenimiento de empleos productivos; en tal sentido se sostienen políticas demagógicas que cubren la situación de insostenibilidad de los negocios y el decrecimiento de los empleos formales, el aumento de la informalidad que se ve mayormente presionada por desalojos y presiones políticas, resultado de políticas locales y del gobierno central, por aparentar cambios que no llevan a un real mejoramiento de la economía del país.

La situación crítica mundial, ha incrementado los índices inflacionarios internos, encareciendo los diferentes bienes y servicios; la provisión de recursos alimenticios, energéticos, logísticos, de transporte, desarrollo tecnológico, financieros, fiscales, educacionales, de vivienda, etc. Se ven encarecidos en sus precios, que lleva a una clara afectación directa al bolsillo de las personas trabajadoras, que ven pauperizadas sus condiciones de vida y laborales, dando una existencia con alta inestabilidad (reducción) de los puestos de trabajo, desmejoramientos en cuanto a calidad y cantidad de los empleos, los salarios afectados que no compensan el alto costo de la vida, derivando en una grave disminución y debilitamiento del poder adquisitivo y de los ingresos en los sectores históricamente empobrecidos.

La institucionalidad pública ha continuado debilitándose en el sostenimiento fiscal—aunque demagógicamente se habla de una buena recaudación—no obstante, se continúan deteriorándose los servicios públicos, la prevalencia de una ciudadanía despojada de derechos humanos y con libertades restringidas, la representación de grupos y entidades sociales organizadas para la defensa y protección de dichos derechos, está con graves dificultades resultado de la cooptación de las instituciones y la concentración de funciones, a partir de determinados centralismos aprobados de manera legislativa, a satisfacción de los mandamientos del ejecutivo, lo que tiene como resultado anulación y deterioro de servicios públicos, restricciones presupuestarias graves, confusión ciudadana para demandarlos y altos grados de descomposición.

Como resultado de estas centralizaciones en la forma de ejercer el poder en el aparato del Estado, lleva a una clara desprotección de servicios públicos en la defensa ciudadana y beneficio social a la población integrada a los sectores de mayor necesidad y, llevando a la exacerbación de los parámetros de empobrecimiento de la población laboral. Además, afectaciones directas a los servicios sociales de salud, educación, vivienda, transporte público, recreación, entre otros que siendo así desfavorecen plenamente el desarrollo humano y la situación que conduzca a un bienestar común, como lo requiere el texto constitucional.

Situaciones de “mega y pequeñas obras” simultáneamente, que llevan a provocar en la población un efecto mental a través del sistema de comunicación—redes sociales—del oficialismo que las refuerza como algo de mucho valor y de beneficio del pueblo. Situación que lleva a crear un caos en la rutina de tránsito y movilidad de los salvadoreños(as)—mayor accidentabilidad vial, riesgos psico-sociales para las diferentes necesidades de la población, aumento de la criminalidad común en el transporte público y zonas desprotegidas de los diferentes municipios.

Hay problemas en la provisión de alimentos necesarios y básicos; pan francés y tortillas en aumentos de precio y deterioro en la calidad; aumento en el valor monetario de verduras, frutas, cereales, medicina, tiempos de comida incrementados en más del 50% del valor del año pasado. Esto lleva a fuertes presiones en los negocios de sostenibilidad y de ingresos. Existencia de un marco de deterioro de las actividades agropecuarias, débil apoyo en logística institucional para el sostenimiento de la producción alimentaria y desarrollo del agro. Alta concentración de población sin trabajo y en ocupaciones que no sustentan los suficientes ingresos propios y para la familia, además de niveles acumulativos de migraciones a la ciudad y al país del norte, que tienen a su base problemas en la economía del país.

*Sindicalista salvadoreño

Estamos a las puertas de la conmemoración de la memoria histórica en la lucha por las “8 horas de trabajo; 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que nos de la gana”, impulsada por los mártires de Chicago que ofrendaron sus vidas para avanzar en el mundo del trabajo a condiciones laborales de beneficio y protección para la clase trabajadora.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Este año se cumplirían 137 años de esa gesta histórica. Que fue atacada por las fuerzas del Estado y del capital, acusando de la infiltración de movimientos subversivos del orden republicano de aquel entonces, que evidenciaba movimientos huelguísticos desde el uno de mayo, en protesta por las condiciones de trabajo, entre estos Engel, Parsons, Fisher; Neebe, Lingg, Spies, Schwab, Fielden, los reconocidos en el incidente de Haymarket, de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos.

Mucho de lo que el sistema republicano, democrático y representativo, promueve en el mundo del trabajo, es desconocer los orígenes y verdaderas motivaciones de la lucha, y se presenta como el Día del Trabajo, una fecha de descanso obligatorio, pero que en mucho se labora como cualquiera otro día laboral. Esto tiene que ver con la base ideológica que predomina en los centros y lugares de trabajo, en tanto la fecha es asociada a la acción de huelga y de protesta de los grupos sindicales organizados en el país; y que representa una fecha en todo el mundo; los propios USA no la reconocen, para evitar el juzgamiento de los hechos suscitados en esa fecha conmemorativa.

En nuestro país, hay escasos procesos para una educación histórica, para dar a conocer la fecha en lo que realmente significa, muchas presiones de los medios de comunicación no la promueven como algo importante para el país, en tanto hay oposición empresarial y del Estado a que las manifestaciones en ese día vayan siendo prohibidas, en tanto subvierten el orden establecido; recuerdan el discurso gubernamental del año anterior, que en pocas palabras, fue expresar que la movilización significaba el apoyo a las pandillas; y se convocaron el actual Ministro de Trabajo, a un hotel para hacer una actividad que manipulaba claramente los verdaderos intereses y motivaciones de las organizaciones sindicales.

La estrategia del poder, es siempre trabajar la división de los diferentes grupos sindicales organizados, en su pensamiento y acción; actualmente hay presiones importantes a estos grupos en tanto estamos en un proyecto pre electoral, que pretende ir tomando mayor fuerza para que las elecciones próximas manifiesten un alto apoyo al continuismo del actual Presidente Bukele. Y se presiona hacia la adhesión a estos intereses—el proceso político social salvadoreño avanza y va proyectando salidas al problema de gobernabilidad democrática en el país. Se dice al igual que en aquella oportunidad pasada (2022), la ratificación de convenios de interés de la clase trabajadora; en concreto lo que parece es una clara labor disociadora, de chantaje político, de anulación y señalamiento de los grupos sociales que están pensando movilizarse en esa fecha de manera más independiente y autónoma a esos intereses del gobierno y empresariales.

Las banderas de lucha son siempre importante señalarlas, en tanto demuestran el descontento, demandas hacia el Estado, gobierno y sectores empresariales; hay sintomatología que viene siendo una afectación concreta de los intereses y motivaciones laborales, el debilitamiento de las libertades sindicales—para el caso la pasada reforma previsional (dic2022), que ha profundizado la crisis de sostenibilidad del sistema previsional, de cooptación de los intereses financieros por parte del nuevo ISP, y de una clara lógica de dejar a plenitud la tarea previsional a las AFP, que claramente han visto desde sus orígenes, el tema de pensiones como un negocio y no como un derecho humano de las personas trabajadoras.
Los diferentes despidos del gobierno y de la empresa privada, que significan una reducción del empleo formal, en tanto los servicios públicos se van deteriorando para la ciudadanía, a partir de la llegada de funcionarios (as) sin la experticia y formación necesaria, y del fomento de la cuotas y clientelismo político de nuevas ideas, que lleva a una deficiencia integral de los servicios públicos diferentes que el Estado tiene a su cargo.

Nos vemos afectados por el alza en el costo de vida, la canasta básica de alimentos está cada vez menos accesible a los grupos poblacionales con menos poder adquisitivo, se valora incrementar el salario mínimo, fomentar el empleo decente, evitar endeudamientos públicos para favorecer la figura del Presidente, se presume una crisis alimentaria fuerte en poco tiempo, hay claras afectaciones negativas y un desmejoramiento de los ingresos de las personas trabajadoras, y la economía va siendo afectada en su desarrollo humano, con dificultades para salir de las condiciones inflacionarias externas e internas y de presiones políticas por parte de las economías más fuertes.

*Sindicalista salvadoreño

Que tenemos a la vista, en tanto que muchas cuestiones laborales son poco o nada transparentes, o reveladas sin toda la ética y transparencia del caso; y muy pocas acciones laborales que se conocen tienen realmente un beneficio claro para la población laboral.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Muchas de las cuestiones que se suscitan en materia laboral persiguen intereses que se alejan de los reales intereses que envuelven a las personas trabajadoras, por tanto, esos supuestos beneficios son toda una charada confusa y con pistas falsas, que logran generar expectativas en la gente que trabaja, esperando que la acción gubernamental o empresarial anunciada o aprobada traiga mejoramientos sustanciales a sus condiciones materiales de existencia, que son simples: empleo, estabilidad laboral y salarios decentes.

Hagamos una resumida recolección de noticias:

1°) Están los atrasos de varias alcaldías municipales en materia salarial, despidos, deterioro de condiciones en la relación laboral. Hasta ahora, tienen a su base la falta de fondos presupuestarios para el sostenimiento de su pago puntual. Lo que no queda claro es si por la reducción de los fondos fodes, son causal directa de la crisis en los bolsillos de las diferentes personas trabajadoras municipales. Actualmente se están generando grandes expectativas sobre la reducción de los municipios, lo que traerá como consecuencias una buena cantidad de despidos por “supresión de la oficina municipal”.

2°) Se anuncia con bombo y platillo la reforma previsional, se crecen expectativas luego de más de un año (sept2021) de estarla anunciando, los grupos sindicales clamaban por una reforma laboral muy en favor de quienes son los más afectados (actuales y nuevos pensionados); y la respuesta a la denuncia permanente de quienes son los beneficiados (sistema de las afp). Sin embargo, el proyecto de ley se introdujo con una celeridad sin saberse con certeza a donde apuntaba la reforma—resultado una ley exprés, sin análisis, ni diálogo social y sólo tomando en cuenta el coro de voces sindicales venales y, con el compromiso gubernamental de apoyo al actual Ministro de Trabajo.
Resultado de ello la desaparición del sistema público de pensiones SPP, y la derogación de la ley SAP y del INPEP, con despidos de más del 50% del personal. Y la clara conculcación de las libertades sindicales, tipificadas en la desarticulación del sindicato de dicha institución y la anulación ex profeso del contrato colectivo de trabajo. La reforma previsional es débil y no integra verdaderos estudios actuariales, así como un análisis de continuidad en el problema de la cobertura—prevaleciendo una alta proporción de personas trabajadoras que no cotizan y continuarán sin derechos previsionales.

3°) A medida que va acercándose el mes de mayo, las expectativas mueven los pisos laborales, en primera instancia está el proceso de los cinco convenios de la OIT. Los convenios ratificados por el Gobierno de El Salvador son el 102 que trata sobre la seguridad social, el 148 relativo al medio ambiente, el 154 referente a la negociación colectiva, el 183 que se refiere a la maternidad y el 190 que trata sobre la erradicación de la violencia y el acoso laboral. Que luego de su ratificación en mayo pasado, se va cumpliendo el año para que entren en vigencia y sean parte de la normativa laboral del país. El punto acá es que no se sabe mayor cuestión de este asunto. Y El Salvador continúa denunciado ante la OIT, y se hacen cabildeos pro gobierno en la tarea que se reduzcan o desvanezcan las sanciones para el país, pero sin mostrar cambios que den pie a la potenciación del diálogo social y el reforzamiento de las funciones dentro de un tripartismo sano e independiente.

