Por: Róger Hernán Gutiérrez.
El reto, al menos desde una visión progresista y diferente de las actuales posiciones es claro—la necesidad de un cambio en lo económico, que lleve a ampliar para el país una transformación del empleo, de los salarios y condiciones de trabajo; que los sectores empresariales promueven e impulsan, como consustanciales antes que potenciar la sindicación, una lógica de producción intensiva, continua y flexibilizada de bienes y servicios, hasta llevarlo a un nivel de productividad capaz de superar las brechas de una legislación laboral y de políticas públicas obsoleta, que obstaculiza la libertad de producir y quita potencialidades.
Modernización de la legislación laboral, la legislación actual (1972) es claramente obsoleta-anacrónica, y refleja una década de desarrollismo de la industria, el mercado común centroamericano, la guerra del fútbol—conflicto con Honduras—golpes de estado (1972 y 1979), que eliminaran el militarismo exacerbado de la “Tandona”, el agotamiento de lo electoral lleno de corrupción, maniobras electoreras, cambios constitucionales (1983); situación de país con alta represión político-militar, y finalmente la guerra civil (1980-1992).
Donde a lo más que se ha llegado es a un repello jurídico—reformismo— incapaz de absorber y tomar las lecciones de esas décadas perdidas, caído en un “economicismo” que llevaron a no atender los resultados y consecuencias del conflicto armado en materia económico-social, como tapa al pomo. El error fue claro, la anulación y castración de los acuerdos de la guerra, la imposición de la globalización económica (1989), impulsar un libre mercado, sin nada de social, contubernios a partir de las imposiciones de los países industrializados con tratados preferenciales de comercio, inequidades económicas y la imposición del modelo no sindicato, entre otros factores que retrasaron el mejoramiento de una legislación laboral progresista.
En el período pasado (2024), como ha sido costumbre se hicieron procesos que poco abiertos y depurados, que llevaran a imponer un nuevo código de trabajo, sin dar oportunidad a una discusión y debate serio y responsable, se convocaron como es el hábito a barras móviles y grupos sindicales ad hoc, totalmente sumisos, con nula experiencia en la materia y con controles excesivos a la representación de federaciones que no se pliegan al actual mandato ministerial.
Se ratificaron convenios importantes como es el 87, 98 vinculado a las libertades sindicales, el 102, de seguridad social; el 154 de desarrollo de contratación colectiva en el sector público; pero que no se ha sido capaz de una ratificación razonada, abierta de pensamiento y acción, progresiva, de aplicación en la práctica a todas las relaciones laborales dentro de sectores con actividad económica diferente, y en clara conjunción de tomar en cuenta la informalidad crecida por el impulso de políticas neoliberales que llevaron a profundizar más la flexibilización y desregulación laboral, en una combinación de periodos desde el 2006 a la fecha.
La modernización de la legislación laboral es clave, sin embargo, no se trata sólo por el anacronismo, hacer un proyecto de ley e imponer un nuevo código de trabajo, la experiencia de una nueva constitución es claramente un ejemplo de lo que no debe hacerse, pero se sigue percibiendo un pensamiento y acción anti sindical que no favorece nuevos y mejores derechos y un reforzamiento de los actuales derechos laborales y sindicales—la ganancia sigue siendo el bastión contra la persona trabajadora que sigue postrada en trabajos muy precarios, de bajos salarios, un reducido empleo decente y por consiguiente un alto desempleo y ocupación informal.
Pensar que sólo por ser nueva la legislación es suficiente, estaríamos cometiendo un nuevo error, el ministro tiene un proyecto nuevo con todos los agravantes analizados arriba, pero la coyuntura no es prometedora, los estiras y encoges entre una ganancia indiscriminada, una falta de diligencia y experiencia arbitral, de inspección laboral, de desarrollo de altos estándares de conciliación laboral, de desarrollo jurídico pleno en la incorporación de grupos socio-laborales diversos a saber: mujeres, juventud, lgtbi, discapacitados, indígenas y otros, son muestras de las debilidades en el proyecto de legislación laboral.
Por ello se hace de sumo necesario mejorar sustancialmente para disponer de una nueva legislación plena la Formación profesional del talento humano del sector laboral; el Fomento de la bolsa nacional de empleo; la estructura clara de políticas salariales, incorporación y transformación plena de la informalidad a la formalidad, cumplimiento irrestricto de las libertades sindicales; además de reforzamiento de la capacidad administrativa y jurisdiccional, actualmente desarticuladas, debilitadas y desestructuradas por el incumplimiento en el país de lo jurídico en todo sentido.
* Sindicalista salvadoreño.
