El discurso disruptivo, imagen milenial y uso de las tecnologías de la comunicación que caracterizan a Nayib Bukele explotaron a su favor el cansancio y rechazo de la población a la política tradicional. El presidente comenzó su gestión apoyado en tres grandes pilares: un mayoritario respaldo social, el apoyo del Ejército y la Policía, y una positiva proyección internacional. Sin embargo, en apenas dos años, Bukele destruyó su imagen internacional. La comenzó a resquebrajar el 9 de febrero de 2020 con la toma militar de la Asamblea Legislativa; la siguió deteriorando durante la gestión de la pandemia por los señalamientos de violaciones a derechos humanos, militarismo y corrupción; y la terminó de derrumbar el 1 de mayo de este año al arremeter contra la división de poderes y la independencia judicial.
Perdidas las cosas en el plano internacional, el respaldo de la mayoría de la población es fundamental para el presidente y su Gobierno, pues es su mayor legitimador. Según su narrativa, todo lo que hace es por voluntad del pueblo. La aprobación apresurada de leyes y el nombramiento de magistrados del máximo tribunal de justicia son, en palabras de Bukele, hechos “totalmente legítimos y representan el poder del pueblo”, aunque se salten todo el ordenamiento jurídico nacional. Pero luego del 1 de mayo, el Gobierno ha implementando una serie de medidas que le han ocasionado, al menos coyunturalmente, costos políticos entre la población. La llamada “ley bitcóin”, aprobada en la madrugada del 9 de junio con dispensa de trámite, sin discusión y de espaldas a la ciudadanía, ha sido, sin duda, la medida más impopular de la actual administración.
Con menor perfil, pero también polémicas y desgastantes para la imagen gubernamental han sido la propuesta de ley general de aguas de la bancada cyan y la anómala elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dos desaciertos a los que se sumó la publicación de la Lista Engel para El Salvador, en la que se señala, entre otros, a funcionarios y empresarios cercanos al presidente por actos de corrupción y/o por atentar contra el Estado de derecho y la democracia. En este escenario, el Gobierno urgía de una acción que fuera del agrado de la gente. Así, el 1 de julio, antes de que se publicara la Lista Engel, Bukele anunció la propuesta de aumentar el 20% al salario mínimo y repartir paquetes de alimentos.
De acuerdo a un estudio de 2019 del Centro para la Defensa del Consumidor, el costo de la vida en el país supera los $650.00 mensuales, por lo que con el aumento del 20% el monto del salario mínimo solo será de un poco más de la mitad de lo que una familia promedio necesita para cubrir sus necesidades básicas. Además, el aviso del aumento salarial ha quedado en segundo plano frente al hecho de que en la Lista Engel los funcionarios de Nuevas Ideas son mayoría. La Lista supone un golpe fortísimo a un Gobierno que llegó al poder enarbolando la bandera de la anticorrupción; la Lista confirma que el rancio vicio de la corrupción sigue presente en quienes pregonan ser distintos a sus predecesores. Para desesperación de Bukele y su clan, la realidad se está imponiendo por sobre sus aspavientos y montajes propagandísticos.
EDITORIAL UCA.