Como 4°lugar, están las recientes reformas al pago de los servicios públicos, administrados por el Ministerio de Trabajo, que mensaje se manda al respecto: a) un Estado débil presupuestariamente hablando, sin recursos para ejercer una defensa ciudadana en sede administrativa en materia laboral; b) gravar los servicios públicos logísticos y las funciones públicas que le competen, puede girar hacia evitar que la organización sindical se desarrolle en las empresas públicas y privadas; c) así como debilitamientos en la justicia laboral administrativa, generación de arbitrariedades y abusos económicos, dilaciones crecientes, mayores costos laborales, pagos anticipados, o exoneraciones bajo de agua que fomenten la corrupción institucional.

Los efectos y consecuencias de todo este debilitamiento en materia laboral, tienden a desfavorecer a la parte débil de la relación laboral, y no se requiere otorgarle a la parte patronal pública y privada, mayores concesiones de sustentación de intereses propios, sino basta con debilitar la parte de defensa laboral—libertades sindicales—para dar mayor fortalecimiento a la parte dueña de los medios de producción, y reforzar así mayores niveles de deterioro en las relaciones laborales, mayor arbitrariedad y abusos laborales.

*Sindicalista salvadoreño

De acuerdo a determinados estudios, las personas salvadoreñas de forma conveniente se han alejado de las ideologías—ya sea de derecha, de izquierda, y se sitúan en una rara conveniencia de algo céntrico.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Y esa nueva existencia la asumió el movimiento sindical, quizás podríamos preguntarnos a partir de qué razones, motivos, circunstancias han determinado que las personas sindicalistas se encuentren acomodadas esperando que algo o alguien, por arte de magia cambie la situación laboral.

Por algunos aspectos que conocemos como desviaciones, deformaciones que se criticaban mucho en tiempos atrás, a saber: el reformismo, aquellas personas que no querían ver su realidad y se afanaban por decir que los dogmatismos no eran sanos en la teoría, el pensamiento y la acción. Muchos eran claramente denunciados por esa forma de pensar, por cuanto retrasaba la revolución y los ideales de la lucha se confundían por este tipo de desvíos filosóficos y hasta traicioneros por momentos, que hasta existían condiciones duras que más tarde se sufrían en detrimento de la causa.

El movimiento sindical apegado a la lucha de clases—burguesía y proletariado—quienes tienen los medios de producción y quienes sólo poseen su fuerza de trabajo, tenía claro su horizonte de lucha, nadie se perdía pensando así, en esa relación laboral hay injusticia, inequidad plena, abusos y arbitrariedades de quien tiene el sartén y el mango también. Era la base para mantener la explotación, obtención de plusvalía—ganancia acumulada sin haberla pagado a la persona trabajadora—que no toman en ciertos contextos una conciencia clara—y la tarea sindical formativa y educativa, es hacer verles esa realidad a través de los procesos estructurales de concienciación y de la necesidad de impulsar una acción de lucha organizada para cambiar la situación de opresión.

Siempre ha existido una aprehensión—proceso de asimilación y entendimiento de algo que estaba pasando—pero también existían fuerzas laborales acomodadas, que no asumían riesgos en el proceso de lucha, que niegan su realidad de empobrecimiento, se abstienen intencionalmente de participar, la pasan de escépticos y no quieren compromisos y, cuesta que se afilien a la organización sindical, y son estas masas las que hoy prevalecen y tomaron a su suerte el discurso del nuevo Presidente (feb2019), quien abolió este asunto de las ideologías, expresando que la situación difícil por la que pasaba el país, había que entender que era causa de los mismos de siempre (ARENA-FMLN), y había que asumir el trago amargo con estoicismo—asumirlo sin cuestionamiento y análisis.

Las bases se estaban construyendo, y en lógicas sindicales que siempre han existido: fuerzas sindicales con la ideología del patrón oligarca, y allí tenemos dirigencia sindical que se pasa al otro bando, dejando los intereses propios y genuinos para otro momento. Y están las personas trabajadoras que en su realidad de miseria no ven otra salida, que ligarse a los objetivos y metas del que tiene los medios de producción, para poder conseguir algo de provecho en un claro oportunismo y arribismo, que no deja nada y que claramente alimenta la deslealtad y la traición. Esta situación ha ido en crescendo, desarrollando debilidades estructurales en el movimiento sindical, cooptado por la ideología del modelo no sindicato, impuesto en el período de arena (1989-2009) y sus secuencias.

La base de esta filosofía esta en sostener que las dos partes (patronos y trabajadores) de una relación laboral son iguales, y por tanto el fenómeno de la producción es algo de colaboración para hacerla crecer y no de explotación, ni de injusticia social, y por ello la conversión de personas trabajadoras explotadas a desideologizadas y colaboradoras del capital.

El miedo a perder el empleo y quedarse sin el sustento diario, propio y familiar, a trabajar de manera continua (24/7), teletrabajo adicional, y otras formas de laborar como los centros de atención al cliente, restaurantes de servicios 24 horas, alcanzar metas de producción para conseguir bonos ($) que no son incorporados al salario; sin prestaciones socio-económicas, que los hace llegar una o dos horas antes del horario de entrada o quedarse más horas sin pago extraordinario después de la hora de salida.

Este marco es el claro contexto del país, el empobrecimiento constante y permanente, que va afectando a todas las clases, y va dejando a pequeña burguesía o personas trabajadoras con salarios muy arriba del promedio para enfrentar el costo de vida, que vayan perdiendo y deteriorando sus condiciones materiales de existencia y comodidades, pasando a clases inferiores en tanto su poder adquisitivo se va deteriorando sin cambios. Y la ideología ligada a lo partidario ha perdido su fuerza, pero la forma de pensar y ver la realidad de cada persona ciudadana no puede perderse, en tanto es tuya y sólo tienes que establecer si tu existencia en pobreza es resultado de grupos que mantienen una ideología en su favor o es una realidad que necesitas cambiar.

*Sindicalista salvadoreño

Desde que se inició el ejercicio del Presidente Bukele, se manifestaron algunas lógicas que implicaron una diferente lógica de hacer gobierno, se dio aquello que para conformar el gabinete, se empezaron a escogitar una serie de personas en equidad hombres y mujeres, que luego de un inicio, se fue perdiendo hasta terminar decayendo, sabemos que como pueblo sólo elegimos y, no tenemos ningún control sobre lo que el electo hará después. Como candidato hizo algunas acciones, no hacer una coordinación con el equipo saliente, y no se tuvo claro que se entregó y que se recibió como aceptado.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El evento principal no se hizo en lugar cerrado, sino en el centro histórico, pero igual no se supo con certeza los recursos empleados, las consignas privilegiadas, los mismos de siempre, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, devuelvan lo robado, y otras más sirvieron como estribillo populista, para dejar una huella mediática de la situación que se avecinaba, las prioridades, la corrupción, la violencia criminal, un manejo eficiente y efectivo de las finanzas públicas; apertura de la información pública y sobre todo una persona abierta y entregada al pueblo.

Se empezó dizque saneando la casa, CAPRES, se transformó, era importante atacar la cabeza de la serpiente del régimen anterior, y empezó la desarticulación de lo construido y darle una imagen diferente a la manera de ejercer el poder, como consecuencia despidos de todas aquellas personas trabajadoras que lo debían y que no la debían, que siguen en procesos mediáticos mínimos, jurisdiccionales que parecen ser eternos, no se sabe a ciencia cierta, si se limitó a un ejercicio laboral desde la concepción neoliberal, no te necesito, el trabajo no es eterno, los principios jurídicos y valores de la justicia laboral no sirven, y si quiero te cumplo con alguna indemnización por los servicios anteriormente prestados, ¿Qué si es lo justo?, no me interesa, yo tengo el poder y lo ejerzo.

Llegó a la cartera de trabajo, el actual Ministro Rolando Castro, sindicalista de las municipalidades, que estuvo con Bukele en el ejercicio municipal de San Salvador, probablemente allí se conocieron. Se pensaría que siendo alguien que estuvo organizado en sindicato dentro de lo público, entiende muy bien lo de la justicia laboral, pero inicia igual con una supuesta depuración en su casa y empieza a manejar lo administrativo en materia laboral a su antojo y criterios propios; anulación del ejercicio de la organización sindical, e imponiendo una polarización de quienes están a favor y quienes en contra; sin claramente una acción reivindicativa del rescate de la justicia laboral.

Y parece premonitorio, que nadie es profeta en su tierra, igual que el finado Centeno exsindicalista de ANTEL, tampoco dio pie en bola en la cartera de trabajo, y la justicia laboral se volvió selectiva, para unos, pero no para otros. Con una clara acción divisoria del movimiento sindical, atacó mucho el sindicalismo público y el privado no quiso meterse en problemas con el sector empresarial, que continuó en sus abusos y arbitrariedades para con el sector laboral. A diferencia del Ministro Castro, atacó sectores empresariales ligados a ciertas acciones del capital propiedad de industriales (Simán) y comerciales (Mr. Donut). Centeno anuló el Consejo Superior del Trabajo (2013) y el país mantiene quejas ante la OIT contra El Salvador, por anular las libertades sindicales y la consulta tripartita (C144).

Los despidos resultado de la crisis post pandemia en los diferentes sectores económicos, se continúa con procesos de recortes al empleo por razones diversas, impedir la organización sindical, complicaciones en la cadena de producción: falta de contratos, de pedidos, de pérdida del poder adquisitivo, inflacionarios; elevación de los costes para producir bienes y servicios; no necesitar de mano de obra poco o nada calificada (directivas equivocadas en el instituto de formación profesional en favor empresarial (Montenegro y cía).

Esta situación lleva a que la justicia laboral a nivel administrativo (MTPS), no tenga un funcionamiento atinado y ético en la parte conciliatoria y mediadora capital-trabajo, y de inspección, así como en la previsión social y la protección en materia de salud y seguridad laboral; y con el sector público, completamente anodino por la definición de que el Estado no puede atacar al mismo gobierno (partido Nuevas Ideas).

Y finalmente la justicia laboral jurisdiccional—los juzgados laborales siguen recalcitrantes y con poca celeridad en los juicios, no hay pronta y cumplida justicia, no prevalecen las libertades sindicales de organización, contratación colectiva y huelga, se despiden directivos sindicales, se incumplen los contratos colectivos y se crean presiones e intimidaciones para no ejercer demandas, protestas y acciones que reivindiquen los derechos laborales.

*Sindicalista salvadoreño

La situación del sindicalismo en el país en un estadio de protagonismo precario, débil en oposición, escaso de ideas fundamentales, con bajos niveles de lucha social, claros objetivos y defensa de sus intereses, no es nueva, estar con un nivel de organización muy bajo en membresía, ha sido una característica de años, en tanto ha existido una alta resistencia y acción empresarial contraria a que la parte laboral se organice de la mejor manera posible, por parte del poder empresarial y gobiernos de turno, opositores al desarrollo evolutivo de los personas trabajadoras organizadas en sindicato, que vayan conquistando estadios de bienestar.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Lo que ha tenido como consecuencia una cultura anti sindical, a pesar que demagógicamente el marco constitucional desde 1950 ha tenido un fuerte arraigo hacia lo social, por la influencia de cambios importantes y la tendencia a evolucionar las sociedades a estadios más justos, con derechos de primera generación o derechos civiles y políticos—en lo pertinente a que toda persona tenga derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, ideología, sindicación, LGTBI, posición social o económica. Y además todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.

