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Por: Claudia Viveros Lorenzo.

El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk, activista conservador y cabeza visible de Turning Point USA, fue asesinado frente a miles de personas mientras pronunciaba un discurso universitario en Utah. Un francotirador lo alcanzó en el cuello, al término de una pregunta sobre los tiroteos masivos.

Este suceso, atroz por donde se le mire, trae a colación dos cuestiones cruciales: el derecho inalienable a la libertad de expresión, y la delgada línea que convierte esa libertad en discurso de odio. Además, nos obliga a preguntarnos si debemos tener empatía, incluso con quienes provocan —o han provocado—.

La libertad de expresión no es simplemente una norma legal; es el aire que respira la democracia. Permite que las ideas, las críticas al poder, las creencias, las convicciones políticas y las divergencias fluyan. Sin ella, cualquier sociedad termina por volverse autoritaria, silenciosa, uniforme. El poder, en cualquiera de sus formas, necesita del contraste, de la discusión, del disenso.

Kirk ejercía ese derecho. Como muchos en su espectro ideológico, promovía ideas polémicas, confrontacionales, que muchos repudiaban. Pero la libertad de expresión no exige que nos gusten las ideas que se expresan, sólo que se permitan. El asesinato de Kirk es una violación brutal de ese derecho: no sólo se usó la violencia para callar una voz, sino también para intimidar a quienes podrían pensar parecido o distinto.

Decir que la libertad de expresión es ilimitada es tan peligroso como creer que el censurador debe imponerse. Hay un punto en que una expresión deja de ser debate para transformarse en agresión verbal estructurada, en odio activo, en incitación. Ese punto no es siempre fácil de delimitar, pero existe.

El discurso de odio apela a identidades humanas: raza, religión, género, orientación, nacionalidad, etc., para menospreciar, para excluir, para responsabilizar injustamente de males sociales. Puede no disparar balas, pero hiere, margina, polariza. Puede no estar al nivel del asesinato físico, pero prepara el terreno moral, emocional, social para que se produzcan actos extremos.

En el caso de Kirk, algunos lo acusaban de generar odio —críticas legítimas si se sustentan en hechos— y otros lo defienden como paladín de la libertad de expresión. Lo cierto es que vivimos en tiempos donde las ideas que confrontan al otro son vistas con hostilidad, y donde la polarización lleva a que “el discurso” se trate casi como si fuera acción si proviene del lado “equivocado”.

Empatía no significa aprobar lo que alguien ha hecho o dicho, ni ignorar los daños que ciertas ideas provocan. Empatía significa reconocer al otro como ser humano, con vida, con fragilidades, con familia, con historia. Y hacerlo especialmente cuando sucede algo tan estremecedor como la muerte violenta.

Sí, debemos tener empatía por Charlie Kirk: por su familia, por sus dos hijos, por su esposa, por la audiencia atónita. Debemos reconocer su derecho a vivir, a expresarse, a disentir. Y también debemos tener empatía de otra índole: hacia quienes temen ser víctimas del discurso, hacia quienes han sufrido estigmatización, odio o agresión verbal. Porque sin ese reconocimiento humano, nos arriesgamos a responder al dolor con más fractura, a amplificar la violencia simbólica, verbal, emocional.

El asesinato de Charlie Kirk duele no solo porque se trata de una muerte individual, sino porque nos recuerda lo frágil que es el contrato social que sostiene la democracia: libertad de expresión, respeto a la vida, límites del odio, empatía entre quienes pensamos distinto.

Podemos condenar el asesinato, exigir justicia, sin renunciar a la libertad que permite la crítica y la confrontación de ideas. Podemos reconocer la indignación legítima de quienes se sienten agredidos por ciertos discursos, sin convertir toda crítica en acoso o demonización. Y sobre todo, podemos mantenernos humanos: en medio de la furia, el dolor, el miedo, recordarnos que cada ser tiene rostro, nombre, historia.

