(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández)
El final del conflicto y en el marco de las negociaciones, se fijó por parte de la representación insurgente, la condición de procesar los crímenes de guerra, previos y del conflicto mismo, para lo que se acordó recurrir a la ONU.
El resultado de aquella investigación fue sometida a toda suerte de descalificaciones por el oficialismo, que criminalizó a las víctimas, mediática y paramilitarmente, degenerando en algunos asesinatos por aquella campaña.
Como sabemos, el Informe de la Comisión de la Verdad, no solo recabó, además corroboró la responsabilidad del Estado y sus agentes en la totalidad de delitos cometidos en aquellos operativos; también es el Estado responsable junto a sus agentes de los crímenes ideológicos cometidos por los infames escuadrones de la muerte en contra de la población.
Tales afirmaciones fueron confirmadas además por procesos que por separado realizara el sistema judicial, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizando ésta última sendos llamamientos al Estado salvadoreño para procesar tales delitos, que han sido desoídos por los responsables del Estado, razón que ha provocado reiteradas condenas en contra de El Salvador, por tales razones.
Dicho de otra forma; es El Salvador, violador de derechos humanos, responsable de graves crímenes en contra de la humanidad, que además asegura la impunidad tanto de ejecutores como de responsables intelectuales de tales mediante artimañas que tienen por propósito evadir la justicia.
Consideremos el presente, cuando por ordenamiento de la Sala de lo Constitucional se mandaba a la Asamblea no solo desterrar la ley de amnistía, pero además asegurar justicia para las víctimas sobrevivientes de matanzas, torturas, desapariciones, violaciones, etcétera, los cuales están debidamente comprobados no sólo por la recolección de datos relativos a los hechos, sino además de los cuerpos de los asesinados con la contribución forense del equipo argentino que se ha sumado a la investigación, como por los procesos judiciales practicados, en los escenarios de los crímenes, donde la totalidad de pruebas recabadas acusan al Estado y sus agentes como ejecutores de los mismos, por lo que no es posible negar su responsabilidad material en los hechos en términos judiciales.
Es decir, está jurídicamente probada la responsabilidad del Estado y sus agentes, como que aquellos delitos respondieron a una agenda político militar que era de Estado entonces; también la responsabilidad del principal aliado de nuestro país, EE.UU., está debidamente probada, para lo que solo debemos recordar la acusación que Elliot Abrams lanzara a los periodistas que cuestionaron el papel de aquel país en la masacre de El Mozote, en los 80´s, ejecutado por el Biri Atlacatl, bajo las órdenes del coronel Monterrosa, de ser “…colaboradores marxistas…” lo cual ha sido probado no sólo testimonialmente, sino materialmente, sin ninguna duda.
Entonces los esfuerzos de la Asamblea por conservar la impunidad es además de un descarado desacato, una acción que subraya el papel de cómplice del Estado, por lo que el Ejecutivo como la Corte Suprema debieran posicionarse a favor de la justicia, de la constitucionalidad y la dignidad, rescatando del Estado.