Esta situación de derechos civiles y políticos conquistados parecen hoy en un retroceso por los grados de violencia de todo tipo, de regímenes autoritarios y jerarquizados en demasía; así como de incumplimientos en la seguridad ciudadana y en materia socio-laboral.

Los derechos de segunda generación, son derechos económicos, sociales y culturales para una mejor condición de vida de las personas, correspondiendo al Estado como medio para satisfacer necesidades materiales de la ciudadanía; es claro que cuando se introduce el modelo económico de libre mercado (1989), con clara doctrina neoliberal, ocurre un deterioro de las funciones del Estado, y esto es lo que tiene a la base el problema estructural de las pensiones, en tanto la protección social, presenta serios niveles deficitarios, por cuanto se favorece al capital corporativo (AFP); y el predominio de lo económico, la ganancia, el lucro, siguen privando a las mayorías de lógicas más redistributivas, justas, en democracia y equidad de la riqueza producida.

Tercera generación son los Derechos de los Pueblos o de Solidaridad. Tales como derechos colectivos de las personas o de la sociedad, el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, derechos de los consumidores; la historia salvadoreña lo que muestra es momentos, espacios de tiempo donde la coyuntura ha sido favorable para dinamizar la organización sindical que se tiene, pero de nuevo al no consolidarse los procesos de desarrollo positivos, se convierten en inestables, los mercados de los imperios se imponen, las lógicas de poder se sobreponen al estado nacional acabando con una lucha en claras desventajas para quienes son los más impactados por los factores estructurales del empobrecimiento.

Finalmente los derechos de cuarta generación, sustentados en la necesidad de asegurar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a todos los individuos, los atrasos en materia educacional como consecuencia de la pandemia (2020) que han afectado las nuevas generaciones hasta de atrasos considerables de más de un año, con claras consecuencias en la disminución de aprendizajes óptimos para la apropiación de conocimiento y habilidades importantes para insertarse con mayor oportunidad en el mercado de trabajo—ese atraso impactaría la economía en una reducción de los ingresos de la gente en casi 21 billones de dólares, y cerca de 1000 millones de niños(as) afectados por tal atraso por el cierre de las escuelas.

Cuando nos referimos a la persona trabajadora insertada en el mercado de trabajo, señala claros niveles de competitividad entre personas más educadas versus las menos educadas; personas con mayor experiencia laboral (habilidades productivas) en referencia a otras que no tienen las habilidades mínimas laborales para evolucionar a mejores oportunidades de empleo u ocupación. Es decir, nos encontramos ante una enorme masa de personas trabajadoras semi y no calificadas, que poco o nada se puede hacer para organizarlas en sindicato, si la base fundamental el sistema educativo anda de mal en peor.

Es claro que esto tiene a la base aprehensiones deficientes en las personas trabajadoras en el futuro, que les generan altos niveles de inestabilidad y sub desarrollo progresivo en el trabajo, lo que induce a bajos niveles organizativos, precariedad de ideas, de potenciación del colectivo sindical, sindicatos afianzados a las dádivas del poder de turno, sin conseguir para los diferentes grupos poblacionales la defensa efectiva de sus intereses, hacia un camino por el bienestar y satisfacción de los diferentes derechos de generación.

*Sindicalista salvadoreño

Las lógicas gubernamentales no han respondido en tiempos pasados y presentes a buenos servicios públicos, y estos han estado sujetos en mucho a equivocadas políticas públicas, a lógicas económicas, políticas partidarias y a necesidades que no son las de la población que los requiere, demanda y busca dentro de sus lógicas ciudadanas.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Los intereses de los gobiernos de turno que han estado con la obligación de brindarlos de manera solidaria, adecuada, eficaz, eficiente y oportuna, jamás han coincidido con los fines y necesidades de la gente que los demanda; en mucho del problema que hemos observado casi permanentemente, tiene que ver con una lógica de desconocimiento de las funciones de la institución que los sirve a la ciudadanía. Los gobernantes: ministros, presidentes, directores, concejales, ediles, jefaturas, no han dado pie con bola, y sus acciones han estado no en favor de la población que los reclama, en tanto paga sus impuestos, sino en un favorecimiento corrupto del funcionario(a) a cargo de la institución pública de que se trate.

Muchos llegan con el mandato del partido político ganador, lo que se traduce en un alto clientelismo político partidario, lo primero que hacen es favorecerse de las condiciones que se ofrecen en el puesto y que tan ligados o alejados están de quien los nombró; lo que se traduce en lealtades equivocadas, no al pueblo que necesita de buenos servicios públicos diversos, sino a la persona o grupo dominante de arriba que controla el aparato del Estado.

¿Son deficientes los servicios públicos? Es claro que si los son, la causa que los tiene en tales condiciones es lo que debemos trabajar, pero eso tiene a su base la concepción del Estado que está regulado en el marco constitucional, en tiempos pasados, los gobernantes han tomado al aparato del Estado como un botin, y mucho de su accionar está referido al uso y abuso de quienes son los grupos dominantes. Podemos recordar desde la introducción del café en 1860, lo que da pauta a los grupos oligárquicos a salir de cultivos poco redituables, se utiliza al Estado para despojar y apropiarse ilegalmente de la tierra a sus dueños, indígenas, ejidos (comunales). de la iglesia, etc.

Cuando se inicia el siglo XX, hay intentos del Presidente Manuel Enrique Araujo, de empujar al país hacia la industrialización, pero la oligarquía cafetalera dominante, ejerce presiones que llevan a su asesinato en 1913, dando pie a imponer la dinastía Meléndez Quiñonez (1913-1927); actualmente hay una disputa si es legal la reelección presidencial (2019-2029), con discusiones estériles, nada éticas y decisiones poco transparentes que no traen beneficios socio económico para la población. Lo que para la población es la continuidad de deficitarios servicios públicos, en tanto no es la prioridad de los gobernantes electos y nombrados.

Entra el uso y apropiación del Estado por la clase militar desde el golpe de Estado de Hernández Martínez (1932), hasta la huelga de brazos caídos en abril de 1944, que no anula el poder de los militares que continúan en la dirección y administración de los servicios públicos al 15 de oct de 1979, con el derrocamiento del General Romero. En esta oportunidad los servicios públicos lejos de una buena performance para el pueblo que los necesita, se convirtieron en jerarquizados y bajo un régimen militar, los servidores públicos en esos tiempos del pcn causaban alta en situaciones particulares y había militares en cargos diversos del aparato estatal.

Había los poderes del Estado sub sumidos al ejecutivo, lo que ahora sigue siendo una realidad, y las reformas constitucionales de 1950, 1962 y 1983, en ningún caso contribuyeron a cambiar la manera de ofrecer los servicios públicos, el mejoramiento a una profesionalización del servidor público y con un alta preponderancia del derecho administrativo en la ley del servicio civil (1963). Fue en este contexto que se crea la asociación de empleados públicos y municipales-AGEPYM, en clara disputa por su control y recursos acumulados en estos tiempos.

Todo este pasado ha llevado a una clara acción equivocada de los gobernantes de turno—arena, los llevó a su más bajo nivel de desarrollo, al anular el aparato del Estado, y llevar la institucionalidad pública a sus peores niveles de atención al público. Se apropió de los servicios públicos rentables, dejando un hueso sin carne para roerlo por los siguientes gobiernos del fmln, que nunca tuvieron el control de los órganos del Estado.

Las decisiones equivocadas, han llevado a una desmejora sustancial de los servicios públicos diversos, al cierre institucional del INPEP (27/2/2023), y otras instituciones públicas, eliminadas, suprimidas, fusionadas, con claros  deterioros constantes y permanentes para quienes los necesitan, que no ofrecen garantías para los que sostienen el aparato público, y quienes no tienen ni un mínimo de participación y derecho a reclamar mejores servicios públicos—¡vaya contradicción!—

*Sindicalista salvadoreño

Las expectativas de un rescate y mejoramiento sustancial de la previsión social pública, bajo un sistema de cuentas colectivas (reparto) y no individuales (ahorro), terminó de ser una posibilidad soñada y convertirse en un problema estructural más para el país, ante la decisión del Presidente Bukele y su camarilla, de pasar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que acabó con la posibilidad de regresar a un sistema previsional público que reivindicara a las personas que alcanzan su adultez mayor y, deciden por voluntad propia pasar a una vida diferente en su fase como persona pensionada.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Después de mucha especulación para los diferentes grupos sociales: docentes, mujeres por rescatar un enfoque de género en la protección social, servidores públicos, trabajadores (as) privados en las diferentes actividades económicas. Acabó dejando a la población pasiva con un aumento del 30% de su pensión—que todos sabemos no tiene base actuarial para garantizar su sostenibilidad financiera—pero es algo que motiva a los más de 140,000 personas pensionadas en el sistema público y en el sistema privado (AFP), eliminando el cálculo diferente para la población que había optado por quedarse en el sistema público, confiando que era mejor que el sistema privado ofrecido por arena en 1996.

Como ha sido una costumbre el espacio legislativo asume bajo una débil responsabilidad hacer las acciones que anulen, reformen, deroguen o menoscaben derechos adquiridos, y así como en el pasado se decidió anular la previsión social pública a cargo del ISSS y del INPEP, pero en esa oportunidad no se derogó la ley del INPEP que siguió vigente subordinada por la prevalencia de la nueva ley del Sistema de Ahorro para Pensiones conocida como SAP, esta simbiosis acarreó una serie de confusiones y vacíos, que fueron superándose hasta donde se pudo, por un sin fin de reglamentos, instructivos, normas y reformas puntuales que acabaron con crear un adefesio de sistema previsional—las experiencias de los decretos legislativos N°100 y N°1217, lo confirman. Un grupo de personas privilegiadas que al no convenirles el nuevo cálculo de pensión en la AFP, maniobraron y manipularon la ley y decisión política de hacerlo bajo el cálculo del sistema público.

A todo esto, la supuesta reforma previsional en su modificación de un sistema previsional de ahorro individual bajo administración privada, en detrimento del sistema público de cotización colectiva o reparto; dejó por fuera al sistema previsional de las fuerzas armadas (IPSFA). Igualmente ahora (2022) ante la eliminación plena de los últimos reductos de un sistema previsional público—muerte del INPEP, por ministerio de ley, que deroga plenamente su ley de creación—el IPSFA, institución pública, no es derogada su ley, ni se integran todos sus activos y pensionados al nuevo sistema y la ley Integral del Sistema de Pensiones, para este caso no prevalece, dejando las dudas, confusiones y preguntas por qué es privilegiado el grupo de militares y personas en las fuerzas armadas.

En fin, este tipo de decisiones legislativas tienen a la base para el caso de la previsión social, su total incompetencia para analizar el asunto, además la actitud dolosa de no hacer un análisis ético e independiente de las fuerzas y presiones del Presidente Bukele, en todo caso se derogó la ley del INPEP y al 29 de dic2022, entró en vigencia la nueva ley, y la creación de una nueva institución pública denominada Instituto Salvadoreño de Pensiones-ISP, que de servicios de pensión no hará nada que atienda usuarios, recepciones documentación, tramite, procese, otorgue y administre las pensiones actuales y futuras; su función será estrictamente financiera, en tanto se encargará de administrar la deuda previsional, los certificados previsionales anteriores cip, complementarios y demás instrumentos financieros por los nuevos COP—que son obligatorios de adquirir sin límite para sostener el sistema. Siendo el sistema de las AFP, el único encargado de tramitar los servicios de pensión de quien los necesite.

