Categoría: Editorial

Por: Walter Raudales*

La reforma legal, aprobada por la Asamblea Legislativa dentro del marco del régimen de excepción, que incuye hacer juicios colectivos y que puedes estar preso y hacerte tu audiencia inicial hasta dentro de dos años, es una verdadera ABERRACIÓN JURIDICA porque rompe la esencia misma de la democracia.

Democracia, (palabra que proviene del latín “democratĭa”, y éste del griego δημοκρατία dēmokratía) es una forma de organización social y política en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales.

Esos mecanismos contractuales se establecen a través del Estado de Derecho. Entonces al romper aquí el Estado de Derecho lo que sucede es que prácticamente se rompe la democracia. Con esos juicios en colectivo rompes lo fundamental de la sociedad, su  Estado de Derecho ¿Si eso es así qué nos queda?

Lo dijo la Magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Diputados en la Asamblea Legislativa: “los jueces se van a convertir en “pasapapeles”. Si los jueces se convierten en “pasapapeles” del Ejecutivo, no existe para la ciudadanía un mecanismo que les defienda y garantices sus derechos humanos más elementales, en este caso nos referimos a todos los inocentes capturados.

Lo que subyace detrás en estas reformas, no es si son 24 meses o los mismos juicios colectivos, de lo que hablamos es de ese gene autoritario que llega a destrozar todo el Estado de Derecho y a convertirnos ya en un Estado no democrático.

Al estar desmontado el Estado de Derecho no tiene sentido el uso de los recursos judiciales. Tiene que ser otro tipo de luchas, no judiciales. Hay movimientos sociales en donde están todas las expresiones de la sociedad sin distinción, y el movimiento popular que aglutina a organizaciones propiamente de izquierda. Ya el movimiento popular en El Salvador se está planteando: ¿Qué hacer en un país en donde la democracia ha sido torpedeada, porque las instituciones han sido cooptadas, en donde el Estado Derecho ha fallecido?

Hoy leí que al Juez Antonio Durán, crítico del régimen, denuncia que llegaron personeros del Instituto de Ética Gubernamental a hacerle una investigación porque llega tarde: eso es usar todo el entramado institucional para persecución de opositores.

Estamos claros que hay inocentes en esas más de 70 mil capturas durante el Régimen de Excepción, hay policías que lo han dicho que les pedían cuota de capturas diarias de personas y les premiaban con un bono, entonces hacían redadas, eso es violación absoluta de los derechos humanos, lo ha aceptado el mismo Ministro de Seguridad, incluso han liberado a casi cinco mil capturados por no tener vínculos con pandillas. ¿Cuántos inocentes más hay ahí presos? En el país, el Estado de Derecho, ese pacto social de nación no les garantiza a estas personas esos derechos, ese es el punto.

Me impresiona ver a profesionales del derecho que quieran defender lo indefendible. Es un principio fundamental y constitucional el derecho a la presunción de inocencia. Con todas estas reformas se oficializa la violación al debido proceso judicial. No se puede con discurso de “dar seguridad” destruir la democracia. Eso es lo que está pasando y ha pasado.

Estos juicios colectivos que se ha aprobado violenta el principio básico del derecho penal que es el principio de responsabilidad, donde cada ciudadano debe responder por sus acciones. Al no individualizar a cada persona respecto de sus acciones se violenta varios principios constitucionales.

Cuando se da el golpe judicial el 1 de mayo del 2021 y se expulsa a la Sala de lo Constitucional y se imponen nuevos abogados, evidentemente plegados al oficialismo, pasaron unos meses y luego, arbitrariamente, se expulsa también a todos los jueces con más de sesenta años, de manera arbitraria también porque los jueces son vitalicios, entre propietarios y suplentes estamos hablando de casi doscientos nuevos jueces, casi todos plegados al oficialismo también, con cero experiencia en la litis judicial. Hay un alto porcentaje ahí de jueces que su currículo no da para tener ese cargo. Aquí ha habido una cooptación del Órgano Judicial, un poder del Estado que tendría que ser independiente. La lógica del poder en una verdadera democracia establece que el poder –en toda su dimensión- se debe someter al derecho, a las reglas constitucionales.

Hoy en El Salvador hay una violación de los elementales derechos de forma institucionalizada, como política de Estado, eso es responsabilidad del ejecutivo, legislativo y judicial, que están en la misma frecuencia, todos tienen una enorme responsabilidad, porque no actúan en la lógica del contrapeso.

Estamos en un momento bien grave de la historia del país, donde se ha perdido lo último, que sería en este caso el poder judicial que es el garante del derecho de los ciudadanos. El derecho a defensa se ve afectado profundamente, porque para condenar a una persona se tiene que realizar el debido proceso en donde se construye la culpabilidad respetando garantías básicas y elementales. En el caso de juicios colectivos, es claro que no se van a investigar los delitos, ni detenciones arbitrarias, ni allanamientos ilegales. En conclusión esto es el Fin de la democracia en El Salvador.

Entre “puyabotones” y entre “pasapapeles” ¿qué le queda a esta democracia?

Es el fin a la democracia, y que triste que en este momento de mi vida periodística me toque decirlo, anunciarlo, escribirlo: FIN A LA DEMOCRACIA. BIENVENIDOS A LA DICTADURA.

Al hacer un análisis de todas las variables que te da la realidad y la coyuntura te das cuenta que el Estado de Derecho ya no existe y que hay una élite gobernante que está haciendo uso y desuso del sistema judicial y de toda la institucionalidad.

La organización internacional Latinobarómetro, en su más reciente informe dice que en El Salvador hay una AUTOCRACIA. Está afirmando que ya no hay democracia. “El Salvador está dejando de ser una democracia y transformándose en un populismo autocrático. En El Salvador se levanta una nueva autocracia por encima de las leyes y los derechos humanos”, advierte el informe 2023 Latinobarómetro.

*Fragmentos de su participación en el programa radial El Independiente Radio y en el debate televisivo Diálogo 21.

En este mismo instante la crisis social en Israel es tan grave, con militares abandonando filas y sumándose a las cada vez más extendidas protestas entre la población, con los periódicos hablando ya de una guerra civil, el Knesset agravando su división y el gobierno procurando por intermedio de la mediática a su disposición calmar a la población sin que realmente nadie o apenas pocos, le escuchen, pues el quiebre provocado por el gobierno es tan profundo, que aquellas prestigiosas fuerzas en un cada vez mayor número no responden a las órdenes de ese gobierno, debatiendo entre los formalismos del deber, y el deber mismo.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

En cada vez más ciudades de los EEUU los cinturones de pobreza de ciudadanos nativos se extienden, los salarios en general caen, se agrava el consumo de drogas duras, degenerando en el desarrollo y crecimiento de los llamados Zombieland, destruyendo familias, acabando con vidas, aumentando las masacres emprendidas por ciudadanos aburridos en contra de sus vecinos, con armas automáticas compradas libremente por simplemente ser mayores de edad, agudizando la descomposición social por la enfermedad que infecta a esa sociedad, sin recursos estatales para enfrentar estas consecuencias, mientras el gobierno sigue destinando extraordinarios recursos a la guerra en Ucrania y el norte y oeste de Siria, subvencionando fundamentalistas islámicos y saqueando aquel país.

En Francia las protestas se suman y entremezclan, mientras la gendarmería intenta poner orden en las calles, asesinando a otro inmigrante, los periódicos no prestan mayor atención, pero sí a la destrucción que las protestan desatan en las ciudades francesas, sumándose a esto los cuestionamientos que la población hace sobre las reformas pensionarias que sí o sí, el gobierno de derecha de aquel país impone a la ciudadanía sin importar el coste que ello suponga.

En Ecuador, la criminalidad campea al igual que la corrupción, mientras la ciudadanía se revuelve demandando a su gobierno, que no escucha, retornar a la legalidad; otro tanto se sucede en el Perú, donde la legalidad se ha roto y el estado asesina a su propio pueblo justificándose tras las advertencias públicas en las que le demanda a la ciudadanía “no hacer nada”, no protestar.

¿Y nuestra democracia?

¿Cuál democracia?

La democracia es un fenómeno social participativo, en el que la sociedad civil es el verdadero soberano, pero ha sido silenciada por decreto. En cambio, desde la firma de los Acuerdos de Paz, la nuestra la secuestró una partidocracia, que agotara por su ineficacia y corrupción al soberano, que así favoreció el retorno del fascismo en el actual ejecutivo.

Entonces la defensa a ultranza de los intereses de las élites que ha realizado el partidismo agotó a occidente, y la creciente tensión por la exclusión y marginación resultantes dió paso a la violencia que agobia a buen número de naciones occidentales, las cuales casualmente emprenden las mismas reformas que en la práctica sobre concentra las riquezas, mientras se deprime al soberano, que seguirá pagando, y perdiendo, valiosas vidas como bieses y se pierde la legalidad.

*Educador salvadoreño

Doña Ana, nombre ficticio, recibió en su casa en Apopa, una notificación del FSV en la que se la anuncia que la cuota mensual que paga se incrementará el mes venidero en $10.00, respaldándose la entidad en el supuesto de “…la seguridad que goza el país aumenta ostensiblemente la plusvalía de la propiedad, por lo que la cuota acordada previamente se ajustará…”.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Recordemos que hablamos de Apopa.

Doña Ana es una de las personas, de las decenas de miles -alrededor de 20,000 en el sector público y algo más de 160,000 en el sector privado- que han perdido arbitrariamente su trabajo por malicia de esta gestión, lo que podemos apreciar en él sensible incremento de la migración ilegal de nuestros connacionales, que está rayando ya en los números que durante la gestión Flores padeció el país, y que podemos corroborar en las cifras que ofrecen las oficinas migratorias tanto de Guatemala, México y los propios Estados Unidos.

Otra evidencia de la inseguridad que supone la seguridad asegurada por el estado salvadoreño, lo patenta el incremento exponencial del ausentismo escolar, reflejado en las cifras del MINED que reconoce que hasta 6 de cada 10 niños en preescolar y primaria, no concluyen tales niveles, y que 8 de cada 10 educandos en las regiones más deprimidas del país tampoco concluyen tercer ciclo.

No hay información oficial de parte del MINED sobre este ámbito para el caso de bachillerato.

También la FAO ha realizado un llamado público al gobierno salvadoreño para que se comprometa mediante acciones concretas a desarrollar una política sostenible y “creíble” para acabar el hambre en el país, porque las cifras apuntan, a pesar de la negación del régimen, que amplios segmentos de la población ¡ya la padece¡, afectando principalmente a sus menores, pues sus familias carecen de los ingresos necesarios para asegurar la compra de alimentos en la cantidad y calidad necesarias para bien alimentarse.

Al igual que con el caso de los asesinatos en los penales bajo custodia y responsabilidad de agentes del estado, como los desacertados comentarios en los que el fiscal general asegura no ver problema en que ahí haya fallecidos, tampoco los funcionarios responsables del MINED como del MINSAL parecen advertir lo que supone para la actual generación de infantes en su primera y segunda etapa, prepúberes y púberes, crecer con marcada malnutrición, y las consecuencias para sus vidas como adultos.

Estos son solo 3 marcadores de muchos que evidencian no solo el que en el país padecemos una intencionada y marcada regresión en materia social, pues carecemos tanto de seguridad como de certeza jurídica, o de trabajo en consecuencia con los sesgos y prejuicios políticos del régimen, que priva de ingresos dignos a la familia salvadoreña para poder así atender las necesidades de sus miembros con propiedad.

