La NUEVA CRISIS: EL MIEDO como herramienta de poder y control.

Por: Enrique Fernández. (Comunicador Social).

Este análisis viene al caso, no como un experto de academia, sino como un observador curtido en las trincheras de la realidad, donde el miedo es la moneda de cambio más barata y efectiva para controlar masas. No sigo la narrativa oficial, y si la leo es para agarrarle su trampa; esa que se vende en redes, repiten los opinólogos y expertos de planilla de los discursos presidenciales como si fuera un producto de marketing que se vende envuelto con empaques brillantes.

Al contrario, te invito a cuestionar todo: ¿quién gana con el miedo? ¿Por qué se repite la historia sin aprender de ella? porque cuando el ciudadano analiza le da un golpe certero al corazón de lo que pasa en El Salvador, esa manipulación del dolor colectivo para justificar un control totalitario, disfrazado de «seguridad». 

Es como un manual reciclado de la ultraderecha, con toques trumpianos, que ignora la historia, no para corregir y no repetir errores, sino para perpetuarlos.

El Salvador ha sido escenario de múltiples crisis a lo largo de su historia. Desde la colonización, que aniquiló culturas indígenas hasta la matanza de 1932 y la guerra civil de los años 80, el país ha padecido un ciclo de violencia y sufrimiento. Estas experiencias no solo han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva, sino que han sido utilizadas como herramientas por diferentes regímenes para consolidar su poder.

El Salvador es un país con una herida abierta que no cicatriza porque sus líderes de todos los colores prefieren usarla como arma. Desde la colonia y la matanza de 1932 (donde se masacró a indígenas y campesinos para «pacificar» rebeliones), pasando por la guerra civil de los 70s-80s con sus 85,000 muertos y miles de desaparecidos, hasta la «plaga» de las pandillas post-Acuerdos de Paz en 1992. Esas pandillas no surgieron de la nada; fueron un regalo envenenado de las deportaciones masivas de EE.UU. en los 90s, y se enquistaron en un país ya roto por la pobreza, la corrupción y la impunidad.

En la actualidad, el gobierno de El Salvador ha adoptado un enfoque que recuerda las tácticas de control social de regímenes autoritarios en América Latina. Este miedo no solo paraliza a la sociedad, sino que también legitima políticas represivas que anulan derechos fundamentales.

El uso del dolor y el sufrimiento de las víctimas de la violencia se convierte en un arma para el gobierno. Al amplificar las cifras de muertes y desapariciones, se busca crear una narrativa que justifique la represión. Este fenómeno se asemeja a una estrategia de negación histórica, donde las lecciones del pasado son ignoradas y la historia se presenta como obsoleta.

Como parte del «nuevo manual de manipulación» es spot on: infundir miedo para legitimar un estado de excepción permanente, donde se suspenden derechos no solo a pandilleros, sino a cualquiera que disienta, proteste y opine diferente; es ahí donde Bukele y su partido Nuevas Ideas que, es una mezcla tóxica de lo peor de la derecha e izquierda pasadas, usan el dolor de las víctimas ampliándolo con datos inflados para justificar venganza en masa. Datos peores que los de una guerra frontal como si hubieron ¿4000 muertes más desaparecidos en cada año durante 30 años? Datos que sirven para fomentar el clásico «ojo por ojo» que consuela a una sociedad traumatizada, pero sin intenciones de sanar nada. Suena a hipérbole para eclipsar guerras del narcotráfico como las de México o Colombia, y al revisar estadísticas, no cuadra con datos independientes de organismos y consultores de la ONU, entes policiales y de medicina legal.

Pero aquí va el pensamiento crítico: ¿por qué no sanamos? porque, sin verdad, justicia y mucho menos sin resarcimiento de daños los pueblos repiten ciclos.

Cuando las sociedades carecen de justicia y verdad, el sufrimiento no se cura; los pueblos no logran sanar ni reconciliarse, algo que ya hemos presenciado en otros conflictos.

Se aprovechan de manera perversa del dolor de las víctimas para justificar la venganza contra otros. Fomentan la idea de que otros también deben sufrir, incluso si se trata de inocentes, como consuelo para una parte de la población que acepta esta noción como válida. Este resentimiento y la legitimación del «ojo por ojo» hacen que las políticas del gobierno sean vistas como correctas y aceptables. Esto se refleja en encuestas de opinión, donde la gente, mitad verdad y mitad miedo, expresa sus sentimientos.

