Categoría: Editorial

Por: Mauricio Mejía.

La historia política de El Salvador registra que el ejercicio democrático del poder, es una práctica política desconocida y que cuando un gobernante ha intentado ejercer su mandato de forma democrática, o aplicar alguna medida de gobierno popular, es un mal ejemplo que no se puede permitir en el país, por lo que las familias económicamente poderosas que históricamente han controlado el Estado para su beneficio, lo asesinan, como sucedió en febrero de 1913, con el médico Dr. Manuel Enrique Araujo o lo destituyen por medio de golpe de Estado, como el que depuso al Ingeniero Arturo Araujo, en diciembre de 1931.

Muy distinto sería el país si los intentos de democratización de estos profesionales se hubiesen desarrollado libres de la intolerancia política; de seguro que menos sangre de miles de campesinos, obreros, profesores, pastores, sacerdotes, estudiantes, mujeres, niños, militares y académicos se hubiese derramado y quizás seríamos un pueblo totalmente letrado y alfabetizado políticamente.

Llorar sobre la leche derramada, es irrelevante, lo procedente es que los hechos de intolerancia política ejercidos desde el poder, que han sido y son fuente de confrontación y conflictos sociales, sirvan de lección para no repetir la historia de confrontación fratricida del pasado, que aún mantiene heridas abiertas, que claman por una justicia transicional y restaurativa que contribuya a sanarlas de forma completa y permanente.

Los fraudes electorales y la persecución de la oposición política, en su defensa el pueblo optó por la guerra popular revolucionaria; de sus experiencias y heroicas conquistas, aprendimos que era posible disputar y alcanzar el poder por medio de elecciones libres, creíbles, competitivas; confiables para los contendientes y con resultados verificables; así desde las elecciones de 1984, la democracia electoral tuvo su oportunidad, la alternancia en el poder público fue una realidad y sin temor a equivocarnos los 30 procesos electorales realizados entre 1992 y el 2019, produjeron gobernantes nacionales, locales y legisladores, electos de forma democrática.

Entonces por qué, no vemos el progreso y la riqueza distribuida de forma justa; por qué tantos desaparecidos; por qué el foso de Chalchuapa; por qué la lista Engel. La respuesta la encontramos en el hecho de que a estos gobernantes electos democráticamente, les ha hecho falta madurez para ejercer democráticamente el poder que el pueblo les delegó y a cambio incumplen promesas de campaña, apelando a su popularidad caen en autoritarismos y engañosos populismos, desacreditan los controles institucionales de rendición de cuentas, los cuales consideran obstáculos y por ello conviven impunemente con la corrupción, impidiendo que se supere la calidad de la democracia, la cual tiende a un estancamiento o a una regresión.

En nuestro horizonte visualizamos hechos de intolerancia política en la orden judicial para que la Revista Factum, retirase un artículo que incomodaba al gobierno; en la orden del ejecutivo de expulsar del país a un periodista mejicano del periódico digital El Faro; de igual forma la agresión física de un oficial de la PNC a un periodista de El Diario de Hoy; y si esta agresión queda impune, ahora fue un puñetazo policial, mañana será un disparo de arma de fuego; porque la intolerancia crece en espiral, en una escalada que corrompe el ejercicio democrático del poder que culmina en un escenario de violencia política en el que el pueblo ante la agresión institucionalizada del poder represor, construye un contrapoder en defensa del interés popular. Así lo confirma la historia política de El Salvador, estamos a tiempo de validar la democracia salvadoreña, no repitamos los errores del pasado.

Por Mauricio Mejía.

Como se había anticipado, el gobierno de Joe Biden publicó la lista Engel en la que aparecen 14 personas entre políticos y empresarios salvadoreños, a quienes se les imputan cargos relacionados con la corrupción o delitos violatorios de la institucionalidad democrática; entre los mencionados, al menos siete están vinculados directamente al gobierno y partido político del presidente Bukele, quien no se espanta por la publicación y dice tener su propia lista de corruptos; no obstante no dice que hará con una u otra lista, a lo mejor las mandará al archivo. (más…)

Walter Raudales*

Sin duda estamos, en El Salvador, ante una verdadera tragedia. Y no es la primera vez que lo decimos. Lo hemos venido anunciando en distintos espacios, desde el momento en que tuvimos la certeza que lo que se avecinaba era una tempestad sin límites.

Así describe la situación actual la Universidad José Simeón Cañas (UCA):

Las finanzas públicas salvadoreñas están maltrechas; de no ser así, no serían necesarios los cientos de millones de dólares en préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo. Además, no hay señales de avance en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de un préstamo de $1,300 millones a través de un acuerdo de servicio ampliado. La capacidad de endeudamiento de El salvador está llegando a su fin. A esto se suma la caída en los precios de los bonos y la baja calificación del riesgo país debido a la inseguridad jurídica nacional y la falta de un plan económico serio. El Gobierno urge de dinero y se está quedando sin opciones razonables.

Si todas las transacciones son en dólares, ¿para qué se necesita el bitcóin? ¿Cuál es la necesidad de implementarlo desoyendo todas las advertencias de expertos? ¿Quién se quedará con las comisiones que se cobren por el manejo del bitcóin? Si todo el que reciba la criptomoneda la cambiará a efectivo inmediatamente, ¿de dónde saldrán esos dólares? Mientras las preguntas se multiplican sin cesar, el presidente y sus funcionarios se enredan cada vez más en un tema que, a la vista de sus atropelladas e incoherentes declaraciones, no manejan. Hasta el momento, muchas dudas sobre el bitcóin y una única certeza: los problemas del país continúan sin ser en verdad atendidos.

Así la describe la realidad salvadoreña Mario Vega, pastor general de la Misión Cristiana Elim:

Cosas como el desempleo, la pobreza, el alza al costo de la canasta básica, las extorsiones, las desapariciones, la migración, la falta de acceso a agua potable, la atención deplorable de la salud y las pensiones indignas se han vuelto rutinarias hasta el punto de normalizarlas. Es sobre estas verdades de la vida diaria, unas llamativas y otras apenas perceptibles, que se construye la forma histórica de la pasión del pueblo de Dios. Es ese pueblo al que hay que estar atentos como señal de los tiempos que nos interpela y nos desafía a actuar con valentía.

En la medida en que las condiciones de vida de las personas se deterioran y en la medida en que la pobreza y la inseguridad les oprimen y les roban la esperanza, las iglesias, como expresión terrena de Dios, deberían llamar la atención hacia las víctimas para que los responsables de tanto dolor se conviertan de su pecado y comiencen a actuar humanamente.

Ambas posiciones y descripciones de El Salvador real fueron publicadas el fin de semana anterior.

Evidentemente hay motivos para preocuparse. Lo que actualmente estamos viviendo lo podríamos definir como DESESPERANZA o crisis de Esperanza.

Ante una situación de este tipo surgen, con razón, diferentes tentaciones.

