EL SALVADOR: Cómo se privatizó el Estado sin decir «privatización».

El poder tras los negocios: El negocio de ser gobierno.

Por: Miguel A. Saavedra.

Troles y oligopolios: el nuevo feudalismo salvadoreño.

Agromercados, DOM, Centro Histórico, Doctor SV y transporte: cinco espacios para investigar cómo se reorganiza la intermediación económica alrededor del Estado.
La pregunta ya no es solamente quién tiene las empresas. También es quién controla las puertas por donde debe pasar la economía.No es que la oligarquía se fue. Es que cambió de apellido y ahora tiene TikTok,ejércitos de bot y trolls 24/7 .El Salvador siempre ha sido un país de oligopolios. Primero fue la banca privatizada que terminó en un oligopolio financiero controlado por familias de la burguesía salvadoreña. Luego nos dijeron que eso se había acabado. Mentira.

Lo que describe Gato Encerrado, es el reciclaje perfecto: los negocios inmobiliarios desde el poder. Construcción irregular en el cerro, viviendas de lujo en el Lago de Coatepeque avaladas por empresas relacionadas con el poder. No es desarrollo. Es despojo con permiso.
Y mientras tanto, el dato duro que nadie quiere discutir: para finales de 2023, el 10% más rico del país concentraba más del 60% del PIB. Han crecido los privilegios de los grupos empresariales oligárquicos y con este crecimiento ha aumentado su riqueza patrimonial.

¿Y el Clan?

El Clan Bukele comenzó su trayectoria con 12 empresas, posicionándo inicialmente como un sector burgués pero no oligárquico. Hoy ya no es burgués. Es oligarca. Fincas, edificios en el centro histórico, terrenos frente al lago. El viejo oligopolio de 14 familias no desapareció, solo le abrieron una silla más en la mesa.

Las Cajas Negras: Del secreto a la multiplicación

Bukele llegó prometiendo eliminar la corrupción y acabar con la partida secreta. Pero en lugar de desaparecerla, creó al menos cuatro cajas negras más: Fopromid, Firempresa, Fidebitcoin y la Dirección de Obras Municipales.

Ese es el método. Como reveló El Faro, entre 2019 y 2021 se emitieron más de $3,000 millones en deuda para financiar fideicomisos opacos que se han convertido en cajas negras de la corrupción del bukelismo.¿Y para qué sirven esas cajas? Para que no haya contraloría. Pese al bloqueo de información, el periodismo ha identificado el gasto opaco de más de $3 mil millones en casos que involucran a docenas de funcionarios.

Negocios turbios con cara legal

Aquí entra lo que destapó Infodemia : no ha pasado ni un mes desde que se revelara que el gobierno de Nayib Bukele ha utilizado desde 2019 hasta julio de 2026 un total de 76.61 millones de dólares en propaganda en medios y redes sociales. Setenta y seis millones. De tus impuestos. Para decirte que todo está bien.Y cuando la propaganda oficial no alcanza, inventan medios. El Faro le quitó la máscara a «Caja Negra» al descubrir sus vinculaciones con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

La investigación es clara: Caja Negra  que se vende como colectivo de periodistas en las sombras está atado por hilos societarios y familiares a la estructura del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Personas relacionadas con la agencia Mys Capital y con empresas de Castro están detrás de la creación de Caja Negra SV, un sitio digital anónimo que difunde publicaciones contra figuras de oposición, activistas y periodistas críticos.Es decir: tu dinero financia la propaganda, y si la criticas, tu mismo dinero financia el troll que te difama.Como lo explica Infodemia, los principales desinformadores son los actores gubernamentales. Utilizan una cámara de resonancia, una maquinaria propagandística y un grupo de net centers, mejor conocidos como troles.

¿Por qué se van los que investigan?