No hay seguridad, solo reducción del crimen.

Sin seguridad plena, sin certeza jurídica, no habrá inversión, y sin ésta, tampoco empleos.

Y sin empleo, ni seguridad, ni certeza jurídica, no hay futuro.

*Educador salvadoreño

La introducción de las reformas fiscales y económicas adelantadas en los 90´s por parte de Arena supuso mercantilizar y privatizar los servicios que constitucionalmente el estado debe sufragar.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Con el tiempo esto ha degenerado en una suerte de fiesta abierta en la que, bajo el paraguas neoliberal, se ha naturalizado la profundización de la privatización, extendiéndose incluso a los servicios constitucionalmente prioritarios.

Así, el sistema educativo ha sido afectado por una serie de medidas dirigidas a favorecer su privatización, reduciendo, retrasando y hasta negando los recursos que el estado debe subsidiar.

A inicios de este año por ejemplo, el Ministro de Educación reconoció públicamente no haber entregado los alimentos que las escuelas esperan.

Antes, en diciembre, los contratos de los docentes que durante años han aguardado su ingreso al sistema oficial mediante concurso, no fueron de nuevo refrendados, dejándolos fuera del sistema y siendo sustituidos por elementos partidarios designados por las nuevas direcciones que fueran impuestas desde MINED central.

En este punto la mayoría puede razonar que esto siempre ha pasado y no debe sorprendernos, pero se trata justamente de que no suceda, de que los espacios laborales en el sector público sean ocupados por personal calificado que además supere los filtros que la ley impone para su ingreso, y que no se suceda lo ocurrido, es decir que sea otro premio al amiguismo partidario interesado.

Ello sólo deriva en un velado proceso de politización de los educandos, en consecuencia, con la alta ideologización de estos elementos partidarios introducidos al sistema.

Un ejemplo desvergonzadamente crudo de esto es lo que sucede en Panchimalco, donde abiertamente las autoridades impuestas conducen a toda la población educativa desde una perspectiva partidaria oficialista, hecho denunciado por la comunidad educativa.

Ello sería un problema menor si acaso fuera un fenómeno localizado, pero se está generalizando, pues a la mayoría de las escuelas se las están conduciendo de este modo, impulsando por ejemplo actividades de crudo cariz político, en el que participan bajo la figura de una supuesta apertura hacia la comunidad, diputados oficialistas con actividades de carácter proselitista y electoral prohibidas.

Pero no solo eso; además los estudiantes son obligados a asistir a eventos organizados por estas fuentes, so pena de perder nota, pagando además.

En otros centros escolares se les solicita “donaciones” a las familias, lo que no es el problema, sino el que el beneficio no sea para los estudiantes.

Estos vicios y otros han sido denunciados por la comunidad educativa por diferentes medios, sin respuesta.

Ahora bien; tanto docentes como padres de familia son cautelosos en razón de la amenaza que supone el régimen de excepción, que sumado a la complicidad de las autoridades ha limitado el efecto de las protestas, que sin embargo se suman a un cada vez mayor coro de otras protestas.

Pero todo se reduce a considerar el número de educandos, a saber, “clientes” en términos neoliberales que el sistema tiene, descubriéndose así los móviles de los interesados.

*Educador salvadoreño

El mayor logro de esta administración es haber alcanzado una considerable reducción de los delitos, sin embargo, ello no supone haber conquistado la seguridad, pues si se levanta el estado de excepción, el crimen campeará tal cual lo hiciera antes.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Esto porque la seguridad como fenómeno real se constituye al consolidar una política integral que enfrenta con relativo éxito los delitos cuando estos se han consumado, como sumando las medidas dirigidas a prevenir el delito mismo, desde la familia, la institucionalidad, y por supuesto, enfrentando a la impunidad entre otros.

Y claro, ahí la gran deuda.

Esto podemos constatarlo al observar por ejemplo como la presente administración ha contratado a través de deuda, más recursos que los que tuvieron a su disposición las administraciones anteriores, y que no constatamos en infraestructura o inversiones cuyo coste sea equivalente.

Sumemos a ello la corrupción en la que ha degenerado la gestión en su totalidad como en todo nivel, y tenemos la ecuación presente, con los ciudadanos saltándose comidas, privándose de carne, o sin trabajo, pues ninguna gestión puede compararse a la actual por la pérdida de empleos originadas en la razón más arbitraria: opinar políticamente de modo opuesto.

Ahora con estos precedentes, nos pregunta el gobierno: “…para garantizar la seguridad alcanzada debemos elegir que es mejor: seguir invirtiendo en el aparato militar y en el statu quo vigente, o avanzar a un estado en el que esa seguridad sea parte de una política integral que suponga invertir en educación y salud de calidad, seguridad jurídica, institucionalidad, infraestructura, etcétera, volviendo viable a la nación”.

La segunda opción supone acabar con los privilegios que el régimen defiende y ha profundizado, con por ejemplo, las tacitas privatizaciones emprendidas bajo la figura de alianzas entre el sector público y el privado, lo que en la práctica ha transferido la gestión del recurso hídrico, sin ninguna intervención estatal, a privados, por hasta treinta años.

Si eso no es privatización, ¿Qué es?

Y qué decir de la sobre concentración de la riqueza [en torno al 75% del PIB de acuerdo a la banca multilateral] en apenas el 0,8% de la población, mientras el resto pierde en cada vez mayor número sus trabajos, promoviendo de nuevo la inmigración ilegal, aproximándose a los números de los días del ex presidente Flores, en la medida que el coste de vida aumenta exponencialmente, así como los delitos de corte patrimonial, las desapariciones de ciudadanos, y por supuesto, se profundiza el hostigamiento estatal derivado del propio estado de excepción, con sus detenciones arbitrarias y, los asesinatos de ciudadanos bajo la misma detención estatal.

Este escenario sencillamente no es sostenible y en consecuencia es cuestión de tiempo para que la población pierda el temor a las armas en manos de militares, y de nuevo sea la guerra.
Entonces, ¿Qué es mejor tanto para la República como para la población?, ¿invertir en conservar esta relativa seguridad que no es, o, en un futuro incluyente que suponga además la prevención integral del delito?

*Educador salvadoreño

En la mañana del 3 de julio, el supremo de Guatemala dictaminó favoreciendo un amparo presentado por los diez partidos de derecha participes en el reciente evento electoral de ese país, vencidos todos electoralmente menos uno, por el único partido de izquierda en el evento: Semilla.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Para ponernos en contexto debemos considerar el que los resultados publicados por las encuestadoras antes del encuentro eleccionario, no sugerían de modo alguno que Semilla fuera favorecido por el soberano, lo que suscitó varios señalamientos de parte de los observadores extranjeros que refirieron esa anomalía como una de muchas que evidenciaría la nula transparencia del proceso, en el que los dados cargados impusieron una narrativa que favoreciera desde un primer momento a los representantes del conservadurismo en el proceso, anulando y despreciando la voluntad del soberano.

Y es que, el final de los pasados conflictos armados en la región supuso por acuerdo de las partes, una reestructuración de los órganos judiciales, lo que en la práctica no implicó ninguna transformación, pero si la introducción de algunas reformas, las cuales no se incorporaron en el ánimo de modificar el statu quo y si para asegurar el modelo económico, perpetuándolo.

Entonces, a un régimen jurídico de corte conservador se le suma una cultura predominantemente reaccionaria, la cual es alimentada negando a la población educación de calidad, como erosionando sus valores por intermedio de las iglesias pentecostalistas, aliadas incondicionales de las élites militantes y ultraconservadoras, en un cóctel dirigido a conservar y perpetuar las desigualdades, agravándolas mientras concentra la riqueza entre las élites.

Entonces la desinformación señalada por la comunidad internacional es solo uno de los muchos elementos existentes cuya razón es la preservación del modelo, mientras el órgano judicial hace lo suyo favoreciendo el reclamo de los partidos de derecha, aún cuando este carece de precedentes y supone un escenario no contemplado por la constitución guatemalteca, lo que implica un vacío legal por defecto, que en lo concreto rechaza la voluntad del soberano, las mayorías en todo caso, incluidas las que votaran por el partido de derecha que pasa al balotaje con Semilla, pues desconoce también su voluntad, evidenciando con crudeza cómo el modelo se sirve de la ciudadanía a través del ejercicio electoral, solo para legitimarse, sin reconocer y menos favorecer a este.

Falta en la ecuación el papel de los ejércitos, cuya historia es la suma de los más ignominiosos ultrajes a la dignidad de nuestras repúblicas, siempre dispuestos a atentar contra su seguridad como contra la vida de los ciudadanos, con la excusa de asegurar paradójicamente a las repúblicas que debieran guardar, mientras el gran hermano del norte, los EEUU pretenden garantizar que la cosa siga igual, perpetuando en el poder a una banda de esquizoides derechistas cuyo único interés es el enriquecimiento desmedido, por los medios que sea necesario.

Y, aun así, con todo aparentemente en contra, incluso la historia, nuestros pueblos construyen paso a paso, siguiendo esas reglas, sin retroceder, desigual y heroicamente, su libertad.

*Educador salvadoreño

La reciente inauguración de los juegos centroamericanos constituye una suerte de milagro de ingeniería pues supuso realizar obras hasta último momento, para inaugurar a tiempo.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Esta celebración supone para la administración un inmejorable escaparate donde exhibirse y sus supuestos logros.

A la triunfal inauguración transmitida por televisión y cable, irrespeto a los contratos incluido, se impuso a la ciudadanía la obligación de presenciar el evento.

Si bien la inauguración fue una fiesta, implicó además lanzar la casa por la ventana, contratando a cierto reputado dj que es toda una celebridad, lo que implicó una erogación, según MTV, en torno a $4, 000, 000. 00.

Las obras, todos lo apreciamos, estuvo a cargo de reos en fase de confianza, con su mano de obra.

Habrá que considerarse al revisar las cuentas que alguna vez deberíamos apreciar.

Por otro lado, el ingreso a los encuentros es gratuito, asegurando por esa vía que la población se recree; sin embargo, a la inauguración es claro que los asistentes fueron incondicionales del régimen, que cubrieron quizás, por las perspectivas que las panorámicas admiten apreciar, hasta un 50% de las graderías, lo que es un número importante.

Sin embargo, al considerar lo realmente medular, lo relativo a la seguridad de la que el ejecutivo hiciera gala ante las diferentes misiones de los países partícipes, al corroborarla visitando el interior del país, se descubre la falsa ilusión, puesto que lo que el país ha logrado es en realidad una significativa reducción de la criminalidad, sin paralelos en CA, pero apenas una disminución, y de ningún modo la seguridad a la que se hiciera referencia.

Y es que el ejecutivo confunde disminución de criminalidad con seguridad, pero lo primero es producto del despliegue masivo de fuerzas de seguridad en los territorios, conformándose en una segura respuesta rápida contra el crimen, lo que es deseable, pero de ningún modo suficiente.

La seguridad supone la aplicación de estas medidas de carácter represivo, pero además todo un conjunto de medidas que atajan toda forma de delito a través de la prevención, superando las causales de la misma y promoviendo a través de la certeza jurídica y la educación, condiciones que aseguren el empleo y la consecuente prosperidad a través de la movilidad social.