– La primera tentación y la más común es irse del país, huir, migrar. Este fin de semana me encontré en diversos sitios con amigos y personas que su proyecto principal es irse y andan moviéndose en función de eso. No los juzgo. En esta debacle parece ser lo más cuerdo. Pero no todos tienen capacidad financiera, contactos, familias en la diáspora, o el valor para irse a comenzar una nueva vida. Muchos lo piensan, lo desean, intentan pero no pueden.

– La segunda tentación es AISLARSE, no meterse en nada (por lo peligroso, dicen). INDIVIDUALIZARSE más de lo que estamos. Quedarse calladitos, hacer mutis, meterse en su caparazón. Convivir con el miedo. Caer en la desesperanza. Darse por vencido. Sobrevivir sumiso, amedrentado.

– Hay una tercera, es seguir haciendo lo que haces, continuar con tu vida como si nada pasar, aparentemente todo normal. Expresando el descontento de vez en cuanto en privado, algún chat por ahí, un twitter, con deditos arriba o abajo en Facebook. Aparentemente alzando la voz sin alterar su zona de confort, entretenido en el juego de humo y cortinas, pero sin dar el salto a la organización.

SIN EMBARGO, hay otro camino contra la crisis de esperanza y sus tentaciones. Porque una cosa es sobrevivir sumiso y otra muy distinta es sobrevivir con conciencia y en lucha.

Si usted toma esas 30 monedas del bitcóin (de la traición de Judas) está claro que es un sumiso. Si no lo hace ha empezado a tomar conciencia.

Hay tatas cosas que se pueden hacer contra la desesperanza para poder sobrevivir y resistir en conciencia. Se pueden hacer, en verdad, variedad de acciones para pasar la tormenta en lucha. ORGANÍCESE, en lo comunal, en su colonia, en su gremio, en el trabajo, en donde sea. Hay que dar la batalla desde lo colectivo. Como dijo el mártir P. Rutilio Grande: sólo nos salvamos en racimo.

Acá en el Movimiento Independiente son bienvenidos. Algo estamos haciendo y vamos hacer.

*Director de El Independiente.

Por: Mauricio Mejía

El 8 de junio, organizaciones ambientalistas, la Iglesia, el sector académico y en general el movimiento social, realizaron la Vigésima Caminata Ecológica, en la que se observó una masiva participación popular que, además de llamar a la defensa del medio ambiente, tenía el propósito de presentar a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley general del agua, que fue recibido por diputadas del FMLN y el diputado de nuestro Tiempo.

En vista que los diputados de Nuevas Ideas archivaron por seis meses los avances que habían sobre la ley general del agua, la lucha por reabrir la discusión legislativa ha sido permanente orientada básicamente a dos grandes objetivos:

Uno: que se ratifique la reforma constitucional para que se reconozca el agua como un derecho fundamental y

Dos: que se apruebe una ley general del agua que garantice que el recurso hídrico no será privatizado y que obligará al Estado, a establecer políticas públicas para que el vital líquido llegue permanentemente a comunidades populares con la más alta calidad según normas internacionales, para que su consumo no sea dañino para la salud.

Ante la presión de la lucha popular, el gobierno rectificó su error, retomó el tema del agua y presentó el 18 de junio al diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Recursos Hídricos del Gobierno y no obstante que el presidente no está facultado para dar plazos al órgano legislativo, pues ello es violatorio de la independencia de poderes, les dio a sus juramentados legisladores, 90 días para que promuevan la discusión y aprobación del proyecto de ley.

En nuestro horizonte visualizamos la existencia de dos proyectos de ley, el del gobierno y el presentado por el pueblo; en tal sentido, en lo inmediato es procedente que la Asamblea Legislativa, promueva una consulta popular para lograr una integración de ambos proyectos, a fin de que la ley que se apruebe incorpore las aspiraciones que por más de quince años han defendido genuinas organizaciones defensoras de los intereses populares relacionadas con un medio ambiente sano y que un servicio público de agua de excelente calidad, accesible y eficiente llegue a todos los sectores del pueblo y especialmente a las comunidades pobres que por ahora han estado excluidas de este derecho.

Por Mauricio Mejía.

La iniciativa del Fiscal General, Rodolfo Delgado, impuesto el uno de mayo, de dar por finalizado el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) constituida como una promesa de campaña del presidente Bukele, no debe sorprendernos, en tanto, a pesar del limitado espacio para la realización del trabajo de dicha Comisión, en menos de un año había presentado al Fiscal, anterior Raúl Melara, al menos una docena de casos de corrupción que implican a funcionarios del actual gobierno. (más…)

Por: Manuel Alcántara*

El miedo es uno de los principales sentimientos que embarga a las personas. La historia de la humanidad no se entiende sin su presencia, tanto en el fuero íntimo de los individuos como en sus relaciones grupales.

En el primero se configura como el armazón que sustenta las diferentes religiones o las distintas formas de confrontar la propia existencia; a través de las segundas articula la convivencia humana, desde las formas sociales más simples a las más complejas, desde la tribu hasta el estado.

Históricamente, guerras, revoluciones y pandemias han sido caldo de cultivo del miedo, de manera que en ellas ha medrado convirtiéndose en un actor tan relevante que a veces ha resultado definitivo. En un tono e intensidad disparejas, se hace también presente en la convivencia cotidiana de cada época mediante pautas ligadas a variadas expresiones de la injusticia, como la inseguridad y la desigualdad.

Totalitarismos y democracias lo tienen en cuenta para gobernar
Por todo ello, dentro de los recursos de los que goza la autoridad, en su máxima expresión radica la gestión del miedo. A través de su administración se puede legitimar desde el total abuso del poder hasta el logro de un clima social basado en la serena cooperación entre la gente. Tanto el totalitarismo como la democracia gobiernan teniéndolo en cuenta y, aunque obviamente sus supuestos sean diametralmente diferentes, el devenir de ambos, en gran medida, se encuentra muy ligado a él.

Con relación a este asunto, la pandemia de la COVID-19 está resultando un excelente banco de pruebas para evidenciar el estado de las cosas en América Latina. Quince meses después de su irrupción en una región donde el miedo circula entreverado por los efectos de la exclusión, principal y prevaleciente forma de desigualdad, y ciertas formas de violencia ¿cómo pueden afectar las medidas de prevención dictadas por las autoridades en un escenario en el que salir de casa a la calle, cada día, es vital para la supervivencia?

Las escenas con filas de enfermos en los pasillos y entradas de los hospitales o con cadáveres en las calles, como fue el caso de Guayaquil, provocaron un pánico que se trasladó al uso masivo de cubrebocas y al imperio de la sanción a quien no los portara. Después, la implementación de diferentes formas de excepcionalidad, como los estados de sitio o de alarma, recordaron la máxima de Carl Schmitt sobre la definición del soberano. Las poblaciones ventearon las diferentes medidas según el país, pero también conforme a su situación personal de acuerdo con sesgos económicos, sociales o culturales. Desde quienes aceptan todo lo establecido por el poder hasta quienes “hacen de su capa un sayo”, la casuística es multicolor.

