Hemos leído: NORMALIDAD, CONFLICTO PSÍQUICO, CONTROL SOCIAL.

POR JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO.

Vytautas Antanas Dambrava fue un diplomático, periodista y defensor de los derechos humanos, de origen lituano. En 1988 publica, en español, “El uso de la psiquiatría en la Unión Soviética”. En esta obra sostiene que el régimen soviético instrumentalizó la psiquiatría para neutralizar la disidencia política. En lugar de enviar a todos los opositores a los campos forzados o de ejecutar juicios públicos que atrajeran la condena internacional, el Estado optó por declarar “enfermos mentales” a intelectuales, activistas de los derechos humanos, religiosos y nacionalistas.

Los objetivos de tales diagnósticos eran dobles: por un lado, aislar físicamente al disidente de la sociedad, recluyéndolo en hospitales psiquiátricos cerrados; por otro, invalidar de manera automática sus ideas y argumentos ante la opinión pública, haciendo parecer que sus críticas al régimen provenían de una mente trastornada.

Las condiciones de reclusión en estos “hospitales carcelarios” eran terribles. Eran administrados por personal médico subordinado a la policía secreta. El tratamiento aplicado a los pacientes-prisioneros incluyó la administración de neurolépticos, inyecciones de insulina y castigos corporales o psicológicos severos.

Enrique Guinsberg, psicólogo argentino-mexicano, publica en 1990 “Normalidad, Conflicto Psíquico, Control Social: sociedad, salud y enfermedad mental”. Allí plantea que, históricamente, la noción de salud mental ha funcionado como un instrumento de adaptación y control social. Asimismo, analiza que la idea de normalidad es una construcción social que permite distinguir lo aceptable de lo patológico. Sin embargo, el malestar psicológico no se entiende únicamente como un problema individual: es el resultado de tensiones culturales, económicas y sociales.

Del mismo modo, el autor sostiene que psiquiatras y psicólogos han actuado como “guardianes de la normalidad”, reforzando normas y valores dominantes. Así, la salud mental termina convirtiéndose en un mecanismo de regulación social. En esa línea, critica la definición de salud mental como el bienestar físico, social y psíquico, señalando que es utópica y poco aplicable en la práctica. Dado que influyen directamente en la salud mental la pobreza, la enfermedad física y la desigualdad, y que también moldean la subjetividad los medios de comunicación y las instituciones, la “neutralidad” del concepto se vuelve cuestionable.

El libro de Guinsberg está estructurado en tres capítulos y un apéndice. El capítulo uno funciona como introducción a la relación entre hombre y sociedad: el autor examina los conceptos de salud y enfermedad mental, así como el vínculo entre la psicoterapia y la sociedad. El capítulo dos revisa los temas de salud, enfermedad y conflicto en la obra de Sigismund Freud e incluye, además, perspectivas de Melanie Klein, Wilhelm Reich, Karen Horney y Heinz Hartmann. En el capítulo tres, Guinsberg cuestiona las nociones de “salud” y “enfermedad mental”. Discute el sentido y las causas de la “locura” y de las “curaciones”, repasa la evolución de la antipsiquiatría y formula críticas a ese movimiento.

En el apéndice incluye dos textos: la práctica psicoterapéutica en sectores populares y su relación con el marxismo, y el trabajo argentino en salud mental entre la teoría y la práctica. En conjunto, Guinsberg sostiene que el entorno social influye y determina los conceptos de salud y enfermedad. El individuo está vinculado a su estructura social y, en ese marco, los conceptos de salud y enfermedad mental se superponen con esa dimensión. Plantea que la psiquiatría y la psicología han operado históricamente para normar conductas. Pero advierte que la salud mental no puede entenderse solo como un problema biológico e individual: es también un asunto social, político y cultural. En esa perspectiva, el “loco” y el “sano” son categorías puramente médicas.

No hay individuo sin contexto social, y la neurosis puede leerse como una respuesta a contradicciones sociales. Las psicoterapias dentro del orden establecido cumplen un papel con objetivos y límites: no es posible “curar” a alguien si se le devuelve al mismo contexto que lo enferma. De nada sirve “curar” a una persona si se la reintegra a la pobreza, a la represión y a la violencia que la enferman. Desde esta lectura, la psiquiatría y la psicología tradicional convierten problemas sociales en “enfermedades individuales”.

Para el autor, la salud mental debe ser crítica y comunitaria. Propone implementar psicoterapias con perspectiva política y desarrollar trabajo en sectores populares. Enfatiza que la salud mental y la normalidad no son conceptos neutros: son herramientas de control social. La psiquiatría y la psicología tradicionales sirven para adaptar al individuo a una sociedad enferma, en lugar de cuestionar esa sociedad. La “normalidad” equivaldría a adaptarse al sistema capitalista; “sano” sería quien produce y no molesta. A la vez, la sociedad genera contradicciones que enferman, por lo que la psiquiatría y la psicología tratan al “enfermo” como si el problema residiera solo en él. El poder, en última instancia, define qué se considera normal.

Aunque su propuesta destaca por una práctica psicoterapéutica en sectores populares, el autor critica que las comunidades terapéuticas y la antipsiquiatría cayeron en el idealismo o fueron cooptadas. Sostiene que, en América Latina, se importan modelos europeos sin reconocer con suficiente claridad la realidad de la pobreza y la represión en los intentos locales. Por ello, propone vincular la psicoterapia con el marxismo: la terapia debe ser política. Su libro obliga a preguntarse si psiquiatras y psicólogos están “curando” o, en realidad, domesticando.

En El Salvador, el régimen de Bukele tiende a configurarse como un ecosistema penal-securitario: sus ejes son la seguridad y lo penitenciario. En contextos de “seguridad total” y expansión del poder punitivo, la atención mental puede operar en dos direcciones: como infraestructura para el tratamiento o como herramienta de normalización y disciplinamiento. En un entorno así, la salud mental corre el riesgo de quedar subordinada a la gestión de riesgos sociales y policiales, más que orientada a garantizar derechos, reinserción y garantías efectivas. Cuando el Estado utiliza el sistema penal como herramienta dominante, cualquier intervención en salud mental puede transformarse en un instrumento de normalización, en vez de priorizar derechos, garantías y rehabilitación.

Aunque el control grueso se ejerce desde el sistema penal, la forma del control social puede transitar por el lenguaje clínico—conducta, desorden, riesgo, trastorno e inadaptación—, que puede servir para justificar medidas coercitivas, reducir la complejidad social a fallas “individuales” y convertir relatos de víctimas o testigos en “síntomas” interpretados desde una institución. En escenarios de detención masiva y debilitamiento del debido proceso, la evaluación psicológica puede utilizarse para encajar a las personas en marcos que facilitan el control, más que para reconocer el contexto de violencia