¿Quién autoriza a un ejército extranjero a hacer la guerra en otro país. Y ante quién responderá ese ejército si se equivoca? EL SALVADOR-HAITÍ.

En Haití se ensaya el modelo que podrían imponer en la región.

El jueves 12 de noviembre, una veintena de blindados del ejército salvadoreño entró al estadio Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe, y la Policía Nacional de Haití informó que había recuperado el estadio y sus alrededores, ocupados durante años por las pandillas. El recinto servirá de base a las tropas que Nayib Bukele empezó a desembarcar el 22 de octubre, según la prensa local. Seis días después de aquel primer vuelo, la Cancillería salvadoreña confirmó más de 2.000 soldados en territorio haitiano.

La fuerza multinacional que respalda la ONU contaba, al cumplir un año de mandato, con unos 1.500 efectivos de los 5.550 que autorizó el Consejo de Seguridad, y la misión encabezada por Kenia que la precedió nunca pasó de 991 policías de los 2.500 previstos. La mayoría de los salvadoreños opera fuera de esa fuerza, como confirmó la ONU, que trata el despliegue como un asunto bilateral entre los dos países. Hasta hoy no se publicó ningún documento que fije su mandato, su duración o las reglas con que pueden abrir fuego.

Con más soldados que la ONU y sin un acuerdo conocido, el contingente salvadoreño deja abierta una cuestión que excede a Haití. Está en juego quién puede autorizar a un ejército extranjero a hacer la guerra en un país que lleva diez años sin elegir a nadie, y ante quién responderá ese ejército si se equivoca. La respuesta importa en toda la región, porque el modelo de seguridad de Bukele, que ya se copia en cárceles de media América Latina, tiene en Haití su primera prueba fuera de casa.