Categoría: Editorial

La persecución contra algunos ex elementos de la extinta guerrilla, a los que la FGR acusa de haber delinquido durante el pasado conflicto, resulta interesante por las razones que la motivan. Resulta que esta se ha planteado sin evidencia de ningún tipo, salvo la memoria de un testigo criteriado.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Tampoco el juez ha razonado porque continuar con la detención, suscribiéndose sí a lo ha planteado por el tal testigo, es decir, una causa sin ningún sustento jurídico, que sólo puede explicarse por los intereses políticos que la promueven.

Todo se reduce a amedrentar a la población vecina de los acusados injustamente, generando así las condiciones para impulsar un proceso viciado en el que la población en cuestión admita por temor, la explotación minera y el expolio del agua, extendiéndose así a todas las locaciones del país que ofrezcan iguales circunstancias para favorecer a los de siempre: a los privados.

Sin embargo, el hecho es que la acusación es falsa e insostenible judicialmente, como evidentemente sacada de la manga con el fin expuesto.

Pero ¿puede el estado actuar con tal malicia sin ser sancionado?

Los elementos que lo rigen lo hacen desde la fundación de la República, cuando los llamados próceres representando a las élites, robaron la independencia al pueblo, atribuyéndosela.
Por otro lado, las matanzas contra la población son una ordalía que ha padecido nuestro país desde siempre y a manos de los mismos: el ejército constitucional al servicio de las mismas élites antes referidas.

Algunos pocos ejemplos con basta evidencia que así lo confirma lo demuestra:
Las masacres de 1932, en Izalco, para acabar con las demandas de la población originaria que reclamaba el reintegro de sus tierras ancestrales, transferidas mediante decreto a esas élites entre 1882 y 1885 bajo la dictadura Zaldívar, y que se saldara con entre 35,000 y 42,000 asesinados con lujo de barbarie de acuerdo a diversas fuentes foráneas independientes.

La matanza de estudiantes universitarios en 1974, frente al edificio del seguro social en SS, con un saldo de entre 350 y 500 asesinados y desaparecidos a manos del ejército y la GN.

La masacre durante las exequias del Santo Romero, en marzo de 1980 frente a la catedral de San Salvador, atribuida a elementos de la GN, con 40 muertos.

La matanza de Sumpul, en 1980, con alrededor de 600 campesinos asesinados por el ejército en complicidad con sus pares hondureños, en terreno fronterizo con Honduras.

La masacre en la UCA contra los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, en San Salvador, durante la última gran ofensiva guerrillera y en consecuencia con la desesperación militar y gubernamental por ser ampliamente superados por el ejército guerrillero, con ocho asesinados.

Y muchos miles de víctimas más, todas impunes, en matanzas de las que se conoce los pormenores, circunstancias, autores intelectuales y materiales, etcétera, sobre los cuales el estado simplemente no ha hecho nada y, por el contrario, ha encubierto asegurando para ellos un tácito perdón y olvido.

Y ahora pretende que creamos que el estado busca hacer justicia. Que farsa.

*Educador salvadoreño.

Durante el pasado conflicto armado la comunidad Santa Marta de Cabañas sufrió muchos atropellos en la forma de sistemáticas violaciones a sus moradores, con secuestros, torturas, asesinatos, etcétera, de lo que existe vasta evidencia tanto pericial como material, que ubica a unidades militares sobre el terreno en las fechas y horas en la que se cometieron, e individualiza con nombre y apellido a los responsables materiales como intelectuales, y sin embargo, transcurridos todos estos años, no se ha procesado a ninguno de estos criminales, sino arropado con el halo de la impunidad.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Los victimarios incluso fueron señalados e individualizados puntualmente en diferentes informes por el mismo estado, la ONG Marlene Magadec, NU y el tribunal interamericano de DDHH, por lo que la evidencia no se suscribe a lo local, trascendiendo por la gravedad de los crímenes, a las entidades multilaterales referidas, y, sin embargo, la impunidad campea.

Tan descarnada es la impunidad, que los victimarios fueron llamados por la propia bancada oficialista al hemiciclo legislativo donde se les pidió su opinión en torno a si se debía aperturar los procesos concernientes a violación de derechos humanos que cometiera la milicia durante el pasado conflicto, y el colmo!, los criminales recomendaron a los padres de la patria en aquel circo, que “aquellos crímenes era mejor olvidarlos”, sobre lo que tomaron nota los diputados oficialistas.