Si todo fuera tan transparente, ¿por qué Gato Encerrado tuvo que cerrar sus operaciones administrativas y financieras en El Salvador y trasladar su personería jurídica a Costa Rica debido a la Ley de Agentes Extranjeros?También se retiró el equipo de El Faro , pero aquí les han confiscado bienes del Director de ese periodico digital.Se ha documentado tambien según la APES, que cerca de 58 periodistas y colaboradores de medios alternativos se han tenido que ir, por amenazas , persecución y peligro de ser capturados , en el marco del régimen de excepción.Porque el modelo necesita dos cosas: cajas negras para el dinero y mordaza para quien las mira y denuncia.

Por eso voces disidentes desde canales de YouTube se han vuelto trinchera. Porque mientras los medios tradicionales cobran los $76 millones de propaganda, ellos hacen lo que el periodismo local debiera hacer: mostrar el negocio inmobiliario desde el poder, el oligopolio que no se rompió sino que se amplió.

No compiten, se quedan con todo:

La Dirección de Obras Municipales (DOM) representa otro espacio de concentración institucional.Su creación trasladó a una entidad nacional funciones relacionadas con la aprobación, contratación y ejecución de proyectos municipales. La legislación especial le concedió distintos métodos de adquisición y facultades para administrar directamente proyectos.

Hay un antecedente periodístico que merece atención: La Prensa Gráfica publicó en enero de 2024 que, según los registros disponibles, de 1,006 procesos iniciados por la DOM, solamente 109 habían llegado a la firma de un contrato. También cuestionó la falta de explicaciones públicas sobre los criterios de selección.

¿Quiénes reciben los contratos principales, quiénes ejecutan realmente las obras y qué empresas se benefician de las subcontrataciones?

Necesitamos reconstruir la cadena completa:

DOM → contratista principal → subcontratistas → proveedores de materiales → servicios técnicos.También hay que revisar las reformas de 2024 a la legislación de la DOM, que ampliaron sus capacidades de ejecución y financieras.La concentración de la contratación tiene desventaja  para las empresas locales, las alcaldías y la capacidad de fiscalizar el gasto público.

Agromercados, Centro Histórico, y Mercados
 Empezaron con 20 puntos de venta en zonas estratégicas con «precios justos», los llamados agromercados. Hoy, según Presidencia, existen ya 50, repartidos en los 14 departamentos del país, y ya van cerca de 70 agromercados.¿El problema? El concejal Simón Paz lo dijo claro: la implementación de los agromercados afecta a los comerciantes de mercados municipales, porque compiten con costos que no asumen. Mientras al vendedor del mercado municipal le cobran puesto, luz, aseo y alcaldía, el agromercado es del gobierno, con bodega gratis.

La pregunta investigativa: ¿quiénes están detrás de las importaciones y quiénes capturan los beneficios de esta nueva intermediación?

Y ahí aparecen las figuras : la Oficina del Centro Histórico, la Oficina de los Mercados. No son oficinas de ordenamiento. Son oficinas de cobro y de desalojo. Ellos quitan al vendedor ambulante, limpian la zona y luego aparece el alquiler de la bodega, el local, el puesto «nuevo» ya con otro precio. Es el viejo truco de la privatización del espacio público.O caso de negocios históricos desalojados «porque no califican» ,pero luego se abre un negocio de sus amigos o familias que incluso ponen sus canopys en aceras aledañas.

Preguntas fundamentales:
– ¿Quiénes son los propietarios de los inmuebles adquiridos y restaurados? ¿Qué empresas concentran las inversiones?¿Cómo han evolucionado los alquileres comerciales y residenciales? ¿Qué comerciantes tradicionales han podido permanecer?¿Qué permisos se han concedido y bajo qué criterios?¿Existen relaciones entre propietarios, inversionistas y funcionarios?

El indicador central no debería ser solamente cuántos edificios se han restaurado.
También habría que medir quién captura la valorización del suelo y quién puede seguir viviendo y trabajando en el Centro Histórico.Una ciudad puede recuperar sus edificios y, al mismo tiempo, desplazar a quienes históricamente le dieron vida.

