Una vida trabajando, una vejez esperando: mujeres y reforma de pensiones en El Salvador
Por Julia Evelyn Martínez (Economista feminista)
Muchas mujeres llegan a los 55 años después de una vida de trabajo en fábricas, oficinas, mercados, escuelas o casas particulares. Antes y después de sus jornadas remuneradas, también han preparado alimentos, lavado ropa, criado hijas e hijos y cuidado a personas enfermas o mayores. Sin embargo, al solicitar una pensión, los años dedicados a cuidar sin recibir un salario quedan fuera del cálculo. El sistema reconoce los meses cotizados, pero no todo el trabajo realizado a lo largo de la vida.
Esta distancia entre el trabajo que las mujeres realizan y el que el sistema reconoce debe ocupar un lugar central en el debate sobre las pensiones en El Salvador. Aumentar la edad de jubilación puede parecer un simple cambio de reglas. Para muchas mujeres, sin embargo, puede significar más años de desgaste, incertidumbre y dependencia económica.
El comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 3 de septiembre de 2026 prevé para 2027 una reforma paramétrica de pensiones acorde con sus recomendaciones. Este tipo de reforma modifica reglas como la edad de jubilación, el monto de las cotizaciones o la forma de calcular las pensiones. El debate, sin embargo, debe ir más allá de esos ajustes. Se necesita una reforma estructural que amplíe el acceso a una pensión, defina cómo financiarla y reconociendo trabajos hoy excluidos, como los cuidados no remunerados. Esto supone retomar la promesa de reformar el sistema de pensiones que el actual gobierno hizo a sus votantes en el Plan Cuscatlán de 2019.
Cómo funciona el sistema y a quién deja fuera
El sistema combina cuentas de ahorro individuales administradas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), una Cuenta de Garantía Solidaria y regímenes públicos. La Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada en 2022, establece como requisitos generales para jubilarse tener 55 años en el caso de las mujeres y 60 en el de los hombres, además de 25 años de cotizaciones, equivalentes a 300 meses. Por tanto, cumplir la edad de retiro no basta para recibir una pensión mensual: también se necesita reunir el tiempo de cotización exigido.
La cotización equivale al 16 % del ingreso que se toma como base para calcularla. La persona trabajadora aporta el 7,25 % y el empleador, el 8,75 %. Por cada $100 de ese ingreso, se destinan $9 a la cuenta individual, $6 a la Cuenta de Garantía Solidaria y $1 a la comisión de la AFP. Por eso, no todo lo aportado se acumula como ahorro personal. Una parte financiera el fondo solidario y otra paga la administración.
La existencia de una cuenta solidaria no garantiza una pensión para todas las personas, especialmente para quienes nunca pudieron cotizar. Por eso, una reforma puede mejorar las pensiones de quienes ya están dentro del sistema y, al mismo tiempo, dejar sin respuesta a quienes siguen fuera.
La primera desigualdad: quedar fuera del sistema
Antes de discutir a qué edad se jubilarán las mujeres, es necesario preguntar cuántas tienen posibilidades reales de acceder a una pensión.
El sistema privado de pensiones protegido a una parte limitada de las mujeres salvadoreñas. Muchas trabajan por cuenta propia, venden alimentos, realizan labores agrícolas o cuidan sin remuneración. Aunque su trabajo sostiene a hogares y comunidades, sus condiciones laborales suelen impedirles cotizar a una AFP y reunir los requisitos para pensionarse.
En diciembre de 2021, 345,720 mujeres cotizaban al Sistema de Ahorro para Pensiones. Representaban el 43.23 % del total de personas cotizantes, pero apenas el 28.78 % de las mujeres económicamente activas, es decir, de quienes tenían empleo o lo buscaban. Menos de tres de cada diez, mujeres de este último grupo estaban cotizando. Esa proporción ni siquiera incluye a quienes no buscaban empleo por dedicarse a los cuidados. Por tanto, la presencia de mujeres entre quienes cotizan no debe confundirse con la cobertura del sistema entre las mujeres del país. Además, estar inscrita en una AFP, hacer aportes y reunir los requisitos para recibir una pensión son situaciones distintas.
