El gobierno de El Salvador y las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo

En lo que concierne a la sumisión a las autoridades competentes de convenios y recomendaciones adoptados por la CIT (artículo 19), El Salvador ha venido sosteniendo a través de la cartera de trabajo de promesas que han ido cayendo al vacío, a partir del no cumplimiento.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La demanda social en la materia laboral está en el C102 y su recomendación R102, en cuanto a que se anunció la reforma previsional desde el pasado 15 de septiembre 2021 por parte del Presidente; pero ni el convenio ni el proyecto de reforma han tenido un final feliz; ni el primero ha sido ratificado por el país y lo segundo para reivindicar la decisión de corregir el problema estructural de la privatización de los fondos de pensión, ocurrido en la lógica neoliberal impuesta por los gobiernos de ARENA y la oligarquía financiera.

El actual gobierno Bukele, sigue sin adoptar una solución estructural en beneficio del derecho a protección social en materia de vejez, invalidez y muerte, para cotizantes y no cotizantes.

La OIT, espera que las autoridades competentes sometan, en el plazo de 12 meses (o excepcionalmente en el plazo de 18 meses) después de clausurada la reunión de la Conferencia. El Gobierno debe informar a la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas que haya tomado a este respecto. En caso de no hacerlo se cae en una falta grave de sumisión.

La actitud del Gobierno salvadoreño la Comisión “lamenta tomar nota de que, una vez más, el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. En este marco, la Comisión recuerda la información proporcionada por el representante gubernamental de El Salvador (108.ª reunión, en junio de 2019). Aduciendo que el Gobierno adoptaría pronto las primeras medidas para someter los convenios y las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes”.

Este en general ha sido un problema estructural en el contexto de las relaciones entre el capital y el trabajo (marco jurídico laboral), por parte de los gobiernos de turno, que no han procurado un marco de existencia en términos de justicia laboral, equidad y mejoramiento sustancial de los procesos productivos y las relaciones sociales de producción. Haciendo un recuento de 61 instrumentos pendientes dentro del período de las 25 reuniones celebradas desde oct1976 a junio2019.

Ello significa que el gobierno Bukele, no ha sido diferente, y continúa el obstáculo político, de que el marco jurídico laboral del país, se refuerce con la legislación internacional, dando un cambio sustancial a la lógica actual de producir bajo una regulación atropelladora de los derechos al trabajo, la seguridad social y las condiciones de realización de la producción en términos de equidad y desarrollo humano en el marco del trabajo productivo y reproductivo.

El gobierno de Bukele y lo realizado por el Ministro Castro en la cartera de Trabajo, no ha sido algo de beneficio, se va acercando la conmemoración del Uno de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, y sería bueno, sin la demagogia acostumbrada, que se dispusiera pasar a la ratificación de nuevos convenios pendientes como el 154, 173, 177, 189 y 190 y otros. Que vienen siendo una demanda constante de parte de los diferentes grupos sindicales y laborales del país.

No deberían los intereses gubernamentales definirse a partir de quién los propone, lo demanda o presiona para que siga un curso de sustancial de mejora a las condiciones de trabajo, salariales, de empleo para los diferentes sectores productivos y reproductivos. Las relaciones con la OIT, no son de lo más satisfactorio, y el país no sale de su ostracismo político, como es el caso de la disensión con el programa político utilizado en unas determinadas elecciones; el bukelismo tiene una lógica de atacar a quien no le conviene o manifiesta alguna oposición; por la disconformidad con las alianzas y pactos que propone la dirección partidaria, esto ha sido de ayer en mucho, y hoy no es diferente, lo que ha facilitado el autoritarismo y la desregulación institucional, entre otros factores y de los grupos fácticos.

De igual forma la crítica que se puede realizar con el funcionamiento partidario anterior y/o de gobiernos de turno; y por ende la discrepancia ante la evolución ideológica dentro de las condiciones de la política partidaria aplicable a las condiciones de una democracia formal, representativa, cada vez en mayor degradación y descomposición, en detrimento de la gente y sectores populares.

*Sindicalista salvadoreño

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