La fantasía Bitcóin en El Salvador mientras los trabajadores pierden sus empleos.

Juan Hernández llegó a la conferencia de prensa con un uniforme que se convirtió en cotidianidad durante la pandemia en 2020: traje médico blanco de seguridad de pies a cabeza, gorro incluido, mascarilla, gafas protectoras. Al llegar su turno de hablar, micrófono en mano, leyó el comunicado que al menos tres organizaciones del sector de salud de El Salvador lanzaron el pasado 7 de enero de 2026: pidieron que se forme una mesa de diálogo para negociar indemnizaciones justas o la reintegración de más de 1.800 empleados despedidos el pasado 23 de diciembre de 2025 del Hospital Rosales, último día laboral antes de las vacaciones por las fiestas navideñas. Este hospital era el principal centro de salud de referencia del país.

Hernández y Karla Verónica López, otra empleada del sector salud despedida en diciembre, subirán el tono del reclamo con un señalamiento claro: «Antes nos dijeron héroes». O sea, durante la pandemia de Covid-19. Y mostraron los diplomas de reconocimiento por su labor en ese momento, e incluso una medalla.

Cálculos de algunas organizaciones sitúan entre los 7 mil y 8 mil despedidos del sector público de salud solo durante el año 2025. Recortes que, sin que hayan sido explicados con claridad por parte de las instituciones responsables a los trabajadores, las mismas organizaciones creen que se deben al intento de cumplimiento por parte del gobierno salvadoreño de los indicadores exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar un préstamo de $1,400 millones. Parte de esos cumplimientos es marginar la criptomoneda Bitcoin de las finanzas públicas.

Pese a esto, el pasado 9 de enero la cuenta de X del periódico oficial Diario El Salvador – fundado con fondos públicos y con una retórica favorable al gobierno – publicó sobre la segunda edición de un torneo de golf organizado por los esposos estadounidenses Max Keiser y Stacy Herbert, dos activos bitcoiners muy cercanos al presidente Nayib Bukele. El evento se realizó bajo el nombre de Bitcóin Golf Invitational. Este mismo día, los trabajadores despedidos del Hospital Rosales denunciaron que ni siquiera tienen claridad sobre dónde deben realizar los trámites para obtener su indemnización.

Mientras la presión a los bolsillos de la mayoría de salvadoreños ha sido reconocida hasta por el mismo presidente Bukele, durante su toma de posesión de su segundo mandato, el 1 de junio de 2024 – obtenido inconstitucionalmente, ya que la Constitución prohibía la reelección en seis artículos -, la actividad de los cripto creyentes no se ha detenido en El Salvador, reforzando una línea imaginaria que divide a una pequeña élite de la mayor parte de la población del país, y que refuerza las desigualdades entre una y otra.

«Cuando se analiza a partir de los ingresos (de la población), y esto con datos locales, de la Encuesta de Hogares y de Propósitos Múltiples … toda esa sección de la población con ingresos de menos de US$500 (mensuales) suman cerca del 75% ya de la población», explica el economista y docente universitario, José Luis Magaña a Truthdig y añade, «En cambio, la población que tiene ingresos superiores a los $2500, estamos hablando del 0.49%».

Para Magaña, «por un lado se genera esa percepción de prosperidad, riqueza y tal, pero para este grupo. Mientras buena parte, la mayoría de la población, no está teniendo beneficios sobre esta distribución». El profesional hace referencia a que el privilegio y la prosperidad no han cambiado de lado, ni han incluido a actores nuevos; pese a la publicidad sobre avances económicos. Cuando la Ley Bitcóin fue aprobada, en 2021, una de las justificaciones fue lograr mayor inclusión financiera y fue aprobada como moneda de curso legal, convirtiendo a El Salvador en el primer país en adoptarla como tal.