Doctor SV: El negocio redondo que  cuesta más que un hospital

Este es el negocio maestro. Y el más caro.En su fase inicial utilizó US$11 millones provenientes de un crédito de US$77 millones otorgado por el CAF en 2023.Hoy el costo de operación es de $10 millones mensuales, según el FMI. Es decir, $120 millones anuales. El FMI dice que equivale a 0.4% del PIB anual.

¿Y qué dice el Presupuesto 2027? Que uno de los aumentos más importantes está en el «Programa para la Implementación del DoctorSV» y que la asignación para esta aplicación móvil pasa de $106.9 a $150.5 millones. Mientras tanto, el mismo anteproyecto contempla recortar $79.7 millones a la asignación directa de 29 hospitales nacionales.

Le quitan a 29 hospitales para darle a una app , presupuesto como si fuera Ministerio.

¿Y a dónde va ese dinero? Todos los estudios se realizaron en laboratorios privados y los medicamentos se entregan sin costo… pero a través de una red privada. El propio gobierno reconoce que el programa prevé la integración de redes externas como farmacias y laboratorios clínicos.

Ahí está el truco: el Estado ya no hace el examen. Te manda al laboratorio privado. El Estado ya no tiene farmacia. Te manda a la farmacia privada. El Estado paga 2 o 3 veces más caro que si lo hiciera el Hospital Rosales o el San Juan de Dios, porque el privado le cobra con ganancia. Doctor SV ya se gasta en un año más que lo que utiliza el presupuesto para un hospital nacional completo. $150 millones para una app con inteligencia artificial de Google, que deriva todo a lo privado.

Lo que viene: Transporte: carga, seguros, bodegas y revisión técnica,

Aquí es donde se está preparando el siguiente gran negocio,
El Viceministerio de Transporte mantiene controles permanentes y dice que actualmente existen 12 talleres de revisión técnica vehicular en el país, pero solo siete tienen capacidad para inspeccionar vehículos de transporte de carga.

¿Qué significa eso? Que van a hacer obligatoria la revisión técnica para todo el transporte colectivo y de carga. Ya empezaron: las inspecciones diarias a vehículos pesados pasaron de nueve a 88 en octubre, y a partir del 1 de noviembre la revisión incluirá a todos los cabezales y remolques.

¿Y quién tiene esos 7 talleres? ¿Quién va a cobrar $50, $80, $100 o más por cada revisión de cada bus, cada camión, cada rastra del país? ¿Quién va a cobrar el seguro obligatorio? ¿Quién va a cobrar la bodega donde tienen que guardar la mercadería mientras los inspeccionan y los vehículos decomisados?

Y no es teoría: la Asamblea ya aprobó con 57 votos que la DOM transfiera una flota de 50 camiones pesados a Constructora El Salvador, S.A. de C.V., marca Sany, modelo 2025, comprados a $115,081 cada uno. Camiones del pueblo que pasan a una empresa privada. La oposición lo denunció como privatización de bienes públicos.

Es el modelo completo:
– DOM . Concentra la obra de instalaciones gubernamentales de todo el pais , contrata y subcontrata discreción , aprovecha presupuesto de todas instituciones gubernamentales que ejecutan obras físicas.En esa figura es evidente el conflicto de interés cuando miembros de la misma no definen si son representantes oficiales,accionistas o ambas.
– Agromercados para controlar la comida y favorecer a una docena de grandes importadores.
– Oficinas del Centro Histórico para controlar el suelo y el alquiler.
– Doctor SV para controlar la salud y derivarla a farmacias, clínicas, laboratorios y clínicas privadas.
– Transporte público, carga, seguros, bodegas y exámenes técnicos para controlar la movilidad y cobrar peaje por todo.

Y no solo esos , la lista también se completa con figuras ligadas al turismo , la DOT, La oficina de criptomonedas , la Chivo Wallets , que ahora se llama SIVAR, Andres (Asoc. Nacional de Residuos Sólidos) entre otros que se están maquinando, la oficina a cargo de la minería que tienen planeada para después de las elecciones de febrero de 2027.

