Reactivar la minería metálica es el tiro de gracia al medioambiente en El Salvador: organizaciones
Trece organizaciones e instituciones, entre ellas la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, se han pronunciado en contra de la minería metálica, que históricamente ha sido cuestionada por sus devastadores efectos en los recursos naturales.
[dropcap]L[/dropcap] a explotación de oro es una industria extractiva a gran escala que requiere grandes espacios territoriales y afecta áreas densamente pobladas. Por ello, preocupa la amenaza de abrirse nuevamente la minería en un país con recursos hídricos limitados y alta vulnerabilidad ambiental, señalan las organizaciones.
Con una densidad poblacional de 286.6 personas por kilómetro cuadrado y un territorio altamente deforestado, la introducción de la minería metálica podría ser devastadora. Advierten que estudios internacionales señalan que el 87.7% del territorio salvadoreño está en riesgo ambiental, afectando al 95.4% de la población.
Las organizaciones plantean que el proceso de extracción de oro requiere el uso intensivo de agua y químicos tóxicos como el cianuro, lo que genera contaminación irreversible en fuentes vitales como el río San Sebastián y otras cuencas. En la zona norte del país, donde se concentran los principales yacimientos, nacen ríos tributarios del río Lempa, esencial para el suministro de agua potable y la generación eléctrica.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, señaló que El Salvador es el segundo país más deteriorado, deforestado y con mayor estrés hídrico solo después de Haití. Además, no es el único país que prohíbe la minería, ya que en otros países se prohíbe en diferentes modalidades.
El impacto también tiene un rostro humano y de género: el 52.8% de la población son mujeres, muchas de ellas responsables de administrar el agua en sus hogares. Por ello, las organizaciones advierten que la contaminación compromete la calidad de vida de las mujeres y aumenta la carga de trabajo no remunerado, particularmente en áreas rurales.
A pesar de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aún existen minas abandonadas que ponen en riesgo cuencas hidrográficas críticas. El incumplimiento estatal en el cierre técnico de estas minas y la falta de remediación ambiental exponen a millones de salvadoreños a la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad, señalan las organizaciones.
Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES Santa Marta, sostuvo que llevan 20 años luchando contra la minería en el país, ya que solo con la exploración del terreno en Cabañas se secaron fuentes de agua, murieron animales y hubo una división social en las comunidades.
Morales añadió que en Cabañas ocurrieron casos de familias que nacieron con malformaciones años después de la contaminación de los ríos por la exploración minera, y temen que esos casos puedan ocurrir de nuevo.
Ante esto, piden al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Ministerio de Economía cumplir con los artículos 2 y 6 de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que obliga a realizar los cierres técnicos de los 15 pasivos mineros ambientales o minas en abandono que se encuentran en Morazán, San Miguel y La Unión.
Las organizaciones exigen a Nayib Bukele no ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras que buscan explotar oro, no para beneficio de los sectores empobrecidos de El Salvador.
Las organizaciones enfatizan en que el camino al desarrollo económico no es explotando oro, sino encaminar al país a un desarrollo integral que coloque en el centro la vida de la población salvadoreña.