EL FARO REVELA OTRO CASO MÁS DE CORRUPCIÓN. Presidencia Bukele favoreció con $1.13 millones a empresa de Porfirio Chica.
Documentos de BANDESAL y Presidencia obtenidos por El Faro prueban que una empresa de Porfirio Chica fue favorecida con un proyecto de $1.13 millones en “cooperación no reembolsable”. Chica es un operador de propaganda que ha vendido comunicación a gobiernos del FMLN y Bukele. Desde 2019, sus empresas son las mayores contratistas en comunicación.
Por: Daniel Reyes y Sergio Arauz.
A solicitud de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia (SECOM), la Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) aprobó el 22 de abril de 2026 una “cooperación no reembolsable” de $505,140.20 en cuatro entregas de $126,285.05. El monto total solicitado para el proyecto suma $1,136,565.45, según la solicitud de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia obtenida por El Faro. En el expediente del Banco, esta Secretaría aparece como “grupo de interés”, concepto usado en el primer cheque girado el 21 de mayo de 2026 a nombre de la empresa privada LARED.
Según el expediente del banco, los accionistas de LARED son Porfirio Chica, su hijo Paolo José Chica Ricárdez y Jacqueline Yesenia Moreno Herrera. Chica fundó la empresa en 2014 con Geovani Galeas, dos figuras notorias de la red de noticias falsas y desinformación utilizada por el bukelismo para imponer narrativas y amplificar mensajes en todas las redes sociales. Aunque en 2026 Galeas ya no aparece como accionista en los registros públicos, sí es mencionado como participante del proyecto financiando por Bandesal.
En lugar de competir vía ley de compras públicas, el subsecretario de Comunicaciones, Andrés Ortiz, pidió a Bandesal beneficiar con “cooperación no reembolsable” a la empresa familiar de Chica.
Ortiz, el subsecretario que firma la solicitud, fue programador en una empresa conocida como “Búnker”, perteneciente a Blue Group S.A. de C.V., empresa matriz que funcionaba como agencia de marketing digital y que se promocionaba como la «red de influenciadores más grande a escala nacional».
Ortiz fue procesado judicialmente en 2015 junto a la que hoy es su jefa, la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, en un caso que fue conocido como «troll center», donde se les acusó de clonar los sitios de los dos periódicos impresos de mayor circulación en El Salvador: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, para difundir noticias falsas contra adversarios de Nayib Bukele, cuando era alcalde capitalino. La Fiscalía capturó a Ortiz el 11 de noviembre de 2015, pero él y los otros cuatro acusados llevaron el proceso en libertad, con medidas sustitutivas a la detención. En diciembre de 2017, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla absolvió a los cinco procesados al concluir que no hubo clonación de sitios web: habían hecho un sitio web distinto con otra dirección.
El Faro tuvo acceso a un expediente de la Presidencia en el que aparece la carta del 9 de abril de 2026, firmada por Ortiz, dirigida al presidente de Bandesal, Nelson Rivas, en la que se le solicita cooperación no reembolsable para la iniciativa “Monitoreo y análisis de la percepción ciudadana sobre servicios financieros digitales del Estado”. La carta establece pagos por un periodo de ocho meses, de mayo a diciembre de 2026, con montos mensuales de $126,285.05. La empresa de Chica ofreció el servicio por nueve meses, con lo que lo recibido sumaría $1,136,565.45, como consta en el documento.
El servicio ofrecido por la empresa de Chica fue aprobado el 22 de abril por la Junta Directiva del banco, 13 días después de recibida la carta del subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.
Según consta en el acta de la sesión JD/22-2026, del 22 de abril de 2026, la Junta Directiva de Bandesal autorizó $505,140.20, que son cuatro de las nueve entregas mensuales que la Presidencia solicitó por $1,136,565.45. La Junta dio el visto bueno antes de que el banco pusiera por escrito quiénes son los dueños de LARED, la empresa que cobraría. Eso quedó en evidencia cuando un día después del visto bueno, el 23 de abril de 2026, se registró el trámite “Conoce a tu cliente”, un proceso interno de la institución para identificar formalmente a los dueños de LARED.
El estudio técnico que el propio banco exige como requisito llegó después de que la Junta aprobara los $505,140.20. Esa parte del proceso está escrita como una condicional en el formulario COM02-2026 que establece las políticas internas de la institución. Dice el documento: “de contar con la aprobación de Junta Directiva, se considera factible el apoyo”.
El memorándum que ordenó emitir el cheque se justifica en siete documentos, pero ninguno es un contrato firmado, y la única cotización del expediente es la de la empresa que cobró, de modo que no hubo un precio de referencia ni competencia. Es un proceso anómalo al igual que el desembolso de fondos públicos en el que hubo incumplimiento en el orden de los procesos de revisión del banco, según sus políticas internas. Esto consta en el expediente que el secretario de la Junta, Joaquín Alberto Montano Ochoa, cerró el trámite declarando que el punto y sus anexos son “información confidencial (…) debido a que contiene información de secreto comercial”. Pero el mismo banco publicó los documentos el 16 de julio de 2026 en el Portal de Transparencia de Bandesal.
