Los jubilados de la UES.
Por: Fredis Pereira.
El gobierno disfuncional universitario ha mostrado su vocación contra la dignidad de la persona humana. Así actúa contra el trabajador después de haber dedicado décadas de servicio en la Universidad de El Salvador (UES), atentando contra el bienestar de las personas en una de las etapas más vulnerables y discriminando a las nuevas generaciones.
Los trabajadores de la universidad de El Salvador han sufrido la privación de sus derechos por décadas. La privación del goce oportuno del derecho al pago de la prestación económica por el tiempo de servicio ha sido parte de la precaria situación de los jubilados de la UES, pues se paga con retraso injustificado en contravención de la legislación universitaria, y muchas veces el jubilado muere esperando su pago o tiene que gastar en servicios jurídicos para reclamar su derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Los retrasos en el pago de la prestación para los jubilados es producto de la administración irracional del gobierno disfuncional universitario. En principio, porque el gobierno universitario no establece dentro del presupuesto los recursos necesarios para el pago de esta prestación, y luego porque los recursos disponibles se utilizan sin seguir los principios de eficiencia y eficacia, apartándose de la buena administración, para recurrir a las abundantes contrataciones de personal, sin un estudio objetivo que demuestre la necesidad.
La precaria situación del goce de los derechos de los jubilados son la expresión del incumplimiento de la debida deliberación en la toma de decisiones. Así, por ejemplo, el día 16 de abril de 2026, el Rector de la UES, le propuso al Consejo Superior Universitario establecer como norma la contratación de trabajadores jubilados, con honorarios equivalentes al 50% del salario que recibía al momento de su retiro. Hay que decir, que la propuesta no explica algún fundamento legal y técnico, sin embargo, ha sido aprobada a los pocos días, sin la debida deliberación que permita fundamentar la decisión, como es propio de un conclave de la improductividad en la UES.
La contratación de los jubilados es una solución torcida que priva del empleo a las nuevas generaciones. Se considera que a los jubilados se les puede contratar excepcionalmente por seis meses, pero la práctica acostumbrada muestra, que esos contratos son tan recurrente y mientras se tenga la suficiente influencia se renuevan, y tal como lo ha demostrado la auditoria, en la UES no se sigue un debido proceso para realizar las contrataciones de personal, así que no hay manera de determinar si se contrata a los más idóneos, faltando a la transparencia que ordenan las normas contra la corrupción. Así también, en esas contrataciones se priva de la igualdad de oportunidades en el empleo a las nuevas generaciones, pues no hay manera de comprobar que los jubilados sean los más idóneos.
El cumplimiento de los parámetros de la buena administración sería una solución para garantizar el derecho de los jubilados. Primero porque se garantiza la equidad, justicia, objetividad e imparcialidad. Segundo, porque se ordena resolver en un plazo razonable, que permita que el jubilado pueda disfrutar de los recursos económicos para vivir decentemente.