Las desigualdades comienzan mucho antes de la jubilación. Según el análisis de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en 2025 la participación laboral fue del 50.4 % entre las mujeres y del 79.7 % entre los hombres. Aproximadamente cinco de cada diez mujeres en edad de trabajar tenían empleo o lo buscaban, frente a ocho de cada diez hombres.
Los cuidados son una barrera importante. Entre las mujeres que no buscaron empleo, el 61.8 % señaló como motivo el trabajo doméstico y de cuidados. El dato se refiere a ese grupo, no al conjunto de las mujeres del país. Muchas quedan fuera del empleo remunerado y de la posibilidad de cotizar precisamente porque realizan un trabajo indispensable para otras personas.
A esta dificultad se suman los menores salarios. El mismo análisis registra un promedio mensual de $377.60 para las mujeres y de $485.30 para los hombres. Ellas recibían $107.70 menos, una diferencia cercana al 22 % del promedio masculino. Aunque estas cifras no comparan el pago por un mismo trabajo ni se refieren únicamente a quienes cotizan a las AFP, permiten comprender cómo la desigualdad laboral afecta las pensiones. Cuando los aportes dependen del salario, ganar menos significa cotizar menos y acumular un ahorro menor.
Aumentar los requisitos para quienes ya cotizan no resuelve la situación de quienes nunca pudieron conseguir o mantener un empleo con seguridad social. Para unas, la pensión quedaría más lejos; para otras, seguiría siendo casi inaccesible.
Una vida de trabajo no equivale a una vida de cotizaciones
Reunir 300 meses de cotización exige pasar una parte importante de la vida en empleos con seguridad social. Muchas mujeres no tienen esa posibilidad, aunque hayan trabajado desde muy jóvenes.
La economía feminista ayuda a explicar esta dificultad. Para que una persona pueda salir a trabajar, alguien debe preparar la comida, limpiar, atender enfermedades y acompañar a quienes necesitan apoyo. Estas tareas suelen recaer en las mujeres y no se pagan. Cuando faltan servicios públicos de cuidados y los hombres no comparten esas responsabilidades, muchas mujeres deben reducir sus jornadas remuneradas, rechazar empleos o abandonarlos.
Esas interrupciones se traducen en meses o años sin cotizaciones. El sistema termina tratando la falta de aportes como un problema individual de la trabajadora, aunque responda a responsabilidades de cuidado que deberían compartirse.
Por ejemplo, una mujer que solo puede cotizar seis meses al año necesitaría 50 años para reunir los 25 años de aportes exigidos, si no se le reconocen otros períodos. Aumentar la edad de retiro no compensa, por sí solo, esos años sin cotización.
La Encuesta de Uso del Tiempo de 2022 muestra la magnitud de esta desigualdad. Entre las personas de 12 años y más que realizan trabajo no remunerado, las mujeres dedican a esas tareas un promedio de 6 horas y 20 minutos diarios; Los hombres, 3 horas y 45 minutos. Entre quienes se clasifican como económicamente inactivos, los promedios son de 7 horas y 1 minuto para las mujeres y de 3 horas y 38 minutos para los hombres.
La expresión «económicamente inactiva» clasifica a quien no tiene empleo ni lo busca, pero no significa que esa persona no trabaje. Cocinar, limpiar, criar y cuidar permite que otras personas estudien, trabajen y participen en la vida pública. Quienes realizan esas tareas, sin embargo, pueden llegar a la vejez sin ingresos propios. La sociedad se beneficia de su trabajo, pero el sistema de pensiones no lo reconoce de manera suficiente.