El miedo nutre los discursos oficiales
A la par, el miedo ha nutrido una amplia gama de discursos oficiales: algunos obsesivamente presentes, como es el caso, insólito en términos históricos, del colombiano Iván Duque dirigiéndose diariamente durante una hora a su país; otros, acompañados de decisiones políticas más o menos acertadas, van desde el negacionismo de Jair Bolsonaro en Brasil o del mexicano Andrés Manuel López Obrador en el inicio, hasta el más obsesivo de los protocolos de prevención que ha caracterizado al liberalismo responsable del uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou o la actuación en Costa Rica de Carlos Alvarado, pasando por la más pura y simple inhibición de quienes miran para otro lado, como Alejandro Giammattei en Guatemala, Daniel Ortega en Nicaragua o Abdo Benítez en Paraguay.

Todo esto se ha dado en un marco de datos poco fiables e inconsistentes en gran medida, en ocasiones fruto de una debilidad de las instituciones encargadas de su captura (Honduras o El Salvador pueden ser dos casos paradigmáticos) y, en otras, de una vesania oficialista (Venezuela y Nicaragua son los dos países más sobresalientes) que contrastan con la eficiencia chilena, quizá por el protagonismo que desde el principio de la pandemia ha tenido su Colegio de Médicos. En todo caso, la citada ausencia de un patrón de comportamiento único, que no es solo patrimonio latinoamericano, ha permitido el surgimiento de varios trabajos e informes sobre el estado de la cuestión, por lo que el grado de conocimiento que se tiene ahora de la situación es notable.

Ahora bien, entre los dos escenarios opuestos que podrían resultar, esto es, el de un gobierno azuzando el miedo pandémico como mecanismo de control y legitimación frente a otro negacionista o de negligente actuación, la región transita por el filo de ambos. Políticamente hablando, el asunto apenas si ha sobrevolado en los comicios celebrados en el último mes en tres países andinos (Bolivia, Ecuador y Perú) y tampoco enmarca las campañas electorales chilena y mexicana, ni la segunda vuelta peruana. Es cierto que ninguno de los responsables máximos de la conducción política se ha visto o se va a ver sometido a su validación, por cuanto que o no son objeto de reelección o no concurren directamente a los comicios, pero la cuestión no aparece de forma preeminente.

Faltos de encuestas de opinión pública generales para todos los países que puedan señalar pautas de comportamiento comparados, los efectos del miedo quedan así diluidos o, mejor, configuran apenas una hipótesis. Suponen un insumo que, aparentemente, se ciñe al estricto nivel individual en cuanto alteración, o no, de las expectativas vitales de cada persona.

Además, si se tiene en cuenta que toda pandemia, como señala el padre de la anatomía patológica, Rudolf Virchow, es “un fenómeno social que conlleva algunos aspectos médicos”, cabría preguntarse por su impacto en sociedades líquidas profundamente desiguales y empobrecidas, donde la transición digital genera, a su vez, todo tipo de dilemas y más brechas.

Por todo ello, el riesgo es que su gestión termine siendo profundamente disruptiva en niveles muy fragmentados que pueden tener un enorme impacto en democracias fatigadas cuyo futuro es más incierto que hace apenas un lustro. El salto de una política del miedo a una política del cuidado, como señalan Franco Berardi y Byung Chul Han, es un imperativo ante el que, a día de hoy, pocos reaccionan.

*Politólogo. Universidad de Salamanca. España.

Tomado de Latinoámeria21

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos han variado durante las últimas tres décadas: los gobiernos de ARENA fueron totalmente serviles a los designios de Washington, con el FMLN hubo una mezcla de “independencia-sometimiento” y la administración de Nayib Bukele ha optado por una confrontación absurda que podría traer graves consecuencias al país.

En los 20 años de ARENA, la política exterior salvadoreña estuvo en función de los intereses de Estados Unidos y muchas políticas internas también se definieron en la embajada norteamericana. EE.UU, además, influyó a través de instancias como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial para imponer privatizaciones, tratados de libre comercio y otras medidas neoliberales.

En la década del FMLN se rompieron alineamientos con Washington sobre Cuba y Venezuela, y -al final del gobierno de Sánchez Cerén- se cerraron relaciones con Taiwán y se abrieron con China. Sin embargo, hubo imposiciones estadounidenses como la Ley de Asocios Público-Privados que fue una condicionante del FOMILENIO.

Desmintiendo los pronósticos de la derecha que advertía sobre una ruptura de relaciones salvadoreño-estadounidenses si la izquierda llegaba al gobierno, las administraciones efemelenistas tuvieron relaciones cordiales y sin sobresaltos con la potencia del norte, “equilibrando diferencias y coincidencias”.

El actual gobierno inició con una relación de cercanía y sumisión con Estados Unidos. Bukele se mostró afín a Donald Trump (a quien llamó “very nice and cool president»), asumió sus políticas antiinmigrantes, exhibía su cercanía con el entonces embajador Ronald Johnson y -para congraciarse con la Casa Blanca- maldijo a China en su discurso en la ultraconservadora Fundación Heritage: dijo que el gigante asiático “no es confiable, no respeta las reglas y no ayuda sin condiciones”.

Pero esto cambió con la llegada del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Su “parecido a Trump” y su desprecio a los llamados de atención de congresistas y funcionarios del presidente Joe Biden que le pidieron respetar la democracia, tensaron las relaciones hasta llevarlas a una confrontación peligrosa donde quien pierde es El Salvador.

Frente al rechazo estadounidense Bukele fortalece los vínculos con China, país que provee vacunas anti-COVID, ofrece inversiones y podría comprar la deuda externa. Esta semana el presidente anunció con bombo y platillo la ratificación parlamentaria de un convenio de cooperación con la nación oriental.

Por el bien del país, Bukele debe reflexionar y corregir su actitud frente a Estados Unidos. No se trata de someterse ni de confrontar; si no de mantener relaciones cordiales, respetuosas y de colaboración mutua con el país donde vive y trabaja una tercera parte de la población salvadoreña, cuyas remesas sostienen la maltrecha economía nacional.

Bukele no puede pelearse con el país que es el principal destino de las exportaciones y el principal origen de las importaciones salvadoreñas; no debe confrontar con el país que envía papel moneda para esta economía dolarizada y tiene poder de veto en instancias financieras donde el gobierno solicita préstamos.

Esperemos que finalmente se imponga la serenidad, la sensatez y el sentido común. Ojalá que las organizaciones de la diáspora salvadoreña hicieran un enérgico llamado al presidente que mayoritariamente apoyaron creyendo que representaba un cambio real en la forma de hacer política.

(ARPAS)

Por: Guillermo Alvarado.

La indignación crece dentro y fuera de Colombia por la brutal represión militar y policial contra la población civil, única respuesta que ha encontrado el gobierno de Iván Duque para tratar de contener la ira de decenas de miles de personas, que demandan en las calles un cambio radical en ese país.

Por lo que muestran las imágenes y los informes sobre las víctimas en estos últimos 12 días, existe un escenario de guerra donde una de las partes, las fuerzas armadas, la policía y el tenebroso Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, descarga su poder de fuego contra civiles desarmados.

