La presente semana finalizó con el reporte de 26 cuerpos encontrados en cementerio clandestino en Nuevo Cuscatlán
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que se extrajeron 26 cuerpos en el cementerio clandestino ubicado en Nuevo Cuscatlán. Los restos de los hermanos Guerrero Toledo y la futbolista Jimena Ramírez se encontraron en ese lugar el año pasado.
Residentes de Nuevo Cuscatlán manifestaron que hay temor en la zona por todos estos hallazgos.
Para Saúl Baños, abogado y defensor de derechos humanos, hay datos que dan cuenta que entre 2002 y 2004 se inició con las prácticas de fosas o cementerios clandestinos. Señala que uno de los primeros casos que acaparó la atención mediática fue el hallazgo en 2005 de los restos de varias personas en un cementerio clandestino en la comunidad Iberia en San Salvador.
Además, entre 2005 y 2013 la Fiscalía General de la República reconoció haber trabajado en alrededor de 80 cementerios clandestinos. Mientras que entre 2014 y 2016 las autoridades identificaron 158 cementerios clandestinos donde yacían restos de centenares de víctimas, muchas de las cuales habían sido reportadas previamente como desaparecidas.
El abogado defensor de los derechos humanos manifiesta que hay que preguntarse ¿Qué tan confiables pueden ser las cifras de homicidios que las autoridades correspondientes revelan? Baños dice que estas cifras están orientadas a hacer creer que el Plan de Control Territorial es efectivo.
El actual Gobierno ha mantenido la campaña de cero homicidios en el país. Sin embargo estos hallazgos muestran como en el país las muertes siguen enlutando a decenas de familias que demandan de las autoridades apoyo para encontrar a sus familiares desaparecidos.
Ante el hallazgo, cada vez más frecuente de cementerios clandestinos, el abogado Saúl Baños señala que las autoridades deben tomar otras medidas, como garantizar una investigación diligente, objetiva, que permita identificar y localizar a todas las víctimas y solicitar asistencia técnica por la gran cantidad de personas encontradas en fosas. Además, la Asamblea Legislativa debe retomar las propuestas de ley para atender los casos de personas desaparecidas y que haya una estrategia comunicacional con organizaciones de Derechos Humanos.