La maternidad no debe reducir el derecho a una pensión
La maternidad puede dificultar el acceso al empleo, interrumpir la vida laboral y complicar el regreso a un puesto con seguridad social. Estos obstáculos pueden reducir los aportes y afectar la pensión muchos años después del nacimiento de una hija o un hijo.
Conviene distinguir esos obstáculos de las reglas aplicables a la licencia de maternidad. Los artículos 14 y 16 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones contemplan cotizaciones sobre el subsidio de maternidad y establecen aportes de la trabajadora y del empleador. Por ello, no puede afirmarse de manera general que las licencias durante las cuales se cotizó queden fuera del tiempo reconocido para pensionarse. Si falta algún período, debe revisarse el historial de aportes y la normativa aplicable.
La reforma debe asegurar el reconocimiento de todos los períodos cotizados mediante procedimientos gratuitos y sencillos para revisar los historiales y corregir omisiones o incumplimientos de los empleadores. También debe atender los vacíos de protección que han afectado a las mujeres por la maternidad. Ninguna trabajadora debería esperar más para jubilarse por errores institucionales o por aportes que su empleador debió pagar.
La protección tampoco puede terminar con la licencia. Después de ella, la crianza y el cuidado de familiares pueden obligar a las mujeres a dejar nuevamente el empleo, con la consiguiente interrupción de sus cotizaciones. Proteger la maternidad exige reconocer también el tiempo dedicado a esos cuidados.
Más edad no significa más oportunidades de empleo
Aumentar la edad de retiro solo permitiría cotizar durante más tiempo a quienes logren conservar o conseguir un empleo con seguridad social. Muchas mujeres cercanas a los 55 años enfrentan discriminación por su edad y por ser mujeres, mientras siguen asumiendo responsabilidades de cuidado.
El caso de una trabajadora de maquila que pierde su puesto cerca de los 55 años permite entender el problema. Si aumenta la edad de jubilación y ella no consigue otro empleo formal, la espera adicional no generará nuevas cotizaciones. Puede convertirse en años de ventas informales, trabajos ocasionales o dependencia de familiares.
Además, quienes han trabajado en condiciones de explotación pueden llegar a esa edad con la salud deteriorada por jornadas extensas, movimientos repetitivos, cargas pesadas o presión para cumplir metas. A ese desgaste se añade el trabajo doméstico realizado antes y después del empleo. La salud al llegar a la jubilación depende, entre otros factores, del trabajo desempeñado, los ingresos y el acceso a atención médica. Elevar la edad legal de retiro no recupera la salud perdida ni crea empleos.
La igualdad no se consigue igualando edades
Si se propone acercar las edades de jubilación de mujeres y hombres, primero es necesario examinar qué desigualdades laborales y de cuidados se habrán corregido. Exigir lo mismo a quienes han vivido condiciones muy diferentes puede mantener o agravar las desventajas. Para una mujer con empleo estable, trabajar más años puede aumentar sus aportes; para quien tiene problemas de salud o no encuentra empleo, puede prolongar el tiempo sin salario y sin pensión.
Defender el derecho de las mujeres a jubilarse tampoco significa suponer que deben seguir cuidando gratuitamente. Tienen derecho al descanso, a desarrollar proyectos propios y a vivir la vejez con seguridad económica. La jubilación debe darles mayor libertad para decidir sobre su vida. No debería convertirlas en cuidadoras permanentes para cubrir responsabilidades que el Estado, los empleadores y los hombres dejan sin atender.
Una reforma justa debe considerar tanto el desgaste del empleo como los cuidados realizados a lo largo de la vida. La igualdad exige corregir esas desventajas antes de presentar una misma edad de retiro como una solución.
El ahorro del Estado puede aumentar los gastos de las familias
Las consecuencias también alcanzan a las familias. Retrasar el acceso a las pensiones puede reducir los pagos del Estado durante algunos años, pero prolongar el tiempo durante el cual los hogares deben sostener a una persona sin ingresos suficientes.