Para entrar en funciones el ISP y terminar de enterrar al INPEP, la ley determinó noventa días, estos meses enero-febrero, han sido para una transición y dejar la mesa limpia, el pasado 24 de febrero se liquidaron por ministerio de ley a 115 empleados y el lunes 27 y martes 28 se continuará notificando al resto del personal con base al acuerdo de presidencia N°022/2023 del 23 de feb2023. Así termina la historia de una institución pública, que nació con dudas y deficiencias hacendarias, y que luego de 47 años de existencia concluye sus labores previsionales.

La consecuencia va ser que lo poco ganado en experiencia y materia previsional, será un caos, llevando a la población pensionada y para quienes busquen la atención a sus necesidades previsionales el deterioro de tales servicios públicos. De eso hablaremos en una próxima oportunidad.

*Sindicalista salvadoreño

La situación laboral cada vez más inmersa en acciones críticas de un lado y otro, que difícilmente surgen entendimientos positivos que lleven a la superación plena del conflicto laboral.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Para el caso las capturas de dirigentes sindicales del sector público que protestan legítimamente demandando relaciones laborales provechosas, pero se llega a acciones críticas como es llevarse capturados por autoridades de seguridad pública, por órdenes que son de arriba, probablemente de las propias autoridades que dirigen la institución pública.

La criminalización de las acciones por demandas laborales trasciende el marco estrictamente laboral, y por qué ha de intervenir la seguridad pública, y llevarse capturados cual criminales a los sindicalistas que conducen la acción de protesta, supuestamente delictiva, para justificar el apresamiento de sus líderes sindicales.

La cuestión acá es de analizarla fríamente, ¿es que está prohibido ejercer las presiones necesarias que justifican la solución de problemas laborales? Lo primero que puede venir a la mente es que no hay diálogo, viene de arriba hacia abajo, y quienes dirigen la institución de que se trate son incapaces de dialogar y establecer un marco de soluciones ante demandas de la parte laboral.

Si fuese el caso denota que quienes dirigen por un lado las instituciones públicas no son personas preparadas para establecer dinámicas amplias de criterio y conocimiento institucional, con los representantes laborales; y por el otro lado los líderes sindicales son personas que tienen poca formación profesional y sindical, para establecer niveles de diálogo aceptables, propuestas y/o negociaciones que lleven a establecer una convivencia de desarrollo socio laboral, que haga para el caso del sector público un mejoramiento sustancial de sus servicios.

Las demandas laborales son en niveles socio económicos—prestaciones económicas, salarios, profesionalización laboral. Hay un sector público que funciona con presupuestos poco coherentes a las necesidades que se requieren para brindar los servicios públicos de que se trate de la mejor manera posible, el clientelismo político partidario sigue predominando y hay poca autonomía e independencia en los intereses de las dos partes.

Por otra razón, hay el cuestionamiento válido por un ejercicio de una administración del trabajo, que siendo parte de la estructura de poder dominante, no ejerce atribuciones en virtud de la ley laboral con un carácter resolutivo en materia de conciliación, arbitraje y/o mediación; por el contario los dados están cargados, y si quienes ejercen la protesta y demandas no están en la línea gubernamental del funcionario de turno, vienen las acciones que han llevado a reprimir por la vía de criminalizar la protesta y pretender justificar el acto.

Ante un marco jurídico debilitado por las propias acciones presidenciales, denotan que además de la sede administrativa, la sede jurisdiccional está igualmente cuestionada, y los procesos de detención administrativa hasta por 72 horas, se han violentado y la remisión al juez laboral no llega o se retrasa, como consecuencia siguen detenidos, se rompen las relaciones laborales, el ambiente institucional se hace más tóxico; y por último los servicios públicos se degradan y deterioran hasta volverlos ineficientes, en perjuicio claro para la población.

Continúan detenidas las personas sindicalistas, las acusaciones y cargos no son claros; por otro lado, el funcionario público responsable sigue impune o protegido por la línea, y no se ve el correctivo y la situación laboral no se resuelve, manteniendo un nivel mediático que supuestamente resuelve, pero que es un ataque artero a la parte que tiene la razón en pro del funcionario responsable.

La ley del servicio civil o el propio Tribunal del Servicio Civil claramente son de una inoperancia tal, que no logran trascender y tratar la materia del derecho laboral, por cuanto sigue vigente y prevalece el marco del derecho administrativo con claros niveles de obsolescencia, por la evolución que el sector público ha tenido desde que la administración pecenista lo formó en los gobiernos militares, que al parecer tienden a regresar.

Por otro lado, los entendimientos positivos en los diversos procesos laborales en el sector privado, están de mal en peor, incapacidad histórica para mantener y desarrollar relaciones laborales pro activas y con lógicas productivas favorables para quienes hacen la producción—las personas trabajadoras—La administración del trabajo y la parte jurisdiccional, no son garantes de un ejercicio sano que desarrolle lo laboral, la prevalencia del mercado, de la competitividad, fomento de la flexibilidad y desregulación laboral, lo que se traduce en un deterioro constante de los derechos laborales. La ley laboral es obsoleta per se (1972), pero el proyecto de reforma de ley es por lo casi conspirativo como se ve, todavía más nocivo.

Las empresas privadas siguen justificando sus acciones de despidos y deterioro de las condiciones laborales, por la economía mundial, la cadena de suministros y políticas públicas proteccionistas, no obstante, el Ministerio de Economía como en los tiempos de arena sigue sin decir esta boca es mía.

El ISSS no mejora, la previsión social—la reforma no resuelve—hay regresividad de los derechos laborales, en general la protección social para la clase trabajadora, en momentos difíciles como el que vivimos va degradándose de forma acelerada y en su detrimento sin una perspectiva de entendimientos positivos.

*Sindicalista salvadoreño

Pensamientos siempre retrógrados, asociados con aquellas posturas que exacerban el individualismo, que cada quien puede y debe salir adelante por sus propios méritos, nos mantiene en condiciones de manipulación mediática gubernamental, con la contradicción de que se trabaja para las mayorías desposeídas de la riqueza producida, pero sin embargo existe siempre una alta concentración de la riqueza producida, inclusive por aquellos grupos de personas que hacen labores independientes o domiciliares.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Las políticas económicas de libre mercado, las cuales privan los actuales momentos del país y en el mundo, hacen que el marco jurídico de hecho y de derecho sea flexibilizado y desregulado, en tiempos de ARENA (1989-2009) se impuso un modelo económico de libre mercado, que desarrolló medidas y acciones que se centraron en la lógica de cada vez menos Estado, la institución pública per se es deficiente en comparación a la empresa privada.

En consecuencia, se impusieron las políticas de privatización de todo aquello que se mantenía a cargo por vía constitucional o como garante de los derechos de ciudadanía por la administración pública. ARENA, estudió la rentabilidad en los servicios públicos y luego de ello tuvimos la reprivatización de la banca, del comercio exterior y de servicios importante como las comunicaciones (ANTEL), la energía en su generación y distribución, los fondos de pensión, los servicios de agua potable, que hoy terminó con la Ley de Aguas, a cargo prevalente de intereses privados de grupos corporativos, antes que los comunitarios o en poder de gobiernos locales.

Además, se privatizó la educación en general, los servicios de apoyo y logísticos a todo nivel encarecieron sus precios, proliferando la educación de baja calidad y de carácter elitista, y como consecuencia el deterioro constante de la educación pública—con presupuestos precarios—infraestructura inadecuada y nada pedagógica—deterioro del cuerpo docente, currícula y programas anacrónicos, se impuso la obsolescencia. Sin ningún cambio sustancial de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, que generara un modelo económico que atacara las causas y las condiciones de pobreza en que históricamente la población ha existido.

Ello lo sabemos, nos ha llevado a que la sociedad salvadoreña no tenga o disponga muy poco una educación privada y pública calificada de acuerdo al desarrollo profesional que el país requiere y necesita. Pero no por disponer de poca formación profesional, sea una persona trabajadora que deba dejarse al arbitrio y discrecionalidad del sistema productivo del país—conocemos que una situación así le limitaría fuertemente un desarrollo profesional en el lugar de trabajo e incluso hasta para ser incluido en la oferta de trabajo-

El Estado, que es el cuestionamiento que se introdujo en la lógica económica neoliberal, un Estado débil e incapaz de ayudar a la ciudadanía a los servicios necesarios para una subsistencia digna. Como consecuencia, imponer por ley el salario mínimo en todo el sistema productivo del país es además de esencial, una medida humanizante en un modo de producción cada vez menos interesado en la persona humana. Argumentos de los retrógrados que defienden las libertades de producir y eliminar como un costo de producción a las personas trabajadoras, despidiéndolas o afectándoles negativamente sus condiciones de vida y de trabajo; dejándoles a la suerte y con la complicidad de un Estado incapaz de generar políticas públicas protectoras y capaces de cubrir las deficiencias que un sistema económico produce conscientemente a saber: educación, salud, protección social, vivienda, alimentación, desarrollo profesional y seguridad ciudadana.

La clara estupidez que es el salario mínimo lo que sostiene la discriminación en la sociedad y de las fuerzas productivas, a partir del cual ya la persona trabajadora no tenga estímulo para progresar y de paso a la existencia de desventajas entre mujeres, jóvenes, adultos mayores, lgtbi, personas especiales, etc. es una total idiotez (aquel que no se mete en política), y sólo se apropia de la ganancia o los excedentes productivos no pagados (plusvalía).

La pobreza en el país y en el mundo es por la manera en que se produce, en la manera en que se apropia de la riqueza producida por todos, sin ningún control y regulación que evite las arbitrariedades y los abusos y rompa con la lógica de no me den pónganme donde hay: recursos económicos, poder y condiciones que me permitan crecer a costa del trabajo de los demás. Las libertades son restringidas y los recursos no se distribuyen de forma tal que el que más se faja, más oportunidad tenga de superar a sus congéneres.

El comercio, no es el problema lo es el mercado, que hace necesario mantener y mejorar los salarios mínimos como una parte mínima de pagar lo producido, la falta de políticas públicas que hablen de la redistribución de la ganancia para todos y proporcionalmente de acuerdo a cómo y qué tanto se ha participado en el proceso productivo, es en lo que realmente hay que trabajar de manera colectiva los grupos de interés.

*Sindicalista salvadoreño

Es importante identificar un contexto para entender las razones que aduce el sector maquilero de la confección textil para cerrar fábricas, flexibilizar los derechos laborales, anular, reducir y atrasar prestaciones contempladas en la ley laboral, desmejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, presionar para una cada vez mayor vulnerabilidad socio-laboral para la clase obrera, que día a día necesita laborar para obtener ingresos que puedan ayudar a su sostenimiento individual y familiar.

Por: Róger Hernán Gutiérrrez*

1) La cadena de suministros, está retrasada y elevada en sus costos de llegada a los centros de producción, lo que conlleva a suspensiones del contrato individual en las zonas de producción, a generar poca productividad en el período y a una producción diaria menor y que conduce diariamente a incumplimientos en los contratos con los proveedores y a quienes debe llegar el producto terminado.