Si no cruzamos esa delgada línea del odio, si mantenemos la empatía como brújula, hacemos algo más que lamentar el asesinato: podemos impedir que otro acto igual, otro discurso que asesine en lo simbólico, prospere en el silencio. Comentarios: draclaudiaviveroslorenzo@gmail.com

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POR: MIGUEL BLANDINO.

Hay una leyenda que dice que en los lugares donde los líderes narcos tenían sus raíces y familias se construían clínicas, escuelas y buenas carreteras. Esa leyenda dice que eso era debido a la necesidad del capo de blindarse creando una sólida base social entre una población desde siempre olvidada por parte del Estado. En Colombia y México se han conocido diferentes versiones de esa leyenda.

De esas historias resulta que el narco es bueno, porque resuelve problemas ancestrales. El jefe criminal termina siendo considerado por muchos como una especie de Robin Hood: alguien que está fuera de la ley, pero para beneficio de los pobres. Es el tipico final feliz de las películas clásicas del género Spaghetti Western. El malo no es tan malo, al final de cuentas, como los simpáticos Terence Hill y Bud Spencer.

Eso es cierto. Algunos miembros de la comunidad, incluso familias enteras, lograron niveles de vida en los que la mayor parte de las necesidades materiales estaban satisfechas, es decir, que salieron de la pobreza material y se convirtieron en ricos ganaderos, hacendados, productores y comercializadores de muchas especies vegetales para el consumo humano y para la industria. Generaron empleo y mejoraron la vida para muchas otras familias. Algo así como la promesa neoliberal del derrame económico que nunca se cumplió en ninguna parte.

Sin embargo, el precio que pagaron esas y otras comunidades fue elevado en términos de vidas humanas sacrificadas. Las que se perdieron a manos de los narcos y las que se perdieron a manos de los policías y soldados en la falsa persecución de los delincuentes y en el falso combate de la narcoactividad, en los países de producción y tránsito de las drogas que consumen con ansias los habitantes del norte rico en vicios.

Visto políticamente eso es “paternalismo”; si la gente se porta bien se le da un premio, si no, un castigo. En ese mundo de relaciones de poder, “la gente” es un objeto -de ningún modo un sujeto- de la política que diseñan otros, desde arriba y desde fuera.

Las decisiones las toman desde el poder económico, político, militar, cultural, local, nacional o internacional. El pueblo, a lo sumo, participa como espectador de lo que se hace con sus vidas. Para bien y para mal. Y, la mayor parte de las veces, ni se entera.

Hace unas pocas semanas se ha conocido la encuesta de hogares en México, por medio de la cual se conocen los avances o retrocesos en materia de pobreza. Hoy, gracias a la decidida lucha del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio de los programas sociales de bienestar, se sabe que más de trece millones de personas han salido de las peores condiciones de ese síndrome llamado pobreza.

Antes de la llegada de la Cuarta Transformación, México era un país con altísimos niveles de pobreza que alcanzaban al setenta por ciento de la población total. Al mismo tiempo, era el país con los más graves índices de desigualdad entre ricos y pobres.

Pero, casi todo el sexenio que duró el mandato constitucional de AMLO, una campaña estuvo presente: la que designaba al gobierno como un narco gobierno.

No obstante, la decisión política resumida en el lema “por el bien de todos, primero los pobres”, minimizaba el impacto del golpeteo de los detractores. Los beneficiarios de la inversión de miles de millones de pesos que año tras año se destinaron a superar las condiciones de pobreza, no estaban interesados en saber el cómo ni el porqué de esas decisiones que les mitigaban su situación y hacían menos difícil el tránsito por la vida.