Tal supuesto no existe en el país, pero en cambio sí la inseguridad jurídica y laboral, como la exclusión y marginación social, profundizadas gravísimamente por el régimen que orilla hasta un 54% de la población a saltearse comidas, no consumir carnes, perder sus propiedades, haberes y empleos en favor del círculo presidencial so excusa del desarrollo territorial, migrando ilegalmente para escapar de esta represiva realidad.

Entonces este circo será en el mejor de los casos un éxito propagandístico con el que el régimen aparenta logros inexistentes, pero que de ningún modo es la superación de los crónicos males estructurales que padecemos y que ha agravado el régimen para la población.

Así las cosas, el escaparate es solo para apreciar una ilusión, pero comprendamos: no para experimentar tal ilusión.

*Educador salvadoreño

La escuela salvadoreña enfrenta varios desafíos, entre los cuales se encuentra por ejemplo la brecha digital, pero, además, dominio de los conocimientos y dominios digitales, es decir las habilidades que admitan tanto al cuerpo docente como los educandos sacar provecho de las herramientas y recursos que admiten estas tecnologías.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Parte de este problema se resuelve al dotar de computadoras a la comunidad educativa, pero no basta con ello, pues en la mayor parte del país se sigue favoreciendo el modelo tradicional educativo que coloca al educador frente a sus alumnos, repitiendo la lección de hace un año, memorizando, divorciando la clase del entorno, obviando los beneficios que supone el acceso a estas tecnologías.

Tampoco la tenencia de las computadoras da por sentado poder acceder a los saberes acumulados humanos, es necesario además tener acceso a la red, pagarla, lo que supone una inversión añadida que el gobierno ha denegado a las escuelas, mientras contradictoriamente muestra la entrega de pc´s como un logro, que lo es, pero que no lo lleva al siguiente nivel.

Esto se corresponde con los tantos recortes que en materia social se han implementado, y que incluye además entre otros la falta de alimentos en las escuelas.

Tampoco los educadores se han actualizado, lo que no solo apreciamos en el crudo hecho de que la mayoría, con algunas excepciones destacables, no se esfuerza por superar el modelo memorista y bancario, manteniendo en consecuencia a la saga a los educandos de la escuela pública y contribuyendo por esta vía a perpetuar su exclusión social.

Ello se refleja en la falta de confianza de parte de la población hacia la escuela pública, y que podemos constatar en la derrama ausentista y de deserciones reflejadas en diferentes informes por separado, que acusan una pérdida anual de educandos de la matrícula del país, de entre 650,000 y 800,000 estudiantes en los últimos 3 años [EHPM/UNICEF/MINED], lo que supondría que en apenas 10 años el sistema educativo simplemente dejará de existir, por sencillamente carecer de alumnos.

Tan cruda realidad se corresponde con hechos tales como el anquilosamiento del modelo, que responde a los intereses de las élites; la privatización de la formación de los educadores, la apuesta por la memorista bancaria, la baja y pobre inversión en el rublo, el desprecio a la interpretación cognitiva, la independencia de pensamiento y la creatividad, en favor del ideario del hombre masa, entre otros, a los que podemos sumar males culturales como el desprestigio del cuerpo docente, su pobre estima institucional, la inexistencia de estímulos, la imposición de una estructura política que favorece no al compromiso pedagógico y sí los intereses políticos.

Tales vicios son considerados cuando la familia salvadoreña apuesta mejor por su subsistencia, subempleando a sus hijos [el segmento de educandos que más falta a la escuela son los comprendidos entre los 9 y los 12 años de acuerdo a estas fuentes], pues estima que sin padrinos políticos de igual modo fracasaran si se dedican a los estudios.

Y así, ¿qué más decir?

*Educador salvadoreño

El desencanto con la política que en general las mayorías padecen, como también sus expectativas generadas durante el proceso electivo presidencial pasado, fue ampliamente manipulada por el actual ejecutivo, explotando a su favor el sentido deseo de la generación de verdaderos cambios de parte de la población que transformara la realidad para esta.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Ahora, cuatro años después y ya de salida, solo le queda al ejecutivo el vergonzoso papel de mostrarse arrogante y esquivo con la población, con la que nunca interactúo, profundizando las medidas represivas dirigidas particularmente en contra de los sectores populares, so excusa de combatir a la delincuencia cuando en realidad es una justificación para adelantar su programa de ajuste estructural financiero, cuyo éxito reside precisamente en concentrar a través de veladas privatizaciones, la riqueza en los sectores privilegiados, mientras agudiza las condiciones desventajosas de la población desheredada, la mitad de la cual, ahora mismo debe saltearse los alimentos y no consumir carne.

A la carencia de políticas sociales de parte de esta gestión, y la nula prevención de estas situaciones, se le suma no solo el reajuste referido, que ya trastoco nuestra realidad económica agravándola, profundizando las desigualdades, despertando los resentimientos, esta vez de clase, y derivado en una nueva desbandada de nuestra mejor mano de obra, que huye del país en busca de mejores condiciones de vida que les permita un atisbo de humanidad y dignidad, permanentemente denegadas acá por su estatus social, la que de paso cargando sus desgracias a cuestas, será el sostén de nuestra economía mediante las remesas. Vaya cálculo de menuda trampa.

Por otro lado, a la manía de encubrir lo que no se ha hecho mediante excusas, distractores y la generación de realidades alternas virtuales, además de la consecuente negación de las mismas, se suma el crudo fracaso financiero al no haber logrado convencer a los inversionistas extranjeros, y en consecuencia, no haber generado empleos, escenario degenerado con las recurrentes prácticas de arbitrarios despidos de parte del régimen, por las razones más injustificadas e ilegítimas imaginables, mientras a la par el régimen engrasa excesivamente con elementos partidarios al estado, incapacitándolo y anquilosando, haciendo de este un elefante blanco que no puede atender sus obligaciones constitucionales y reduciéndolo a la represión, como única respuesta a las quejas ciudadanas.

Esto porque a los masivos despidos de funcionarios públicos se suma la creciente reducción del sector privado, afectado por la nula inversión, lo que se traduce en menos empleos para este sector.

Ello a su vez redunda en un crecimiento exponencial del sector informal, que es a su vez víctima de la represión estatal, por supuestamente estar ligado al hampa, que lo provisionaría mediante las cachadas de los recursos que comercia.

Es decir, un malhadado círculo pernicioso, que a nadie beneficia salvo a las élites y a sus representantes, que encuentran así en ello los medios para continuar su fiesta.

Sin empleo, sin inversión y sin un marco jurídico que admita a la ciudadanía.

Y sin un futuro.

*Educador salvadoreño

No. Si bien es una muy arraigada costumbre de parte de todas las administraciones el no admitir la propia corrupción y en cambio derivarla a sus predecesores, hay que acotar sobre esta una realidad incontestable: La presente gestión es por mucho la más corrupta, cleptócrata y mitómana que hemos padecido en la historia de nuestro país.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Revisemos solo dos datos:

Primero es esta la gestión que más recursos económicos ha tenido a su disposición, incluso más que arena y el FMLN juntos durante sus 30 años, ya que domina los demás órganos de estado, reduciendo la adquisición de nuevos empréstitos a un mero trámite.

Segundo, el régimen deniega a la población acceso a la información concerniente a la administración y disposición de los tales recursos, sometiéndolos bajo la figura de “información concerniente a la seguridad del estado”, lo que supone que a pesar de conocerse porque y para qué se usarán, él quien los usará es el bemol de este esquema, por la característica discrecionalidad y la reconocida arbitrariedad con la este gobierno dispone de los recursos públicos.

Finalmente, y considerando que la gestión se encuentra ya de salida iniciando su quinto año, al revisar en que se han empleado tan fastos recursos sencillamente no los encontramos; no existe por ningún lado ninguna infraestructura que legitime y respalde la contratación de tales cantidades de dineros, más allá de lo que la retórica y la narrativa del régimen asegura ha realizado, sin que pueda respaldarse ese imaginario y menos aún soporte el más mínimo examen.

Así, ante tan apabullante evidencia de la extendida corrupción de este régimen, simplemente no es verosímil la supuesta persecución que de la corrupción hará, pues el primero en caer deberá ser el propio ejecutivo, de quien emana todo el quehacer del estado, pues nada se hace sin su expresa voluntad.

Recordemos para confirmarlo que sucedió con la CISIES, la cual fue generada con el interés exprofeso de exponer los supuestos delitos de las gestiones de izquierda, pero que, al encontrarse con la cruda, sin precedentes y aplastante corrupción de la actual gestión, giro en ella su investigación, lo que bastó para que fuera expulsada del país.

Por otro lado las investigaciones que han adelantado diferentes periódicos han destapado una olla de podredumbre del actual gobierno que va desde las negociaciones con las pandillas, manejo discrecional y oscuro de recursos públicos, desmontaje de la institucionalidad, colusión para el tráfico de drogas – DEA -, desmontaje de la institucionalidad como consecuencia de un autogolpe generado por el mismo régimen, y el asesinato de ciudadanos inocentes bajo detención de agentes estatales, por tortura.

No, no se perseguirá la corrupción, se procurará suprimir a la oposición, difamándola mediante campañas mediáticas que serán apenas juicios paralelos que inculpen a los adversarios del régimen de delitos inexistentes para justificar sus detenciones, sacándolos del ruedo.

Es decir, apenas otro turbio recurso al más puro estilo de este régimen, con el propósito de asegurarse el poder.

No podemos ni debemos la ciudadanía, dejarnos sorprender.

*Educador salvadoreño

Recién conocemos sobre la generación de la figura de “Comisionado Presidencial de DDHH”, cuya función debería ser velar por la ciudadanía desde la presidencia. El nombrado es el Doctor Andrés Guzmán Caballero, colombiano, cuyas credenciales son el haber ejercido en entornos virtuales.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Antes de continuar, hay que acotar que de cara a los trágicos eventos sucedidos en el estadio Cuscatlán, el comisionado presidencial de seguridad y en relación a las detenciones derivadas aseguró: “…no somos ya un estado débil sino fuerte…”, seguramente refiriéndose a que supuestamente ya no hay privilegiados ante la ley.

Continuemos.

Al conocerse su nombramiento, el Dr. Guzmán fue entrevistado por radio Caracol, donde entre otras cosas habría afirmado que está completamente de acuerdo con el estado de excepción, pues “situaciones difíciles imponen soluciones extremas”, lo que también habría afirmado en dicha entrevista.

Por supuesto, y dado que de todo elemento que desde el régimen ha sido impuesto en el gobierno debe como primera condición ser dócil a la voluntad del ejecutivo, desde sus primeras declaraciones ha confirmado que, por supuesto también se alinea incondicionalmente con lo que casa presidencial afirme, por lo que debemos dar por descontado que será como el resto de funcionarios de la administración, apenas un eco del ejecutivo.

Por otro lado, que sencillamente no esté familiarizado con los territorios, con la realidad vigente o histórica de nuestro país, es una flagrante debilidad, y en consecuencia una desventaja para los salvadoreños, pues impone a esta persona un largo compás de aprendizaje, lo que la función no permite por principio.

Pero además un valladar se impone, y es que el primer violador de los DDHH en esta coyuntura es el propio estado, el propio ejecutivo, quien categoriza a los defensores como aliados de las pandillas, cuando está probado que quién pactó con estas estructuras terroristas es precisamente el propio ejecutivo desde que su señor padre le diera posesión de su primer negocio, una pista de baile en la zona más exclusiva de la capital, donde negoció con estos el tráfico de drogas.