De acuerdo con un corte hecho el sábado por el Instituto Para el Desarrollo y la Paz, en los primeros diez días de manifestaciones hubo 47 personas asesinadas, 963 detenidos arbitrariamente, 12 casos de agresiones sexuales, 28 de los cientos de heridos tienen lesiones oculares y 548 están desaparecidos.

Como se puede apreciar, es un balance que se corresponde a un conflicto armado interno, donde disparan los agentes del Estado, con la complicidad de las más altas autoridades.

Organizaciones políticas y humanitarias, gobiernos, personalidades y el papa Francisco expresaron su preocupación por esta escalada de violencia gubernamental contra un pueblo que reclama su derecho a vivir con dignidad.

Se mantiene en silencio, eso sí, la Organización de Estados Americanos, cuyo cabecilla, Luis Almagro, parece estar tomando una prolongada siesta.

Colombia, como sabemos, es un territorio ocupado por el Pentágono que tiene allí por lo menos siete bases militares declaradas y un número nunca precisado de efectivos, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Hasta ahora, como recordó el escritor Hernando Calvo Ospina, el país sudamericano se mantiene como el principal productor de cocaína y Estados Unidos es el primer consumidor. El 95 por ciento del dinero que produce este negocio ilícito se lava en bancos de la potencia norteña.

Será por eso, quizás, que a Almagro le ordenaron hacer como los famosos monos sabios: no escuchar, no mirar, no hablar.

Nada de eso detendrá la rebelión que está en marcha en la patria de Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 despertó el mayor alzamiento que se había visto hasta ahora en esa nación.
Sólo que hoy no sólo es Bogotá, porque el fuego se extendió hasta otras ciudades, entre ellas Cali, donde el ESMAD y el ejército perpetraron una carnicería y llegaron a disparar contra médicos que atendían a los heridos.

Se le termina el margen de maniobra a Duque que ya comienza a sentir la soledad que acompaña a los tiranos, cuando abren fuego contra su propio pueblo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una «limpieza de casa» destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios.

«Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos», expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. «La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo», recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ).

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. «Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso», simplificó Eduardo Escobar.

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. «Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado», argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño «consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo». En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: «En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país».

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la «profunda preocupación» de su gobierno «por la democracia de El Salvador». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice «la separación de poderes y el orden democrático». Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: «Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia».

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. «Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular», dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte.

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque «desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado». Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. «Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida», planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

(Tomado de Página12)

Por: Mauricio Mejía*

El 20 de septiembre de 2020, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y la Ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Hill Tinoco, firmaron un acuerdo de cooperación para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que se encargaría de apoyar el trabajo de la Fiscalía General de la República en el combate de la corrupción.

La CICIES, no es el primer acuerdo de cooperación entre el gobierno y la OEA, antes se habían suscrito otros acuerdos de cooperación con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que en conjunto son buenas intenciones para el combate de la corrupción, que por el momento aún no reflejan una eficaz y eficiente lucha contra este flagelo social, lo cual no es por falta de capacidad sino por falta de voluntad política, en tanto casos de corrupción durante el periodo en el que la CICIES ha estado vigente, sobran como para que se hubiese lucido como la mejor Comisión para el combate de la corrupción de América Latina.

Organizaciones no gubernamentales que se esfuerzan por denunciar la corrupción presentaron a finales del 2020 a la Asamblea Legislativa una propuesta para darle autonomía y mayor capacidad a la CICIES; sin embargo, la iniciativa no prosperó; ahora a pocas semanas del inicio de una nueva legislatura, la propia CICIES, por medio de su comisionado Ronald Ochaeta, entregó a la ministra Alexandra Hill Tinoco y al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, propuestas para reformar al cuerpo de leyes relacionadas con los delitos de la corrupción, crear nuevos tipos delictivos y que mediante la figura del querellante, la CICIES tenga mayor protagonismo contra la impunidad.

La iniciativa de la CICIES, coincide con un renovado interés del gobierno y congresistas de Los Estados Unidos, para hacer más eficaz el combate de la corrupción en El Salvador, lo que se refleja en el apoyo de dos millones de dólares para que la comisión realice su trabajo sin depender del gobierno y en las presiones políticas generadas por la anunciada publicación de nombres de políticos corruptos a quienes la administración de Joe Biden, les impondrá sanciones; por lo que se especula que los abruptos cambios realizados sin ninguna aclaración, de los ministros de seguridad y agricultura, responden a dichas presiones, sólo es cuestión de tiempo para que la verdad salga a luz pública.
En nuestro horizonte visualizamos que internamente corresponderá a la nueva legislatura, de la mano con el presidente Bukele, la responsabilidad total de darle a la CICIES, la autonomía que clama la población, lo cual es clave para que el combate de la corrupción y la impunidad sea una realidad y que dicha Comisión no sea utilizada como consigna electorera o como instrumento de persecución de la oposición política.

*106.9 fm radio

De acuerdo con una fuente militar estadunidense, el viernes pasado el Departamento de Defensa aprobó el uso de la base de la Guardia Nacional en Camp Roberts, California, para alojar temporalmente a niños migrantes no acompañados por un adulto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, encargado de la custodia de la mayor parte de estos menores) confirmó que se encuentra “bajo activa consideración” el empleo de las instalaciones castrenses como albergue de emergencia, pero sostuvo que no se ha tomado una decisión definitiva.

Las leyes migratorias estadunidenses permiten a las autoridades expulsar de manera expedita a los adultos que ingresan de forma irregular a su territorio, pero impiden dar el mismo tratamiento a los menores. Cuando son interceptados por la Patrulla Fronteriza u otro cuerpo policial, los niños y adolescentes son remitidos al HHS y, tras un largo proceso jurídico-administrativo, son puestos en manos de un custodio, que suele ser un familiar cercano.

En este contexto, miles de familias migrantes han adoptado la desesperada estrategia de enviar a sus hijos solos a través de la frontera, con la expectativa de que logren quedarse en Estados Unidos y encontrarse con algún pariente. En las semanas recientes, un promedio de 500 niños no acompañados cruzan la línea fronteriza cada día; en febrero fueron detectados 9 mil, la cifra más alta para un solo mes desde mayo de 2019.

Aunque desde su sexto día de gobierno, en enero pasado, el presidente Joe Biden anuló la inhumana e ilegal política de “tolerancia cero”, impuesta por Donald Trump, por la cual 600 menores siguen recluidos sin que nadie conozca el paradero de sus familias, hasta el martes 30 de marzo el HHS tenía a su cuidado a 12 mil 918 niños migrantes, y otros 5 mil 285 eran albergados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Ese día, dos periodistas ingresaron a la instalación de la CBP en Donna, Texas, y comprobaron que 4 mil 100 están alojados en un espacio con capacidad para 250 personas, donde duermen en corrales con colchones en el suelo. Entre 250 y 300 niños son ingresados al centro cada día y muy pocos salen, con lo que el hacinamiento empeora continuamente.

Lejos de habilitar campos militares en los cuales se perpetúe la reclusión de menores que buscan reunirse con sus familias, Estados Unidos debe acelerar los trámites para ponerlos en libertad, atendiendo a los estándares de respeto a los derechos humanos y protección a la infancia que exige a otros países, de manera no pocas veces arrogante y pasando por encima de las soberanías nacionales.