El negocio tiene un libreto que se repite. Y es bien simple:

1. Eligen a dónde ir.
Buscan donde hay plata segura del Estado: obras municipales en todo el país ,comida, medicinas, vacunas ,calles, buses, terrenos, alquileres , seguros… Lo que sea que el gobierno tenga que comprar sí o sí. Si el Estado lo necesita, ahí hay negocio.

2. Le ponen traje legal.
Para que no se vea feo, le inventan la figura: una dirección nueva, una sociedad, un fideicomiso, una plataforma, una ley express. En el papel suena bonito: «modernizar», «agilizar», «hacer más eficiente». En la realidad, es el disfraz para abrir la caja.

3. Abren la tienda.
Y ahí entra todo: licitaciones a la medida, compras directas, importaciones, concesiones, subcontratos. Todo tiene sello y firma legal. La pregunta no es si es legal en el papel, la pregunta es: ¿Quién hizo las reglas? ¿Quién escogió al ganador? ¿Quién se quedó con el contrato?

Y aquí viene lo grueso:

Cuando los que firman desde el gobierno son los mismos, familiares o socios de los que cobran con la camisa de empresa privada, ya no es casualidad. Es conflicto de interés y eso se convierte en delito estructural. Se tiene que investigar,porque si la misma gente está en los tres lados; la que decide en lo público, la que contrata en lo privado y la que cobra el beneficio  entonces ya no hay control,se  lo tomaron todo.

En buen salvadoreño: ellos ponen las reglas, ellos escogen el negocio, ellos lo administran y ellos se pagan. Juez, parte y beneficiario.Es el modelo público-privado, pero al revés: lo público pone el riesgo y el presupuesto, lo privado se queda con la ganancia.Nos vendieron que se acabó la oligarquía. Falso. Se oligarquizó el Estado.Te aseguraron que se acabó la partida secreta. Falso. Ahora hay cuatro.Que se había terminado la corrupción. Mentira,ahora es fideicomiso opaco con reserva de información.

El cluster oligopólico de hoy no es ARENA o FMLN. Hoy es un híbrido: viejos apellidos que ponen la tierra y la banca, más un nuevo clan que pone el Estado como empresa privada. Y en medio, cajas negras que nadie puede auditar y negocios turbios que se blanquean como «medios digitales».Ya no estamos hablando solamente de un gobierno con negocios cuestionables.Estamos ante un modelo de negocios que necesita tener al gobierno de su lado para aprovecharse del botín.La realidad ya superó la idea de un gobierno con negocios cuestionables. La pregunta de fondo es otra: ¿estamos frente a un modelo de negocios cuya condición de supervivencia es controlar al gobierno?Ahora entiendes , por qué la obstinación de permanecer en el poder cuanta vez quieran.

El clúster oligopólico se emancipó de los partidos tradicionales. Hoy opera con contratos, fideicomisos, intermediarios, aparato de propaganda digital y estructuras institucionales hechas a la medida. Un entramado que merece ser examinado, pero donde cualquier pregunta incómoda se responde con descalificaciones, presiones, ataques y restricciones ,para los que se atreven a pedir que rindan cuentas.

Mientras la ciudadanía permanece apática, los promotores del modelo insisten con el eslogan de que «lo público debe ser mejor que lo privado». Es una trampa maquillada.Evitan deliberadamente la palabra «privatización» y se refugian bajo el eufemismo legal de la alianza público-privada: el nuevo negocio donde el Estado es el botín. Ahí no hay competencia, porque son los mismos actores actuando como juez, parte y beneficiario.El resultado es una triangulación perfecta de recursos donde la única víctima es el presupuesto nacional. Las ganancias, ocultas, terminan en las cajas negras que ya ha destapado el periodismo de investigación y que fueron advertidas por el Departamento de Estado de EE.UU. bajo la administración Biden, en informes sobre la gestión de funcionarios en El Salvador.

No es capitalismo. Es feudalismo con community manager. Lo público pone el paciente, el vendedor, el bus, el trailer. Lo privado cobra la consulta, el puesto, la revisión.

No es modernización. Es la vieja oligarquía, pero con app.