Lo importante para los pobres no es el conocimiento de las razones, sino su efecto. Y si el efecto es que hoy hay un plato con comida en la mesa, eso es lo importante. A nadie en esas condiciones la interesa que lo inviten a “focus group”, seminarios, ni ninguna actividad orientada a la obtención de información cualitativa. Basta con que le regalen una tarjeta bancaria y que periódicamente le pongan dinero en esa cuenta, o que haya trabajo y pueda conseguir un sueldo de manera permanente, o que el gobierno le lleve muebles, electrodomésticos, ropa y comida gratis cuando hay un desastre. Eso es todo.

Están bien, indudablemente, esos paliativos. Está bien que se ayude a la gente de la inmensa mayoría pobre de la sociedad. Ni qué decir en contra de ello.

Desafortunadamente, por ahora, todavía, esa es la realidad: paternalismo puro y duro. Es que, como decía el querido e inolvidable Eduardo del Río, el genial RIUS, “la panza es primero”. En ese sentido, la siguiente tarea, la que yo considero más estratégica de todas, es la organización de la ciudadanía, casa por casa, cuadra por cuadra, barrio por barrio. Que todos analicen su situación, que se identifique y haga una lista de los problemas y se establezca un orden de prioridades para su resolución, que se diseñen las políticas y se hagan los cálculos presupuestales, desde abajo y desde adentro, y se haga el más minucioso seguimiento de la ejecución de todos los planes de desarrollo.

Hoy, cuando se han golpeado estructuras del crimen organizado en las que aparecen involucrados altos cargos del poder ejecutivo estatal, federal y de la Marina, es urgente ir a fondo para cimentar el prestigio del proyecto de la Cuarta Transformación. No es posible que quede la mínima duda de que el lema de “primero los pobres” es solo la tapadera del crimen organizado dirigido desde el nivel más alto del Estado.

AMLO depositó en la Marina la responsabilidad de los puertos, aeropuertos y aduanas fiscales. AMLO nombró como el Secretario de Gobernación de su gabinete al actual Senador Adán Augusto López, quien antes había sido Senador -de 2012 a 2018- y Gobernador del Estado de Tabasco -entre 2019 y 2021-.

Ahora resulta que Hernán Bermúdez Requena, el ex Secretario de Seguridad de Tabasco nombrado por Adán Augusto, es el jefe de la estructura criminal conocida como La Barredora. Y que dos sobrinos del Secretario de Marina, el Almirante Ojeda, del gabinete de Seguridad del gobierno de AMLO, están involucrados en una red de corrupción de contrabandistas y fraude fiscal. Dos casos en los que altos funcionarios, de primera línea, del círculo íntimo de AMLO están embarrados hasta los codos.

Grave. Gravísimo. Aunque muchas detenciones ya se hayan realizado y que centenares de órdenes de aprehensión ya han sido giradas, queda mucho por hacer para despejar todas las dudas y limpiar de una vez por todas las manchas que estos escándalos están dejando.

López Obrador suele decir que “la mentira tizna” y es verdad. La mancha que deja tarda en borrarse. Por eso, ir hasta el fondo es de lo más urgente. Ni siquiera es bastante con agarrar a los delincuentes de alto perfil en el partido, el gobierno y las fuerzas armadas. Hay que caer sobre todas las personas naturales y jurídicas que lucran en las más altas esferas de la banca y las finanzas.

El volumen de dinero que se mueve es de miles de millones de dólares y eso no se lava en la tiendita de la colonia. La banca internacional y los fondos de inversión están en el tope de la pirámide del crimen organizado internacional. Hasta ahí hay que llegar. Ya basta de únicamente agarrar chapos y chapitos, por muy poderosos que parezcan. Ya basta de agarrar solo militares y funcionarios. Mientras no se ataque la fuente del mal, todos los que hoy son capturados ya fueron relevados por otros que están ansiosos de salir de su condición subalterna y desean ser como los ricos.

“Caiga quien caiga” es la orden que ha dado Claudia Sheinbaum. Sin importar nivel ni condición, todo el que esté relacionado debe ser sacado de circulación y puesto en el lugar al que en justicia deben ir los criminales. Y, sin que sea considerado escarnio, deben publicarse los nombres de las personas individuales y el de las empresas de cualquier tipo que hayan participado en los crímenes contra la sociedad y contra el Estado.

