Estados débiles, impuestos bajos y gasto alto: la trampa fiscal de América Latina.

Por: Carlos Andrés Brando/Latinoamérica21

Los apuros fiscales de América Latina no son algo nuevo. Sus problemas se originan en un escollo que tiene dos caras. La formación de Estados que históricamente han sido relativamente débiles, es decir, que recaudan pocos impuestos y una marcada proclividad a los ciclos populistas en los que se gasta más de lo que se recauda, y de lo que se puede financiar sosteniblemente. Las explicaciones que dan cuenta de este desequilibrio fundamental son más complejas de lo que a veces se lee en prensa o se viraliza en redes sociales: corrupción corporativa rampante, despilfarro público, aversión generalizada a la tributación, captura del Estado por las élites económicas, etc.

Cuando no caóticas, las finanzas públicas en la región lucen frágiles. Dejando por fuera del análisis la trágica posición de Venezuela, el diagnóstico de los mercaderes de deuda pública señala que al concluir el 2025 las primas de riesgo eran altas en gran parte de los países de la región. El balance fiscal (como porcentaje del PIB), evidencia que son muchas las naciones con serios retos. En Brasil, México y Panamá actualmente se proyectan déficits del 5% o más, mientras que Ecuador y Uruguay llegan al 4%. Si bien no existe un número mágico alrededor del déficit optimo, el Fondo Monetario Internacional suele indicar que los niveles sostenibles se ubican entre el 1% y el 3%.

Es un hecho que en comparación con los países desarrollados los niveles de tributación de la región lucen bajos. Un reporte reciente de OXFAM muestra que el promedio de recaudación tributaria en América Latina se ubica en el 21,3% del PIB, mientras que para el club de países miembros de la OECD alcanza el 33,9%. La brecha, superior a los doce puntos porcentuales, es amplia – a pesar de haberse reducido en los últimos 20 años.

Además, los elementos inequitativos en la composición del recaudo son innegables. No es extraño encontrar que la tasa efectiva de tributación sobre los ingresos percibidos por las personas naturales que representan los percentiles más altos de la población (los más ricos de todos) sea inferior a la de otros percentiles que bien pueden representar los ingresos de las clases medias.

Ahora, además de sus bajos niveles y de ser inequitativa, la fiscalidad regional es decididamente compleja. Y esta complejidad revela privilegios. Un documento del PNUD-América Latina y el Caribe muestra que los ingresos tributarios no percibidos por el Estado por cuenta de tratamientos especiales como exenciones de distintos tipos equivalen a sumas muy importantes. Como porcentajes del PIB, tales exenciones rondan entre el 2% y el 4% para Perú, Guatemala, Argentina, Chile, Jamaica, Salvador y México; entre el 4% y el 6% para Brasil, Ecuador y Costa Rica; y por encima del 6% para República Dominicana, Uruguay y Colombia.

Si las próximas reformas tributarias en la región corrigen estas dos deficiencias estructurales (inequidad y exenciones), los niveles de recaudo se habrán homogeneizado en la medida de lo posible –dada nuestra realidad– con aquellos que suelen considerarse como referentes.

Y es que América Latina haría mal en fijarse niveles de recaudo tipo OECD como meta de corto plazo debido a que la región es económica y demográficamente distinta de la mayoría de esos países. Analicemos tres aspectos.

Las economías OECD son en promedio significativamente más prósperas, lo que quiere decir que sus habitantes poseen mayores ingresos (al menos tres veces más que los propios de América Latina, en promedio) y por tanto pueden ser gravados en mayor proporción. Ellos se encuentran más lejos de los niveles de subsistencia y de vulnerabilidad.

El empleo informal, según las estadísticas más recientes compiladas por la Organización Internacional del Trabajo, indican que la tasa promedio de empleo informal en países de la OECD no supera el 15% mientras que en América Latina la cifra es cercana al 50%. Alrededor de la mitad de la población en nuestra región tiene un trabajo principal o secundario en el que en la práctica no está sujeto a regulación laboral ni a protección social. Esto implica que tampoco contribuyen regularmente a la seguridad social. La informalidad laboral limita el universo efectivo de contribuyentes.

Además, la región experimentó una transición demográfica relativamente tardía. En 1985, por ejemplo, la edad mediana de la población –que divide a ésta en dos grupos de igual tamaño– era inferior a los 20 años con la excepción de Argentina, Chile, Cuba y Uruguay. Así que la población en edad y condición de contribuir al fisco había sido muy inferior a la proporción de contribuyentes que construyeron (fondeando con sus impuestos) los Estados de Bienestar Universales de la OECD, característicos de la segunda mitad del siglo pasado.

Por tanto, con el nivel de productividad y de ingresos actuales, la informalidad imperante, y la ventana del bono demográfico cerrándose, el margen de maniobra para agrandar el Estado latinoamericano es más finito de lo que se cree.

El camino de las aclamadas reformas estructurales en la tributación por la vía de la eliminación de tratamientos especiales y de progresividad es ineludible. Especialmente, con relación a las personas naturales con ingresos altos y muy altos.

En ausencia de altas tasas de crecimiento económico sostenidas en aumentos de productividad, el retorno de líderes populistas al poder exacerbará el gasto garantizando una próxima ronda (severa) de crisis fiscales y sociales en la región.