Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
La remoción el pasado fin de semana de la Sala de lo Constitucional como del Fiscal General de la República, son de hecho un tácito golpe de estado, pues de facto se somete al poder judicial en pleno a los intereses y caprichos del ejecutivo, beneficiado último de estas acciones; tanto una como la otra, son simplemente ilegales e inconstitucionales al violentarse todo principio de legalidad, quebrantando al estado de derecho.
Es decir, han supuesto los nuevos diputados asambleístas, que el caudal de votos que les respalda no es sino un cheque en blanco para asumir sus cargos con la arrogancia del fascista, siendo también sumisos servidores del ejecutivo, al que someten su investidura irreflexiva e incondicionalmente, en menoscabo de la institucionalidad mientras favorecen al oscurantismo más atrasado e irreflexivo.
¿Será el soberano beneficiado de algún modo o en alguna medida de esta forma?
De ningún modo, pues mientras la institucionalidad es erosionada y corrompida sin paralelo en el pasado reciente, tampoco los derechos del ciudadano promedio se fortalecerán, pues las libertades de pensamiento, expresión, reunión y hasta movilización se verán rápidamente comprometidas en éste escenario, limitándolos primero y luego reduciéndolos hasta desaparecer casi en un parpadeo, en el ánimo de anular los focos de resistencia que la moralidad intelectual opongan a la dictadura, para lo que además utilizará los recursos tanto de la FGR como del poder judicial cooptados, en un esfuerzo por silenciar judicialmente toda oposición a la birria del ejecutivo, dando rienda suelta a los linchamientos judiciales y mediáticos en contra de quienes se señalen como opositores.
De ahí a la represión armada, solo hay un pasito.
Estas acciones no han pasado por alto incluso para quienes en el pasado las alentaron cuando el arribo de la democracia amenazara la tradicional forma de hacer negocios en nuestro país – siempre sujeta al amiguismo y al compadrazgo mientras se expolió al estado – , el alto empresariado, que ya advirtió los efectos negativos que ello tendrá precisamente para los negocios, pues sujeta como esta nuestra economía a los organismos crediticios internacionales, y condicionando estos a la observancia del estado de derecho los créditos, supone un escollo por lo dependientes como somos a la constante inyección de fondos, existiendo en ello una consecuencia adversa que sin duda no fuera considerada.
O quizás sí.
Es probable que la apuesta ejecutiva será la de trasladar la deuda a otro acreedor, a China, suponiendo que ella abrazará alegremente este giro, beneficiándose de la tradicional no intromisión en asuntos internos que la política china práctica en sus relaciones bilaterales, lo que no aplica en este caso puesto que, si bien China busca hacer negocios, también busca hacerlos con socios confiables, lo que el voluble régimen salvadoreño no supone.
Como sea, la más grave consecuencia del auto golpe junto al retroceso que supone será la impunidad, que se profundizará gravemente, anulando por entero el acceso a la justicia, redundando en la práctica desaparición del estado de derecho, anulando per sé la viabilidad del estado.
*Educador salvadoreño