Entonces podemos deducir que este nombramiento sólo emulara a los que fueran presidentes de la comisión de derechos humanos gubernamental durante la guerra, tinterillos cuya labor fue la de negar los crímenes que el estado salvadoreño cometiera contra la población civil, aún impunes, y que el presente régimen agrava negando mientras profundiza la impunidad vigente desde entonces.

Su papel es decorativo, dirigido a confirmar lo que sea afirme el ejecutivo, afirmando que el estado salvadoreño es fuerte porque somete a los pobres en campos de concentración además de los indeseables del régimen, mientras conserva impunes a sus aliados.

No, es trágicamente otra improvisación mediática dirigida a acallar los señalamientos, evadiendo responsabilidades.

Si acaso resultara respondón, si asumiera el cargo contándole las costillas al régimen, seguirá el derrotero del hasta ahora único buen funcionario de este régimen: el despedido y ya fallecido primer presidente de esta gestión en el BCR.

Su integridad no será olvidada.

Ojalá el nombrado en su aprendizaje aprenda esa lección.

*Educador salvadoreño

Especular es plantear una argumentación a partir de la simple observación, estimando como es probable que se desarrolle una situación calculando lo que se persigue.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Se basa precisamente en la observación, hechos conocidos y presaberes, por lo que no es infalible, siendo en el mejor de los casos apenas una aproximación.

Sin embargo, en algunas ocasiones una especulación es tan acertada como la afirmación derivada de un cálculo minucioso a partir de hechos comprobables, por realizarse a partir de lo conocido, y la estimación de los intereses que la animan por ser consecuencia de una reconocida malicia.

Habiéndolo definido, especulemos un poco.

El presente gobierno no se distingue por lo organizado, pues lo típico de él es la improvisación para atender intereses particulares.

De ahí que para justificar tal o cual “plan” pretendidamente con ánimo social, se haga un desmedido uso de la mediática con el afán de alinear la opinión pública con el tal interés, presentándolo ante los órganos suprarregionales como una sentida necesidad de la población, aunque suponga una cruda violación a la ley.

Así, la necesidad de continuar con el estado de excepción es cuasi existencial para este gobierno, no solo por el craso hecho que es lo único en lo que ha tenido algún éxito satisfaciendo una objetiva necesidad de la población, dejando de ser una respuesta institucional a la violencia de los grupos pandilleriles, para constituirse una política de estado con fines electoreros.

De ahí que sostenerlo mientras se resuelve el tema electoral es una prioridad, aplicándose el gobierno a fondo para generar una creíble necesidad de éste, que legitime su continuidad, contradiciéndose al afirmar que “…se logró pacificar al país, con tantos días sin homicidios…”, a la par de plantearse la continuidad del estado de excepción, cuando supuestamente se han superado las causales del mismo.

No, no se han superado las causales porque son estructurales, y no se logrará por cuanto hacerlo supone acabar con los privilegios de clase que el régimen sustenta y defiende, para lo que se vale de otras estrategias.

Una estrategia tan trágica como contradictoria con los logros supuestos es presentar una situación que justifique ante la opinión pública la necesidad del estado de excepción.

Por supuesto con las consecuentes sospechas que levanta la casualidad de dos asesinados, que, en diferentes momentos, pero iguales circunstancias imponen la continuidad del tal plan.

El policía asesinado en emboscada cuando el régimen cantaba victoria sobre el terrorismo y aseguraba la pacificación del país, discutiéndose en el parlamento la necesidad de continuar con el estado de excepción, a la par que los organismos suprarregionales urgen al estado salvadoreño para suspenderlo por las violaciones que ha supuesto, es cuando menos sospechoso por la similitud de las circunstancias y los intereses jugados en el hemiciclo.

Si son simples casualidades entonces son también tragedias, pero si existe la posibilidad de que deriven de una conspiración, estamos ante un crimen de estado con las consecuencias que de ello se desprenden.

Porque entonces nadie, nadie estará seguro.

*Educador salvadoreño

El conflicto armado pasado vio enfrentar las concepciones militares, político-ideológicas de dos proyectos contrapuestos, antagónicos e irreconciliables que concluye no con la firma de los Acuerdos de Paz entre aquellos, allí en Chapultepec, México, sino con la caída del muro de Berlín.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Sin embargo, siendo una mera extensión de un conflicto global, los móviles locales por supuesto no se superaron al finalizar el conflicto, simplemente fueron obviados.

Así las condicionantes históricas y políticas que en ventanas de tiempo que van de los 7 a los 25 años, derivando en conflictos de baja intensidad, no fueron superadas, y en cambio en los años transcurridos se han agravado.

Agravado en términos de la escandalosa concentración de la riqueza en el orden del 70% del PIB en apenas el 1% de la población, y el 15% de éste en el 19% de la población aliada de la primera, mientras lo restante se distribuye desigualmente entre el 80% de la población no considerada en el acuerdo descrito crudamente en los informes de los organismos financistas multilaterales, gracias al esquema desigual que distribuye estructuralmente de manera injusta la riqueza, soportando, para ejemplificar, en las mayorías más desposeídas, la virtual totalidad de la carga tributaria, mientras los más beneficiados del modelo son favorecidos por doble partida con dádivas fiscales denominadas incentivos.

Hay que acotar empero que la ultraderecha fascista local ha sido exitosa en lograr ante la población disociar las causales de clase que favorecen el expolio en su favor, negándole a ésta acceder de manera crítica a su propia historia, y conquistando así el mayor logro del conservadurismo: atrayendo a su servicio y de modo consensuado, a los sectores expoliados, transformándolos de hecho en sus mayores defensores.

Por supuesto este logro no sería posible sin la extraordinaria contribución que hace el pentecostalismo recalcitrante y duro, o la escuela reblandecida que se soporta en el banquismo y la memoria como medio de aprendizaje, lo que reduce en particular a los sectores más desfavorecidos a una seudo condición de parias que se mueven flotando en torno a la partidocracia, sin convicciones, alimentando el círculo parasitario social que aquellos alientan.

Entonces, las condiciones descritas no son probables sin el concurso del aparataje político tradicional, para así perpetuar la injusticia y desigualdad social que padece nuestro país originariamente, y que supone que partidos como arena se apliquen a fondo pues es su interés conservar tales condicionantes, pero además implica que trágicamente también la izquierda política surgida de los acuerdos de paz es activamente participe en el esquema, lo que derivaría de su acelerada pauperización pequeño burgués.

De ahí que la partidocracia tradicional en el actual proceso electoral no tiene otro propósito que el de reducir las posibilidades efectivas de la oposición, por lo que su participación en el proceso es parte de un arreglo con el régimen que nos mal gobierna, para reducir el impacto efectivo de los votantes que buscamos su remoción.

No. Es el momento de construir una oposición viable, creíble e institucional a través de la unidad.

*Educador salvadoreño

Antes que los valerosos Mártires de Chicago marcaran su impronta en la historia, extenuantes jornadas laborales de hasta 20 horas eran lo común, con por ejemplo niños de 10 años colándose en ventilas de minas, sin estudiar, para alcanzar las vetas de metal o carbón, pagando por ello una alta tasa de mortalidad.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Las expectativas de vida eran por supuesto muy bajas para la clase trabajadora, y que decir de la inexistencia de un marco legal que los protegiera, pues estaba pactado que la economía no girara en torno a la producción, sino a la explotación per se.

Aquellas condiciones extremas no es que hayan desaparecido, pues no es difícil encontrarlas en diferentes países, incluso en los llamados del primer mundo, pero las regulaciones que le siguieron al asesinato de los Mártires marcan un antes y un después, penando la explotación laboral al evidenciarse.

Hay empero mucho que hacer pues a diario surgen nuevas y más creativas expresiones de explotación en contra de los trabajadores, como por ejemplo, al establecer como eje laboral los parámetros keynesianos para la generación de la riqueza, derivó en la desaparición del estado de bienestar, desreguló el mercado y redundo en la extensión del tiempo de servicio con el ánimo de beneficiar por doble partida a las entidades privadas administradoras de los fondos de pensiones, mientras los trabajadores acceden a un retiro cada vez más incierto, anulando la estabilidad laboral y reduciendo crudamente el acceso a la salud laboral, para favorecer a los privados convertidos en verdaderos comerciantes de esta.

La aparición del trabajo flexible es también un desafío, en su expresión más atrasada: con la que a los más jóvenes que se integran por primera vez al mundo laboral se les vende la idea de que les irá bien al no acceder a las prestaciones de ley, percibiendo el supuesto grueso salarial al final de la quincena.

Tampoco las expresiones de explotación de carácter subjetivas, relativas a la alineación y sometimiento político dejaron de constituir una cruda violación a la privacidad de los trabajadores, pues como nunca tales vicios se constatan en los espacios laborales.

Entonces el esquema keynesiano establecido por intermedio de los chicagos boys desde los 70’s, en el caso particular de América Latina y luego del asalto a la Moneda, ha supuesto en la práctica incontestables retrocesos para la clase trabajadora, mientras la riqueza resultante se ha concentrado escandalosamente en apenas el 1% de la población, deprimiendo al motor humano de la producción y reduciéndolo a la condición de recurso descartable.

Así, los costes en los avances para los trabajadores desde finales del siglo XVIII, medidos en preciosas vidas sacrificadas impunemente por los explotadores para conservar sus privilegios, no han reducido como vemos, han mutado y constituyen una permanente amenaza en contra de los intereses del trabajador y sus familias, por lo que sumarse a las demandas de reconquistar la estabilidad laboral, controlar los precios, acceder a salarios justos y recuperar el estado de bienestar, son y siempre serán legítimas.

*Educador salvadoreño

La distancia entre lo que se dice y lo que se hace es hoy abismal, y en el fondo de esa fosa se marchitan lentas las posibilidades de alcanzar un mejor futuro común.

La población se hastió de la política tradicional y de los políticos que llegan al poder para lucrarse de la cosa pública. Se cansó de que las promesas y ofertas de cambio no sean más que aire mientras las élites concentran riqueza. La mayoría se hartó de la corrupción y de la impunidad con que los poderosos violan la ley y la manipulan a su antojo.

La gente se indignó por el nepotismo, de que el Estado rebalse de personas sin capacidad y sin méritos profesionales ni éticos para desempeñar los cargos. La gente se cansó de no ser escuchada, de que sus derechos fundamentales no sean respetados.

La gente de barrios y colonias populares vivía en el terror, presa en su propia casa y sometida a violencias, amenazas, y extorsiones sin que nadie hiciera algo significativo para librarla del yugo de las pandillas.

Se hartó de que las instituciones públicas no funcionen, de la lentitud e ineficacia del sistema de justicia, del descuido del sistema de salud.

La gente contaba, pues, con sobradas razones para no estar contenta con el rumbo del país y anhelar un cambio radical. Por eso se arrojó en brazos de quienes exacerbaron ese descontento y prometieron barrer con todo. El resultado de esa apuesta desmesurada ha sido el equivalente a dispararse en los pies.

Los que que dijeron ser diferentes practican los vicios de siempre, superando con creces a sus predecesores. Quienes han hecho de la crítica a los Gobiernos anteriores su principio motor ocupan cargos para ostentar lujos y prepotencia.