El gasto no desaparece: puede pasar a hijas, hijos, parejas o familiares que envían remesas. Si la persona también necesita cuidados, otra mujer de la familia puede asumirlos y reducir o abandonar su propio empleo. Así, las dificultades para cotizar pueden repetirse de una generación a otra.
Contar con una pensión también permite tomar decisiones con mayor independencia. Ayuda a comprar medicamentos, aportar al hogar y disponer de dinero propio sin pedir autorización. Retrasar ese ingreso puede prolongar la dependencia de otras personas, especialmente cuando hay pocas oportunidades de obtener recursos.
Desde la economía feminista, evaluar la sostenibilidad de un sistema de pensiones exige considerar también esos gastos y cuidados adicionales. Aunque no aparezcan en las cuentas del Estado, afectan la salud, el descanso y la independencia económica de las personas y sus familias.
Una reforma estructural que reconozca el trabajo que sostiene la vida
Frente a estas desigualdades, una reforma estructural debe garantizar ingresos propios en la vejez y distribuir su financiamiento entre el Estado, los empleadores y quienes tienen mayor capacidad de aportar. Para ello, se proponen tres componentes.
El primero es una pensión pública básica, financiada con impuestos que exijan más a quienes tienen más ingresos y riqueza. Su objetivo debe ser asegurar ingresos suficientes en la vejez y avanzar hacia una cobertura universal, con plazos y recursos definidos. Debe comenzar por quienes no tienen pensión, incluidas las personas que trabajan en la informalidad o se han dedicado a cuidados no remunerados, sin exigirles una historia de empleo formal. También debe coordinarse con las pensiones financiadas mediante cotizaciones, sin penalizar a quienes hayan ahorrado.
El segundo es reconocer las interrupciones laborales por cuidados como tiempo válido para la jubilación. Esta medida suele llamarse «créditos de cotización»: consiste en reconocer meses o años de cuidados y respaldarlos con recursos públicos para que contribuyan a una pensión suficiente. Contar únicamente el tiempo podría ayudar a cumplir los requisitos de acceso, pero dejar una pensión demasiado baja. La compensación debe considerar tanto los años reconocidos como el ingreso que se recibirá.
Este reconocimiento debe incluir la crianza y el cuidado de personas enfermas, con discapacidad o mayores que necesitan apoyo. Debe beneficiar a quien realizó esas tareas, compensar las desventajas acumuladas por las mujeres y promover que los hombres también cuiden. Para demostrar los cuidados realizados en el pasado, se necesitan procedimientos sencillos. No sería razonable exigir contratos o planillas de pago por un trabajo que nunca fue remunerado.
El tercero es permitir cotizaciones flexibles, con apoyo público, para quienes trabajan por cuenta propia o tienen ingresos irregulares. El Estado debe complementar sus aportes y dar más apoyo a quienes ganan menos. Una persona que vende comida o trabaja por temporadas no puede cotizar como si recibiera un salario estable todos los meses. En cualquier caso, la falta de capacidad para aportar no debe impedir el acceso a la pensión pública básica.
Estos componentes deben complementarse para que el reconocimiento de los cuidados de acceso a derechos dentro del sistema público, incluso a quienes nunca estuvieron afiliadas a una AFP. Si solo se reconocen esos períodos a quienes ya tienen una cuenta individual, muchas cuidadoras seguirán excluidas.
Estas medidas deben acompañarse de servicios públicos de cuidados, licencias que permitan compartir esas tareas entre mujeres y hombres, igualdad salarial, protección de la salud en el trabajo y acciones contra la discriminación por edad. También se necesita inspección laboral para asegurar que los empleadores afilien a su personal y paguen las cotizaciones correspondientes. Los subsidios públicos no deben cubrir obligaciones que corresponden a las empresas.