Mientras el coronavirus obligaba a cubrirse parte de la cara, también destapó muchas injusticias. A la vista quedaron precarios sistemas de salud, familias sin vivienda digna, sin agua potable ni saneamiento; se evidenció que la mayor parte de la población se gana el sustento en una lucha diaria, por la cual le es imposible cumplir una cuarentena; se desnudó la rapacidad sin límite y autoritarismo de funcionarios y políticos que convirtieron la tragedia en ocasión de lucro y violentaron derechos humanos. Hasta hoy, el virus suma 2.6 millones de fallecidos y más de 121.3 millones de infectados en el mundo, y ha agudizado las desigualdades; el acceso a las vacunas es un ejemplo. (más…)

Por: Marvin Aguilar.

No va hacer un artículo positivo. La ignorancia –en El Salvador- es más provechosa que la verdad ya que el conocimiento tiene un costo. Primera premisa. La era del internet no solo ha disparado nuestra creatividad o capacidad de informarnos sino además la mediocridad.

Si aceptamos que no hay una verdad sino una muchedumbre de verdades debemos también diferenciar que no porque se acerque una mentira lo más posible a una verdad, mejor será la mentira y mejor podemos usarla hasta llegar a controvertirla para convertirla en likes o seguidores que nos darán la calidad de influencers y así poder ir a cobrar a quien le interese formar opinión pública.

Los youtubers salvadoreños desde una PC han construido nuestra versión guanaca de pesadilla orwelliana al explotar la estupidez de sus seguidores. Segunda premisa. Han vuelto tendencia el totalitarismo y represión digital contra sus adversarios (estigmatizándolos como haters) hasta volverlo una forma-estilo de vida normalizada y por momentos aplaudida. Todo a costa de la tribalidad, gregarismo, machismo e irreflexionabilidad de una sociedad violenta como la salvadoreña, una sociedad que no le interesa la verdad, sino la verdad propia.

La ignorancia en El Salvador es premiada. Hemos llegado a un punto que ser estúpido es más peligroso que ser malvado. Y es que hacer el mal pasa primero por creer que lo que se está haciendo es bueno. Al contrario la estupidez no se da cuenta de lo que hace y puede llegar a destruirlo todo. Pero no solo es culpa de los followers o haters nuestra historia patria es una llena de fanatismos, aberraciones y horrores. Se equivocan quienes creen que la intolerancia solo es cosa del otro, en realidad es una costumbre de todos.

Hay una clase perversa de youtubers que desde sus plataformas creen que tienen de su lado la buena moral y que por la tanto no son fanáticos. No se notan escupiendo al monitor al hablar y parecieran están vacunados contra los errores que cometieron los del pasado. Ignoran estos youtubers que quienes no se ponen límites para lograr un objetivo ya se convirtieron en fanáticos.

Estos pervertidores de la verdad son como el hechicero que manipulando la energía de los otros desató fuerzas que luego no pudo controlar. Y es que será así. Ahora se puede insultar, denigrar, humillar, perseguir con la mas cínica ligereza a todo aquel que se atreve a disentir tachándolo de inmoral, nefasto o resentido pero habrá un momento que la disgenesia youtubera será una epidemia nacional y comenzaran los otros, los llamados malos a lanzar porquería con ventilador, porque ya se volvió fácil. Y no habrá líneas rojas porque ser tendencia no entiende de honor. Se valdrá usar todo. Si el mal es el otro, yo soy el bueno. Para 2024 la guerra será aún más sucia. Solo una vida vacía puede encontrar en el odio moral hacia el adversario político, social, religioso, económico, racial, cultural y sexual significado y propósito personal.

Corolario o conclusión del silogismo:
Ya Max Planck nos lo advirtió: la verdad no triunfa. Simplemente sus opositores se van muriendo. Por eso aunque nos parezcamos a una tenue flama en medio de unas profundas tinieblas debemos seguir manteniendo la vela encendida porque nunca la oscuridad derrotó a la luz.

Si bien en el pasado se acusó a la derecha de ser reaccionaria y escuadronera a la izquierda de infantilismo y sectarismo Nuevas Ideas debe evitar por medio de sus youtubers y actuales voceros afines el riesgo de llevar al partido al buenismo. Es decir: hacer lo que se tenga que hacer sin importar los métodos y a cualquiera que juzgue eso se le acuse de contrario y de situarse del lado malo de la historia.

Ejemplos de buenismo hay muchos. Los jemeres rojos idearon el año cero: alentaron a la sociedad camboyana a re escribir la historia y hacer un nuevo país. Aquel noble intento terminó con un tercio de la población asesinada en cuatro años. El mayor genocidio en escala de la historia.

Los resultados electorales demuestran que la mayoría de salvadoreños no se ha cansado de esperar que el país cambie. A pesar de las innumerables promesas fallidas, siguen teniendo esperanza. El respaldo mayoritario al partido del presidente expresa la fe en que cumplirá su promesa de mejorar la vida de todos.

En este sentido, limpiarle la mesa no pretendería darle carta libre para que haga lo que quiera, sino para que transforme realmente al país. Aristóteles dijo que “uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”. Precisamente, haber prometido y defraudado es lo que están pagando los que no honraron sus promesas cuando estuvieron en el poder.

Aunque no se conoce un plan de gobierno ni un proyecto de nación que tengan su firma, el presidente anunció cambios importantes y estructurales que dentro de poco, no teniendo ya obstáculos en la institucionalidad nacional que le impidan realizarlos, podrá emprender. Un par de ejemplos de esos compromisos que asumió y ofreció durante su campaña presidencial pueden servir para hacerse una idea de aquello que podría hacer para darle un nuevo rumbo a El Salvador

Primero, en el ámbito de la transparencia y el combate a la corrupción, prometió crear la figura de un comisionado anticorrupción que, nombrado por los partidos de la oposición, combatiera ese flagelo. Prometió también eliminar la partida secreta, por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal y que nunca fue auditada en los Gobiernos anteriores.

Bukele afirmó en campaña que “los gastos necesarios de la inteligencia saldrán de partidas auditables, evitando el robo que siempre existió”. Fue esa partida, según la Fiscalía General de la República, la que los ex presidentes Funes y Saca utilizaron para malversar cientos de millones de dólares.

En segundo lugar, en el ámbito económico, ofreció “modernizar la recaudación fiscal” para evitar la evasión y elusión tributaria, y “promover una reforma fiscal integral”. En sus palabras: “Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos”. En esa línea, habló de la necesaria gradualidad de los impuestos y ejemplificó con un IVA diferenciado: mayor para los bienes suntuosos y exención para la canasta básica.

En la ciencia económica, este tipo de medidas son propias de una reforma fiscal progresiva, algo que ninguno de los Gobiernos de la posguerra se atrevió a implementar, a pesar de que los agudos niveles de desigualdad del país lo exigen. Más aún, habló de trabajar por “una economía social de mercado”, en la que las zonas económicas especiales no tendrían cabida por ser privatizadoras.