2) A la falta y suspensión de pedidos contractuales, que lleva a almacenar el producto, terminado, elevando los costos de inventario, a la dilación en el cumplimiento de los pedidos y a la suspensión y/o retraso del contrato de producción, así como a la elevación de costos de producción relacionados con la compra de materias primas, accesorios y demás efectos logísticos negativos para la actividad productiva en la organización del trabajo.

3) A efectos económicos más altos en la puesta del producto en los puertos de salida y en la entrada de materias primas necesarias para impulsar el proceso productivo a cabalidad, sin demoras y justo a tiempo.

4) Crisis económica mundializada, con altos niveles de deterioro en los empleos, aumento del sub empleo-desempleo, con afectación en los salarios y mantenimiento del costo-beneficio equilibrado para producir las ventas necesarias para la subsistencia de las empresas y estabilidad en los ingresos laborales.

5) El consumidor ha reducido por la crisis económica su poder de compra, y no alcanza a ser un potencial consumidor para adquirir productos de manufactura textil indumentarias, y prefiere comprar otros productos y servicios más necesarios.

La situación planteada arriba provoca en las personas trabajadoras, crisis de empleo, de bajos y estancados salarios mínimos, reducción de bonos de producción, eliminación de incentivos laborales y retraso o no cumplimiento de prestaciones de ley.

Lo que lleva a los sindicatos a mejorar la acción de representación de los intereses de los afiliados, dialogando con las patronales que no acceden a dialogar ni a negociar por la situación misma y por la cultura anti sindical que les caracteriza, faltando a una lógica ganar-ganar, terminando por la salida más fácil, reducir la plantilla laboral.

El impacto lo han sufrido marcas prestigiosas que ven sus ganancias reducidas, pero sin caer en pérdidas y con ello reducen contratos de producción y tomando medidas drásticas desde el cierre definitivo o temporal de las fábricas; despidos de personas trabajadoras sin justificación alguna, o con poca base legal para hacerlo, con poco o nulo resarcimiento de los efectos del desempleo, despidos sin alguna compensación adicional, en algunas fábricas sin indemnización o parcializada o en pago por cuotas mensuales; suspensiones del contrato individual de trabajo y otros efectos negativos en la vida laboral.

Son las personas trabajadoras las más golpeadas, quienes ven disminuidos o terminados sus ingresos para vivir, un caso la fábrica F&D en la zona franca de San Marcos, se ve obligada a despedir a 150 o más personas trabajadoras y entre estos a más del 70% pertenecientes a los dos sindicatos existentes en la fábrica.

El empresario reduce un porcentaje de sus ganancias por la crisis económica, pero la persona trabajadora se ve más afectada perdiendo su empleo (100%), lo que lo deja a merced de un mayor deterioro en su vida futura al no disponer de ingresos que le permitan sostenerse y a su familia; aunado a que no hay empleo en general en el país.

Debe el empresario, hacer mayores concesiones en el caso de crisis de producción, sobre todo que es un personal despedido que le ha producido ganancia, pero sin reconocerle nada más, y cuando lo necesitó y lo explotó, por qué no hubo una redistribución de las ganancias, el empresario a cargo de la dirección de F&D, necesita ponerse en los pies del que más pierde y encontrar una política laboral de mejor provecho tanto en tiempos buenos como en los tiempos malos.

*Sindicalista salvadoreño

La rumorología es aquella expresión que se tiene como consecuencia en grupos sociales donde la información es siempre escasa, dolosa o mentirosa, falta a la verdad por razones y condiciones propias de alguien que detenta el poder o que no permite hacer y disponer de una franca y transparente información, de tal forma que a cada quien le cuesta hacer un correcto análisis y tomar decisiones al respecto de la realidad.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El asunto que queremos traer a cuento es la mutación y trascendencia que está en el camino de concretarse a partir de los noventa días que da la ley luego de su publicación en el D.O. de la República el pasado 29 de dic2022.

Se trata que a partir del debate, muy largo por cierto, que se ha tenido respecto de la reforma de pensiones desde la última reforma realizada el 28 de sept2017.

Por fin se concretó y, uno de esos cambios es que desaparece la institución previsional INPEP nacida el 2/11/1975 encargada de otorgar pensiones a los empleados públicos, que luego del proceso privatizador impulsado por la oligarquía y ARENA en 1996, de apropiarse de los fondos de pensión administrados por el INPEP y por el ISSS en el sector privado; implicó la desnaturalización de los fines y objetivos institucionales.

En consecuencia, dado que la medida de la privatización implicaba la imposición del modelo de sustitución plena, que conllevaba que el nuevo sistema previsional en el caso salvadoreño generaba un cambio en la forma de otorgar beneficios de protección social en materia previsional—protección de eventos que ocurren en la vida activa en lo laboral de cualquiera persona trabajadora: la vejez, invalidez y muerte—pasar de un sistema conocido como de reparto—capitalización colectiva—por uno de capitalización individual.

Que determinó nuevas reglas para el INPEP, que se quedó otorgando pensiones para aquellos grupos considerados como optados, entre las edades de mayores a 35 años a 50 y 55 años si fuesen mujeres u hombres; más aquellos obligados que ya tenían edades mayores de 50 y 55 años según fuese mujer u hombre.

El INPEP, iba a desaparecer hasta que se quedara sin cotizantes, y sin disponer de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento anual, INPEP actualmente a dic2022 disponía de al menos 3,000 cotizantes en calidad de empleados administrativos y docentes. En esta situación la rumorología, a partir de los resultados de la reforma empezaron a delinearse—Bukele y equipo asesor no quiso rescatar la institucionalidad pública a cargo de la previsión social (fusión INPEP y UPISSS transformado) y siguió otorgándole la administración a las afp para continuar con el sistema de cuenta y capitalización individual.

Se deroga la ley del INPEP, dando paso a la ley que crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones-ISP, ya no como instituto previsional, sino como una entidad financiera a cargo de la deuda y endeudamiento previsional y hasta cierto punto con cierto control al funcionamiento de las AFP. La rumorología se manifiesta en que es la visión hacendaria la que domina y da vida al ISP, y no la previsión social.
Lo que provoca que a partir de enero, asuma el nuevo Presidente del ISP, sin destituir al actual Presidente del INPEP, luego en la práctica han quedado sustituidos tácitamente además del Presidente, la Gerencia y Sub Gerentes, además de determinadas jefaturas como el Jurídico, el financiero, servicios generales y otros cargos importantes, la situación de estos ejecutivos han quedado sin responsabilidad funcional, pero con la responsabilidad de asumir cualquiera situación a dic2022 precedente y dentro de los 90 días, de carácter administrativo, financiero, técnico, de personal, contable e informático; además de decisional, que permita saber con transparencia si la gestión del Dr. Ascencio en el período junio2019 a la fecha, no presenta niveles de opacidad, corrupción u otros cargos que puedan implicar delitos en la administración pública durante la gestión Bukele.

El distanciamiento en tanto el ISP con su Presidente y personal ad hoc contratado financiado por Hacienda, está fuera de las instalaciones del INPEP—el módulo N°3 en el INPEP donde radicaban las autoridades está desmantelado y sin un funcionamiento claro—el caos institucional a todo nivel priva en el ejercicio de los servicios que al INPEP mientras no sea sustituido le eran asignados por ley. La atención a pensionados (as), beneficiarios de pensión denota deficiencia estructural, resultado de la transición y mutación que se está realizando.

Finalmente se rumora que se venderán todos los activos que hoy hacen funcionar al INPEP, en el Centro de Gobierno, en la Costa del Sol y otros edificios propios, más las diferentes modificaciones que siguen realizándose y que pudieran estar proyectadas para un mejor precio de venta. Dentro de todo, lo más importante son las bases de datos, archivos y documentación vital, la informática a cargo, para los procesos de pensionamiento, que no deben sufrir deterioros, extravíos o pérdidas dolosas o por el error humano.

La rumorología en este proceso está apuntando en que esa compra- venta va beneficiar los ingresos públicos de Bukele y, el comprador se beneficiará de una venta que le traerá réditos sustanciales, el rumor se acrecienta a medida que se vencen los menos de 90 días que INPEP tiene para morir en definitiva.

*Sindicalista salvadoreño

La situación económica base de la estructura de sociedad que vivimos, sigue en una lógica de provecho del que más tiene en detrimento del que menos tiene.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Los intereses de clase continúan vigentes en pro del actor que tiene la ventaja—la cacerola, el contenido y el mango también—lo que lleva a una consecuencia sumamente preocupante para la persona trabajadora: el consumismo, oportunismo, otras desviaciones y revisionismos.

Cuando la situación económica que impera en detrimento de los intereses de las personas trabajadoras, sostiene una relación laboral de explotación y es causa constante que aprieta, presiona y sobre todo obnubila la visión de la realidad determinada de una sociedad, que no ofrece un panorama de bienestar común para todos y todas, independiente de la posición que ocupen en la sociedad.

Esta base bio-psico-social envuelve una psicología de desesperación, de insolidaridad y pronunciamiento de envidias y egoísmos que puede caer en desesperanza, en pesimismo o creencia que no se puede cambiar, fortaleciendo la postura de quienes se favorecen de los recursos producidos en sociedad.

Tal efecto físico y mental, favorece las posturas de que la persona trabajadora se merece el empobrecimiento constante en que vive, una persona poco o nada educada, de bajos niveles culturales, con poca formación profesional—sin cuestionar que la falta de oportunidades mejores es resultado de la injusticia y prevalencia de un sistema económico que lo excluye y lo margina por no ser de una clase social que lo merezca y ve al trabajo como mercancía.

Es por tanto fácil caer en desviaciones y deformaciones individuales y colectivas como la resistencia a no pertenecer al colectivo del sindicato y asociarlo con que de hacerlo le provocaría mayores problemas económicos y sociales—perder el trabajo, no ser tomado en cuenta en procesos administrativos y de organización del trabajo, no disponer de libertades y condiciones de trabajo que favorezcan su situación de subordinado.

El consumismo es el resultado, bombardeado por la publicidad del sistema económico capitalista agobiante, donde todo se reduce a una voluntad de deseo para poder conseguirlo, no tiene poder adquisitivo, pero el marco del discurso económico le dice que una tarjeta de crédito es suficiente, y no sale de la situación de empobrecimiento acelerado en tanto no logra trascender a un nivel de solvencia, sino de mayor ahogo económico, insolvencia, desprotección y endeudamiento moroso; incapaz de disponer de oportunidades viables para alcanzar una sostenibilidad presente y futura.

Estar imbuido en una situación de realidad de ahogo permanente, de insatisfacción de las necesidades básicas, de fragilidad y exclusión para progresar en provecho de una mejor situación personal y familiar, lo conduce a caer fácilmente en manos de depredadores y voraces empresarios que buscan y afianzan la ganancia, a partir que la otra parte de la relación no ofrece una oposición, ni la fuerza para negociar con buen tino sus demandas e intereses. Una insolvencia permanente lleva a estados de interlocución de poco provecho, nadie negocia con el débil, que es fácil presa de espejismos y prebendas para obtener una mejor negociación, en una lógica, si bien poco realista de ganar-ganar.

El movimiento sindical, ha caído en el oportunismo y la poca concienciación del proceso productivo desventajoso, en tanto sigue la relación ganancia versus una situación de flexibilidad laboral, con menos derechos, de bajos salarios, de empleos precarios e inestables. Ese marco de relaciones laborales inequitativas y en detrimento de la necesidad objetiva de las personas trabajadoras para sostener las presiones y superar la débil conciencia.