Tal delación no es ficticia, es una terrible y brutal realidad: donde los criminales campean impunes, reciben pensión, atención médico hospitalaria, tierras y demás beneficios gratuitos del erario público, mientras sus víctimas padecen dolor e insatisfacción, demandando aun justicia.

A pesar del abandono en el que el estado dejará a todas las comunidades que padecieron en la pasada guerra civil, ésta ha desarrollado desde entonces una vibrante y digna vida propia, al margen de un estado que le ha dado la espalda y la sigue atropellando no solo con su olvido o su inacción para hacer justicia, también agrediéndola cuando le es posible, en particular ahora bajo el régimen de excepción, habiendo secuestrado a varios de sus moradores.

Ello porque esta comunidad ha tenido que organizarse para superar a la naturaleza, como los desafíos que supone la convivencia.

Ahora, se les criminaliza deteniendo a seis de sus moradores acusándolos de un supuesto crimen sobre el que no existe ninguna evidencia, solo la memoria de un testigo criteriado y sin valor jurídico, lo que sin embargo ha justificado sin criterio su detención.

Así, no es necesario realizar una cuadrática para entender que los dados están cargados y que no se busca ninguna verdad judicial, sino imponer la agenda tras esas acusaciones, que no son otras que reiniciar las actividades mineras además de expoliar el agua local, para lo que el régimen ya adelantó pláticas con transnacionales canadienses, así como con entidades que regulan la actividad minera.

Entonces la cosa se reduce a una falsa acusación, intimidar al resto de la comunidad y hacer lo de siempre: enriquecer a unos pocos mientras el resto, padece.

*Educador salvadoreño.

La campaña emprendida por el oficialismo para denostar los acuerdos de paz no nos debe sorprender, pues provienen de un gobierno que no ha logrado ningún acuerdo mínimo con nuestro pueblo, desconociendo el sentido mismo del diálogo.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Sus comentarios derivan entre la burla y el desconocimiento, afirmando entre otros que nada puede rescatarse del texto en cuestión.

Sin embargo, el valor de los acuerdos, si bien imperfectos e incompletos, reside en el concreto logro del cese efectivo de la confrontación armada.

Hay que subrayar que el conflicto de los 80 ‘s no compete solo a ésa particular década, pues es en realidad la suma de los muchos hechos que le precedieron.

Sus raíces no se encuentran en la década de los 80 ‘s, sino en un pasado que no hemos sido capaces de revisar como sociedad, por lo que su gran carencia es el abordaje integral y la superación de las causales del conflicto como tal.

Por otro lado, en esta línea el principal crítico es este señor que se inventó que la reelección presidencial está admitida constitucionalmente en un artículo escondido, lo que por sí solo lo descalifica para abordar cualquier tema serio, pues es claro que no se trata de una persona seria.

Además, el propio régimen no se ha caracterizado por tender puentes para con la ciudadanía, negándose a encontrarse con el pueblo que gobierna, degenerando en una autocracia narcisista complaciente, cleptócrata y mitómana, en la que todo gira en torno al caudillo, produciendo incluso una narrativa sobre la realidad, alejada de la realidad, en la que su tesis del edén salvadoreño construido por él, está más allá del entendimiento de los simples mortales, porque es un incomprendido ególatra.

Esto implica que cualesquiera otros logros que no sean paridos por él, simplemente no existen, no deben ser celebrados [porque no lo celebran a él], y, en consecuencia, el cese del enfrentamiento armado logrado en aquellos imperfectos acuerdos, son inválidos y, “son una burla”.

Burla es que el que ha rearmado al ejército, le garantiza impunidad, le asigna en tiempo de paz el mayor porcentaje del presupuesto y encubre sus actuales abusos, se atreva a descalificar los acuerdos.

Burla es que se sirva de tal narrativa para distraernos de los temas de interés, como la generación de empleos, salarios justos, acabar con la impunidad, perseguir a los elementos de su gobierno que saquean el erario público, producir una justa ley de pensiones, como también una progresiva ley tributaria, acabar con el compadrazgo que caracteriza su régimen, etcétera.
Sí, esos acuerdos fueron imperfectos, agravados por los sucesivos gobiernos de derecha, que comenzaron por desmontar el foro de concertación que tantos dolores de cabeza habrían resuelto de haber sido operativo, así como abandonados por la propia población, que distraída en los desafíos cotidianos tampoco ha cumplido con su tarea de ser el principal valedor de aquellos, que sin embargo cumplieron con su propósito, acabar con la confrontación armada, y ése, es el mayor logro para el pueblo salvadoreño y su herencia.

