La nueva privatización de los servicios públicos, pagar por los derechos laborales y libertad sindical
Los tiempos neoliberales regresan para el supuesto fortalecimiento del gasto público. ¿Por qué hay dentro de las políticas públicas, de un gobierno que se autodenomina trabaja para superar una situación económica de larga data, donde grupos dominantes y partidos tradicionales acabaron con una gestión pública de provecho para la gente?; ¿qué aspectos llevaron a establecer precio a los servicios que brindan instituciones públicas, sobre todo en aquéllas que trabajan en su atención ciudadana con sectores populares y clase trabajadora con ingresos y condiciones precarias de subsistencia?
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
La situación de establecer precio por costo del servicio a diferentes peticiones ministeriales, pareciera algo sin mucha importancia, analicemos la cuestión. Esto se hace en momentos donde nos encontramos en una economía con niveles de ingresos públicos muy mermados por razones diversas, que han venido siendo difíciles de superar, y la promesa de imponer impuestos progresivos al capital y a grupos dominantes que obtienen ganancias exageradas en el reducido movimiento económico del país, no ha sido posible por razones que se desconocen, en tanto el trabajo de manutención de vasos comunicantes, publicidad y propaganda de la acción mínima que este gobierno y la acción del Presidente Bukele realiza, hace confuso saber con certeza si la economía progresa y con ello los impuestos retenidos establecen importantes dinámicas a nuestra economía.
Hay costos o precios por toda índole de servicios públicos, que ya no pueden supuestamente cubrirse con el salario de cada empleado público que en el lugar labora y que se le paga –a través de la recaudación de los impuestos retenidos por el fisco—por realizar dichos servicios públicos asignados. Esto arrastra graves dificultades por cuanto el gasto público se eleva no por quienes están en la línea media de servidores públicos, que conlleva salarios de un promedio de 400 a 600 usd.
Sino, los grupos de personas con cargos públicos ingresados en el actual período de Bukele, que ostentan puestos de trabajo público de jefaturas básicas, intermedias y superiores, que justifican los salarios por la responsabilidad, en términos elevados o fuera del contexto de los ingresos públicos que se disponen; ello a pesar de que es un problema de larga data, en tanto los recortes presupuestarios de personal y recursos de funcionamiento se presentan en cada período.
Siendo siempre una austeridad demagógica, anulación a los incrementos de salarios y mejoras económicas en el presupuesto que se anuncian en cada período fiscal, que anula las corrientes de demandas de los sectores bajos y peticiones sindicales vías contrato colectivo, que justifican que los presupuestos se recortarán o se mantendrán sin cambios por un período. El conflicto económico se mantiene con las finanzas públicas, y el pago de los servicios públicos pretenderían cubrir partidas deficitarias de funcionamiento; sin embargo, sabemos que mucho de los ingresos no son suficientes para reforzar los presupuestos institucionales, y podría no establecer llenar algunas partidas de gastos, sino también tiene otras valoraciones—corrupción institucionalizada.
Los servicios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, son claves para lo que significa una protección de derechos laborales y sindicales; todos sabemos que ejercer organización sindical en el país es siempre un conflicto de intereses entre patronos privados y públicos y la representación laboral—organizada o no en sindicato.
Premisas de campaña como aquella que el “dinero alcanza cuando nadie se lo roba”, ha quedado desfasada en tanto el dinero sigue faltando ya sea por la corrupción que sigue campante o porque esas nuevas pretensiones de funcionarios(as) de la argolla y demás han aumentado la masa salarial rebasando el nivel de ingresos públicos.
Los costos por servicios como inscripción de una nómina sindical, solicitar certificaciones varias para diferentes necesidades como credenciales, revisión de documentación, constancias de peticiones, solicitudes diversas estarían implicando costos para las personas naturales y jurídicas, se pensaría que sólo es el patrón el que solicita los servicios ministeriales y, que tiene recursos suficientes para cubrirlos sin algún desbalance económico. Sin embargo, para la clase trabajadora los costos(precios) por tales servicios abona en el obstáculo que estaría significando hacer organización sindical y el sostenimiento de la acción sindical para su desarrollo funcional y operativo en tiempo y oportunidad.
En consecuencia, las razones no son clarificadas para este tipo de solicitudes desde el ejecutivo, y los diputados de Nuevas Ideas, no valoran los impactos sociales negativos de la medida; además, estaría implicando un proceso de ventanilla, extensiones de recibos, nuevas acciones que se salen de la cobertura esencial del MTPS, y que en lo concreto sólo estarían significando refuerzos al pago de papelería, servicios de fotocopiadora, de mecanografía y/o digitalización que ya están integrados a las funciones y, para nosotros nos parece que vienen a obstaculizar, retrasar y violentar libertades sindicales y derechos laborales conquistadas por la lucha político-sindical.
*Sindicalista salvadoreño