Traidores a la Patria no son únicamente quienes claman públicamente por una invasión militar por parte del ejército de los Estados Unidos en contra de la soberanía del suelo patrio. Traidores a la Patria son todos y cada uno de los que desde lo profundo de la historia han lucrado con la sangre y el hambre de centenares de millones de inocentes.

Hoy la Cuarta Transformación ha llegado a una encrucijada que, valga la redundancia, es crucial. La decisión que hoy se tome marcará por completo el futuro de México.

Por: Lisandro Prieto Femenía.

“Me rebelo, luego somos”

Albert Camus, El hombre rebelde

Las protestas de la Generación Z en Nepal, desencadenadas por la censura de plataformas digitales, no son un mero arrebato de ira juvenil, sino la culminación de un proceso histórico de profundas frustraciones. Para que podamos comprender su magnitud, es imperativo contextualizar el conflicto político de un país que, hasta el año 2008, era la única monarquía hindú del mundo. Tras una década de guerra civil (1996-2006) liderada por una insurgencia maoísta, el anhelo de paz y democracia llevó a la abolición de la monarquía y al establecimiento de una endeble república. Sin embargo, este cambio de régimen no ha cumplido las promesas de prosperidad y estabilidad.

En lugar de una gobernanza efectiva, Nepal se ha visto sumido en una crónica inestabilidad política, con más de una decena de primeros ministros en quince años. Este vacío de poder ha permitido que la corrupción se arraigue fuertemente, alcanzando un pico en el índice de Percepción de la Corrupción. Mientras que una élite política ha rotado en el poder, perpetuando el nepotismo y el clientelismo, la juventud se ha enfrentado a un desempleo endémico, que oficialmente ronda el 10%, pero es mucho mayor en la realidad de una economía preponderantemente informal. En este marco de traición a las promesas democráticas y de desesperanza, el eco digital de las redes sociales silenciadas y el clamor de las calles de Katmandú manifestaron una fisura que va más allá de una reacción a una prohibición gubernamental, revelando la profunda crisis de legitimidad de un sistema que está caducando.

Ahora bien, la explosión social en Nepal no puede entenderse sin una disección aguda de su principal protagonista: la Generación Z. esta cohorte, nacida en un entorno de hiperconectividad y disrupción constante, trasciende la etiqueta demográfica para convertirse en un fenómeno filosófico. Son los llamados “nativos digitales” que, a diferencia de sus predecesores, no adoptaron la tecnología, sino que la heredaron como una extensión de su propia existencia. Su identidad y su percepción del mundo están intrínsecamente ligadas a las redes sociales, que actúan como su principal ágora pública, su fuente de información y su espacio de pertenencia.

Desde una perspectiva filosófica, esta generación se enfrenta a la paradoja de la conectividad permanente y la anomia. Viven en un mundo con una abundancia de información sin precedentes, pero carecen de los grandes relatos o instituciones (Iglesia, Estado, familia) que en el pasado otorgaban un sentido unificado a la existencia. Este vacío ha generado un profundo escepticismo hacia las estructuras de poder y una aguda conciencia de las injusticias globales. Su pragmatismo, forjado por el trauma de las crisis económicas y las promesas políticas incumplidas, los lleva a desconfiar de los sistemas, no de las causas. Su rebelión, por lo tanto, no es ideológica en el sentido clásico de la palabra, sino existencial porque se encuentran en una búsqueda de significado y dignidad en un mundo que les ha sido entregado, a priori, en ruinas.

El precitado estallido en Nepal interpela una crisis más profunda que el fracaso de un gobierno: se trata de la decadencia de “lo político”. A diferencia de “la política”, que se refiere a las prácticas cotidianas de administración y poder, “lo político” constituye la dimensión fundacional de la existencia colectiva, el espacio agonístico donde las comunidades articulan su identidad y destino. Su decadencia puede ser comprendida a través de la distinción filosófica que realiza Hannah Arendt entre las actividades de la vita activa.