Aquellos que repitieron como un mantra que “el dinero alcanza cuando nadie roba” han endeudado al país a niveles sin precedentes y ocultan toda información sobre gastos, proveedores e inversiones del Gobierno.

Los próceres del desagravio histórico persiguen a toda figura prominente de lo que para ellos representa el pasado mientras protegen a sus propios funcionarios ante señalamientos de corrupción y les garantizan impunidad.

Los que despotricaron contra el nepotismo tienen hoy a su familia y amigos en puestos públicos. Mientras dicen que ahora hay verdadera democracia, desmontan todo mecanismo de control y pasan por encima de cualquier ley, incluyendo la Constitución.

Mientras hablan de justicia, destituyen a todo juez o fiscal que obedezca a la ley antes que a un político y someten la justicia a los deseos de una sola persona.

Mientras hablan de El Salvador como de una tierra paradisíaca, cientos de compatriotas huyen del país a diario en búsqueda de oportunidades.

Mientras se levanta un nuevo proyecto elitista que ha puesto todo el Estado a su servicio y acapara los pocos recursos nacionales, la mayoría o no ve las contradicciones del régimen y cree a pie juntillas en un país imaginario, o prefiere seguir con su vida haciendo caso omiso de los desmanes.

La distancia entre lo que se dice y lo que se hace es hoy abismal, y en el fondo de esa fosa se marchitan lentas las posibilidades de alcanzar un mejor futuro común.

La construcción de la Democracia es un proceso constante y dinámico, comparable narrativamente a una aventura por las dificultades y obstáculos que se tendrán que sortear, porque las resistencias siempre serán superiores a las ansias por su construcción. Ello porque los poderes representados en el conservadurismo nunca estarán dispuestos a abandonar sus privilegios y ventajas, grajeadas manipulando al estado. Sí, y también cometiendo multitud de crímenes para conservarlo. La historia y la evidencia así lo confirma.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Por otro lado, las carencias obligadas a las que orillan los regímenes conservadores a su población pasan por el abandono de la educación, y en consecuencia del conocimiento de la propia historia, lo que deriva en la indefensión de parte de la población de los propios derechos, y para el caso que nos ocupa, el desinterés por construir la institucionalidad que defenderá los propios derechos ciudadanos.

Tomemos un caso de actualidad para ilustrarlo: las comunicaciones.

Las comunicaciones son un derecho humano fundamental, vitales en el mundo moderno, por lo que es fundamental que sean veraces, y además para que tengan valor, vertidas en tiempo real, lo que supone ser trasladadas sin manipulación, directamente, por intermedio de profesionales en las comunicaciones que realicen la labor sin pasiones e independiente. Esto es capital en particular en lo tocante a la información desprendida desde el primer órgano de estado, donde se discuten y aprueban las leyes que nos afectarán, por lo que la presencia de periodistas objetivos es necesaria.

En cambio, ahora nos dicen que esta tarea la realizarán you tubers, apenas comentaristas que tienen por propósito granjearse seguidores, que en la mayoría de casos no son objetivos y para nada serios al abordar cualquier tema, con por supuesto algunas honradas, pero muy contadas excepciones, que no han sido sumadas a la planilla en cuestión.
Estas personas, contratadas para este fin por la propia legislatura, es decir pagados, asalariados, por los mismos sobre los que nos compartirán información, son la fuente primaria que intermedian entre nosotros y la legislatura.

¿Honradamente podremos esperar de parte de estos un ejercicio noticioso objetivo? Por supuesto que no.

Son asalariados por lo que para conservar ese hueso serán lo más favorables que le sea posible al propósito de edulcorar la deteriorada imagen de un órgano que apenas es una farsa de sí mismo, y que ha sido reducido a ser un remedo del ejecutivo, un eco irreflexivo de los deseos de la presidencia.

No podemos esperar de estos, ninguna información objetiva y sí propaganda. Lo cierto es que, en apenas 3 años, esta administración ha retrocedido en todos los marcadores de desarrollo social, alcanzando para ilustrarlo, de nuevo hasta un 20% de analfabetismo entre la población, de acuerdo a los medidores que en esta materia hacen las NU.

Ello supone no solo el retroceso per se, referido, sino el desarrollo de las objetivas condiciones para alcanzar nuevas cotas de retraso, favorable al conservadurismo por desinstitucionalización.

Y ése, ése es el objetivo propósito de este régimen para perpetuarse en el poder.

*Educador salvadoreño

Don Carlos Durán era un emprendedor del transporte que ofrecía sus servicios en Colón; ahí y mientras ejercía fue asesinado por los que se supone son solo un recuerdo: pandilleros.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

La ruta en la cual trabajaba don Carlos, el año pasado había denunciado el hostigamiento de los terroristas, parando sus labores aguardando a que las autoridades y en el marco del régimen de excepción les brindara protección.

En la víspera don Carlos, con mucha valentía, se negó a pagar a los maleantes la renta que le demandaban estos, confiado de la seguridad que el gobierno asegura ya existe.

La tarde del día 5, fiados los criminales en la impunidad que siempre los abrazó, lo asesinaron.

Y es que el caso que describimos desnuda crudamente que lo afirmado por las autoridades es falso, pues el régimen de excepción no acabó con el terrorismo doméstico, el cual se ha reorganizado, crece y repta bajo las narices del régimen.

Esto porque los crímenes no desaparecerán en el país por cuanto las condiciones que los generan no han sido abordadas, por el contrario, se han agravado en el marco de las medidas represivas que el régimen impulsa porque estas se ceban contra los estratos menos favorecidos, promoviendo así y por exclusión su participación en el crimen.

A la represión debemos sumar la política de desempleo que el régimen impulsa entre miles de ciudadanos que antes sirvieron en el estado, por las razones más abyectas e injustas, para en cambio repartirlos entre su militancia partidaria, que, sin capacidad o dominios necesarios para ejercer en la cosa pública, contribuyen a incapacitar al estado favoreciendo por esta vía el desarrollo de nuevas expresiones de crimen.

Ello también se aplica al trabajo informal.

Debemos añadir, la política que mana de la tesis del paraíso y la negación que promueve el régimen, según la cual en solo un año éste lograra superar porque sí todos los males sociales padecidos históricamente en nuestro país, generando en ese solo espacio de tiempo condiciones sociales inigualables en Latinoamérica y que han logrado para nuestra población solo prosperidad, lo que además es sostenido silenciando cualquier opinión que la contravenga, incluso con cárcel.

Esto incluye falsear los datos relativos a la seguridad pública, distrayéndonos con súbitas situaciones sacadas de la manga, cortinas de humo en toda propiedad, dirigidas a distraer a la ciudadanía de lo que se sucede y afecta.

Somos entonces cautivos de la desinformación y la alienación del régimen, dirigida a sostener la aprobación de la gestión sin consideración de los efectos que ello supone para la propia población, porque además tiene el propósito de encubrir los acuerdos celebrados entre el gobierno y el terrorismo doméstico, lo que lo hace cómplice de este y demás delitos de sangre contra la ciudadanía.

Entonces pérdidas como la de don Carlos no deben sucederse más, castigando además a los responsables, pero a todos, incluidos los negociadores desde el estado como a quién los enviará a celebrar acuerdos con los terroristas.

Abordando finalmente las causas, superándolas.

*Educador salvadoreño

La historia nos habla de periódicas hambrunas que han azotado a la humanidad como producto de fenómenos naturales tales como las sequías, o aquellos característicamente humanas como lo son la guerra.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Así, por ejemplo, a inicios del siglo 19 una pequeña edad de hielo azotó a Europa, provocando una terrible hambruna por la sequía que le siguió y que se sumó a la agitación que las guerras imperiales que entonces Francia e Inglaterra libraban, derivando en la pérdida de incontables vidas asociadas a dichos fenómenos.

En este punto, la historia nos ilustra como un vegetal del nuevo continente hasta entonces casi desconocido, la papa, salvó al viejo continente del desastre, siendo introducido a tiempo, librando así a la mayoría de las poblaciones del viejo mundo.

Sin embargo, aquel fenómeno si promovió la gran migración europea desde mediados del siglo 19 hasta la primera parte del siglo 20, de enormes contingentes de ciudadanos europeos, campesinos y artesanos principalmente, quienes, impulsados por el ánimo de construir mejores vidas en nuestros entonces promisorios territorios, abandonaron sus orígenes y se asentaron como nuevos ciudadanos en las Américas.

Este ejemplo patente en la historia describe con mucha crudeza y similitud lo que ahora mismo podemos apreciar entre los americanos que son desarraigados y orillados a la migración ilegal, tanto por razones políticas como laborales, y en el ánimo de resolver sus penurias personales.

Entre esos migrantes vemos a los desheredados de siempre, a quienes se les negó por exclusión y marginación, un espacio en su propia tierra siendo expulsados, decidiendo así que al no tener nada más que perder, es preferible la incertidumbre migratoria.

En el caso particular de nuestro país, debemos además considerar el hambre que ya reina entre nosotros, con hasta 48% de nuestra población careciendo de los recursos para suplirse alimentariamente, de acuerdo a la última encuesta de la UCA, el ministro de educación reconociendo públicamente en una entrevista que en el país no hay cereales, y al BM advirtiendo que precisamente por las malas políticas implementadas desde la administración en materia alimentaria, nuestro país “necesitará ayuda” al carecer de los recursos para suplir la creciente necesidad alimentaria de la población.

Ello porque desde finalizado el conflicto armado la apuesta financiera fueron los bienes y servicios, que arropara laboralmente a un minúsculo porcentaje poblacional, abandonando a su suerte a la histórica cultura agrícola que siempre nos caracterizó, lo que supuso desemplear en esos días, a alrededor del 80% de la población.

El colmo fue favorecer a intermediarios ante los agricultores, quedándose con las ganancias, encareciendo el producto agrícola y negando el acceso a tecnologías, insumos y recursos para continuar. Así, la apuesta alimentaria entonces ha girado en torno al comercio sin control, denegando así y por exclusión, a las mayorías acceso a los alimentos.

Ahora, golpeando la crisis del Cáucaso a nuestras puertas, sin reservas agrícolas y con un gobierno paralizado ausente de planes de trabajo, solo podemos aguardar la crisis que nos golpeará con el hambre amenazando a nuestra población.

*Educador salvadoreño

Hasta los gobiernos de arena todos observamos como el estado se llenó de la denominada grasa estatal, con miles de nuevos adeptos que fueron sumados laboralmente, sustituyendo a los que su par anterior había incorporado.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

No eran técnicos ni mucho menos, sino apenas agitadores partidarios a los que se les premiaba por el ruido que hicieran durante el proceso electoral luego del cual fueran incorporados.

Tal tónica cambió con la administración Funes, que decidió optar por la seguridad laboral, permitiendo a esos miles de agitadores de derecha conservar sus empleos, medida muy cuestionada por la costumbre señalada pero que era la correcta, estableciendo un positivo precedente en materia laboral.

Las dos gestiones de izquierda se distinguieron por eso, estableciendo así y para el caso del tema laboral, certeza laboral.

Tal certeza termina con el presente régimen, que se ha empleado a fondo para retirar del servicio activo a alrededor de 16,000 personas del gobierno, de diferentes rubros y niveles, destacando entre ellos los contratos y subcontratos en educación, de acuerdo a la OIT.

