El Salvador: EL ABSOLUTO QUIEBRE DE LA MORAL JUDICIAL INSTITUCIONAL.

El que la jueza que lleva el caso contra Ángel Pérez y Alejandro Enríquez, detenidos arbitrariamente por su defensa del bien hídrico, se sustente en tres absurdos: uso de megáfono, presencia en la vía pública y su liderazgo comunitario, lo que conforma un argumento sin sustento que raya en lo tragicómico, agravado por la negación de medidas sustitutivas a su detención, porque le dio la regalada gana, desnudando su patente y arbitraria parcialidad, que responde sólo al interés del régimen de instrumentalizar este caso para atemorizar a la población, anulando de paso los derechos a la manifestación, la libre circulación, la libre expresión, de pensamiento, como el cumplimiento de la norma que nos urge como ciudadanía a proteger el medio ambiente, todo de una vez y para beneficiar económicamente a quienes expolian el bien hídrico.

Es decir; tenemos ahí a uno de los tantos funcionarios que son ubicados en el cargo no como producto de sus cualificaciones técnicas para ejercerlo, sino por su decidida sumisión a los intereses que la nombraron, al grado de no importarle juzgar de espaldas a la legalidad, de dar cumplimiento a cualquier costo, a los caprichos del nombrador.

Es el mismo caso de los miles de nuevos funcionarios, sin credenciales, que son nombrados en el estado como retribución – por sudar la camisa – en el proceso electoral primero que coloca en la primera magistratura al tal nombrador, sin que sus cualificaciones, lo que el presente caso patenta, sean importantes, por el contrario, sino su absoluta incondicionalidad al régimen.

En el caso que nos ocupa, además de suprimir los derechos citados por el temor en que se traduce para la población está aberrada medida judicial, supone además el mensaje de no entrometerse en lo que interesa a las élites financieras, implicando por extensión, supeditar a estos al completo estado, cuya institucionalidad en este punto es inexistente.

Es decir; no solo se impone a los afectados directamente una medida por demás arbitraria e ilegal, que es atentatoria del estado de derecho y las libertades democráticas establecidas en la Constitución, agravado en la concreción del interés último perseguido con esta arbitrariedad: someter a la población a la malicia de los privilegiados, obligándolos así a deslindarnos como parte interesada de la gestión de los bienes naturales del territorio.

Al establecerse un sinsentido jurídico como ese, la funcionaria responsable también establece un muy peligroso precedente, que es el de naturalizar la criminalización desde el estado de la defensa de la riqueza pública, los bienes hídricos, favoreciendo así el enriquecimiento ilícito de los beneficiados, que son cercanos al régimen, lo que vuelve esta práctica despótica, una que por extensión vuelve al nepotismo una costumbre, junto a sus implicancias judiciales.

Así, el poder judicial cae en un abismo que lo deslegitima aún más, descalificándolo, al proceder los juzgadores con sinsentidos jurídicos como éste, que ahora resulta serán la norma a observar, mientras la observancia de la legalidad y el bien común son criminalizados.

Como siempre.