La demanda político-reivindicativa de larga data, que se presentó ante el gobierno el pasado Día Internacional de la Clase Trabajadora, fue retomada por la Presidencia de la República, esta vez no como una respuesta efectiva al planteamiento sindical, sino más bien como otra cortina de humo que vaya diluyendo las posibilidades de agrupamientos bastante heterogéneos y las potencialidades que se demandaron en las movilizaciones pasadas con motivo de la conmemoración del bicentenario de la independencia.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
En mucho el tema de las pensiones ha sido un libro abierto donde se conjugan intereses sectarios que no permiten establecer una reforma previsional con toda integralidad—eso significa que la misma de hacerse y aprobarse, debe tomar en cuenta todos los elementos que una reforma de este tipo conjuga, luego del favorecimiento de la deuda estatal en la pasada reforma del 28 sept/2017. Donde se presentó una reforma integral por la clase trabajadora, que recogía elementos importantes para los intereses de la clase trabajadora formal (20-25%) e informal (75-80%) y siendo esta población la más afectada, por estar fuera del actual sistema previsional, en tanto es una población sin derechos, por no cotizar al sistema, y de la que poco o nada se ha hecho para rescatar una pensión solidaria, no contributiva.
También la propuesta que se trabajó en 2017, retomaba rescatar el sistema de reparto con la creación de un nuevo instituto público previsional, dejando sin solución lo que implicaría el desaparecimiento de las actuales instituciones públicas previsionales del INPEP y el ISSS; en tanto que el sistema de cuenta individual administrado por las AFP, rompe con principios como la solidaridad, la universalidad, y no se rige bajo un sistema de cuotas escalonadas, para conservar la rentabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones. La rentabilidad implicaba un aumento de la cotización para los empleadores de un punto y manteniendo el porcentaje para las personas trabajadoras.
En cuanto a los beneficios—es una de las partes más difíciles de conciliar—en tanto el anterior sistema público, sustituido por el sistema de las AFP, daba pensiones con un cálculo de tasa de reemplazo hasta del 100% con una cantidad de 35 – 40 años de servicio. Después de la reforma (1996) el cálculo se modificó y se elevó a 52 años lograr el 100%, se incorporó el índice de precios al consumidor; y en el sistema privado previsional de cuentas individuales, el cálculo dependía del devengue de altos salarios, de una fuerte estabilidad en el empleo y de una administradora con inversiones de los fondos de pensión rentables, sostenibles y sustentables. Estas variables como todos sabemos no se disponen y sobre todo la deuda previsional acumulada del Estado ha llevado al deterioro de la rentabilidad de los fondos.
Ese alto endeudamiento público que hoy sobrepasa con creces las posibilidades de una reducción sustancial y, que sumado a la manera como el actual gobierno gasta los recursos disponibles, determina un panorama de ahogo en la rentabilidad de los fondos y sostenibilidad financiera del sistema previsional. Lo que es uno de los factores más difíciles de resolver, por cuanto el beneficio para la clase trabajadora no es sólo garantizar una pensión, sino disponer de una suficiencia del beneficio, lo cual es una de las mayores críticas que enfrenta el actual sistema de pensiones.
La manera como se va administrar el sistema previsional, también manifiesta una enorme debilidad, ARENA se encargó de desacreditar el sistema del INPEP y del ISSS, sobre malos manejos y corrupción, en la base de que lo público no funciona y lo privado per se es siempre mejor y exitoso, el sistema privado colapsó cuando el cambio de un sistema a otro comenzó a tener problemas de financiamiento—en tanto el sistema mantiene una irreversibilidad, capturándose a los menores de 35 años, lo cual ha implicado una período largo de acumulación de las cotizaciones, antes de dar pensión, se incrementó de 15 años a 25 años el tiempo mínimo de servicio; y sólo va quedando la edad como un requisito que la tendencia va llevando a que se aumenten a mayor de 60 años.
La manera de anunciar el ante proyecto, y lo complicado políticamente del tema, hace que sea una cortina de humo en momentos donde las condiciones de país van agotando la viabilidad que se requiere. El tema del presupuesto en este mes está a la espera de que haya condiciones en la economía que garantice mayores ingresos al Estado, sin embargo, no se ve claro, la propuesta según lo que se oye es: a) prioridad las personas trabajadoras que cotizan y las que no lo hacen; b) el Estado y c) las AFP. El negocio es rentable para éstas últimas, y si no se toca al capital, la situación puede verse muy perjudicial a los intereses de la gente.
*Sindicalista salvadoreño
