Por Miguel A. Saavedra.
Un gobierno reactivo e incapaz: El caos de Los Chorros como reflejo de un estilo autoritario y desorganizado.
El reciente cierre temporal de la carretera de Los Chorros, una arteria vial clave que conecta San Salvador con el occidente de El Salvador, ha desatado una crisis que evidencia las profundas fallas de un gobierno que, ante problemas leves o graves, reacciona con populismo, represión y una alarmante falta de planificación. Este hecho coyuntural, lejos de ser un evento aislado, es un síntoma de un estilo de gobernanza caracterizado por la prepotencia, la intolerancia y la incapacidad para escuchar el clamor social.
Al analizar este episodio, integrando la noticia con una crítica fundamentada que contextualiza las percepciones ciudadanas y el manejo mediático del gobierno, se desnuda un sistema que convierte cualquier problema en un caos nacional.
El cierre de Los Chorros: Un problema mal manejado que escaló a crisis nacional.
El 26 de abril de 2025, un deslave en la carretera de Los Chorros, provocado por la inestabilidad de los taludes en una obra de ampliación en curso, obligó al cierre total de esta vía estratégica, por la que circulan diariamente más de 60,000 vehículos y 72,000 pasajeros del transporte colectivo. La respuesta del gobierno fue lenta y descoordinada: tras varios días de cierres intermitentes y trabajos de mitigación insuficientes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que la carretera permanecería cerrada hasta el 11 de mayo, citando «inestabilidad» en la zona.
Los desvíos hacia rutas alternas, como el bulevar Constitución y la carretera a Quezaltepeque, generaron congestionamientos masivos, duplicando o triplicando los tiempos de viaje. Usuarios como Luis Morán, un médico de Ahuachapán, reportaron tener que salir tres horas antes para llegar a sus trabajos en la capital, un reflejo del impacto en la vida cotidiana de miles de salvadoreños.
En un intento por mitigar las molestias, el presidente Nayib Bukele anunció el 4 de mayo, en un tuit nocturno, que el transporte público sería gratuito a nivel nacional desde el 5 hasta el 11 de mayo, prometiendo cubrir el 100% de los ingresos de los transportistas. Sin embargo, esta medida, presentada como una solución generosa, resultó en un desastre. El lunes 5 de mayo, las paradas de buses amanecieron abarrotadas, con una oferta de transporte drásticamente reducida.
Muchos empresarios, ante la falta de claridad sobre cómo y cuándo recibirían la compensación prometida, optaron por no prestar servicio. La respuesta del gobierno no fue diálogo ni coordinación, sino represión: la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a varios transportistas, acusándolos de «incumplimiento de deberes», «denegación de auxilio» e incluso «extorsión», en un despliegue de fuerza que agravó la crisis en lugar de resolverla.
Populismo caro y represión como sustituto de la planificación.
El anuncio de transporte gratuito, lejos de ser una solución estratégica, es un ejemplo clásico del populismo reactivo que caracteriza al gobierno de Bukele. En lugar de anticiparse al impacto del cierre de Los Chorros con planes de contingencia –como rutas alternas bien gestionadas, refuerzo de unidades de transporte o comunicación clara con los empresarios del sector–, el Ejecutivo optó por una medida improvisada que generó más problemas que soluciones.
La gratuidad del transporte, aunque suena atractiva, no consideró la logística necesaria para implementarla. Los transportistas, muchos de los cuales operan con márgenes ajustados, se encontraron en una encrucijada: trabajar sin garantía inmediata de pago o arriesgarse a ser criminalizados por no cumplir con una orden presidencial.
Este enfoque no es nuevo. El gobierno de Bukele ha recurrido repetidamente a subsidios y medidas espectaculares para apaciguar el descontento, pero estas «soluciones» suelen ser costosas y efímeras. Cada dólar gastado en subsidios improvisados –como el transporte gratuito– es un recurso que se desvía de necesidades estructurales como la salud, la educación o la infraestructura básica. Mientras las carreteras vecinales se deterioran y los hospitales carecen de insumos y la programación de cirugías se prolongan a 6 meses o más, el Ejecutivo prioriza gestos populistas que, en este caso, terminaron en caos y detenciones arbitrarias.
La represión de los transportistas es otro síntoma de la intolerancia que define al gobierno. En lugar de negociar con el sector, el Ejecutivo optó por la vía del «garrote», ordenando capturas que no solo criminalizan a los empresarios, sino que también desincentivan la cooperación futura.
Este patrón de intimidación no es aislado: desde el régimen de excepción iniciado en 2022, el gobierno ha detenido a más de 87 mil personas, muchas sin pruebas claras, y ha silenciado voces disidentes, desde periodistas hasta manifestantes. La detención de transportistas por no acatar una medida mal diseñada es una extensión de esta lógica autoritaria, donde el diálogo es reemplazado por la coerción.