El paraíso cripto de unos pocos

Herbert, quien migró al país junto a su esposo en 2021 luego de la aprobación de la Ley Bitcóin, es la directora de la Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC), una entidad que depende directamente de la Presidencia de la República de El Salvador y que está detrás de la organización de algunos eventos relacionados a la criptomoneda en El Salvador, como por ejemplo el ocurrido en noviembre de 2025, denominado «Bitcoin Histórico», parte del cual se desarrolló en el Palacio Nacional, un edificio-museo histórico que albergó las oficinas de gobierno décadas atrás y cuyo uso actual es casi exclusivo para eventos especiales, como algunos discursos presidenciales o eventos con invitados diplomáticos.

A diferencia de medios de comunicación tradicionales o independientes, a los que nunca ha concedido una entrevista en los últimos seis años, Bukele no tiene reparo en recibir a los criptoembajadores. En Bitcoin Histórico, el presidente se tomó fotos con varios de los invitados especiales.   

Pese a que en enero de 2025 la Asamblea Legislativa reformó la Ley Bitcóin – como parte de los cumplimientos con el FMI – y estableció que esta criptomoneda puede seguir siendo utilizada en transacciones exclusivamente entre privados, Bukele no ha dejado de anunciar la compra de más Bitcóin como parte de las reservas estatales – sin aclarar el uso o no de fondos públicos para tal fin – e, incluso, no ha explicado públicamente por qué sigue manteniendo una oficina gubernamental dedicada a esta criptomoneda. Las reformas determinaron, además, que, pese a que la criptomoneda es de uso de particulares, sus transacciones no pagarían impuestos de capital.

Los negocios, empresas y personas que orbitan alrededor de lo que Herbert promociona como «el país Bitcóin» están lejos de disminuir, pese a las reformas legales. En el sitio oficial de Bitcoin Country, la ONBTC promociona el creciente número de negocios que aceptan la criptomoneda, así como los pasos para migrar al país como criptoinversor.

Por otra parte, el periódico digital El Faro reportó en enero de 2025, en una investigación, que al menos 15 nombres vinculados a las criptomonedas – en su mayor parte extranjeras – han adquirido unas 50 propiedades en la playa El Zonte, en el departamento de La Libertad. Allá, en solo cinco años, las propiedades han triplicado su valor de mercado. La revalorización, según el medio, ocurrió en paralelo a la propaganda de las zonas como lugares de uso del bitcóin y de la adquisición de estas propiedades por parte de extranjeros.

El Zonte forma parte de lo que el gobierno salvadoreño renombró y rebrandeó como Surf City; y que fue el lugar donde el Bitcóin nació como un proyecto comunitario, antes de 2021. La zona es actualmente la punta de lanza del turismo salvadoreño a través de la realización de competencias de surf.

En esa misma zona, además, la compañía de inversiones canadiense Northfield anunció en marzo de 2025 una serie de negocios a través de su subsidiaria True North Airways (TNA), entre ellos la fundación de una empresa en El Salvador y el aseguramiento de «50 acres de tierra en El Zonte», es decir, unas 20 manzanas de terreno.

TNA anunció su inicio de operaciones en El Salvador públicamente en noviembre de 2025, a través de la filial Cielo Norte Aviación (CNA), dueña de un helicóptero que fue volado en el evento de golf organizado por los esposos Herbert y Keiser. La aeronave, incluso, ha recibido el nombre de «Bitforce One». Hasta el 11 de enero, tanto la página oficial de CNA, como sus redes sociales detallaron que su certificación como empresa aeronáutica aún estaba en trámite con la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador.

El helicóptero, según información de sus redes sociales, permanece en un helipuerto de Salamanca Eventos, ubicado en el distrito de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, cuna política de Bukele; mientras que el torneo de golf se realizó en la exclusiva residencial El Encanto, donde el CEO de la empresa cripto Tether ha adquirido propiedades. Truthdig intentó consultar a CNA sobre su participación en el evento de golf vía correo electrónico, pero la empresa se negó a comentar, salvo para asegurar que sí tenía permiso para realizar el vuelo, sin mostrar evidencia de ello.

