GOBERNAR A TRAVÉS DEL DELITO

Por José Guillermo Mártir Hidalgo.

Jonathan Simon, profesor de Derecho, académico y criminólogo estadounidense, publicó en 2007 “Gobernar a través del delito: cómo la guerra contra el delito transformó la democracia estadounidense y creó una cultura del miedo”. Su tesis central sostiene que, en Estados Unidos, desde las décadas de 1960 y 1970, el delito dejó de ser un problema que el gobierno debía controlar y pasó a convertirse en el marco desde el cual se gobierna todo lo demás: las escuelas, las familias, la vivienda, los lugares de trabajo y la política.

Simon comienza señalando que una forma de regulación legal —y un indicador significativo del orden social— es que una sociedad se rija mediante leyes y sanciones penales. El sociólogo francés Emile Durkheim sostiene que, en las sociedades tradicionales, el orden social se basa en una solidaridad mecánica, sustentada en una división limitada del trabajo. En ellas, el derecho penal constituye el principal medio de identificación social. El delito y la posibilidad de castigarlo proporcionan una plataforma fundamental para gobernar.

En las sociedades modernas, el orden social requiere un sistema de identificación mucho más complejo: la solidaridad orgánica. Gobernar implica pasar de las leyes penales a un conjunto más amplio de relaciones jurídicas entre individuos y grupos. Estas incluyen los contratos, la propiedad y la responsabilidad extra contractual.

Simon sostiene que, en el pasado, la vida urbana era más violenta. Sin embargo, las ciudades europeas y norteamericanas experimentaron una disminución de la violencia desde el siglo XVI. Diversos académicos han atribuido ese descenso a la disciplina laboral, la educación moral y una mayor interioridad del individuo. Esta tendencia comenzó a debilitarse y a revertirse a partir de la década de 1940. Entre los años veinte y los setenta, las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos fluctuaron dentro de ciertos límites. Desde entonces, se produjo un aumento sin precedentes: el porcentaje de la población encarcelada se triplicó.

La disminución, limitación o abolición de la pena de muerte funciona como indicador de modernidad en las prácticas penales. En Estados Unidos, sin embargo, la pena capital ha resurgido, mientras que el miedo al delito se ha convertido en un tema dominante de la cultura política. El gobierno a través del delito se manifiesta de múltiples maneras: en los cambios en la actividad del Congreso y de las legislaturas estatales, cada vez más orientada hacia el sistema de justicia penal; en la marcada sobrerrepresentación del delito y el castigo como temas de campaña electoral; en la revitalización de diversas instituciones y en la atención obsesiva que los medios de comunicación dedican a estos asuntos. El delito se ha convertido en una metáfora preferente para expresar toda clase de ansiedades sociales. A su vez, el castigo y la retribución se presentan como mecanismos principales para resolver disputas de todo tipo.

En realidad, las sociedades industrializadas avanzadas no atravesaban una crisis del delito y el castigo, sino una crisis de gobierno que las llevó a dar prioridad a ambos. A esto Simon lo denomina «gobernar a través del delito». Se trata de emplear el delito y el castigo para orientar la conducta de los demás: el delito se convierte en el eje del gobierno.

Una explicación de este fenómeno se encuentra en el auge de las fuerzas políticas conservadoras, cuya retórica favorece el uso del derecho penal como instrumento de gobierno. Los conservadores han sostenido que el control social se está desmoronando y que el castigo es la estrategia más prometedora para remediar esa situación.

Estados Unidos y otras sociedades industrializadas avanzadas han reevaluado sus sistemas colectivos de distribución de riesgos, entre ellos la asistencia social, la educación pública, los seguros de desempleo y la indemnización de los trabajadores. Gobernar a través del delito constituye una respuesta a esta crisis: supone volver a estrategias destinadas a mantener un orden social precario e imponer un nuevo modelo de gobierno sobre la población. Las nuevas estrategias buscan que las personas «respondan» por sus actos y sean «responsabilizadas». En lugar de centrarse en controlar el delito, procuran hacer que la población se sienta segura.