En su obra “La condición humana” (1958), Arendt sostiene que la vida humana se compone de tres esferas: labor, (el ciclo biológico de la producción y el consumo), trabajo (la creación de objetos duraderos) y acción (la interacción libre entre los individuos para crear una esfera pública). En esta perspectiva, la decadencia de “lo político” reside en la corrosión de la acción. Cuando la política se reduce a la gestión de problemas económicos y sociales (es decir, al trabajo o la labor), pierde su capacidad de crear un espacio público significativo porque “la única actividad que relaciona directamente a los hombres, sin la intermediación de cosas u objetos, es la acción”. Pues bien, lo que las protestas nepalíes revelan es que el sistema ha despojado a los jóvenes de la capacidad de acción, relegándolos a un ciclo de labor (la búsqueda de empleo excesivamente precario) o al exilio- como argentino, esto me resulta familiar-. El acto de la censura digital es el intento de suprimir no sólo la libertad de expresión, sino el último vestigio donde la Generación Z podría reconstruir un espacio de “acción” para dar forma a un “nosotros” frente al “ellos” del poder enquistado.

Así, las protestas nepalíes son un síntoma del colapso del orden político que Francis Fukuyama describe en su obra “Orden y decadencia de la política” (2014), donde el autor sostiene que la corrupción y el clientelismo no son fallos del sistema, sino la evidencia de que las instituciones han sido “capturadas” por élites extractivas que operan pura y exclusivamente en beneficio propio, socavando la imparcialidad y la ley. La desilusión de la Generación Z no nace sólo del desempleo, sino de la percepción de un sistema que no funciona para ellos.

La frutilla del postre fue la prohibición de las redes sociales, en tanto que es un claro ejemplo de la desconexión que tiene esta élite. En lugar de abordar las causas del descontento social, se intentó silenciar el canal de la frustración, revelando una respuesta autocrática y una ignorancia profunda sobre cómo las nuevas generaciones construyen su identidad colectiva y su voz política. Con decisiones bananeras como la precitada, el Estado, en su forma actual, es percibido como un obstáculo para el progreso, no como su garante.

Ahora bien, consideramos oportuno acudir a la filosofía para consultar sobre el concepto mismo de rebeldía, y más particularmente en esta era digital. El aporte de Albert Camus a la comprensión de los estallidos sociales radica en su distinción fundamental entre “rebeldía” y “resentimiento”, o la simple “revuelta”. Para el filósofo, la rebeldía no es un acto nihilista ni un estallido irracional de ira, sino que es, por el contrario, un acto de afirmación, un momento en que el individuo, al decir “no” a la opresión, simultáneamente que se dice “sí” a un valor que le trasciende. Esta es la clave para entender filosóficamente el clamor de la generación Z en Nepal.

En su obra “El hombre rebelde” (1951), Camus establece que la rebelión es el “movimiento que lleva a un hombre a interponerse entre el mundo y lo que se le niega”. Se trata del rechazo consciente de una situación que se presenta insostenible. Esta negativa inicial, que se siente en lo más íntimo del individuo, se convierte en un acto político cuando el rebelde se da cuenta de que su dignidad no es un valor solitario, sino un bien común. Justamente, en torno a esto, Camus indica que “el movimiento de rebeldía es el paso de la consideración individual a la colectiva, del ‘yo’ al ‘nosotros. Me rebelo, luego somos”. Mirando a Nepal con estas gafas, podemos interpretar su protesta no como un grito por no tener trabajo, o por vivir en un país totalmente corrompido, sino como el reconocimiento de que la dignidad humana está siendo ultrajada por estas condiciones y que la lucha por la justicia debe ser, siempre, colectiva.