No se trabajan las necesidades de desarrollo humano como la creatividad, pertenencia, libertad, identidad, participación que nutrirían los procesos de negociación en las personas sindicalistas, que con ellas empujarían a mayores niveles subjetivos y objetivos de reivindicación, empoderamiento, capacidad y competencia para la defensa, protección y viabilidad de los intereses de los diferentes grupos laborales.

El proceso negociador, hay que equilibrarlo, alcanzando fuerza estratégica, organizativa, formativa, de conocimiento pleno en la organización del trabajo, del proceso de identificación del eje (s) de acumulación, habilidades varias tecnológicas, psicológicas, sociológicas, y de capacidades negociadoras para interlocución con oportunidad con la parte pudiente que dispone de los intereses prevalecientes de la ganancia y el lucro excesivo.

Ei poco tino negociador del sindicalismo, es el resultado de la debilidad subjetiva de no confiar en las propias capacidades de liderazgo y conocimiento del proceso productivo de que se trate bienes y/o servicios. Del entendimiento pleno de la institucionalidad pública (gestión de gobierno), de la lógica económica prevaleciente y del desarrollo a niveles de superación del esquema explotador, controlador e impositivo del poder económico.

*Sindicalista salvadoreño

Al parecer vamos aceleradamente llegando a una crisis generalizada en el país, en tanto nos acercamos a un estira y encoge por el evento electoral 2024, que no vislumbra previamente (2023) nada bueno ni aceptable para alcanzar un plano de mejoría sustancial para los diferentes sectores sociales y laborales.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Esta vez el proceso electoral estará más amañado que nunca, y difícilmente cambiaría la tónica que hemos venido experimentando.

Un panorama es que no augura buenos tiempos en un futuro cercano, se vislumbran mayores dificultades para las personas trabajadoras, sin embargo es momento de entender un poco más cómo esa realidad debemos enfrentarla, ya que no se puede evadir ni escapar en apoyo a una oferta continuada de gestión presidencial de poco provecho para las mayorías actualmente desprotegidas por políticas públicas de improductivo beneficio, una situación inflacionaria casi indetenible que encarece la vida y deteriora el poco poder adquisitivo que aun disponen, que hunde y genera empobrecimientos que hacen difícil alcanzar niveles mínimos de subsistencia.

Es un año electoral que ofrece poco en materia de mejoramientos estructurales a la economía y en lo social de la gente, el empleo sigue reduciéndose para los sectores empresariales a quienes no les interesa invertir en procesos productivos que desarrollen el conocimiento y el entendimiento de la gente, es una lógica económica por hacer prevalecer los intereses lucrativos de reducidos grupos dominantes en la sociedad salvadoreña en detrimento de una mayoría que no logra integrarse con poder social para su desarrollo educativo, vivienda, salud, trabajo y cultura que fundamente una existencia digna para las actuales y nuevas generaciones.

La crisis generalizada que nos impacta, seguirá afectándonos negativamente en procesos políticos que desvaloran los derechos sociales, económicos, culturales y medio ambientales; y los actuales gestores que dirigen la política, la economía y aquellos factores sustanciales que deberían garantizar a cada familia un bienestar común, no son una alternativa para alcanzarlo, aunque el velo y la estrategia comunicacional está cada vez más desarrollada.

Esta situación en la que estamos mantiene connotaciones políticas que son en mucho la causa de lo que hoy vivimos, las personas trabajadoras siguen soportando presiones económicas, abusos y arbitrariedades empresariales, imposiciones de funcionarios que tienen a su cargo impulsar políticas públicas y servicios a la ciudadanía que den oportunidad a mejorar la calidad de sus vidas y no lo hacen; no se vislumbran nuevas ideas, planes, programas y proyectos que eso vaya a cambiar, entonces, ¿qué deberíamos hacer?

Es básico que la organización social por objetivos comunes es importante construirla y debe ser un inicio, luego trabajar en la conciliación de las posibles diferencias en los diferentes grupos sociales que la podrían conformar, debiendo ser en mucho un proceso de fuerza moral y ética. Construir liderazgos con asiento en la credibilidad, transparencia, buena fe y sobre la base de obras, hechos y no argumentaciones que se las podría llevar el viento fácilmente. Los procesos sindicales se ven estancados, disminuidos y bajo el velo de la subsistencia diaria.

Estamos ante mucha incertidumbre, algunas cuestiones tal vez se corrijan en el camino, pero el tiempo nos come en tanto los frenos de mano de grupos de interés no se quitan, hay muchos que se oponen a la verdad y trasgreden las posibles oportunidades que buscamos con ahínco para mejorar la sociedad, la fuerza laboral independiente de presiones de grupos empresariales y de gobiernos como grupos de funcionarios ligados al corporativismo que disponen de un uso patrimonialista del Estado; abusando de los fondos públicos para su clan.

No vemos procesos que liberen de impuestos en la renta a las personas trabajadoras que no tienen más que un salario que no cubre las necesidades para una subsistencia digna, se tasan los ingresos mínimos que reciben para el caso, indemnización mayor a 30 días de salario; a veces el aguinaldo después de cierta cantidad, las tablas de la renta deben modificarse y regularse en base a salarios e ingresos menores a un mil dólares, deben reformarse los impuestos regresivos por aquellos progresivos que tasen las ganancias excesivas de los grupos corporativos, no aquellos eventuales mayores ingresos resultado de un mayor trabajo—horas extras, bonos u otro tipo de prestaciones que aumenta los ingresos y salarios promedio a mayores al mínimo.

En tiempos donde los precios aumentan descaradamente en beneficio del grupo corporativo que tiene el sartén y el mango también y, de grupos políticos que abusan de las necesidades de la gente, la clase trabajadora debe luchar más por cambiar esa desventaja, debe organizarse en sindicato, en cada centro de trabajo, industria, servicios, comercio, agro—para construir mayores y mejores relaciones productivas de beneficio para los grupos laborales y su familia, que tenga como consecuencia un desarrollo sostenible y sustentable para el país.

*Sindicalista salvadoreño

REPUDIO TOTAL del Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS) a capturas injustas de sindicalistas de Alcaldia de Soyapango.

NO MÁS AUTORITARISMO.

El MOVIMIENTO IZQUIERDA SALVADOREÑA (MIS)

EXIGE

Libertad para Los sindicalistas capturados en Soyapango:

Boanerges lobo. Directivo de SITRASOYA y Argentina Ramos ambos del sindicato SITRASOYA.

La situación socio-laboral en nuestra sociedad, sigue dando tumbos sin mejoras sustantivas que lleven a la organización sindical a mejores performances y concienciación sobre los diferentes asuntos vinculados con el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud ocupacional, prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones, indemnización y otras), así como condiciones socio-laborales que cada día se deterioran sin ninguna inspección laboral o mecanismos legales que lleven la justicia a ser pronta y cumplida.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El asunto socio-político está en que débiles en la organización sindical, no hace disponer para cada persona trabajadora de una representación y defensa in situ de los derechos laborales y sindicales y de sus intereses. Existen en ámbitos laborales diversos una tragedia en común, la de tomar a la persona trabajadora como alguien que es prescindible en cualquier momento que la empresa privada y pública así lo determine, menospreciando y en clara desvaloración del derecho al trabajo. En este proceso no vale experiencia laboral y profesional, antigüedad, calificación, capacidad y competencia para desarrollar un puesto de trabajo, siempre para la persona trabajadora ocurre lo peor, es claramente desfavorecido en sus condiciones de trabajo, y por tal despedido.

Ocurre que la empresa privada lo hace por la concepción de la ganancia, cuando esta se ve afectada negativamente por problemas de venta de su producción de bienes y servicios—sin conseguir una clara ventaja competitiva—respecto a otras empresas similares y a su lugar en el mercado de oferta y demanda; además de una obtención de clara plusvalía—no pagar por el trabajo en exceso realizado—lo hace observando y decidiendo lo último en la cadena productiva, los salarios y el empleo.

La empresa pública, lo hace por condiciones fiscales y económicas, resultado del poco ingreso en concepto de renta y la administración de impuestos regresivos, así como la de mantener un sistema económico que favorece los intereses de los grupos empresariales dominantes y dejar en desventajas en términos comparativos a los grupos laborales que dependen de un trabajo asalariado. Además las decisiones político-administrativas que confabulan para favorecerse del Estado, en complicidades y contubernios con los intereses dominantes; entre las que están reducciones de plazas, disoluciones, fusiones o cambio de nombre de instituciones; presupuestos precarios que no alcanzan a disponer de los suficientes y necesarios fondos públicos, resultando en una institucionalidad débil para servir a la población que los requiere en detrimento de la calidez y calidad de los mismos, para el caso la salud, la educación, la vivienda, los servicios de aseo y limpieza, seguridad ciudadana.

Disponemos de nuevas legislaciones, reformas legislativas, derogatorias de leyes, que no trabajan lo que realmente se necesita para alcanzar un bienestar para la población y sectores populares en general. Los fondos públicos están concentrados y centralizados para beneficio de la argolla dominante en el gobierno y seguimos en procesos de endeudamiento acelerado que afectan las reales necesidades de la gente que trabaja y lo necesita. La sumisión de los órganos del Estado a grupos reducidos de funcionarios públicos que comercian con los intereses de quienes más lo necesitan, reduciendo, anulando y desvalorando los derechos humanos.

No vemos acciones gubernamentales en lo jurisdiccional y en lo administrativo que desarrollen la protección de los derechos humanos, son cómplices del estatus quo imperante, no se dispone de mejoramientos en la calidad de vida para alcanzar el bienestar social, económico, cultural y político de la población que lo necesita. Tampoco vemos acciones en los sectores económicos del país que cumplan con mejoras a condiciones socio-económicas y laborales, que garanticen la estabilidad del empleo, los salarios mejorados y el nuevo empleo en condiciones de un desarrollo humano sostenible y sustentable para hoy y las nuevas generaciones.

No hay empleo decente, los intereses de empresas públicas y privadas accionan bloqueando y en oposición a la justicia laboral y a los derechos de las personas trabajadoras en los diferentes lugares y centros de trabajo. Suspensiones de contrato, despidos siempre injustificados, poco desarrollo profesional para mejorar los puestos de trabajo, flexibilidad y desregulación laboral, agravada por la debilidad orgánica de las instituciones públicas encargadas de hacer prevalecer el derecho humano por sobre condiciones de lucro, de intereses socio-políticos perversos del que gobierna y por situaciones socio-políticas y jurídicas, que sólo favorecen a los grupos dominantes enquistados en el ejercicio del gobierno y dirección del país.

No se ve un panorama halagüeño en el 2023 para sindicatos y referentes sociales, para realizar una gestión de protección socio-laboral y política para los diferentes grupos vulnerables, que continúan marginados y excluidos del bienestar ciudadano. Pero la tarea siempre es continuar la lucha en asocios ciudadanos y de grupos sociales diversos que demuestren y construyan la oposición político-laboral y económica que todos queremos.