Obras faraónicas y oscurantismo: La raíz del problema.
El cierre de Los Chorros no es solo el resultado de un deslave, sino de una obra pública mal ejecutada. La ampliación de la carretera, financiada con $410 millones de dólares por Corea del Sur y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha sido criticada por expertos que señalan deficiencias en los estudios geotécnicos y en el diseño de los taludes. Este es el sexto derrumbe en 10 meses desde el inicio de la obra, un récord que pone en duda la competencia del MOP y de la constructora coreana Dongbu Corporation.
Las imágenes de taludes colapsados y las advertencias de geólogos sobre la inestabilidad de los terrenos sugieren que el proyecto, presentado como una obra faraónica, carece de la rigurosidad técnica necesaria.
El oscurantismo en torno a esta y otras obras es otra constante del gobierno. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, solo ofrece explicaciones cuando el Ejecutivo lo autoriza, y los detalles sobre el proyecto –como los estudios técnicos o los planes de mitigación– son prácticamente inaccesibles para la prensa y la ciudadanía. Y se sabe que han decretado 30 años de reserva de información ( a lo mejor ya no exista la obra cuando se pueda saber que sucedió con su diseño y contratación).
Este hermetismo no es exclusivo del MOP: en El Salvador, menos de una decena de funcionarios, todos con la venia presidencial, tienen permitido hablar públicamente. Figuras como el presidente de la Asamblea, el ministro de Defensa, el de Trabajo, Turismo o el fiscal general son los únicos que dan la cara con declaraciones limitadas y sin preguntas, mientras que la Policía y otras instituciones operan sin autonomía para informar o rendir cuentas.
Un país sin diálogo ni participación ciudadana.
La crisis de Los Chorros ilustra un problema más profundo: la erosión del diálogo y la participación ciudadana en El Salvador. Las protestas de 2023, que exigían respeto a los derechos sindicales y el fin de la represión, fueron respondidas con restricciones a la libertad de movimiento y despidos masivos de empleados públicos.
En este contexto, la incapacidad del gobierno para escuchar a los transportistas o a los usuarios afectados por el cierre no sorprende. Bukele y su administración han dinamitado los canales de cogobernanza, sustituyéndolos por órdenes unilaterales emitidas en tuits de madrugada o conferencias de prensa controladas.
La prensa, que podría servir como puente entre el gobierno y la ciudadanía, enfrenta un entorno hostil. Los medios independientes reportan hostigamiento, y el acceso a la información pública es limitado. En el caso de Los Chorros, las críticas en redes sociales y los reportajes de medios como El Salvador Times y Prensa Latina han señalado la desorganización y el impacto económico de la crisis, pero el gobierno ha optado por descalificar estas voces o ignorarlas.
En X, usuarios como @NeoMShadows y @bavelarr han expresado su frustración, calificando la situación como un «problema nacional» causado por «inventos sin planificación» y cuestionando la lógica de detener a transportistas en lugar de resolver el caos. Sin embargo, estas críticas no encuentran eco en un Ejecutivo que prefiere las cortinas de humo y las narrativas de control.
Un gobierno que cubre la incompetencia con la prepotencia.
El cierre de Los Chorros y la crisis del transporte gratuito son un microcosmos del estilo de gobernanza de Nayib Bukele: reactivo, autoritario y desprovisto de estrategia.
Lo que pudo haberse manejado con planes de contingencia bien diseñados y diálogo con los sectores afectados se convirtió en un caos nacional, marcado por paradas abarrotadas, detenciones arbitrarias y un derroche de recursos públicos. Este episodio no solo refleja la incapacidad del gobierno para abordar problemas estructurales, sino también su intolerancia ante la disidencia y su desprecio por la participación ciudadana y de los sectores afectados.
En un país donde los derechos económicos, sociales y culturales están en retroceso –con recortes en salud, educación y tos pocos programas sociales que aún quedan, mientras la pobreza extrema aumenta al 35%–, el gobierno opta por soluciones costosas y represivas que no resuelven las causas subyacentes de los problemas.
Las obras faraónicas, como la ampliación de Los Chorros, se ejecutan con opacidad y a precios desproporcionados, donde las emergencias se atienden con despliegues de fuerza irracionales.
Mientras se acreacientan los problemas sin respuesta ni soluciones cercanas. El Salvador merece un gobierno que escuche, planifique y cogobierne con sus ciudadanos, no uno que sustituya su ineptitud con prepotencia oral y física. Hasta que esto cambie, cada problema, por leve que sea, seguirá siendo una excusa para más caos, más represión y más cortinas de humo y populismo que le sale caro al pueblo salvadoreño.
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