Sin embargo, y cuidado aquí, esta nueva forma de rebelión digital nos obliga a enfrentar un desafío futuro. La híper comunicación, a la vez que permite una conexión instantánea y global, también presenta la paradoja de la fragmentación y la dependencia. ¿Puede un movimiento cimentado en la fugaz lógica de las plataformas digitales sostener una acción política robusta y duradera? ¿Qué ocurre cuando el canal de esa rebeldía es también un espacio controlado por intereses corporativos y, como se demostró en Nepal, vulnerable al control estatal? El futuro de la acción colectiva parece depender de nuestra capacidad para traducir la solidaridad digital en una presencia tangible y organizada en el mundo físico, evitando que la rebeldía se convierta en una mera moda efímera o en un eco vacío en las cámaras de resonancia de la red.

Para finalizar, nos queda analizar el fuego como símbolo del paso de la política a la barbarie. La quema de edificios públicos, y en particular, la del parlamento, trasciende la violencia de una riña para convertirse en un acto simbólico radical. No es sólo un estallido de furia contra la opresión, sino una manifestación de la barbarie que surge de la decadencia de los tiempos en los que vivimos. Políticamente, el parlamento es el asiento físico de la autoridad representativa del Estado. Su destrucción significa la deslegitimación total de un sistema que ya no representa a sus ciudadanos, sino que se percibe como una estructura vaciada de contenido y manchada por su corrupción naturalizada. Es, en definitiva, una declaración visceral de que la democracia, como institución, ha fracasado rotundamente.

En términos filosóficos, este acto nos sitúa ante un dilema ético. Si bien el hombre rebelde de Camus afirma un valor al negarse a la opresión, la quema de un símbolo de la vida pública puede deslizarse hacia una forma de nihilismo preocupante. Es la negación absoluta de cualquier orden posible, una expresión de que, si no hay justicia, no debe haber ninguna estructura. Este tipo de acción, aunque comprensible en el contexto del hartazgo social, revela la peligrosa delgada línea que separa la rebelión constructiva de la destrucción pura. No debemos olvidar que históricamente, contamos con episodios como la quema del Reichstag en Alemania o la reciente irrupción en el Capitolio de los Estados Unidos, hechos que han marcado momentos de crisis extrema, donde el fuego consume no sólo los ladrillos, sino también la esperanza de una resolución pacífica, abriendo la puerta a un futuro triste e incierto.

Más allá de la noticia coyuntural que hoy nos convoca, este estallido social en Nepal nos obliga a interrogar las verdaderas patologías de nuestro tiempo. La pregunta que surge, con una agudeza que perturba, es si acaso la corrupción que carcome las instituciones es una simple falla o el síntoma de una enfermedad terminal en la democracia moderna, una que hace que el contrato social pierda su validez. ¿Cómo puede una ciudadanía, particularmente una juventud que ha crecido en la promesa de la conectividad, depositar su fe en un sistema político que se revela como un patético vehículo de acumulación para una casta decadente? Este desencanto cuestiona la viabilidad misma de la democracia cuando el ascensor social está averiado, y la única alternativa parece ser la huida o la rebeldía.

En este punto de inflexión, nos confrontamos con el dilema ético del acto de rebelarse. ¿Estamos presenciando una mera explosión de frustración destructiva o la génesis de un nuevo tipo de movimiento político, uno que utiliza el desborde como un lenguaje para exigir un futuro que le ha sido arrebatado? La pregunta se agudiza cuando consideramos el rol de las plataformas digitales, que sirven tanto de catalizador como de campo de batalla ideológico. ¿Es posible diferenciar una rebeldía que busca la reconfiguración del orden de una que simplemente anhela su demolición, y dónde reside la responsabilidad de las generaciones que han construido este mundo para orientar a quienes heredan el caos? Nepal nos fuerza a mirarnos al espejo y a reconocer que el fracaso de una generación puede ser el acto fundacional de la desesperación de la siguiente, y que el silencio institucional es la fuerza más corrosiva en la era de la información.