La relación entre el gobierno actual y las pandillas no es un misterio; está documentada y investigada por el periodismo. La complicidad de partidos tradicionales ha sido fundamental para el ascenso al poder de Nuevas Ideas. Sin embargo, esta complicidad se presenta como un pacto tácito que perpetúa un ciclo de violencia y corrupción, en el que los ciudadanos quedan atrapados.

La complicidad con pandillas de los partidos tradicionales fue el caballo de batalla que utilizó en la campaña electoral y el trampolín para la victoria del partido Nuevas Ideas, pero ¿y las negociaciones documentadas por periodismo investigativo y hasta el Departamento de Estado de EE.UU.? Se barren y esconden bajo la alfombra porque Bukele es el «aliado» de Trump en la región. Pero no hay que olvidar que el imperio se toma su tiempo con sus servidores que se desvían, solo recuerden a Noriega y Juan Orlando, expresidentes de Panamá y Honduras respectivamente.

Pero esto no es un plan solo de Bukele; es un patrón regional de América latina (Miley en Argentina, Bolsonaro en Brasil, incluso ecos de Fujimori en Perú con la actual presidenta, Noboa en Ecuador) donde todos con palabras, palabras menos,  difunden que los derechos no existen que las democracias son fallidas, que los derechos tienen que ser pagados, y que  la lucha por derechos humanos es invento de George Soros, el judío multimillonario que curiosamente apoya a las proyectos de las derechas en el mundo, entre otras novedades libertarias que pregonan estos aliados trumpistas en el continente.

Pregúntate, hoy: ¿quién pierde si no cuestionamos esto? La sociedad entera, que ahora vive en un «estado de excepción» donde inocentes pagan por culpables, justos por pecadores, reproduciendo el mismo terror que supuestamente combaten.

Se reconoce que la sociedad anhela la erradicación de la criminalidad que ha causado tanto dolor. Sin embargo, se argumenta que el «acierto» de esta administración en la lucha contra las pandillas está intrínsecamente «manchado» por supuestos arreglos o negociaciones previas con estos grupos, que habrían facilitado el ascenso al poder de la actual élite política. Esta situación genera una paradoja: si bien la acción contra los criminales es necesaria para la seguridad ciudadana, la legitimidad moral de dicha acción se ve comprometida si sus fundamentos se basan en pactos oscuros o en la instrumentalización de la crisis.

Desde la perspectiva del derecho universal, la justificación de la acción estatal contra la criminalidad es incuestionable. Los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad pública, lo que incluye la persecución y sanción de quienes cometen delitos. Sin embargo, esta acción debe estar siempre enmarcada dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos y el debido proceso. El derecho universal, plasmado en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y diversos pactos internacionales, establece principios fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la no discriminación.

Por lo tanto, lo que resulta absolutamente injustificable bajo cualquier principio de derecho universal es la persecución y victimización de personas inocentes que «no deben nada». La lucha contra el crimen no puede convertirse en una excusa para vulnerar los derechos de la población en general, ni para incluir en la categoría de «criminales» a opositores políticos, voces críticas o ciudadanos que simplemente no encajan en la narrativa oficial. Un estado de excepción que suspende derechos fundamentales de manera indiscriminada, afectando a la sociedad en su conjunto, y que permite la detención o represión de individuos sin pruebas fehacientes de su participación en actividades delictivas, contraviene directamente los principios de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana.

Esta nueva crisis también está dejando nuevas víctimas: civiles inocentes que no estaban involucrados con las organizaciones delictivas. Ahora, la «misma canasta» incluye a opositores, rivales políticos y cualquier voz crítica al estilo de gobierno, que es tratada como delincuente pandilleril. El sistema represivo, que se exporta como modelo, se aplica y acepta por una buena parte de la población, presa del miedo que infunde el gobierno con discursos como «si no me apoyan, regresan las pandillas». En este juego se mueve hoy la política nacional.