Una reforma fiscal para financiar derechos
Garantizar estos derechos requiere un fondo público para las pensiones, con recursos permanentes en el presupuesto y reglas claras sobre su uso. Las organizaciones de mujeres, de personas trabajadoras y de personas pensionadas deben participar en su vigilancia. Su financiamiento debe ser una obligación del Estado, no una ayuda que dependa de la voluntad del gobierno de turno.
Un ejemplo permite comprender la magnitud de los recursos necesarios: entregar $100 mensuales a 100,000 personas costaría $120 millones al año solo en pagos de pensiones. Este cálculo no significa que $100 alcancen para vivir dignamente ni representa el costo total de la reforma. Para estimarlo, se necesita definir cuántas personas recibirían la pensión, cuál sería un monto suficiente y cuánto costaría administrarla. También deben preverse aumentos que compensen la subida de los precios.
Los recursos deben provenir de una reforma fiscal progresiva, es decir, de impuestos que cobren más a quienes tienen más ingresos y riqueza. Entre las opciones están un impuesto a las grandes fortunas y un impuesto sobre las propiedades que exija más a las de mayor valor y protega la vivienda de los hogares de menores ingresos. También es necesario combatir la evasión, que consiste en incumplir las obligaciones tributarias, y la elusión, que aprovecha vacíos o mecanismos legales para reducir el pago de impuestos. Además, deben eliminar las exenciones empresariales cuyos beneficios sociales no justifiquen el dinero que el Estado deja de recaudar. Cada propuesta necesita una estimación pública de cuánto recaudaría y quién pagaría.
Las exenciones reducen los impuestos que pagan las empresas y pueden aumentar sus ganancias, mientras limitan los recursos disponibles para financiar derechos. Por eso, además del costo de las pensiones, el debate debe examinar cuánto cuesta mantener esos beneficios fiscales y quiénes los reciben. Si la protección social se financia principalmente con impuestos al consumo, parte del costo recaerá sobre los mismos hogares que se busca proteger.
Las ganancias de las AFP también deben discutirse
Revisar cómo se distribuyen los recursos también exige examinar las ganancias de quienes administran las pensiones. AFP Confía y AFP Crecer forman un duopolio: son las dos empresas que concentran ese mercado privado. Sus ganancias no deben confundirse con los rendimientos del ahorro de las personas afiliadas. Un negocio rentable para las AFP no garantiza pensiones suficientes.
Entre 2022 y 2024, la rentabilidad sobre el patrimonio de Confía pasó del 34.77 % al 54.41 %, y la de Crecer, del 46.32 % al 63.96 %. Este indicador compara la ganancia neta annual con el patrimonio de la empresa al cierre del año. Dicho de forma sencilla, en 2024 Confía obtuvo alrededor de $54 de ganancia neta por cada $100 de patrimonio, y Crecer, $64. Estas cifras muestran la rentabilidad de las administradoras, no la del dinero ahorrado para las pensiones.
Las ganancias conjuntas de ambas AFP también aumentaron: pasaron de aproximadamente $17.08 millones en 2022 a $32.61 millones en 2023 y $36.33 millones en 2024. Es decir, más que se duplicaron en dos años. En Confía, la ganancia neta llegó a $18.67 millones en 2025 y la rentabilidad sobre su patrimonio fue del 59.72 %. Estos resultados deben incluirse en una discusión que suele concentrarse en cuánto más deben aportar o esperar las personas trabajadoras.
Parte de esa mejora se relaciona con las reglas aplicadas desde 2023. Los informes financieros señalan que se eliminó la obligación de las AFP de contratar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Esto redujo sus costos y favoreció sus ganancias. Los resultados del negocio dependen, por tanto, también de decisiones públicas sobre las obligaciones de las administradoras. Una reforma debe evaluar cómo se distribuyen sus costos y beneficios entre las empresas, el Estado y las personas afiliadas.
