El arresto de 110 colombianos miembros de una banda dedicada al lavado de dinero para carteles del narcotráfico internacional, abre interrogantes sobre episodios anteriores en El Salvador.
La captura de los ciudadanos colombianos José Antonio Potes Cáez y Manuel Fernando Castrillón el pasado 27 de enero, en el marco del régimen de excepción decretado por el Gobierno de Nayib Bukele, destapó uno de los episodios protagonizados por las autoridades y menos difundidos en este país y que las revelaciones de ayer ponen en duda.
Los dos fueron interceptados por elementos policiales en el reparto Las Margaritas, municipio de Soyapango, ubicado al este de la capital, estigmatizado como uno de los vecindarios populosos bajo control de las bandas delincuenciales, y donde ahora supuestamente viven colombianos a los que el Gobierno dio 72 horas para marcharse.
Fue un arbitrariedad la detención de Potes Cáez y Castrillón, o en realidad era parte de lo que ahora denuncian las autoridades salvadoreñas, es una pregunta que muchos se hacen ahora.
Durante los últimos días desarrollamos investigaciones conjuntas con la Dirección de Migración y la Policía Nacional Civil sobre la forma en que operaba una red de colombianos que se hacían pasar por microfinancieras que no estaban registradas, informó el Fiscal General, Rodolfo Delgado, en conferencia de prensa.
Dijo el magistrado que, fruto de dichas actividades delictivas, desde 2021 hasta la fecha se hicieron remesas de más de 20 millones de dólares hacia Colombia.
La red de estafa operada por colombianos ofrecía créditos a un 20 por ciento de interés y posteriormente realizaban cobros a las personas que caían en sus engaños, precisó la FGR.
Cuando una víctima no podía pagar los préstamos, los garroteros usurpaban su identidad, obtenían sus cuentas y trasladaban el dinero al extranjero.
Las primeras pesquisas realizadas por las autoridades permitieron el arresto de 110 personas, la mayoría colombianos que residían en diferentes colonias del país, pero sobre todo en Soyapango, en esta capital.
El dinero que los colombianos prestan ingresó al país a través de remesas, según las autoridades, desde hace dos años y medio, sin embargo, creen que podría tener relación con el narcotráfico y las pandillas.
El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, explicó que se trata de una estructura criminal creada en 1998, relacionada con el narcotráfico internacional y con presencia en otros países de América Latina.
Los anteriores colombianos arrestados y centro de una campaña contra El Salvador, apoyada incluso por la embajada de Estados Unidos, brindaron testimonios que lo apartaban de estas acciones denunciadas la víspera, sin embargo, un tufo extraño comenzó a rondar sus casos. (PL)