La estrategia consiste en crear criterios objetivos para que los jefes regulen su propia conducta y la de sus colaboradores. También supone gobernar las comunidades mediante alianzas híbridas entre la policía, las aseguradoras y el voluntariado individual. La policía comunitaria, en la medida en que mantiene su atención en el delito, se convierte en una justificación central del mantenimiento del orden; sin embargo, también corre el riesgo de reforzar el gobierno a través del delito.

En el caso estadounidense, Simon ofrece dos claves para entender este fenómeno: la raza ha estado entrelazada con las prácticas del delito y el castigo, y el compromiso con la democratización ha mantenido una relación compleja con este modelo de gobierno. Gobernar a través del delito expresa un compromiso persistente con el gobierno democrático, pues permite recurrir al castigo para alcanzar el orden social. El crecimiento de las fuerzas policiales, de los aparatos penales masivos y del sistema burocrático de administración de justicia ha estrechado los vínculos entre el entusiasmo popular por la justicia penal y su aplicación. Estados Unidos parece profundamente comprometido con este modelo, que pone el énfasis en castigos arcaicos, como la pena de muerte y las cadenas de trabajos forzados.

Hay varias razones para abandonar esta estrategia. En primer lugar, gobernar a través del delito resulta demasiado costoso, debido a la expansión explosiva del gasto en la policía y los sistemas penales. En segundo lugar, no funciona: hay poca evidencia de que el sistema de justicia penal reduzca las tasas de delincuencia. En tercer lugar, dificulta que las comunidades puedan gobernarse mediante estrategias alternativas. La transferencia masiva de jóvenes de clase baja al sistema penal tiene consecuencias enormes para la gobernabilidad de la población a largo plazo. Por último, gobernar a través del delito erosiona la democracia.

La tesis de Jonathan Simon plantea que la lucha contra el crimen pasó de ser un servicio de protección ciudadana a convertirse en el principio ordenador del poder político, las leyes, la sociedad y la legitimidad estatal. El modelo de Nayib Bukele en El Salvador constituye una de las aplicaciones más crudas y paradigmáticas de esta tesis en América Latina. La «guerra contra las pandillas» se ha convertido en la narrativa central de la administración del Estado.

Según Simon, la pérdida de confianza en las instituciones de bienestar público lleva a los políticos a encontrar en la promesa de «seguridad» una narrativa capaz de unir a la población y justificar el poder estatal. Ante el agotamiento del sistema político de posguerra, Bukele construyó su mandato en torno a la erradicación de un enemigo interno: las maras. El debate público se organiza alrededor de la compasión por las víctimas y la venganza punitiva, mientras las garantías del debido proceso y los derechos humanos se presentan como «defensa de los criminales». En el discurso oficial, cualquier crítica a las detenciones masivas y a la suspensión de garantías se considera una forma de apoyo a las pandillas. El Estado sostiene que los derechos de los ciudadanos honrados deben prevalecer sobre el debido proceso de las personas procesadas. Así, las herramientas del derecho penal de excepción terminan normalizándose e incorporándose a la administración cotidiana de la sociedad. El régimen de excepción deja de ser una medida temporal y se convierte en una forma estructural de gobierno.

La suspensión de las libertades civiles constituye el mecanismo cotidiano mediante el cual el poder ejecutivo y las fuerzas de seguridad administran el país. El encarcelamiento masivo sustituye al gasto público en bienestar, y la prisión se convierte en el gran símbolo de la eficacia estatal. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es uno de los emblemas arquitectónicos más visibles del Estado salvadoreño. Esta megacárcel sirve como estandarte para consolidar el prestigio internacional y la retórica del régimen.

Según Simon, la sociedad comienza a organizarse en torno a la vigilancia, la clasificación de sospechosos y la gestión del riesgo. El Plan Control Territorial militariza las calles, las comunidades y los vecindarios. La policía y el ejército evalúan a las personas mediante criterios de perfilamiento, lo que establece un régimen de vigilancia intensiva. La presencia militar se convierte en una garantía habitual del orden público.

El modelo salvadoreño representa una de las formas más depuradas de lo que Jonathan Simon denomina «gobierno a través del delito». La criminalidad se trató como un catalizador político que permitió reformular las normas del Estado, legitimar la autoridad ejecutiva y reconstruir el contrato social salvadoreño sobre una premisa central: la seguridad