Si, como argumentaba, no había podido llevar a cabo estas medidas por tener a los otros dos poderes del Estado en contra, ahora al presidente le bastará voluntad y decisión para hacerlas realidad. Ha llegado su hora o, en su defecto, la de un nuevo desencanto ciudadano.
(Editorial UCA)

Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra.

Vive El Salvador, guerra de opinión pública, deformando los hechos políticos, con la clara intención de engañar al ciudadano y, obtener favorable opinión pública, con vista a las elecciones, a final de mes.

El viaje de Nayib Bukele a Estados Unidos, tuvo el propósito de que se comprobase el apoyo incondicional hacia su persona, contrarrestando así, los efectos de “la Lista Engel” pero el resultado fue negativo: seguramente, ni la Canciller salvadoreña, ni la Embajadora en ese país, le advirtieron las consecuencias negativas, de un viaje oficial, encubierto de privado, sin los debidos protocolos diplomáticos, con la esperanza de forzar situaciones muy complejas, que ofreciesen oportunidad para obtener una foto, que sería usada publicitariamente, en El Salvador.

Ante el fracaso en Estados Unidos y, pretendiendo mantener su imagen ante sus seguidores, convoca al Cuerpo Diplomático acreditado en el país, ante el cual, expone la “conspiración de Golpe de Estado en su contra”, sin explicar el motivo de la pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, solicitando de él, su evaluación mental, velando por la estabilidad nacional, frente a los desvaríos e incongruencias, del Presidente de la República.

La propuesta del Diputado Velásquez Parker, con apoyo de la bancada del FMLN, es perfectamente legítima, pero su rechazo, por otros diputados opositores, pone en entredicho la unidad de la oposición, dando aliento a Bukele, para señalar un Golpe de Estado. Las acusaciones de Mauricio Funes desde Nicaragua, rompen su condición de asilado político, pero manifiestan que el país, necesita actuaciones razonables y coherentes.

Si durante la pandemia, se prohibía el ingreso de salvadoreños desde el exterior, se capturaba a ciudadanos, que por necesidad salían, siendo llevados a centros de “contención” (canceles disfrazadas), sin atender los Habeas Corpus en su favor, pero Nayib Bukele, según se reveló recientemente, en un programa vespertino de opinión, viajaba libremente a los Estados Unidos; corroborase también, el reciente viaje a Estados Unidos, sin haber sido recibido oficialmente, negándolo ahora: denota la falta de coherencia y, la veracidad de las declaraciones de un Presidente, dejando en claro, que debe de ser substituido por el Vicepresidente quien, hasta la fecha, siempre ha dado visos de realismo y coherencia, en sus acciones y planteamientos.

La presencia y apoyo del Cuerpo Diplomático, es al país, a su institucionalidad y a sus representantes (al Gobierno en su integralidad y no, en exclusividad al Ejecutivo) pero la presidencia lo ha interpretado, como apoyo incondicional a Nayib Bukele, en su persona, siendo el respaldo al Estado de Derecho del país, basándose en el principio de autodeterminación de los pueblos.

Si Bukele no actúa, en contra de las personas que ha señalado como golpistas, quedará ante sus seguidores, como mentiroso, carente de poder; si lo hace, será un dictador. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República, tiene investigación por los hechos del 9 de febrero de 2020 y el Ejecutivo, no ha entregado a la Fiscalía, pruebas del Golpe de Estado explicado por Bukele. La Fiscalía es la única que puede determinar la existencia de un delito, en base al Artículo 193, Inc. 2° Cn: “Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley”.

La manipulación de la percepción de la opinión pública, está siendo más nociva que los mismos hechos: es necesario que exista desde el Ejecutivo, coherencia y responsabilidad, pues la situación financiera nacional, se ve afectada por cada acción que realiza el Presidente, poniéndose en riesgo la estabilidad nacional y nuestras relaciones internacionales.

 

El 9 de febrero de 2020 el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de militares, policías y miembros de su gabinete. El asalto presidencial al Parlamento también tuvo la complicidad de algunos diputados serviles al bukelismo, entre éstos Guillermo Gallegos, de GANA.

El fallido golpe del Ejecutivo contra la Asamblea se dio en el marco de una grave crisis del agua en el Área Metropolitana de San Salvador y una fuerte campaña de Bukele contra la Asamblea por la supuesta negativa de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar el hasta ahora desconocido “Plan Control Territorial”.

Investigaciones periodísticas posteriores confirmaron que el objetivo del mandatario para tomarse el palacio legislativo iba en ambos sentidos: obligar a los diputados a aprobar dicho préstamo y “levantar la imagen gubernamental” gravemente deteriorada por la incapacidad de ANDA para resolver la crisis del agua que afectaba a la población capitalina.

El hecho nunca antes visto (ni siquiera durante la dictadura o la guerra civil) fue condenado nacional e internacionalmente como un atentado contra la independencia de poderes, la institucionalidad y el estado de derecho. A Bukele le salió el “tiro por la culata”, porque evidenció de la manera más clara su perspectiva antidemocrática, su estilo autoritario de gobernar y su irrespeto por la institucionalidad, así como también la burda manipulación política de la Fuerza Armada y la Policía.

Por sus graves implicaciones para la democracia, el asalto presidencial contra el Parlamento no debe pasar desapercibido. La ciudadanía democrática debe manifestarse por todos los medios posibles, denunciándolo como un intento de golpe y como la mayor expresión del autoritarismo de Bukele.

El 9F debería ser la conmemoración fundante de un movimiento cívico por la democracia, que demande respeto a la libertad de expresión e información, a los derechos humanos y a las reglas democráticas. Un movimiento que ponga freno al delirio autoritario de un gobernante que pretende enquistarse en el poder y perpetuar un proyecto antidemocrático, populista, demagógico y neoliberal.

Desde este espacio editorial instamos a todas la organizaciones y movimientos sociales, y a toda la población con perspectiva democrática, a no pasar desapercibido el 9F, denunciar al autoritarismo y pronunciarse por la paz, los derechos humanos y la democracia.

(Editorial ARPAS)

Por: Mauricio Mejía*

La Sala de lo Constitucional admitió el 26 de enero del 2021, la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Bertha Deleón, contra la candidatura a diputado de Walter Araujo, del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas y como medida cautelar, ordenó al Tribunal Supremo Electoral, dejar sin efecto su inscripción y borrarlo de la papeleta de votación de la circunscripción de San Salvador para ser sustituido por otro aspirante del mismo partido.

Para su resolución, la Sala tomó en cuenta al menos tres hechos:

1. Un proceso abierto en la Sección de probidad por supuesto enriquecimiento ilícito.

2. El indicio de que el Tribunal Supremo Electoral no verificó la honradez notoria que todo candidato debe mostrar según el artículo 126 de la Constitución.

3. Las medidas sustitutivas a la prisión, es decir para que el señor Araujo, no fuera privado de su libertad, vigentes desde junio de 2020, ordenadas por la jueza especializada de instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, con el objetivo de proteger la integridad física y moral de la abogada Deleón, quien el 2 de julio de 2020, demandó penalmente a Walter Araujo, por expresiones de violencia contra las mujeres en general y contra ella en particular, caso sobre el cual, el Fiscal Raúl Melara, recibiera presiones del presidente Bukele para dejarlo en la impunidad.