*Sindicalista salvadoreño

El pasado viernes 25 de noviembre, por fin se anunció que el proyecto de reforma de pensiones llegó al seno legislativo a iniciativa de los ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, según el informativo periodístico va con el concurso de los sindicatos allegados al gobierno, quienes estuvieron participando de la reforma, tal como ha sido diseñada—veremos en su discusión legislativa, lo que contiene, y saber con certeza si realmente hubo participación plena e incorporar los intereses plenos de las personas trabajadoras.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La situación de esa reforma previsional ha tenido un cariz de mucho ruido y pocas nueces, y la noticia del anuncio y entrega de la iniciativa de ley, se ha esperado tanto que probablemente no se ha dimensionado lo que se ha pretendido informar, vayamos por partes en el análisis, estudiemos los cambios en las variables paramétricas:

1.-La edad, al parecer no fue modificada, y sería una buena noticia para los sectores laborales, en tanto la dimensión del trabajo, la ocupación y el empleo, han tenido connotaciones diversas, que afectan la protección social que una ley debería cubrir y ocuparse. Al parecer, para las mujeres 55 años y para hombres los 60 años. El trabajo que permite el desarrollo de la persona humana, nadie puede planificar su futuro y el de su familia si no tiene trabajo; no obstante, lo que tenemos son ocupaciones—un alto número poblacional dentro de un significativo sub empleo formal e informal, que es lo que priva en el país. Y el empleo es sólo un dato que es registrado para un efecto estadístico.

Nos preguntamos, si la reforma ha recogido los diferentes tipos de ocupación en las diferentes actividades económicas agro, industria, comercio y servicios—sabemos que algunos de estos sectores no tienen cobertura previsional, y sus salarios son diferenciados, por tanto, no cotizan, ni tienen el mismo salario mínimo y por ende no cotizan de igual manera. Los derechos de una pensión mínima cifrada en 400 usd, tendrá diferencias según la actividad económica y el ahorro alcanzado en donde se desenvuelve.

2.-El tiempo de servicio de 25 años como mínimo, al parecer no fue modificado, y al quitar el préstamo que personas trabajadoras hicieron de sus fondos, no implicará el aumento del tiempo para pagarlo; sino una modificación de pensión en tanto su ahorro es menor por el retiro de una cuantía del ahorro cotizado.

3.-La cotización, si fue modificada con la reforma en 1% más, pero será sólo para el empleador, elevando la aportación patronal a 8.75%. En total la cuota previsional a descontar del salario, continuará en 7.25%, más 8,75%, haciendo un total de 16%. Se menciona que se rebajará la cuota de administración, pero sin saber en cuanto quedará. Por ahora es de 1.9%.

El asunto del debate previsional, al respecto es que se trata de una de las cotizaciones más altas, dentro de los diferentes sistemas previsionales, y no garantiza que la pensión se incremente automáticamente, por cuanto el asunto son los salarios que mantienen un nivel bajo en las diferentes actividades donde hay empleos mayores, el caso de la maquila de confección textil, la industria de la construcción y otras, los salarios son mínimos o un tanto arriba sin llegar a ser considerados buenos sueldos. Los sectores públicos que manifiestan mayores salarios a niveles operativos y administrativos, tampoco mejorarán los montos de pensión por esta razón; y por los datos muy escuetos que comprendió la publicidad del proyecto previsional presentado, no podemos hacer mayores comentarios.

Igualmente, los montos de pensión están vinculados a las capacidades de ahorro, salarios bajos no dan pauta para mejorar y directamente no dan esa consecuencia, puesto que el ahorro es poco. Lo que si suma a esta variable es la rentabilidad, sin embargo, todos sabemos algo de este asunto, y que la noticia abarca en una forma publicitaria.

Hagamos memoria, por qué se privatizaron los fondos de pensión en 1996: a) la razón estuvo en que había interés de privatizar el sistema previsional y cooptar sus fondos, verlo como negocio, b) cobrando una cuota de administración, c) usando los fondos para fines propios al aseguramiento de una parte, y d) al ser los únicos que deciden sobre este uso, en tanto no hay en las AFP, ningún representante laboral. Sin claridad para los cotizantes de dónde y cómo se rentabilizan los fondos; y algo la ley menciona en cuanto a donde colocarlos.

De este asunto es que el endeudamiento empezó a crecer, dado que el Estado para pagar las pensiones a cargo del INPEP y la UPISSS, sin reservas técnicas, ni ingresos (cotizantes en grado insignificante), empezó con la venta de bonos (2000, Flores) y luego en 2006, con Saca creando el Fondo de Obligaciones Previsionales-FOP, que obliga a las AFP a prestar fondos a una tasa de interés que no compensa, y que son hasta ahora cerca de 12,000 millones.

*Sindicalista salvadoreño

Desde el anuncio presidencial hace más de un año, dónde nos encontramos en un proceso de reforma previsional cada vez más sinuoso, turbulento, falto de transparencia—en una respuesta sencilla, no lo sabemos—la única base que tiene asiento es que se trata  un negocio, mientras el asunto en cuestión involucre intereses económicos a determinados grupos corporativos dominantes (AFP), que siguen lucrándose para su propio beneficio, e impidiendo que la reforma cubra satisfactoriamente a quienes son los dueños de los fondos de pensión.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Quienes aplicaron el sistema de cuenta individual, han retrocedido en su reforma, y se impone volver al sistema de reparto—solidaridad intergeneracional y salarial—sabemos que sólo El Salvador y Chile se van quedando, esa situación es clara que un sistema de sustitución (sistema público por un sistema privado) no ha sido una decisión favorable a los intereses de las personas que cotizan y mucho menos de las que no cotizan.

El sistema paralelo que existan ambos sistemas, pero de manera independiente cada uno. Acá parte una base del problema, en tanto el sistema de sustitución impulsado por ARENA y el capital corporativo nacional e internacional, su trabajo fue una incisiva desacreditación de los sistemas públicos a cargo del INPEP y la UPISSS. Y fue dolosamente impuesto al dejar sin cotizantes a dichos sistemas y con la carga del pago previsional, mientras no pasaran los 25 años cotizados bajo el régimen de las AFP.

Y con respecto a la 3ª opción que es el sistema mixto, donde coexisten ambos sistemas público y privado, pero actuando de manera complementaria el privado. Se cotiza de manera complementaria y voluntaria al sistema privado quien determina por el ahorro un monto de pensión de acuerdo a lo ahorrado y la rentabilidad de dichos ahorros. Mientras que el sistema público determina lo que se denomina una pensión básica por lo cotizado hasta determinado techo salarial.

Todas las formas antes apuntadas se desconoce su análisis en El Salvador, por parte de Bukele, y la propuesta previsional se desconoce a donde apunta, inclusive el Presidente del INPEP, asegura desconocer los pormenores y mantiene una inercia de administración mientras el último cotizante no se pensiona. Los ingresos en concepto de cotizaciones y sus rendimientos es mínimo y desde que se privatizaron los fondos, se consumieron las reservas técnicas y el Ministerio de Hacienda tal como la ley SAP lo señale asume el gasto previsional.

Y bajo lineamientos de la SSF y de la Super Intendencia de Pensiones, se provee al INPEP de los fondos necesarios para pagar las pensiones del grupo poblacional pensionado por el sistema previsional a cargo del INPEP, que implican más de 200 millones de dólares anuales y que continúa aumentando. Ya la pensión mínima está en 304.17 dólares, acercándose al salario mínimo que cubre a unas 300,000 personas trabajadoras, dentro de la formalidad de la economía.

La situación problema recae en la insuficiencia de los beneficios, cotización alta, salarios bajos, cobertura mínima de población cotizante, que deja fuera del sistema a población importante como trabajadoras de los servicios del hogar, trabajadores(as) a domicilio, trabajadores tercerizados, profesionales independientes que trabajan en consultoría u oficinas de atención de servicios y producción de bienes (micro y pequeña empresa), sector agropecuario que no ha tenido históricamente formas de incorporarse al sistema de cotización que ofrece el sistema previsional sustitutivo, entre otras situaciones que marcan el análisis .

La lucha social es por varias demandas que deben cubrirse por el sistema previsional que recoja la reforma previsional anunciada, se trata de pensiones dignas, sin embargo la dignidad de las personas culturalmente es algo invisible, la imposición, la marginalidad y exclusión social determina ausencia parcial o total de dignidad, es un término muy ambiguo y estéril, para el caso la pensión básica universal de 50 dólares, sigue siendo algo que poco o nada se cumple para las personas mayores de 70 años de municipios considerados pobres.

Toda esta población laboral fuera del sistema, le hace sumamente difícil cotizar durante 25 años, si hablamos de cómo inició el sistema de sustitución fue: 1) Incrementando de 15 a 25 años de servicio; 2) La cotización se ha ido elevando en el sistema privado y el público que implica una cotización del 15 % del salario. Que sabemos dispone no de salarios fijos, sino en virtud del poder adquisitivo y de un mercado interno que no tenemos. La edad quedó la misma, pero hay fuerte vibras que se eleve a una cantidad que siempre se considera alta para la media de vida.

La lucha social es obligatoria, pero desechando los intereses mezquinos que se ven involucrados, además de los intereses de grupos corporativos dominantes, personales, de un gobierno que no encaja con una oferta previsional que recoja todas las necesidades que se manifiestan, generando una reforma previsional con la mayor cobertura posible, con los niveles de suficiencia de beneficios para toda la gama de trabajadores(as) existentes, y con la certeza de un funcionamiento financiero que de sostenibilidad y sustentabilidad al sistema; y que sea administrado por una institución pública que reconozca a la persona adulta mayor, a la persona pensionada y la persona cotizante inculcándole la solidaridad intergeneracional.

*Sindicalista salvadoreño

Al parecer el ambiente de crisis y falta de oportunidades para las personas trabajadoras, sean estas jóvenes, mujeres, con capacidades especiales, indígena, en adultez mayor, sin calificación o con formación académica importante.

Róger Hernán Gutiérrez*

Las condiciones económicas del país están cada vez con mayor incertidumbre, hay un crecimiento demasiado lento para absorber la mano de obra y mantener a la que tiene empleo en condiciones materiales mínimas de existencia; y por supuesto todos afectados por una inflación super acelerada.

De acuerdo a cierta información internacional de la OIT, la América Latina y el Caribe fue una de las regiones de mayor crecimiento en 2021 con 6,9%, luego de su mayor afectación por el COVID en 2020. No obstante, por ser una región con alta inequidad y desigualdad, el PIB por habitante, acumuló en el pleno 2020-2021, una caída promedio de 2,6%, en el Caribe fue mucho más dura (9,8%).

En ese contexto la salida no puede ser ahogar las reivindicaciones legítimas o plantearse medidas coercitivas o anuladoras de las libertades sindicales, y en el caso de la contratación colectiva, bloquear su desarrollo sobre todo en el sector público que claramente presenta deterioros económicos y oposiciones político-ideológicas que llevan a un deterioro de las relaciones y buenas prácticas laborales.

Los sindicatos no podemos quedarnos de brazos cruzados y aceptar una crisis agravada por la manera de estructurar la economía, reconocemos que los procesos llevados en la gestión gubernamental en cuanto a lo laboral, lo económico, de salud y seguridad en el trabajo; y en todo momento la protección social—pensiones—para las personas trabajadoras, tienden a impulsar mínimas acciones correctivas, pero en lo estructural no se producen condiciones que lleven al bienestar común que establece la constitución.

La tasa de crecimiento es claro que tiende a una desaceleración y volver a los bajos índices registrados antes de la pandemia, luego se desarrollan guerras comerciales, que tienden en el fondo una transición hacia la multipolaridad y viejas estructuras del poder dominante unipolar en el mundo tienden a presionar las economías de subsistencia como la nuestra.

