ANUNCIO CONFUSO.

Retirada táctica obligada por el colapso.

El poder recula disfrazado de «clemencia».

Por: Mauricio Manzano.

El anuncio del gobierno de bukele de evaluar una libertad anticipada y condicional que podría alcanzar hasta el 50% de los más de 92,000 detenidos bajo el régimen de excepción no es un detalle menor; ¿sera que este anuncio es la confesión indirecta de que el modelo de encarcelamiento masivo ha llegado a su punto de quiebre físico, financiero y político? ¿No es el órgano judicial quien tiene esa potestad de juzgar, condenar, revisar penas? ¿Está aceptando que son inocentes? ¿o lo hace por presión social despues de haber sido acusado de dictador? ¿Que otras intensiones oscuras hay detrás de esta decisión?

Analicemos estas preguntas con la frialdad de los datos y la agudeza de la realidad.

¿No es el órgano judicial quien tiene la potestad de juzgar y revisar las penas de los privados de libertad? En teoría y por derecho Constitución, sí. En una democracia con separación de poderes, la potestad de juzgar, condenar, revisar penas o conceder libertades condicionales recae exclusivamente en los jueces y tribunales del Órgano Judicial.
Sin embargo, en la realidad de El Salvador actual, donde la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y colocó jueces a medida del gobierno, el Ejecutivo opera como el centro absoluto de gravitación. Cuando el presidente anuncia desde la tribuna gubernamental que su administración «evalúa» o «implementará» un programa de liberación masiva, demuestra que el sistema judicial no es un contrapeso independiente, sino una ventanilla de trámite para los planes políticos del gobernante, que segun Latinobarómetro opera como una Dictadura.

¿Está aceptando la Dictadura que son inocentes Oficialmente no, en la práctica lo insinúa a medias. El diseño técnico de esta «libertad condicional o anticipada» no plantea que los reclusos sean absueltos de sus delitos ni declarados inocentes. El discurso oficial apunta a evaluar «las circunstancias en las que vivían», es decir, la presión de vivir en zonas dominadas por pandillas, y su grado menor de responsabilidad como «colaboradores».
No obstante, la confesión es lapidario, porque durante años, el discurso oficial sostuvo que el margen de error era mínimo y que todos los capturados eran criminales irrecuperables, «nunca más van a salir», dijo Bukele. Abrir la puerta para sacar a miles y miles de personas es el reconocimiento expreso de que las cárceles se llenaron de gente periférica, de eslabones débiles, y de una inmensa cantidad de «daños colaterales» que el Estado ya no puede seguir justificando retener.

¿Lo hace por presión social, internacional o económica? Es una mezcla de factores que ya hacían insostenible el modelo. El colapso financiero y logístico es evidente. Mantener a más de 92,000 personas tras las rejas bajo un sistema penitenciario militarizado cuesta una cantidad colosal de recursos públicos. No se sabe con precisión el costo diario de cada recluso, pues el gobierno no revela los datos. Según los cálculos independientes, de analistas, estiman que el costo diario por persona privada de libertad ronda los $5 dólares, unos $1,200 a $1,400 al año por reo. Es decir, el Estado salvadoreño estaría gastando más de 128 millones al año, aunque no sabemos con exactitud, probablemente sea mayor. Lo cierto es que ningún país en desarrollo puede sostener indefinidamente una masa carcelaria de ese tamaño sin arruinar su economía interna. El sistema simplemente se está asfixiando a sí mismo.

Por otra parte, Las alertas constantes de organismos globales sobre crímenes de lesa humanidad, sumadas a la presión diplomática, como los recientes movimientos y conversaciones con actores de la política exterior estadounidense, han cercado al régimen. La imagen del «dictador cool» que basa su popularidad en el encierro masivo empieza a cobrar una factura geopolítica insostenible.

Además, este anuncio lleva implicito un cálculo político post-electoral. Ya consolidados los espacios de poder interno, el régimen se enfrenta a la fase de administración de su propia creación. Mantener el miedo eterno ya no genera los mismos dividendos económicos, y la olla de presión social de miles de familias de inocentes exigiendo respuestas comenzó a volverse un polvorín peligroso.

Evidentemente, hay un cambio de estrategia. Comparemos lo que se decía ayer, y lo que se dice hoy.

Lo que se decía antes: el relato: «Todos los detenidos son pandilleros y terroristas puros»
«Jamás van a salir de la cárcel; pagarán con cadena perpetua o penas máximas». «El sistema carcelario es sostenible y perfecto»

Lo que se dice hoy, la realidad del anuncio: «Hay que evaluar el grado de responsabilidad y las circunstancias de los colaboradores. «Se evalúa un programa de libertad anticipada y condicional bajo monitoreo». Las cárceles están al borde del colapso financiero y logístico.

En fin, este giro demuestra que la propaganda tiene un límite físico. Cuando se gobierna a base de espectáculos punitivos, llega un momento en que la realidad material, el costo de las cárceles, el grito de las familias de los inocentes y el cerco internacional, obliga al poder a recular disfrazando de «clemencia» o «evaluación técnica» lo que en realidad es una retirada táctica obligada por el colapso. Ningún gobernante rectifica por bondad lo que antes defendió a gritos; lo hace cuando las matemáticas del poder y el peso de la realidad ya no le dejan otra salida. Las mentiras pueden sostenerse por un tiempo mediante el miedo, pero la realidad siempre termina pasando la factura. Un sistema que encarcela sin justicia tarde o temprano se ahoga con sus propias cadenas.