En opinión de la abogada Bertha Deleón, “… Permitir que Walter Araujo sea candidato a diputado es ilegal y atenta contra nuestro derecho a una vida libre de violencia. Es una persona nefasta que no respeta la institucionalidad ni acata decisiones judiciales”

Como ya es costumbre, voceros de Nuevas Ideas al rechazar la resolución de la Sala, insultan y difaman a los magistrados y le reclaman al Tribunal Supremo Electoral, que anule las inscripciones de candidatos como Norman Quijano y Ernesto Muyhsondt, por las supuestas negociaciones con pandillas, supuesto que también puede ser aplicado a su candidato a la alcaldía de San Salvador, Mario Durán, según ha trascendido públicamente.

En nuestro horizonte, al margen del efecto electoral, que en lo inmediato y concreto se traduce en que Walter Araujo no será diputado de la próxima legislatura, visualizamos el establecimiento de un importante precedente que condena las expresiones de violencia contra la mujer, que debe ser asimilado por la conciencia de hombres y mujeres para liberar a nuestra sociedad del flagelo de la violencia contra la mujer por su condición de mujer.

*Editorial radio 106.9 FM

Por: Manuel E Zavaleta

Hace unos años a raíz de los calificativos que se da a las generaciones “baby boom”, “millennial” y otras, jóvenes (menores de cuarenta años) inquirían, con cierta sorna, sobre cómo nos definíamos, por ello escribí:

«Que ¿quiénes somos?

Somos la infancia y la juventud a las que la guerra le explotó en la cara, que tuvo presente de muerte y futuro utópico.

Presente impuesto y futuro que cobraba con nuestras vidas; sí, nuestras vidas, porque los que caían asesinados, desaparecidos, secuestrados, torturados, encarcelados, también son nosotros, nuestra vida.

Morimos con ellos, y perviven en nosotros, sobrevivientes; porque eso somos, sobrevivientes intentando dejar de ser medio muertos, como bien nos identificó el Poeta, para ser vida plena.

Somos la realidad más intensa del siglo xx, la entrega total al compañero, a la amistad.

Somos, por excelencia, la generación del hacer.

Si bien no pudimos decidir sobre nuestra juventud, porque la represión, la persecución, la muerte no nos permitió ser sino carne de cañón, por mucho que nos duela, y no nos quedó otra alternativa que tomar conciencia de lo duro que es querer vivir. Creo que lo hemos hecho, esencialmente bien.

Somos los viejos, o casi viejos, que comenzamos a ver la vida desde la distancia, aunque si renunciar a ella; y sin pretender quedarnos anecdóticos, repasamos esa historia, tan larga, y tan cercana, que nos sigue marcando, que no se conoce en verdad, y menos, por los jóvenes que nos suceden. Pero seguimos siendo protagonistas.

Ya no tenemos el brío, pero tenemos la entereza; ya no somos inconscientemente conscientes, si me explico, que nos permitió lograr lo hecho, pero seguimos siendo duros en la crítica y autocrítica y amantes de la justicia, la verdad, el Pueblo, como decíamos, expresión que parece molesta aún.

En fin, somos resultado de la historia y pretensores de ser historia, difícil definirnos»

Ante la grotesca expresión de quien preside el Órgano Ejecutivo, amparándose en su investidura, agrego:

La guerra sucedió por la negación de toda posibilidad de ser y desarrollarnos como seres humanos, como salvadoreñidad; porque cerraron, los dueños del territorio y saqueadores de la riqueza, toda oportunidad de colmar las necesidades vitales de la masa popular hecha Pueblo.

La guerra sucedió porque las migajas a las que podíamos optar, aún ésas, se nos lanzaban con desprecio.

La guerra sucedió porque no había posibilidad de levantar la voz, de expresar la queja, de plantear la propuesta.

La guerra sucedió porque el testaferro oligárquico y burgués se ensañó con nosotros, inmisericorde: el ejército, creado, entrenado y utilizado para matar.

Afirmar que los acuerdos que finalizaron la guerra son una farsa es afirmar que lo vivido y sufrido por quienes nos vimos irremediablemente involucrados es una farsa. Afirmarlo, es decir que el terror vivido es una farsa. Decirlo, es pretender que la dictadura militar no existió.

Llamar farsa al cese de los espectáculos macabros que a diario presenciábamos en las calles, es negar el dolor del Pueblo.

Resulta fácil escudarse en la ignorancia de la historia para negar lo sucedido y no asumir la responsabilidad actual.

Solo la perversidad del cálculo electorero puede explicar tal actuación.

Así, es perverso confundir o pretender que se confunda al Pueblo armado con un partido político.

El cese de la dictadura militar fue el logro primordial de los acuerdos que finalizaron la guerra, unido al de institucionalizar la defensa de los derechos de las personas; afirmar que tales acuerdos son una farsa es justificar la barbarie militarista y negar la dignidad humana.

Solo la perversidad, con traje de ignorancia, hace posible que se afirme que los acuerdos que finalizaron la matanza son farsa.
El dieciséis de enero es la fecha en que reafirmamos que por irreconciliables que parezcan las posiciones, es posible, mediante la argumentación, llegar a acuerdos.

El dieciséis de enero es la fecha en la que reafirmamos que el ser humado es (debe ser) la razón del quehacer social.

El dieciséis de enero es la fecha en que reafirmamos que el militarismo nunca más. Callar los actuales desmanes del ejército, alentarlos brindándole innecesario protagonismo, utilizarlo para asentarse en el poder, es perverso.

Atacar sin razonamiento a la Institución defensora de los derechos humanos es ser cómplice de los asesinos revictimizando al Pueblo.

Los acuerdos que pusieron fin a la guerra, no son farsa, son reales.

Celebramos el fin de la guerra fratricida, por necesaria que haya sido. Conmemoramos a las víctimas, que somos los que vivimos y sufrimos las causas y consecuencias de la guerra: los muertos, los medio muertos.

Por Rodolfo Cardenal

Si la popularidad es tan abrumadora y el triunfo en las urnas indudable, ¿qué sentido tiene presionar y violentar a la autoridad electoral? Si, además, la razón y la ley los asisten, la violencia callejera es insensata. De hecho, el fraude masivo es muy difícil. Las trampas y las jugarretas de todos los partidos, incluido el oficial, no revierten un resultado electoral claro. ¿No será, más bien, que la popularidad del presidente Bukele no se traduce en la cantidad de votos deseada y que por ello, imitando a Trump, alega anticipadamente fraude electoral? El alegato siembra dudas sobre la limpieza del proceso electoral y la legitimidad de los ganadores rivales, justifica por adelantado el fracaso ante sus seguidores y, sobre todo, crea confusión y caos de donde sacar alguna ganancia. (más…)

Se ha agotado la capacidad del Ejecutivo, dentro de la ley: su indecisión entre la legalidad e ilegalidad, ha sido su principal característica; más, su intento de detener los allanamientos a las oficinas de Gobierno, ya no le permite regresar a la legalidad, sin que sus allegados sean enjuiciados, quedándole únicamente, la capacidad de maniobra en la política electoral.