Estos resultados refuerzan la necesidad de revisar las comisiones y los costos de administración, hacer públicas las ganancias y los pagos a los accionistas, y evaluar una alternativa pública sin fines de lucro. La administración del ahorro debe servir al derecho a una pensión digna. Las ganancias de las empresas no deben tener prioridad sobre el bienestar de quienes han trabajado y cuidado durante toda su vida.
Una transición hacia un sistema público y solidario debe proteger los derechos adquiridos, contar con financiamiento suficiente y permitir la vigilancia social. También requiere información clara sobre la deuda del Estado con los fondos de pensiones: cuánto debe, qué intereses paga, cuándo vence esa deuda y cómo afecta las pensiones. Cambiar la administración no elimina las obligaciones acumuladas.
Los derechos deben orientar la reforma de pensiones
Estas propuestas parten de una prioridad distinta a la del acuerdo con el FMI, que sitúa la reforma de pensiones dentro de una estrategia para ajustar las cuentas del Estado. El comunicado de septiembre de 2026 proyecta para 2027 un superávit primario del 3.7 % del producto interno bruto. Esto significa que los ingresos públicos deben superar los gastos, sin contar el pago de intereses, por un monto equivalente al 3.7 % del valor de los bienes y servicios producidos en el país. Esa meta describe un resultado financiero, pero no muestra cuántas cuidadoras tendrán ingresos propios ni cuántas personas podrán descansar después de una vida de trabajo.
Romper con los esquemas impuestos por el FMI requiere que la sociedad pueda decidir democráticamente qué debe financiar el Estado y quién debe aportar. Esto implica renegociar las metas y condiciones que impidan garantizar derechos. También supone rechazar que el ajuste de las pensiones recaiga principalmente en exigir más años de trabajo, prolongar la espera o reducir los pagos. El Gobierno es responsable de los compromisos que acepta y de las alternativas que propone.
Poner las cuentas públicas al servicio de la vida requiere ingresos suficientes, transparencia y financiamiento estable para garantizar condiciones dignas de vida, incluidos los cuidados, la salud y el descanso. Los equilibrios económicos y las ganancias de las AFP no deben convertirse en objetivos superiores al bienestar. La discusión central es cuánto deben aportar quienes concentran la riqueza para garantizar una vejez digna a quienes contribuyeron a producirla, tanto mediante el empleo como mediante el trabajo no remunerado.
Antes de aprobar cambios, deben publicarse estudios que expliquen a cuántas personas cubrirán, si las pensiones serán suficientes y cómo afectarán a distintos grupos según su sexo, edad, ocupación, ingresos y responsabilidades de cuidado. Las mujeres próximas a jubilarse necesitan reglas claras durante la transición. Las trabajadoras informales, las cuidadoras no remuneradas, los sindicatos y las organizaciones feministas deben participar con posibilidades reales de influir en las decisiones.
Una sociedad que depende del trabajo de las mujeres debe reconocerlo también en la vejez. Después de una vida sosteniendo hogares, empleos y comunidades, la respuesta no puede limitarse a exigirles más años de espera. Una reforma estructural debe traducir ese reconocimiento en tiempo de cuidados válido para la jubilación, ingresos propios y financiamiento público garantizado. El derecho a una pensión digna debe proteger también a quienes sostuvieron la vida de otras personas sin tener un empleo que les permitiera cotizar.
*Julia Evelyn Martínez es economista feminista, graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con posgrado en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Es especialista en políticas públicas con perspectiva de género, economía del cuidado y economía social, y cuenta con experiencia previa como docente e investigadora de la UCA. En el ámbito institucional, ha fungido como Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y Coordinadora del Área de Género del PNUD en El Salvador. Previamente, ocupó la Dirección Ejecutiva de AMPES, la gerencia de programas en FUNDES y fue investigadora en FUNDAUNGO.
Referencias bibliográficas
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GatoEncerrado: https://gatoencerrado.news/2026/10/28/mujeres-y-reforma-pensiones-en-el-salvador/
