Crece la rebelión en las calles europeas
Las movilizaciones en Francia, Italia, Albania, Bélgica y Portugal expresan un malestar que desborda las fronteras: salarios insuficientes, dificultades para estudiar y acceder a una vivienda y rechazo al deterioro de los servicios públicos. La crisis del capitalismo en su fase más cruel.
El descontento social recorre distintos países europeos. Las protestas tienen sus propias convocatorias y reivindicaciones, pero comparten una experiencia cotidiana: trabajar o estudiar ya no garantiza unas condiciones de vida dignas. Este sábado 17 de octubre, las calles de varias ciudades volvieron a convertirse en el lugar desde el que exigir respuestas a unos gobiernos cuestionados por el encarecimiento de la vida y sus decisiones sobre el gasto público.
Francia reunió a cientos de miles de personas en una jornada en la que confluyeron estudiantes, trabajadores, agricultores y chalecos amarillos. Las dificultades para llegar a fin de mes y el deterioro de la educación pública alimentaron una movilización que reúne a generaciones y sectores sociales diferentes. La participación juvenil tiene un protagonismo destacado, pero el malestar supera ampliamente las aulas.
El balance difundido por las autoridades francesas recoge una persona fallecida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, más de 1.800 detenciones y gran cantidad de manifestantes heridos/as. Un joven de 17 años perdió la mano derecha por una granada lanzada por la Policía en Saint-Étienne. Fue trasladado al hospital y se ha abierto una investigación. Son cifras oficiales que no ofrecen un balance completo de las personas manifestantes heridas. En París, además, la propia Prefectura reconoció que la marcha principal, con 110.000 participantes según su recuento, recorrió el itinerario acordado sin incidentes graves.
En Limoges, un incendio destruyó buena parte del Ayuntamiento; también se registraron enfrentamientos y daños en otras ciudades. Estos hechos forman parte de lo ocurrido, pero convertirlos en el único relato de la jornada borra las reivindicaciones y a quienes se movilizaron para defenderlas. El Gobierno de Sébastien Lecornu ha señalado a la izquierda radical y anunciado una respuesta judicial de dureza. Presentar el conflicto como una cuestión de orden público permite eludir la discusión sobre sus causas sociales.
En Italia, más de 5.000 personas se manifestaron en Milán contra el encarecimiento de los combustibles y la presión sobre los ingresos populares. La protesta terminó con enfrentamientos, gases lacrimógenos y el desalojo de la plaza del Duomo. El precio de desplazarse, trabajar y sostener los gastos cotidianos volvió a ocupar el centro de la protesta.
En Albania, estudiantes de secundaria y universitarios mantuvieron las movilizaciones por quinto día consecutivo. Las protestas cuestionan las condiciones educativas y la corrupción y reclaman la dimisión del primer ministro, Edi Rama. En Tirana, la Policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua durante los enfrentamientos. La persistencia de las convocatorias muestra que el conflicto sigue abierto pese a las detenciones y a las intervenciones policiales.
En Bruselas, estudiantes protestaron contra el aumento de los costes educativos y unas reformas que consideran una barrera para acceder a la enseñanza superior. En Lisboa, las movilizaciones denunciaron la distancia entre los salarios y el precio de la vivienda. Poder estudiar o conservar una casa aparece así como una exigencia compartida por quienes ven cómo necesidades básicas se vuelven económicamente inalcanzables.
Estas luchas no constituyen todavía un movimiento europeo unificado. Afirmarlo ocultaría sus diferencias y anticiparía una coordinación que las fuentes disponibles no acreditan. Lo que sí muestran es una coincidencia política de fondo: crece el rechazo a que el deterioro de las condiciones de vida se acepte como un destino inevitable.
La cuestión que plantean las calles es concreta: quién debe soportar el coste de las decisiones económicas y qué derechos están dispuestos a garantizar los gobiernos. Las cargas policiales y las amenazas de cárcel no responden a esa pregunta. Tampoco hacen desaparecer la necesidad de una vivienda, una educación pública o un salario con el que vivir.