Esto ha llevado al país a los niveles de precrisis de acuerdo esta entidad, en 2019, pasando del 6,1% de desempleados en 2019, hasta el 7,2% ya en la primera parte de 2022 y de acuerdo a cifras reportadas por entidades como el ISSS y MT.

Por supuesto estas cifras se reducen a cotizantes y no al trabajo informal, el cual no se puede estimar numéricamente, pero que se ha agudizado por el necesario ordenamiento en las principales ciudades, lo que los desplaza sin brindarles soluciones, empujándolos a peores condiciones en las que estos locatarios ejercen sus labores, muchos de los cuales también fueran antes removidos de sus trabajos por ARENA.

También el fenómeno de la migración ilegal se ha agravado por las mismas causas, pues el autogolpe dirigido contra el órgano judicial acabó con las pocas garantías que en materia legal el país había logrado, sujetándose la población al capricho de mediocres funcionarios asignados a cargos de responsabilidad, lo que la ha empujado a buscar afuera lo que acá le ha negado la inseguridad jurídica.

Otro fenómeno también se ha observado, y es el relativo a la retención arbitraria de salarios de aquellos pocos empleados estatales que aún gozan de seguridad porque su plaza no es un subcontrato, sino que los acoge la ley de salarios.

De entre estos aquellos que son indeseables por su postura política y porque no abrazan las ilegales condiciones impuestas desde el oficialismo, se los procura reprimir de este modo, y aunque no son muchos, las afectaciones que derivan de ello si son graves.

Así las cosas, la inseguridad laboral se ha agudiza de acuerdo al BM, quien junto a la OIT recelan de la capacidad del régimen para corregirse, pues todo apunta a un agravamiento de las condiciones laborales por las actitudes caprichosas de los funcionarios responsables, sumada a la patente ausencia de rumbo de la administración, como el descarnado desinterés por abordar y resolver los problemas históricos del país.

*Educador salvadoreño

La serie de desalojos forzados de vendedores que vemos en el centro de San Salvador con el ánimo de aparentar ordenar la infraestructura pública, sin resolver las causas originarias y el desempleo que promueven a las ventas ambulantes e informales, o el cese obligado de los empleados públicos que fueran asignados en administraciones pasadas, o los directores de los diferentes centros escolares que se remueven sin respeto al debido proceso y la consecuente asignación de las mismas a elementos partidarios oficialistas carentes de ninguna capacidad técnica, con el ánimo de controlar a los diferentes centros escolares del país con el fin de adoctrinar las comunidades educativas seleccionadas.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Las recientes denuncias de parte de REUTERS, que desnuda la desmedida asignación de recursos estatales al propósito de adoctrinar a la población mediante granjas de trolls, cuentas de bots y compra de medios noticiosos hasta ahora independientes, con el afán de sumarlas a la pléyade de instrumentos oficialistas cuya tarea sea solo la de desinformar a favor del régimen, alabando permanentemente al ejecutivo mientras erosionan mediáticamente cualquier figura opositora.

Ejemplo de ello es el concreto caso de una cadena de televisión nacional, a cuya administración el régimen ha realizado una de esas ofertas que “no podrá rechazar”, de muchos millones de dólares.

La campaña electoral adelantada de parte del oficialismo que irrespeta descaradamente el proceso electoral, como la inacción intencionada de parte del tribunal electoral que por ley debiera señalar estos vejámenes.

La instrumentalización tanto del ejército como de la PNC asignando a oficiales políticos a sus respectivas direcciones a la par de dotar principalmente al primero, de equipamiento e instrucción dirigida a reprimir cualquier protesta social, junto a la creación artificiosa de un clima político que favorece la arbitrariedad y malicia de estos, que supone la real posibilidad de orientar dentro del actual régimen de excepción, una persecución dirigida contra cualquier oposición política y social.

El sometimiento del aparato judicial a los intereses y caprichos presidenciales, que como nunca en la historia se lo ha corrompido con el fin de suprimir cualquier disidencia, son todos cruda evidencia del desmontaje del estado de derecho que la presente administración ha ejecutado en el afán de acumular el poder político y militar en torno a la figura presidencial con el propósito de perpetuarse.

La historia abunda en ejemplos de tiranos que se adosan al poder, para lo que hacen de todo: quebrando la ley y reinterpretándola a su medida, corrompiendo a la institucionalidad y recomponiéndola a sus intereses, revistiéndose de una apariencia cercana a lo divino y quebrando la moral pública, desviando ingentes recursos al único propósito de producir ante la población la figura del insustituible mesías, el único que sabrá sacarlos de la situación que provocara artificiosamente, etcétera; todo en el afán de satisfacer su desmedida necesidades narcisistas, y el poder que ello supone.

Así, del hoyo al que hemos llegado a un estado de completa aberración de la norma, falta apenas un pasito, por lo que recuperar la institucionalidad debe ser la gran meta.

*Educador salvadoreño

El actual PCN es apenas un remedo, sino es que una burla, del viejo Partido de Conciliación Nacional (PCN), el ex partido pro oligárquico creado por los militares como trampolín para ejercitar el poder político, sobre todo la presidencia de la República, a como diera lugar.

En 1972 fue el partido que protagonizó un bochornoso fraude que llevó a la presidencia al coronel Arturo Armando Molina. En ese año, las víctimas fueron, además del pueblo, por supuesto, el ingeniero José Napoleón Duarte y Guillermo Manuel Ungo, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república por la Unión Nacional Opositora (UNO).

La UNO fue una coalición de partidos de centro derecha y de izquierda, siendo estos el Partido Demócrata Cristiano (PDC), mayoritario en la coalición, y los partidos Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN), éste último influenciado por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

Antes, bajo la bandera del PCN, desde 1962, llegaron a la presidencia los coroneles Julio Adalberto Rivera (1962-1967) y Fidel Sánchez Hernández (1967-1972).

Dado que el PCN servía a la oligarquía, teniendo a los militares como la fuerza política y de seguridad, cuando se vieron amenazados por la oposición democrática, como el PAR, en el que fue candidato a la presidencia el Dr. Fabio Castillo Figueroa, recurrieron al fraude electoral, que en algunos casos lo ejecutaron burdamente, combinado con “leguleyadas”, lo más fino a lo que llegaron con los fraudes .

En el fraude de 1972, fue la Asamblea Legislativa, dominada por el PCN, la que le dio el gane al coronel Arturo Armando Molina, aduciendo el estrecho margen de ventaja que tenía sobre los candidatos de la UNO. Hay que recordar que muchas urnas con mayoría de votos de la oposición desaparecieron de los puestos electorales.

El fraude electoral del 72 llevó a la naciente insurgencia a considerar que las elecciones no eran una opción legal para acceder al poder y llevar transformaciones sociales al país, y se decantaron por la lucha armada. En ese año surgió el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y dos años antes se habían fundado las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).

El último fraude electoral del viejo PCN lo cometió en 1977, no sin antes derramar la sangre de decenas de opositores, cuando impusieron, por esa vía, al coronel Carlos Umberto Romero. La oposición se tomó la Plaza Libertad, para denunciar el bochornoso fraude durante más de una semana, pero la madrugada del 28 de febrero, las fuerza de seguridad recibieron la orden de recuperar el parque y masacraron a los opositores que no lograron huir de las balas y las tanquetas de las fuerzas opresoras. A raíz de esta masacre, el ERP formó su brazo político social, la Ligas Populares 28 de Febrero (LP28).

“En los tiempos del PCN”, en lo político, los fraudes electorales, desde los más burdos como la compra de voluntades repartiendo tamales o huacales o cualquier tontería, hasta el más indigno y reprochable como el llenado de urnas realizada por soldados y los cuerpos de seguridad, fueron su principal marca.

El PCN prácticamente desapareció luego del golpe de estado dado por la juventud militar el 15 de octubre de 1979, luego de que la oligarquía creó otro instrumento político, el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), bajo el liderazgo del anticomunista mayor Roberto d´Abuisson Arrieta, el creador de los Escuadrones de la Muerte y autor intelectual del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Aunque legalmente el viejo PCN desapareció cuando fue cancelado en 2011, luego de no alcanzar los votos suficientes de la elección anterior, de acuerdo con la nueva ley electoral.

Ahora es Nueva Ideas el partido que no solo está ocupando el espacio del viejo PCN, sino que está construyendo todo un escenario para que su líder se perpetúe en el poder y, así, crear las herramientas legales, léase las “leguleyadas” al estilo PCN, para garantizar el poder.

Hagamos un breve repaso de las actuaciones irregulares de Nuevas Ideas, que nada hacen envidiar al PCN de los militares. Primero, desmantelaron la incipiente institucionalidad democrática surgida del Acuerdo de Paz, cuando, violentando la ley máxima y las secundarias, quitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

La Sala de Bukele pronto pagó el favor o cumplió el fin para el cual habían sido elegidos: facilitar, por medio de una torcida interpretación de la Constitución , la reelección inmediata del presidente Bukele. El vicepresidente Feliz Ulloa no quiso quedarse atrás, y difundió a los cuatro vientos que “había encontrado un artículo escondido de la Constitución que permite la reelección inmediata”.

Esa misma noche quitaron al Fiscal General de la República e impusieron al actual, que en propia boca del Presidente Nayib Bukele, confesó en una reunión con el cuerpo diplomático, que “necesitaba” un fiscal de confianza. Y una falta de respeto a la norma diplomática, Bukele transmitió la reunión en cadena de radio y televisión, que molestó a varios embajadores.

Luego, la Asamblea Legislativa de Bukele aprobó una ley electoral para el voto en el exterior, pero, la principal novedad, que huele fraude, es que el voto será por internet, vía telefónica, y sin documento de identidad actualizado. Incluso, dice, puede votar con la partida de nacimiento. Nuevas Ideas, como lo haría el viejo PCN, quiere garantizar los 800 mil votos de la diáspora o de quien la sustituya en el exterior.

Y lo más reciente, ocurrido en la sesión plenaria ordinaria de la semana pasada, los diputados de Nuevas Ideas aprobaron con dispensa de trámite una reforma al Código Electoral a fin de derogar el artículo 291-A. Ese artículo prohibía modificar las reglas de un proceso electoral un año antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de elección, precisamente para no poner en dificultades las etapas del periodo electoral. La lectura de la oposición es que esta reforma permite cometer un posible fraude.

Sin lugar a duda, Bukele se tiene algo entre manos, y para no actuar tan burdamente como lo hicieron los del PCN de los militares y la oligarquía, manda hacer una ley a su medida, como las ha hecho todas hasta el día de hoy.

Para algunos, y esto no es descabellado, Bukele ordenará disminuir los municipios y hasta el número de diputados, con tal de tener el cien por cien de los parlamentarios. Y es que para hacer apretar botones, teniendo el respaldo popular, no necesitan de remedos de diputados como los de GANA o PDC ni mucho menos de Concertación Nacional.

Bukele tiene claro que en 2024 el país ya no será de color cian en su totalidad si el país sigue con 262 municipios y 84 diputados, pues muchas de las alcaldías dominadas por Nuevas Ideas tienen difícil la reelección, unos por ineptos y otros, porque Bukele les ha hecho daño al quitarle el FODES, y al no hacer las obras prometidas, la ciudadanía las reclama.