Aparte de esa «cooperación no reembolsable», en ese mismo trimestre, BANDESAL resolvió otras dos solicitudes y las publicó completas en la misma casilla. La Asociación de Músicos de Puerto El Triunfo pidió instrumentos para la Jiquilisco Latin Band y recibió $2,200.00.
Camila Soundy pidió patrocinio para imprimir 200 libros de cuentos de la escritora Yanira Soundy y recibió $2,262.00. Los tres memorandos que ordenaron los cheques llevan la misma fecha, el 15 de mayo de 2026, y los firmó la misma gerente, Maya León.
En los dos expedientes por montos mucho más pequeños, el banco escribió que había comparado el precio con el mercado: “al precio regular en el mercado, el precio por los instrumentos no presenta sobrecostos significativos” en el de la banda. Lo mismo en el otro proyecto: “el precio por libro evaluado no presenta sobrecostos significativos” , dice en el expediente de financiamiento del libro de cuentos.
En las 59 páginas del expediente de LARED no hay una comparación de su precio con el mercado, como la que Bandesal hizo en los otros dos apoyos. Según el sitio de Transparencia, en el expediente solo figuró una oferta de servicios por $1.13 millones de LARED.
Los servicios de LARED
El informe de abril de 2026, anexo en el expediente de Bandesal, incluyó a Última Hora entre los medios monitoreados.
La relación entre Última Hora y LARED consta en los registros mercantiles: Chica participó en la constitución de Última Hora en 2015 como “administrador único suplente” . En el caso de LARED, en el apartado de “Propiedad, planta y equipo” de la auditoría de sus estados financieros aparece el registro de $113,474.69 bajo la etiqueta “Otras inversiones (Periódico Digital Última Hora)”.
El mismo anexo contiene 41 enlaces a publicaciones en la cuenta de X de Porttada, otro portal digital cuya marca figura a nombre de VIRAL, S.A. de C.V. y que también difunde desinformación y propaganda a favor del régimen. También aparecen otros 51 enlaces de Última Hora, siendo este de los más monitoreados y lo que permite concluir que el Estado pagó a Chica, en parte, por monitorear su propio sitio y cuentas de redes sociales.
En el resto del documento se consigna haber monitoreado también medios como The New York Times, Reuters, Bloomberg y BBC Mundo.
El memorándum fechado el 15 de mayo de 2026, consigna que la Secretaría de Comunicaciones confirmó la “recepción del entregable a satisfacción” y solicitó el primer desembolso para LARED. El expediente incorpora una factura del 5 de mayo por el servicio de monitoreo “correspondiente al mes de abril de 2026” y, después de los documentos de pago, el informe titulado “Monitoreo y Análisis de la Percepción Ciudadana sobre Servicios Financieros Digitales del Estado Abril 2026”.
En el mismo documento y bajo el título “¿Qué hablan los medios negativos?” LARED agrupó a El Faro, Revista Factum, ContraPunto, GatoEncerrado, Diario Co Latino y El Diario de Hoy, junto a organizaciones y medios internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y The Washington Post, en un listado donde se les atribuyen distintas investigaciones y noticias que representan “POSIBLES RIESGOS”.
A El Faro se le atribuyen tres menciones sobre distintas investigaciones, sin precisar títulos o enlaces. Se describe una investigación como “presuntas irregularidades en los criterios de selección de beneficiarios de créditos del Banco de Desarrollo”, ante lo que LARED recomendó divulgar información sobre sus créditos para “retomar el control de la narrativa ante cuestionamientos mediáticos y legislativos” y “blindar la reputación del banco frente al escrutinio público».
El servicio ofrecido por LARED, no se plantea como algo limitado a recopilar noticias: es una maquinaria que clasifica e identifica a los actores que las publican, propone acciones para modificar la percepción pública y propone la ejecución de proyectos que van desde el lanzamiento de una campaña institucional para “neutralizar las críticas” a lanzar un programa para “mitigar el riesgo de percepción negativa” y establecer un protocolo de comunicación cuyo efecto esperado es “la reducción de narrativas negativas en redes”.
El sobreprecio y la oferta única de LARED
La cooperación de Bandesal no fue el primer negocio de Chica y sus sociedades con el Estado. El Faro revisó 12 adjudicaciones, del 2009 al 2026, entre instituciones de diferentes gobiernos y sociedades de Chica y su familia. El historial atraviesa la llegada del primer gobierno del FMLN hasta el de Bukele. Cuatro de esas adjudicaciones fueron directamente para LARED: una del Ministerio de Vivienda en 2025 y tres de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial en 2026.