Lleva el Gobierno, una carrera contra el tiempo, procurando que su corrupción no sea confirmada, antes de las próximas elecciones, para, al decir de sus troles, tener con Nuevas Ideas, 48 diputados, con GANA 10, más uno de los independientes formando así, la mayoría calificada, que permita la destitución de muchos, de los funcionarios actuales y consolidar un Gobierno, liderado por el Ejecutivo. Lo que confirma que Bukele, corre con tres frentes electorales.

Para lograrlo, necesita que su corrupción no sea confirmada, antes de febrero de 2021. Para lograrlo, se está utilizando la idea de volcar el país, en ayuda a Guatemala y Honduras, creando una expectación en el Triángulo Norte, desviando la atención internacional de su corrupción, para centrarla en la región; procurará también que su imagen regional, se refleje en el país y además, justificar la crisis económica, ante la ignorancia de sus seguidores.

Difícilmente puede sostenerse por más tiempo, la economía nacional y, la posibilidad de una nacionalización de las pensiones, como forma de fondeo del Gobierno y, constituir una expoliación (robo) a los cotizantes, pone en riesgo el sistema mismo, pues tendría que pagar sus obligaciones previsionales con más impuestos y, seguramente plantearía una reducción en las pensiones futuras por “necesidad pública y solidaridad”, como se hizo en Argentina. Puede esto ser planteado por el Gobierno, como forma de “justicia” para el trabajador y más impuestos, a la empresa privada.

Otra forma del Gobierno para tener control férreo, sobre el comercio y la industria, sería el retorno al colón, pues todas las importaciones, necesitarían la compra de dólares al Gobierno y ante la escases de divisa, es quien señala las prioridades económicas y su tipo de cambio, generando ganancias personales a quien controle las divisas.

Si El Salvador, volviese al colón, disminuiría la capacidad de pago de su deuda externa y, es posible que éste, no se diese. Al ir a la baja el valor de la deuda externa, podría ser comprada a descuento, por intereses geopolíticos fuera del área o, de la esfera de Estados Unidos y Europa, como recurso de salvación financiera y, apoyo externo del Gobierno, como ha sucedido en Venezuela.

Llama la atención, que algunos troles de Bukele, al difundir la noticia de la ayuda que brindamos a Honduras y Guatemala, señalen que el Triángulo Norte, ha sido abandonado por USA, México y Europa y que sólo el Gobierno salvadoreño, se preocupa por el área.

Antes de hacer algo oficialmente, Bukele lo propone por sus troles, para medir el impacto entre sus seguidores; otra forma, de proceder, es el desprestigio a sus opositores, sean personas, familias o instituciones. Las ilegalidades y el rompimiento constitucional, inició primeramente con ataques de sus troles, para luego de caldear el ambiente, se procedió a oficializarlo, mediante acciones administrativas.

Los allanamientos a los Ministerios que han realizado las mayores irregularidades o, las más obvias, son consecuencia natural, de la institucionalidad del Estado, que defiende los intereses de todos. Cuanto ha realizado Bukele, ya había sido anunciado por sus troles y por él, en su campaña electoral, pero se creyó que el Derecho, por sí sólo, sería suficiente, más no, es necesario que la institucionalidad se imponga coactivamente.

El Reino de terror de Colón es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Sorprendentemente, Colón supervisó la venta de niñas nativas a la esclavitud sexual.

Las niñas de 9 a 10 años eran las más deseadas por sus hombres. En 1500, Colón escribió casualmente sobre ello en su diario. Dijo: «Cien castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja, y esto es muy general y hay muchos traficantes que buscan niñas; las de nueve a diez años están ahora en demanda.»

Obligó a estos pacíficos nativos a trabajar en sus minas de oro hasta que murieron de agotamiento. Si un trabajador «indio» no entregaba toda su cuota de polvo de oro antes de la fecha límite de Colón, los soldados le cortaban las manos y se las ataban al cuello para enviar un mensaje. La esclavitud era tan intolerable para esta dulce y gentil gente de la isla que en un momento cien de ellos se suicidaron en masa. La ley católica prohibía la esclavitud de los cristianos, pero Colón resolvió este problema. Simplemente se negó a bautizar a los nativos de La Española.

En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Colón trajo cañones y perros de ataque. Si un nativo se resistiera a la esclavitud, le cortaría una nariz o una oreja. Si los esclavos trataban de escapar, Colón los quemaba vivos.

Otras veces, enviaba perros de ataque para cazarlos, y los perros arrancaban los brazos y las piernas de los nativos que gritaban mientras aún estaban vivos. Si los españoles se quedaron sin carne para alimentar a los perros, los bebés arahuacos fueron matados para comer.

Los actos de crueldad de Colón fueron tan indecibles y tan legendarios – incluso en su época – que el gobernador Francisco De Bobadilla arrestó a Colón y a sus dos hermanos, los ató con cadenas y los envió a España para que respondieran por sus crímenes contra los arahuacos. Pero el rey y la reina de España, con su tesoro lleno de oro, perdonaron a Colón y lo liberaron.

Uno de los hombres de Colón, Bartolomé De Las Casas, estaba tan mortificado por las brutales atrocidades de Colón contra los nativos que dejó de trabajar para Colón y se convirtió en un sacerdote católico. Describió cómo los españoles bajo el mando de Colón cortaban las piernas de los niños que huían de ellos para probar el filo de sus cuchillas. Según De Las Casas, los hombres hacían apuestas sobre quién, con un solo golpe de su espada, podía cortar a una persona por la mitad.

Dice que los hombres de Colón derramaron gente llena de jabón hirviendo. En un solo día, De Las Casas fue testigo ocular cuando los soldados españoles desmembraron, decapitaron o violaron a 3000 nativos. «Se cometieron tales inhumanidades y barbaridades a mis ojos como ninguna edad puede ser paralela», escribió De Las Casas. «Mis ojos han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana que ahora tiemblo mientras escribo.»

De Las Casas pasó el resto de su vida tratando de proteger a los indefensos nativos. Pero después de un tiempo, no quedaban nativos que proteger. Los expertos coinciden en general en que antes de 1492, la población de la isla de La Española probablemente superaba los 3 millones de habitantes. A los 20 años de la llegada de España, se redujo a sólo 60.000. En 50 años, no se pudo encontrar ni un solo habitante nativo original.

En 1516, el historiador español Pedro Mártir escribió:

«Un barco sin brújula, gráfico o guía, pero sólo siguiendo el rastro de los indios muertos que habían sido arrojados de los barcos donde podían encontrar su camino desde las Bahamas hasta La Española.»

Cristóbal Colón obtuvo la mayor parte de sus ingresos de la esclavitud, observó De Las Casas. De hecho, Colón fue el primer traficante de esclavos de las Américas. Cuando los esclavos nativos murieron, fueron reemplazados por esclavos negros. El hijo de Colón se convirtió en el primer comerciante de esclavos africano en 1505.