El Salvador: El Estado reemplaza a las pandillas como causa de migración.
Por: Mauricio Manzano.
El régimen de Bukele gasta millones de dólares en pautar videos en redes sociales para convencer al mundo de que El Salvador es el país más seguro del hemisferio, un paraíso tecnológico y el milagro económico del siglo. Sin embargo, la realidad material acaba de propinarle un baño de realidad a la narrativa oficial.
La reciente petición de 81 miembros del Congreso de Estados Unidos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los salvadoreños, que expira el 9 de septiembre de 2026. Los congresistas argumentan que El Salvador es incapaz de recibir a más de 200,000 compatriotas debido a tres factores letales: una crisis de derechos humanos, fragilidad económica y colapso institucional.
Esta noticia deja ver con claridad una paradoja aterradora: antes, nuestros hermanos necesitaban protección internacional para huir del terror de las pandillas; hoy, necesitan asilo para protegerse de su propio gobierno.
Durante décadas, la violencia de las maras fue el motor del éxodo salvadoreño. El TPS se justificaba porque el Estado era demasiado débil para proteger a sus ciudadanos de las bandas criminales. Hoy, la ecuación ha cambiado de la forma más perversa posible.
Las pandillas ya no controlan los barrios, pero el terror no ha desaparecido, simplemente cambió de uniforme. Antes la población tenía miedo a los tatuajes de los pandilleros, hoy temen al uniforme militar y policial. Ciertamente, la crisis de derechos humanos señalada por el Congreso estadounidense refleja lo que vivimos a diario bajo el régimen de excepción permanente. Hoy, un joven trabajador o un repatriado sin conexiones políticas corre el riesgo de ser capturado, torturado y desaparecido en las cárceles del régimen sin derecho a defensa. El Estado ya no es el garante de la seguridad, se ha convertido en el principal depredador de sus ciudadanos, especialmente, de los más vulnerables.
El segundo argumento de los congresistas estadounidenses es la «fragilidad económica» de El Salvador. Esto destroza el espejismo de la dictadura de Neón del gobierno ilegal.
Mientras el régimen organiza certámenes de belleza, conciertos y promueve el uso del Bitcoin para las élites extranjeras, el país está quebrado. Con una deuda pública asfixiante y el asalto sistemático a los fondos de pensiones, el sistema es incapaz de generar empleos formales. Si 200,000 salvadoreños regresaran hoy, no encontrarán el «país del futuro» que muestran en TikTok, Facebook y otras redes sociales. Encontrarán una canasta básica inalcanzable, desempleo, un campo abandonado y el peligro de ser detenido y encarcelado. El gobierno los necesita enviando remesas desde el exilio, porque si regresan, el casino económico que ha montado colapsaría en cuestión de semanas por la presión social.
El tercer punto es la consecuencia directa de haber desmantelado la democracia. Cuando sustituyes a jueces independientes por magistrados sumisos, y cuando la Asamblea Legislativa legisla hasta con «votos fantasma» que solo obedecen a Casa Presidencial, el Estado pierde toda capacidad de atender a su población. Los diputados del régimen solo sirven para «puyar un botón», no para diseñar políticas públicas de reinserción o bienestar social.
En conclusión.
La petición del Congreso de Estados Unidos para extender el TPS es un acto de humanidad hacia la diáspora, pero también es el certificado internacional de fracaso de la dictadura salvadoreña. Un gobierno que presume ser el mejor del mundo no debería tener a cientos de miles de sus ciudadanos rogando en el extranjero para que no los devuelvan a su patria. El espejismo se está cayendo a pedazos: hemos pasado de huir de las extorsiones de las pandillas, a huir de la persecución política, la miseria y el autoritarismo del propio presidente. La verdadera seguridad no consiste en llenar las cárceles de inocentes, sino en construir un país al que sus hijos deseen regresar.