 ; con eso se está creando más dolor para «curar» el viejo, no se han puesto a pensar que a más fuego que atiza la olla, esta rebalsa… ¿será que la historia del país, no les servido de nada a esta nueva oligarquía árabe?

La llegada de las pandillas, una nueva plaga que se asentó en barrios y colonias pobres, no fue un hecho aislado. Se expandieron, crearon economías de terror vinculadas al narcotráfico, marcada por asesinatos impunes, la extorsión, tráfico de drogas, lavado de capital y otros ilícitos y su poder delincuencial se infiltró incluso en diferentes esferas del poder gubernamental, de la sociedad, y comunidades generando ayuda encubierta o silencio cómplice. Su influencia llegó a tal punto que se negociaron cuotas de poder y prebendas con gobiernos de derecha, izquierda y, según investigaciones, incluso con la actual administración que es la mezcla de los dos anteriores.

Esta «nueva crisis» de las pandillas se ha convertido en la herramienta perfecta para infundir miedo, legitimar el abuso, la persecución y la represión contra quienes no tienen relación con estas organizaciones. Se ha instaurado un estado de excepción que priva de derechos a toda la sociedad, como si el colectivo fuera el culpable del daño cometido por los delincuentes.

El discurso presidencial, incluso en el controvertido segundo mandato, insiste en el argumento de las pandillas para mantener el chantaje del miedo a su regreso

Una ¿Solución? empieza con pensamiento crítico: lee, compara, debate. No compres el paquete completo; desarma las narrativas. Y para ello este periódico digital, y otros medios críticos alternativos nos recuerdan que leer no es solo consumir y aceptar, es cuestionar, contrastar y conectar puntos. No son medios «oficialistas»; son espacios independientes, perseguidos o censurados, que analizan el comportamiento político-social con profundidad histórica y datos. Ellos abordan temas como el de pandillas, manipulación del miedo, negacionismo histórico y abusos de poder.

Es imperativo que los salvadoreños no se conviertan en cómplices de su propia opresión. La historia debe ser un maestro, no un enemigo, y convencerse que la verdadera justicia y sanación solo pueden surgir de un diálogo abierto, que reconozca el sufrimiento pasado y presente, y que busque alternativas a un ciclo de violencia que parece no tener fin.

El camino hacia una sociedad más justa y equitativa requiere valentía y crítica, no solo aceptación de lo que se impone. La historia no debe repetirse; es nuestro deber aprender de ella.

La venganza, por más comprensible que sea el dolor de las víctimas, no puede ni debe ser el motor de la política de Estado, y mucho menos si esa venganza se dirige contra quienes no son responsables de los crímenes. La justicia, la verdad y la reparación deben ser para todas las víctimas, y no deben ser instrumentalizadas para justificar abusos contra los inocentes.

Cuando las sociedades no reciben justicia ni verdad, cuando no sanan lo sufrido, los pueblos no se reconcilian. Esto ya lo hemos vivido en otros conflictos. Perversamente, se amplifica el dolor de las víctimas para legitimar una supuesta «venganza» contra otros, reproduciendo el sentimiento de que «a otros también les suceda lo mismo», incluso si son inocentes. Esta tesis, que maneja el resentimiento y la ley del ojo por ojo, hace que las políticas gubernamentales sean percibidas como correctas y aceptadas por una parte de la población. Al final, el miedo cohesiona el apoyo electoral, y las encuestas («mitad verdad conveniente», mitad manipulación) lo reflejan porque la gente responde, casi con el cañón en la sien.

El tratamiento de los dramas trágicos en la historia del país ha sido casi siempre el mismo: desidia y repetición de formas. En muchos casos, se ha intentado culpar a las víctimas inocentes con la narrativa de «en algo andaban», sofocando historias vividas con argumentos perversos, en lugar de buscar la justicia, la verdad y la no repetición. La historia, una vez más, parece condenarnos a repetirla si no se rompe el ciclo del miedo y la negación.

A pesar del miedo, la sociedad salvadoreña enfrenta un dilema. Las encuestas muestran una división en la opinión pública, donde la aceptación de políticas represivas coexiste con un deseo de justicia y verdad. Es fundamental fomentar el pensamiento crítico y la reflexión sobre las consecuencias de normalizar la violencia como respuesta a la criminalidad.