Por lo anterior, y otras razones que hasta hoy desconocemos, Bukele necesita tener los “instrumentos legales” para modificar el escenario político electoral cuando se le ocurra y según sus planes. Lo único que conocemos es que tiene su fuerza política, Nuevas Ideas, dispuesta a hacer hasta las cosas más burdas como se hacía en “tiempos de conciliación”.

Editorial Colatino.

El pasado 10 de marzo, tres sindicatos de docentes presentaron en conjunto a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley Integral de Pensiones, con el fin de mejorar los montos que reciben los maestros al jubilarse.

Para ello proponen crear, dentro del sistema de pensiones, un régimen especial para los docentes, de modo que estos se les calcule la pensión de forma distinta que al resto de los derechohabientes. Así, a los maestros se les asignaría una pensión equivalente al 75% del último salario recibido.

Bien han entendido los sindicatos de docentes que la nueva Ley Integral de Pensiones ha beneficiado principalmente a los que ya recibían una pensión al momento de aprobarse la ley, pero no a los que se jubilarán en el futuro. En el caso de los futuros pensionados, la normativa beneficia únicamente a los trabajadores con los salarios más bajos, que recibirán una pensión más cercana al sueldo que perciben trabajando. El resto, los que perciben más de dos salarios mínimos, no verá mayor beneficio con la reforma.

En este grupo se encuentran los maestros, la mayoría de los empleados públicos y de los profesionales de nuestro país, a los cuales, pese a la reforma, la jubilación les supondrá una disminución importante en sus ingresos. Lo objetable en la propuesta de los maestros es que propone una solución únicamente para su gremio, dejando de lado a los trabajadores, tanto del sector público como privado, que se encuentran en la misma situación que ellos.

Esta iniciativa de los gremios magisteriales pone en evidencia los límites de la reforma de pensiones y que esta no resuelve el problema de una buena parte de los cotizantes: el sistema es incapaz de ofrecer lo que la OIT recomienda: una pensión que como mínimo sea del 40% del salario percibido. En lugar de ello, la reforma prefirió destinar los escasos recursos del sistema a favorecer más a los 120 mil pensionados, la mayoría de los cuales ya recibía pensiones mayores a las que obtendrán los futuros jubilados. La mayor parte de los jubilados recibían pensiones que habían sido calculadas en base al 80%, 60% o 50% del salario básico regulador. Con el aumento del 30% que la reforma les otorgó, ahora perciben una pensión muy superior a la que el sistema de ahorro individual es capaz de ofrecer.

Si de justicia social se tratará, la reforma debería haber buscado como prioridad mejorar las pensiones de aquellos cuya pensión no cumple con el estándar de la OIT ni satisface las expectativas de los afiliados al sistema, como es el caso de los docentes y de la mayoría de profesionales. La Ley Integral de Pensiones y su aplicación han creado una élite de jubilados y dejan insatisfechos a los que se pensionarán en el futuro, los cuales no tendrán más remedio que seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante, pues su pensión no les permitirá subsistir con el mismo nivel de vida.

La propuesta de los sindicatos de docentes debe ser considerada, pero no solo para resolver el problema de un sector, sino para todos los trabajadores. Es necesario, pues, revisar la Ley Integral de Pensiones y el sistema de ahorro individual para buscar una alternativa capaz de proporcionar una pensión digna a todos los cotizantes. Como muy bien han señalado los técnicos de la OIT, los sistemas de pensiones por ahorro individual como el salvadoreño no son capaces de ofrecer una pensión que cumpla con estándares internacionales. En este sentido, no se requiere una simple reforma, sino un cambio radical del sistema.

Editorial UCA

Las encuestas que diferentes instituciones han practicado a la aprobación sobre la actual gestión arrojan sin distingo un resultado consistente de aprobación. La razón de tal resultado: la relativa seguridad que la población percibe.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Es decir; la población explica que ahora es posible transitar libremente por los diferentes territorios del país, sin fijarse en el lugar de procedencia o de destino, lo que apenas un año atrás suponía probablemente sufrir algún daño para el ciudadano en general.

Incluso la muerte era una probabilidad, y peor aún, las autoridades judiciales eran incluso sustituidas en esos espacios por las pandillas, imponiendo una suerte de ley alterna a la del estado por ser los que ocupaban dichos espacios.
Eso no sucedió de la noche a la mañana ni fue casual, sino el resultante de las privatizaciones implementadas en los años 90’s por ARENA, y profundizadas durante los 20 años que rigió el país, sin haber logrado más que desmontar al estado, incapacitarlo, trasladar a privados las funciones constitucionales de éste, y hacer humo en los bolsillos de apenas el 0,1% de estos privados todos los activos estatales, algo más de 50 billones de dólares, como resultado de ello haya algún beneficio tangible para el soberano.

El resultado fue la pauperización de la población, provocando una desbandada de 2,2 millones de nuestros conciudadanos, quienes huyeron de la violencia social resultante a la profundización de la pobreza a través de la migración ilegal, y el escandaloso enriquecimiento a costa de todos de apenas el 1% de la población que pasó a adueñarse del 70% de la riqueza del país mediante aquellas truculentas privatizaciones, mientras el restante de la población y desde entonces sufre las consecuencias pagando la socialización de su empobrecimiento [FMI, BM, BID].

Fueron los días en los que surgieran las Afp’s, se privatiza la banca, se implementaron las medidas de ajuste económico, y se aseguran por ley los privilegios de las élites, mientras por la misma vía se envenenaron las relaciones sociales de la población, que viera surgir a las violentas pandillas como respuesta a la violencia institucional estatal.

El resto es simple historia, pues estas estructuras se apropiaron los espacios abandonados por el estado implementando en ellos una suerte de ley de la selva urbana, donde su fuerza se impuso a la debilidad institucional estatal que abandonó a su suerte al ciudadano. Las miles de muertes resultantes y la consecuente ansia de justicia de parte de la población favorecieron entonces al régimen. Por otro lado, la pérdida de sus derechos naturales, como las cada vez menos fuentes de empleo consecuente con la falta de inversión, o el incremento exponencial del coste de vida, no parecen constituir una prioridad para la población en este escenario, como tampoco la carencia de políticas estatales que las promuevan, que sin embargo sí constituyen un germen que asegura continuará la inseguridad.

Simplemente porque se alimenta de las elementales carencias que nuestro pueblo, huérfano de ellas desde siempre. Y esa, esa es la historia que sigue.

*Educador salvadoreño

Países como el nuestro, consuetudinariamente insolventes y sobreendeudados en consecuencia con la inequidad que supone la injusticia estructural que concentra la riqueza en apenas el 1% de la población, padecerán si no se supera tal situación, de toda forma de violencia crónica y estructural.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Superarla, empero, es tan probable como resolver el tema de la violencia siempre y cuando se tenga la voluntad política para ello.

Esto porque la desigualdad, como la violencia, son consecuencia de los males estructurales intencionales que, por intermedio del estado, el modelo económico impone a las dinámicas sociales.

Así al implementar en la macroeconomía proyectos que responden a los intereses particulares del 1% de la población, como históricamente se ha hecho en el país, por supuesto que no resolverán la problemática de desigualdad, profundizándola en cambio.

Un crudo ejemplo de ello es el bitcoin impuesto inconsultamente a la población, que ha supuesto una ingente erogación de valiosos recursos insustituibles, que no han reportado beneficios significativos y sí gravísimas pérdidas en el erario público, como extremos índices de corrupción de parte del entorno presidencia responsable del desvío de tales recursos.

Así que lo primero es dejar de financiar la riqueza de esos pocos, el 1%, con los recursos de todos, exorcizando al estado del amiguismo, el compadrazgo y el clientelismo político, sustituyéndolos con la cultura de la equidad fiscal y económica inclusiva.

Ello supone desarraigar el complejo sistema de favores con que el estado privilegió desde siempre a las élites, lo que supondría conformarlas como jugadores reales, sin ventajas, es decir, contribuyentes que además aporten de acuerdo a sus haberes al interés social.

Verdadera justicia poética. 

Por otro lado, esos ingentes recursos que antes enriquecieron a tan pocos deberán reorientarse al tema social: educación y salud de calidad, infraestructura y seguridad de la población en general.

Alcanzar los porcentajes ideales para que desde el estado se promueva un desarrollo viable y sostenible, implica reformar el esquema tributario y financiero, que ahora mismo responde solo a los intereses referidos arriba, sustituyéndolos por un modelo fiscal progresivo y una legislación que sea garante del trabajo institucionalmente.

A su vez se debe promover la debida reforma pensionaria que asegure por reparto y solidaridad la sostenibilidad del sistema, dentro de un esquema que se nutra intergeneracionalmente, en un círculo virtuoso incluyente.

Es decir, la construcción de un estado fuerte, inclusivo y garante de la institucionalidad hará viable para el caso, la generación de políticas que incentiven la producción agrícola, acabando tanto con los intermediarios como con el coyotaje, promoviendo el comercio directo entre productores y consumidores, recuperando por esa vía gradualmente y por etapas la soberanía alimentaria.

Entonces la cosa se reduce a que el estado salvadoreño sea incluyente, participativo y genuinamente democrático, que repudie la fórmula vigente hasta ahora de rapiñar los recursos estatales en favor de esas élites, socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, en detrimento del soberano, y que se suma a esa ingente deuda impagable que el estado asume, hipotecando el futuro de todos.

*Educador  salvadoreño

La violencia de género, como la dirigida contra los más débiles, el bullyng, cualquier expresión de segregación racial, la desigualdad misma, etcétera, se corresponden con profundos atavismos culturales y éticos, que padecemos como sociedad.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Esto porque quienes la manifiestan fueron objeto de burlas y agresiones en algún momento, y encuentran en el sometimiento físico de, para el caso una mujer, el medio para superar los profundos traumas y los inconfesables complejos de inferioridad que padecen.

Siendo como somos, una sociedad huérfana de todo y desiguales, somos además en consecuencia profundamente acomplejados, lo que podemos descubrir en lo rígida, vertical, intolerante y conservadores que somos, donde, por ejemplo, abrazamos y reproducimos la misma idiosincrasia hacia los demás, que nos excluye a nosotros del desarrollo y progreso al que como ciudadanos tenemos derecho.

Los hechos, para el caso, evidencian que tanto el sistema educativo como la propia familia, son instituciones que han fallado en la tarea de construir personalidades en la ciudadanía, que valoren al otro como un igual, lo que implícitamente incluye a todos los otros, indistintamente su género, clase social, credo, color y origen, lo que en cambio no sucede.

Esto porque tanto la escuela como la familia están desnaturalizadas en buena medida, pues la primera existe para reproducir la mediocridad del sistema, perpetuándolo, lo que se puede constatar comprobando que la validez de la formación en el sistema educativo formal no es reconocida más allá de nuestra frontera, mientras cualquier profesional de cualquier otro país es bienvenido en el ejercicio de su profesión acá en el país, en la presunción de que la formación en el extranjero es superior.

Un crudo efecto del malinchismo que padecemos pues se nos ha inducido.

En el caso de la familia, con raras excepciones, ésta es presa de su propia descomposición, pues reproduce estos males culturales, naturalizándolos, oponiéndose a cualquier revisión de sus consecuencias, y agravándolo en la medida de pertenecer y ser militante del pentecostalismo, donde el libre pensamiento es reprimido y la intolerancia, el verticalismo y el patriarcado lo consolidan.