El sindicalismo debe reconocer este contexto y ponerse en acción para su reversión, en beneficio de los miles de personas trabajadoras que sufren condiciones de vida y de trabajo, bastante deterioradas, sin ver en el horizonte oportunidades de mejoras sustantivas en el empleo y los salarios. Si hay intenciones poco claras del Gobierno de anular las condiciones económicas establecidas en la contratación colectiva o en el recorte presupuestario a instituciones vitales que recogen y dan cobertura a las necesidades de la población de menos poder adquisitivo.

El 2022 está por concluir y la demanda de la población es la economía que no mejora, creando condiciones de desarticulación social, en tanto que hay existencia de grupos poblacionales que están realmente afectados en sus condiciones materiales de existencia, lo que debe conducir a una mayor concienciación para luchar; y no continuar soportando una situación económico-social y política, de poco o ningún provecho para estos grupos amplios de población.

Los precios de los alimentos, de la energía, del transporte y otros vitales para las personas trabajadoras y sus familias, están elevados y el acceso se hace sumamente difícil, impactando directamente en mayores deterioros en la economía de la gente, que no vive de promesas o de políticos que sólo se favorecen de sus buenas condiciones de vida y salarios altos en aprovechamiento y oportunismos de la mayoría de la población que con su esfuerzo y pago de impuestos (IVA y renta) mueve la economía para alcanzar el mínimum vital en los hogares.

El 2022, no tiene un buen cariz, y mucho de la subsistencia está comprometida, las condiciones materiales de existencia, no alcanzan a suplir las necesidades de vida y trabajo de una gran mayoría de personas que se ahogan en economías de pobreza absoluta y relativa, en ámbitos de un mínimo bienestar para todos, y tratando de revertir que no sólo sean para las clases pudientes y funcionarios(as) públicos que sostienen un marco de aprovechamiento del poder del Estado.

La perspectiva es de mayores índices de empobrecimiento, el organismo CEPAL habla de un crecimiento a agosto/2022, de 2,7%. Para el país se observan recortes presupuestarios, hay falta de transparencia en los gastos, se aumentan los gastos en función de las comunicaciones para mantener ahogado el grito de liberación, Suficientes razones amparan la lucha sindical, pero es la actividad la que nutre la conciencia sobre la realidad.

*Sindicalista salvadoreño 

–Revisióna la baja las perspectivas de crecimiento, más aceleración inflacionaria. Proyección del crecimiento 2022: FMI (julio 2022) 3%; CEPAL (agosto 2022) 2.7%.

Los sindicatos y la clase trabajadora asociada a ellos, cada vez se ve en un mundo del trabajo que hace más complejo los servicios sindicales, en tanto que el empleo, una razón para afiliarse a la organización, es cada vez más difícil tenerlo y menos con estabilidad laboral y con derechos laborales plasmados en la ley laboral; la cultura anti sindical empresarial ha maniobrado históricamente, amedrentando que toda aquella persona que se afilie al sindicato va perder su trabajo. Y en una economía empobrecida el empleo se vuelve un lujo y privilegio.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El mundo del trabajo ha operado históricamente en la lógica económica de la ganancia, en detrimento de mejores condiciones de trabajo y redistribución de la riqueza, y hoy nos encontramos en una mayor crisis de oportunidades de empleo, la población laboral ha venido creciendo, pero los empleos no, y en esas condiciones post pandemia la vida laboral se ha vinculado con empobrecimientos continuos y acelerados—despidos permanentes, inestabilidad laboral y cierres de empresas por razones fuera de la ley, se desarrollan injusticias laborales varias, las políticas empresariales se vuelven coercitivas, deshumanizantes y de poco desarrollo del personal. Y en ese marco se diría ¿qué hacen los sindicatos para luchar ante tanta adversidad?

Importante es que la tarea principal, la defensa de los derechos laborales, se ve deteriorada en lo estructural, sin embargo, el marco de dominación de grupos oligárquicos y hoy de la pequeña burguesía, mantiene nulos niveles de diálogo y negociación, lo que genera en los grupos sindicales niveles de división que debilita el poder institucional—es decir los procesos de interlocución con el poder dominante se encuentra en una esfera de poca influencia en pro a los intereses de la clase trabajadora, lo que lleva a fomentar un sindicalismo de cúpula, de élite que cae en niveles importantes de venalidad, en cuanto convierte la lucha social en la obtención de dádivas o privilegios; cayendo en el denominado sindicalismo ad-hoc para el sujeto dominante.

La hegemonía del poder económico está aún en disputa; y el estado es un coto de caza de dichos grupos, los sindicatos han olvidado la tarea política, con el asunto de la desideologización, y se ven coaccionados por diferentes gobiernos de derecha, de izquierda, de centro; esa cooptación a las cúpulas sindicales es importante para beneficio del poder dominante.

La economía del país, nunca ha estado bien, y menos lo ha sido en la coyuntura que vivimos—ni ha sido diferente por un proceso de cambio con la gestión Bukele, los elementos del retraso o de impulso de reformas fiscales progresivas, no ha permitido que la economía mejore; y se bloquea impulsar la lógica de a mayor generación y tenencia de recursos económicos mayor impuesto—sobre la ganancia, los activos de mayor valor monetario— en tanto los poderes fácticos no quieren generar cambios estructurales para el país, y critican la situación del endeudamiento constante, como la falta de transparencia en el uso ético de los fondos públicos.

La otra variable de lucha sindical son los salarios—el salario mínimo no se acordó luego que pasaron tres años (2017-2019), tocaba a la administración Bukele aplicarlo el 2020 por parte del Consejo Nacional del Salario Mínimo, sin embargo la pandemia lo retrasó y fue hasta que se dio el decreto presidencial de incrementarlo del 20% (agosto2021), no obstante por no haberlo hecho por debate en el CNSM, se vino una oposición de parte de la cúpula empresarial que recayó en el despido de personas trabajadoras y/o la no reactivación del contrato para quienes estaban suspendidos; se incrementaron las metas, la disminución de los bonos de producción, lo que ha traído cierta inercia de estancamiento que ha golpeado los bolsillos de la clase trabajadora; aunado a que el proceso post pandemia, implicando que la reactivación económica no haya estado al nivel que se necesita y otros factores de la producción tienen sus efectos negativos, como son materias primas, contratos nuevos, transporte, bienes de capital y otras importaciones, entre otros, limitando el desarrollo productivo, la productividad y la mayor acumulación de riqueza.

Los sindicatos hemos ido dejando de lado el asunto de luchar de forma socio-política, además del empleo y salarios, por libertades sindicales y derechos de ciudadanía como son la educación, la salud, la vivienda y el bienestar común que habla el texto constitucional. La post pandemia y la concentración de poder del aparato del Estado, ha dilapidado los recursos públicos y la concentración de la ganancia se ha hecho mayor. En todo esto el diálogo a través del impulso de propuestas sobre importantes reformas laborales y políticas públicas de protección social y desarrollo humano ha ido diluyéndose, justificándose otras necesidades como la seguridad ciudadana; y por cuanto el funcionamiento del aparato del Estado ha estado concentrado bajo una sola bandera partidaria.

*Sindicalista salvadoreño

La recuperación de la que hablamos, se trata de aquel proceso organizativo que rescate la fuerza sindical que sea capaz de enfrentar el modelo económico que mantiene en la pobreza a una mayoría de población, luche por la aprobación de políticas públicas que impulsen el empleo y los salarios; que implica procesos de interlocución equitativo con el poder por sus intereses, con los poderes fácticos empresariales que sumado a la gestión pública deficitaria y en provechos propios, siguen tomando decisiones y manteniendo la situación de la economía familiar y de país en mayores deterioros políticos, sociales, económicos, medio ambientales, políticos y culturales.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La pérdida de influencia en los ámbitos social, político y económico, junto con la disminución de afiliados caracteriza el declive de las organizaciones sindicales, que acumula ya varias décadas. Hay inercia que viene siendo acumulada, sin poder entender la situación que se vivencia, y sobre todo cuando desde su burocracia, aristocracia obrera y grupos sindicales elitistas y sus pesados aparatos, convulsos y débiles en estructura de lucha por los rápidos cambios en el mundo del trabajo. Y desorientadas y confundidas por la heterogeneidad creciente de una cada vez más desideologizada fuerza laboral.

Los sindicatos no estamos dando respuestas adecuadas a los retos que plantea el entorno. Como los demás actores industriales (asalariados)—cada vez con mayores problemas, en tanto no dimos el paso histórico para el desarrollo industrial, en las épocas de Manuel Enrique Araujo (1911-1913), y luego en tiempos de Osorio (1950-1956) conformándonos con la apuesta de la maquila (1990-hasta hoy)), donde recordamos la frase del ex Presidente Calderón Sol, de convertir al país en una sola zona franca, y el continuismo que siguió luego de ese anuncio.

El ciclo de vida sindical pasa por fases de nacimiento, legalización, desarrollo, madurez y declive que conduce a la extinción, al desaparecimiento o la posibilidad de entender la necesidad de la renovación. En la última fase, los cambios del entorno retan la validez y sostenibilidad del diseño organizacional anterior y la respuesta resultante determinará el futuro de la organización. Los sindicatos están muy determinados por el entorno y sus cambios, pero nunca lo están totalmente y siempre existe un margen de discrecionalidad en las organizaciones sobre la que basar sus apuestas estratégicas de futuro.

Dadas las circunstancias del sindicalismo actual, adquirir este enfoque estratégico se convierte en un asunto critico que requiere de análisis profundos, conocimiento especializado y mucha voluntad de hacer profundos cambios en las organizaciones, desafiando al convervadurismo interno de los aparatos sindicales—la apertura a otros tipos de trabajadores—. El enfoque de las fuentes de poder sindical pone el punto de mira en el origen de fuerza de los sindicatos para analizar las causas del debilitamiento y planificar estrategias para un nuevo y mejor empoderamiento sindical.

La ventaja de esta visión es doble ya que, por un lado, contribuye a llevar este análisis al interior de las propias organizaciones sindicales. Por otro lado, permite también una acción estratégica al poner de manifiesto las relaciones que se dan entre las diferentes fuentes de poder sindical.

Así, se comprueba que los avances y desarrollos en una fuente de poder sindical—organizativo; asociativo; estructural o institucional— se extienden fácilmente a otras fuentes, generando una secuencia de empoderamiento. Para ello hay que revertir la tendencia actual en la que el debilitamiento de unas fuentes de poder sindical se extiende hacia las otras en un proceso de retroalimentación con sentido negativo. Las fuentes de poder sindical de las organizaciones están en un estado, por lo general, precario y con tendencia hacia un mayor debilitamiento.

Es necesario una apuesta transformadora por aumentar el poder sindical que se requiere, en primer lugar, comprender la imperiosa necesidad de hacerlo para que las organizaciones sindicales mantengan un papel destacado como actores sociales en representación de los intereses generales de las personas trabajadoras. En segundo lugar, se deben planificar las estrategias minuciosamente para generar un proceso acumulativo de poder sindical a través de diversas fuentes.

Si como movimiento sindical estamos en una situación que debilita los intereses más sentidos de las personas trabajadoras, es momento de revitalizar la lucha, entender la coyuntura dominante, la lógica económica y volver a ser capaces de enfrentar los retos que nos aquejan, pero esa desarticulación, esa división por la interlocución con el poder dominante, esas acciones de cúpulas llenos de venalidad no corresponde en la defensa de los intereses genuinos, y de continuar de esa forma vamos a la extinción—alianzas con grupos marginados y excluidos, defensores de derechos humanos, son claramente una línea para revitalizar la causa sindical.

*Sindicalista salvadoreño