Cinco días después de la solicitud de derecho de respuesta que Truthdig realizó a CNA, la compañía sostuvo una reunión con Bukele y mostró fotos del encuentro en sus redes sociales. El hecho de que estas empresas puedan operar sin los certificados correspondientes evidencia el privilegio que les otorgan sus contactos con el gobierno.

Para finales de enero, otro evento de gran magnitud relacionado con el Bitcoin ha sido publicitado desde, al menos, noviembre de 2025. Se trata de Plan B Forum, un encuentro internacional que reunirá a más de 100 ponentes del mundo cripto en El Salvador y que está siendo patrocinado por dos gigantes del ámbito: las empresas Tether y Bitfinex. La ONBTC también participará en la Bitcoin Capital Summit en San Salvador el 29 de enero, junto con la empresa canadiense de tecnología blockchain, Blockstream, y la empresa estadounidense de inversión en nuevas empresas, Fulgur Ventures.

Los que viven fuera de la burbuja cripto

«Se quiere vender la idea, al igual que hace 25 años cuando se dolarizó la economía, que la inversión extranjera iba a venir como agua de mayo al país y que al venir mayor inversión extranjera se iba a generar empleo, la gente podría llevar ingresos a sus familias y al tener ingresos, pues tener capacidad de consumo y dinamizar la economía. Pero 25 años después de estar dolarizados, seguimos siendo el país que menos inversión extranjera trae. El Bitcoin se vendió igual. Bukele lo vendió como la gran política pública en materia económica que iba a traer nuevamente inversión extranjera y que aquí va a haber oportunidades de empleo», dice Juan José Ortiz, vocero de los cientos de afectados por el desfalco por más de $30 millones a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).

COSAVI funcionó durante varios años como una exitosa cooperativa de ahorro en la que miles de salvadoreños resguardaron sus ahorros, pero fue intervenida por el Estado salvadoreño en mayo de 2024 debido a irregularidades en su administración por parte de varias gerencias. Investigaciones periodísticas posteriores han demostrado que la financiera otorgó millones en préstamos a municipalidades del partido Nuevas Ideas. 

Si alguien sabe sobre el trato desigual en el ámbito económico en El Salvador son los afectados por este desfalco. En marzo de 2026 se cumplirán dos años de la intervención del Estado salvadoreño a la Cooperativa por el fraude millonario y, hasta la fecha, buena parte de los ahorrantes siguen peleando por recuperar los ahorros de su vida: al menos siete personas han fallecido esperando recuperar su dinero y el Comité de Afectados ha solicitado audiencias con diputados, la Superintendencia del Sistema Financiero, ha enviado cartas a congresistas estadounidenses y hasta otros gobiernos extranjeros; sin haber sido escuchados en ninguna parte. Presentaron 104 demandas a los juzgados civiles y 103 fueron rechazadas. Solo una fue aceptada por un Juzgado de Menor Cuantía y aún está en trámite.

Ortiz tiene formación y una carrera profesional vinculadas a las finanzas. Para él, las mejorías en los indicadores macroeconómicos son casi una ilusión. «El gobierno ha anunciado publicitariamente que la economía en su tercer trimestre creció 5.1% … Pero cuando uno mira los datos presentados por el mismo Banco Central, el crecimiento de 5.1 está sustentado en tres rubros que son bastante volátiles. El primero de ellos es la construcción», dice Ortiz.

Ese mercado y el de inversiones extranjeras han recibido múltiples incentivos en El Salvador en los últimos dos años. El más reciente: el que permite una deducción de impuestos sobre la renta si se invierte más de $1 millón. Esto se suma a otros incentivos previamente aprobados como exención de impuestos a las ganancias de capital, exención de impuestos hasta por 10 años y facilitación de permisos de construcción para edificios de más de 35 pisos. 