Los que somos mayores aún recordamos cuando a finales de los 70’s todavía dominó el tabú sobre los vicios familiares, y que suponía que nadie, ni las autoridades policiales y hasta las judiciales se entrometieran, pues era supuestos un particular dominio del patriarca, una excepcionalidad, donde la ley solo aparecía respondiendo al derramamiento de sangre.

Manifestaciones de tales aberraciones fueron los tratos a los hijos fuera del hogar, y la expresión aún vigente de “si nada debe nada teme», referida a que el indiciado no tiene por qué huir, cuando en realidad no existe ninguna garantía para este.

Cómo en aquellos días.

Entonces no son leyes más draconianas que carezcan de vencimiento lo que superará tal cultura, sino atajarla como el mal social que es, realizando el debido abordaje de estos atavismos culturales para poder superarlos a través de un modelo educativo característicamente constructor de la equidad, como la consecuente sociedad que por justicia acabe con la desigualdad.

*Educador salvadoreño

La liberación de más de doscientos presos políticos por parte del régimen nicaragüense supuso un pequeño respiro de esperanza en la dinámica de atropellos y totalitarismo impuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los ahora acogidos en suelo estadounidense no solo fueron desterrados, sino también despojados de su nacionalidad.

Los que no aceptaron dejar Nicaragua, como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, pagan caro lo que fue leído por el régimen como una nueva afrenta al poder. La condena a más de 26 años de prisión para el prelado, dictada en un juicio a la medida del capricho del dictador, suscitó la condena internacional, a tal grado que incluso llevó a que la jerarquía de la Iglesia católica por fin se pronunciara, una reacción que se merecen igualmente los presos políticos menos conocidos. Por las lecciones que arroja, es útil recordar el recorrido que ha llevado a Ortega y Murillo a encabezar una dictadura de tintes norcoreanos.

Si se contabilizan los años en que Ortega estuvo al frente de la junta revolucionaria de gobierno (de 1981 a 1984), los de su primera gestión como presidente (de 1985 a 1990) y los que lleva ininterrumpidamente como mandatario (16, desde enero de 2007), el nicaragüense ha rebasado los 26 años en el poder. En 2006 asumió la presidencia luego de ganar unas elecciones precedidas de reformas constitucionales que se adaptaron al techo electoral de su partido. Una vez en el Ejecutivo, procedió a desmontar la institucionalidad democrática para continuar mandando sin impedimentos. Puso bajo su dominio al poder legislativo, al poder judicial y al poder electoral. La institucionalidad pública pasó de ser controladora del ejercicio del poder a facilitadora de las decisiones presidenciales.

Después vinieron elecciones con fraudes cada vez más evidentes y descarados. Se prohibió la observación internacional y se minó el camino de eventuales competidores electorales. Ortega está ya en su quinto período de cinco años como presidente y el cuarto consecutivo, después de elecciones antidemocráticas, ilegítimas y sin credibilidad. Con el tiempo, Ortega ha pasado a convertirse en un dictador de manual. Adquirió radios, televisoras y periódicos, y a los diarios que no pudo comprar les cerró el suministro de papel para que no pudieran imprimir o les anuló los permisos de operación. Clausuró, además, más de un millar de organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas de ayuda humanitaria, por considerarlas peligrosas para la estabilidad del país. Arremetió contra la Iglesia católica cuando esta denunció las injusticias; expulsó o cerró la entrada al país a sacerdotes y religiosas.

Barrió de la mesa a toda figura que representara una amenaza a su poder; inhabilitó legalmente a candidatos para participar en elecciones y posteriormente los encarceló inventándoles cargos. Lo último es el destierro de opositores, a quienes les quitó la nacionalidad para garantizar que no puedan ser sus adversarios nunca más. De este manera, solo se puede ser opositor al régimen viviendo fuera de Nicaragua. Por el momento, Ortega y Murillo reinan a sus anchas, pero la historia muestra que las dictaduras no terminan bien. Con sus dictados y violencias, Ortega sigue acercándose al momento de su caída.

La actual gestión es producto de una heterogénea mezcla de factores sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, que reúne a la vez una alta aceptación de parte de la ciudadanía de estas estrategias y a pesar de las implicaciones, a la par de un generalizado hastío del electorado, que admite como nunca que fuera una minoría la que decidiera por todos.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Ello sumado a una política consistentemente populista, ha consolidado la posición oficialista ante este particular electorado desinformado, que vota emocionalmente a la corriente electoral de la que más se habla, porque sí.

Es decir, el segmento que conformó la base electoral que aseguró el triunfo del oficialismo, no se destaca por instruirse, sino por responder a la hola del momento, al entusiasmo que la masa le aplique, lo que implica que las motivaciones son viscerales, y, para el caso expoliadas hábilmente en favor del proyecto oficialista.

Por otro lado, los consabidos arreglos con las pandillas que tanto éste como los gobiernos que le precedieron tuvieron, no solo se explican en términos electorales, también y sobre todo por la posibilidad de incidir en las comunidades a través de ellas. Esto porque las privatizaciones de los 90’s no solo redujo e incapacitó al estado en sus funciones, trasladándolas a los privados, sus aliados, lo que supuso en la práctica el abandono de los territorios de parte de este, y que derivó al mezclarse con las dinámicas sociales existentes, no solo en el crecimiento exponencial de las pandillas, también su cada vez más organizada injerencia en las comunidades hasta alcanzar el virtual dominio de estas.

Es decir; las privatizaciones suponen el abandono del estado tanto de la población como de los territorios, espacio que fuera ocupado por las pandillas y otras estructuras al margen de la ley; de ahí que estas asumen el papel de intermediarios que el propio estado les asigna al reconocerles mediante esas negociaciones, un peso político en términos electorales.

Sin embargo, esta indeseable relación política entre el estado a través de los partidos y estas mafias terroristas, toca a su fin luego que el actual gobierno estableciera que goza del suficiente respaldo de parte del electorado para, aunado al dominio del estado de parte de este, permitirse prescindir al menos por ahora, de tan impresentable relación.

Dicho de otro modo; al implementar el régimen de excepción el actual gobierno, recupera su incidencia en los territorios que antes abandonara por las privatizaciones, desembarazándose así de estas mafias, porque calcula que puede continuar con las garantías que le ofrece la F.A. además de los sólidos apoyos que esta política le reporta.

En este punto no olvidemos que el respaldo que se reserva el oficialismo lo constituye el voto electrónico y la gran posibilidad de manipular los resultados electorales venideros que ello le supone.

Todo se reduce entonces a cómo el régimen aprovecha el respaldo de las mayorías combinados con su dominio del estado para relevar a las pandillas del papel de aliados.

*Educador salvadoreño

El sentido común y la historia nos antoja obligada la pregunta: ¿cómo podemos admitir un nuevo golpista en el ejecutivo?

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Alguien podría justificarlo afirmando, “No sabíamos que el presente gobierno sería promotor del golpismo, nuestras expectativas eran opuestas», pero solo sería una excusa, dada la personalidad narcisista del ejecutivo.

La respuesta empero a la pregunta es simple, pero también compleja. Simple porque el modelo de democracia que practicamos delega en los partidos políticos nuestra representación, impidiendo que el soberano infiere en los grandes temas de su interés, mientras los partidos deciden privilegiando intereses de clase y sin ninguna obligación por dar cuentas de sus acciones a los votantes.

Así las cosas, los intereses soberanos simplemente han sido obviados sin que pueda hacerse nada al respecto.  Es compleja porque un político sin formación, con graves conflictos de personalidad rige los destinos del país, desmontando primero la institucionalidad para imponer su agenda en la cosa pública, sucinto al arrastre que su persona tiene sobre el electorado. Por otro lado y a pesar de sus destrezas retóricas, lo cierto es que el ejecutivo simplemente carece de habilidades empáticas que le permitan sostener un diálogo cuando éste se opone a sus intereses debido a su naturaleza intolerante.

Por otro lado, la habilidad para venderse cómo los conocimientos en disciplinas sociales no van más allá de lo que compete a sus intereses, donde no hay consideración para la posición del otro que en cambio su extinto padre sí tenía y desplegaba hábilmente cuando negociaba.  Era el Dr. Armando Bukele quién con su extenso acervo cultural transmitió en sus encuentros tales destrezas al joven Bukele, sin concluir su formación, pues nunca logró hacerle comprender que además de su persona existen los demás.

Tal hecho hace que el ejecutivo imprima un forzado sello personal en todo su quehacer como ejecutivo, donde sin embargo se advierte la influencia de la figura paterna. Para ilustrarlo recordemos el programa que el Dr. Bukele tuvo, Conceptos, a través del cual difundió su pensamiento y creencias. En uno de ellos realizó un resumen de lo que a su entender fueron los logros del martinato, destacandolo en sobremanera.

El punto es que su diatriba giró sobre, primero, un acusado esfuerzo por manipular la opinión del escucha; segundo, como la argumentación mezcla medias verdades con opiniones personales hábilmente integradas. Tercero, el afán de promover la figura de un caudillo fuerte como única vía para superar los males y vicios sociales que nos afligen.

¿Les parece reconocer en la actualidad esa propuesta?

En aquel discurso el señor Bukele padre destacó el que a pesar de ser regímenes golpistas, el martinato junto a las demás administraciones militares gestionaron más transparentemente la cosa pública, logrando desarrollo para el país, y en el primer caso, incluso acabar con la deuda pública.

Obvia interesadamente el señor Bukele el hecho que no hay desarrollo sin educación, o que el desarrollo es un fenómeno que por principio beneficia a toda la ciudadanía[no se habla de naciones desarrolladas porque solo sus élites se beneficien de ése desarrollo, pues todos son alcanzados por ésa prosperidad en la medida de su participación en ella, lo que implica que el señor Bukele Padre alaba per sé lo que los militares hicieron para que las élites de nuestro país fueran las únicas beneficiadas del modelo que impulsaron estos], ni transparencia posible habiéndo secuestrado la cosa pública, con la corte de cuentas repitiendo que todo está bien siempre, y peor aún, que la deuda externa se pagó, cuando en realidad se elevó exponencialmente con los militares gestionandola, de acuerdo a todos los anales de la época.

Entonces tenemos a un milenial sin formación académica, pero con una amplia forja en retórica, que se sabe vender manipulando emocionalmente al oyente, con el ánimo de igualar los logros paternos, lo que resuelve con la aprobación pública por intermedio de la mediática a su servicio, derivando así en un segundo conflicto porque ese logro no es consistente, mientras que el aprecio conquistado por su padre sí lo era.

Su solución, reproducir y hacer suyo aquello que su padre elogió.

Empero se imponen las siguientes realidades:

Si el martinato fracasó fue por sus horribles crímenes, sumado a las contradicciones de origen que supuso su existencia, expresada en la profundización y agudización de la lucha de clases que heredara.

Por otro lado, el fracaso del actual régimen reside en el incumplimiento de sus deberes, la extendida corrupción que ha promovido sin paralelo histórico, o la farsa de estado que ha conformado, mientras exacerba y profundiza las diferencias de clase.

Entonces el actual régimen no solo procura reproducir fórmulas fascistas agotadas por su carencia de imaginación para su administración, que suma a la consecuente ausencia de rumbo político manifiesto en la improvisación que distingue a su gestión, lo que solo podrá derivar en otra noche ochentera.

Y eso también lo enseña la historia.

*Educador salvadoreño