Con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, en junio de 2019, se suprimieron 5 secretarías y se realizaron casi 3 mil despidos en diferentes instituciones del Estado.
Ante esta situación, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, el Movimiento de Trabajadores Despedidos y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, exigen a la Corte Suprema de Justicia mayor celeridad en los procesos de amparo interpuestos por los afectados.
Las organizaciones reconocen y califican de positiva la pronta admisión de amparo de algunos exfuncionarios que ya gozan de la medida cautelar de reinstalo. Los trabajadores despedidos consideran que, por justicia, sus casos también ameritan ser atendidos.
Al respecto, Eduardo Bernal, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos, considera que sus casos cuentan con elementos de valor para que estos puedan ser admitidos y se dé una resolución que les favorezca.
El pasado 8 de diciembre, el Movimiento de Trabajadores Despedidos presentó una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que se adjuntó más de 200 expedientes de demandas que tienen 1 año de haber sido presentadas.
Saúl Baños, director ejecutivo de Fespad, manifestó que las demandas interpuestas ante la Sala de lo Constitucional no tienen plazos establecidos según la Ley de Procedimientos Constitucionales, dejando en un limbo a los demandantes, ya que pueden esperar meses o años para que se emita una resolución.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral, el Movimiento de Trabajadores Despedidos y FESPAD, demandan de la Corte Suprema de Justicia que actúe de acuerdo con el principio de pronta y cumplida justicia, resolviendo de inmediato las demandas de amparo interpuestas.
Además, instan a los magistrados de lo Contencioso Administrativo, Cámara y Juzgados de lo Laboral a retomar diligentemente los expedientes de los servidores y servidoras públicos afectados por las ilegalidades cometidas por el gobierno del Presidente Nayib Bukele, también hacen un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a la Organización Internacional del Trabajo, OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH para que estén vigilantes de las vulneraciones de los derechos laborales que enfrentan los trabajadores del sector público.