Muchas de estas facilidades se han aplicado al Centro Histórico de la capital, San Salvador, donde bitcoiners y hasta la familia del presidente han aprovechado estos tratos favorables para comprar y establecer negocios exclusivos. Las propiedades, de hecho, son colindantes y forman parte del polo de desarrollo turístico del Centro Histórico, y tienen por detrás los mismos nombres que acaparan los negocios en el Zonte: Giancarlo Devasini (fundador de Tether) y Max Keiser. Desvasini y otros dos inversionistas en criptomonedas, todos con vínculos con el gobierno, compraron cuatro edificios en el centro histórico de San Salvador por un valor de 7,5 millones de dólares estadounidenses.

El desarrollo de la zona ha implicado, desde hace al menos cuatro años, el desplazamiento de miles de comerciantes informales que, en la práctica, representan el grueso de la población económicamente activa del país. Durante diciembre, en redes sociales hubo denuncias sobre el decomiso de carritos de venta de ambulantes. Truthdig se puso en contacto con una vendedora informal para conocer su caso. Pese a haber aceptado inicialmente, luego declinó la entrevista. «Ya se dieron cuenta de que hablé con algunos periodistas y me vinieron a amenazar», dijo antes de cortar la llamada.

Ortiz reveló que el Comité de Afectados de COSAVI actualmente prepara una cuarta carta dirigida al FMI para reiterarle que tome en cuenta el caso de desfalco como parte de los indicadores de cumplimiento y anticorrupción exigibles al gobierno salvadoreño para otorgar el préstamo de $1,400 millones. Las tres anteriores no han tenido respuesta aún. 

Para el vocero, la falta de respuesta de los tribunales locales obedece a una intención de «intereses políticos» y de «querer borrar toda evidencia que la clase política y particularmente el partido de gobierno (Nuevas Ideas) metió las manos en la cooperativa».

El economista Magaña explica que el crecimiento de una élite exclusiva, vinculada a los cripto activos, obedece más a la especulación financiera que al interés en la tecnología. «Creo que estamos ante un momento de pugnas de élites y de alianzas de élites», dice.

Para Magaña, existe un grupo económico emergente – vinculado a las actividades comerciales – que está echando mano a alianzas con los sectores económicos tradicionales, como una élite terrateniente, para afianzar el poder. Según él, pese a que el discurso público gubernamental se enfoca en la mejoría de tecnología e innovación, al analizar los datos macroeconómicos «lo que está creciendo no es la parte de información y comunicación. Lo que está creciendo es la parte financiera. No se trata de la adopción de nuevas tecnologías, de innovación, de blockchain, sino más bien de la burbuja financiera que está detrás de todo eso, y cómo poder tener acceso a mecanismos financieros sin pasar por los mecanismos financieros de la élite financiera», explica.

La incursión de grupos privilegiados, con buena presencia de extranjeros, ya está alcanzando otros ámbitos del país, además del ecosistema cripto. En agosto de 2025, el congreso salvadoreño aprobó la creación de la Red Nacional de Hospital, un nuevo ente que dependerá directamente de la Casa Presidencial y que, en la práctica, implicó la muerte jurídica del Hospital Rosales. 

Juan Hernández, el trabajador despedido de este hospital, resume así sus últimos meses de trabajo: muchos profesionales extranjeros de la salud contratados, con salarios que duplican o triplican los de los empleados locales, y con poco contacto con estos. Según Hernández, a los empleados del hospital les hicieron firmar cláusulas de confidencialidad para que no hablaran de estas nuevas contrataciones.

Mientras las élites de las criptomonedas construyen pequeños paraísos en el centro histórico y en lugares turísticos como El Zonte, para el 75% de los salvadoreños, el aumento del costo de los productos básicos ha hecho que sea difícil cubrir sus gastos de subsistencia.

Truthdig español: https://www.truthdig.com/articles/la-fantasia-bitcoin-en-el-salvador-mientras-los-trabajadores-pierden-sus-empleos/