Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador.
No ha obras de beneficio social.
Dadas las condiciones que nos impone la negación por parte del estado de excepción sobre el erario público por 7 años, solo podemos especular.
Podemos sí señalar que tanto la austeridad como los ahorros supuestos del régimen, son quebrados por los escandalosos gastos en comunicaciones de la presidencia, que no es otra cosa sino propaganda, los lujos, la ostentación y los desmedidos caprichos del caudillo y su clan además del círculo privilegiado de su entorno, como la descarada corruptela que en todo nivel del régimen es practicada para con este, que para colmo es encubierta desde la propia presidencia, negándose a procesar a los cínicos sustractores, partidarios con los que ha cooptado al estado.
Porque eso supondrá procesar primero al caudillo.
Por otro lado, los crecientes recortes al estado no han supuesto que este sea más eficiente, pues por quinto año consecutivo, el nuestro es el país con menores desempeños presupuestarios [BCIE], en consecuencia, con la cruda corrupción que lo corroe, con precedentes solo en la practicada por los militares y areneros cuando regentaron al país.
Entonces, esos ahorros no han supuesto sanear la economía del país, lo que es evidente no solo en la descarnada voracidad que por recursos financieros el régimen exhibe, demandando más y más, habiendo durante el solo pasado lustro, contratado créditos a la banca multilateral en una suma que supera a la de todos los gobiernos que le precedieron luego de la firma de los acuerdos de paz, haciendo de éste, el más financiado de la historia reciente de nuestro país, lo que no ha traducido en que la población tenga mejores niveles de vida, sino lo contrario.
Los índices de empleo, de educación, de salud, de desarrollo, han ido en declive a la par con lo referido, lo que los crecientes recortes en el área social evidencian, sin que, hasta ahora esa medicina amarga anunciada al inicio de este ilegal período, haya mejorado la vida de los salvadoreños, pues, por otro lado, la supuesta seguridad alcanzada, es producto de arreglos con el crimen organizado y no supone un aliciente para inversiones.
De ello da cuenta las 25,000 plazas de empleados públicos suprimidas arbitrariamente, redundando en menores índices de eficiencia estatal, lo que por otro lado se corresponde con la ilegitimidad del régimen, por lo que la corruptela imperante no es sino consecuencia del quiebre del estado de derecho, que además se refrenda en los casi 400 mil empleos privados no recuperados desde la pandemia.
Esa sola cifra hace estremecer, pues conforma un porcentaje de familias salvadoreñas que también se corresponden con el creciente número de migrantes ilegales que han salido bajo esta gestión, lo que es reflejado crudamente por la migración mexicana.
La negación a la ciudadanía a revisar las finanzas públicas, debemos traducirla entonces en derroche, corrupción y enriquecimiento ilícito, por lo que el futuro no se pinta halagador.