*Educador salvadoreño.

Los populistas de derecha son los grandes ganadores en todas las latitudes del favor de los votantes desde los 80 ‘s.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Entre otros por el arribo del neoliberalismo que pugna por la libertad financiera, que deriva en una competencia feroz, desleal y amoral, así como por el individualismo en los diferentes mercados.

Es el «sálvese quien pueda” en los espacios laborales donde el superficialismo y la moda marcan la pauta, promoviendo la exclusión y el aislacionismo.

Tales condiciones establecen las denominadas edades límite, así como los determinismos en la que apariencia y las maneras que suman o restan elementos al grupo nada cohesionado de «amigos”, solo conforman el “son mi grupo”, expresado como manifiesto del solitario.

Y es ésa, la soledad, la que favorece el arribo de los populismos que no encuentran reparo en poner el acento en la exclusión del otro, fomentando a través del discurso del nosotros y ellos, que los últimos no son bienvenidos porque nos quitan el empleo, porque son diferentes, porque son menos, agudizando y agravando el individualismo, negándonos a su compañía mientras nos aislamos intencionalmente, marginándonos por la desconfianza hacia el otro y en consecuencia negándolos, acompañado ello por el desinterés de un estado regido por esta corriente, que reduce su inversión en espacios públicos orientados el encuentro ciudadano, y en donde los pocos que quedan, incluso los admitidos encuentran barreras para sumarse.

Porque reina estructuralmente el sentido de la individualidad basado en una falsa libertad, que solo existe para pasar por encima de los demás en el ánimo de lograr conquistar mis apetitos materiales y financieros, lo que en consecuencia apaga la llama de la empatía y la solidaridad, del sentido de equidad y pertenencia, exacerbando los antivalores y la inequidad.

Ello facilita el arribo del populismo de derecha, matizado de una ética protestante y materialista, que ve en la acumulación de riquezas, una justificación para desconocerlos, porque aquello es un premio que le da propósito a este proceder mientras legitima su negación por los demás, sus derechos y la propia norma.

Entonces el modelo, la subcultura de la negación, el individualismo, el pentecostalismo y la nula inversión en espacios para el encuentro ciudadano, son solo algunos de los elementos arquitectónicos y sociales que favorecen al populismo, pues legitiman al esquema político y económico a la vez que anulan la posibilidad de ninguna alternativa, derivando así en un círculo vicioso que solo se agrava, al profundizar las desigualdades mientras descarta al humanismo.

Empero, el sentido de pertenencia es promovido electoral y perversamente a través de la exaltación del patrioterismo bajero, que es apenas una reedición que hace hincapié en el nosotros y ellos, y, siendo ellos, por descontado, los malos.

Así, esta apreciación permite identificar estos elementos como el acicate que promueve desde adentro al populismo neoliberal, estancando en el tiempo a nuestras sociedades y reeditando la confrontación entre los estamentos que la componen, lo que continuará si como sociedad no construimos los puentes que nos permitan la integración y la inclusión.

*Educador salvadoreño

No ha habido Gobierno en El Salvador que no haya tenido problemas sistemáticos, o al menos episodios graves, de corrupción. Perseguidos unos, tolerados otros y cultivados con esmero algunos de ellos, los casos han sido una constante.

Incluso desde altas instancias de la esfera gubernamental se ha instado a los funcionarios a saltarse normas que protegen procedimientos clave para el manejo del dinero público o a no declarar parte de sus ingresos mensuales.

La actual oscuridad informativa no augura que la administración Bukele vaya a impulsar un cambio radical en lo que ya no solo es una costumbre, sino un problema estructural, un grave vicio hondamente incrustado en la clase política y en las instituciones estatales.

Pese a las críticas y acciones del Gobierno contra la corrupción de sus predecesores, la mala gestión de los recursos públicos sigue vigente con la misma intensidad que antaño.

Contra la corrupción y sus efectos negativos en el desarrollo y en la convivencia social se pueden decir muchas cosas. Pero tal vez los daños más graves son la pérdida de confianza en la clase política y sus discursos, la reticencia frente a un sector empresarial acostumbrado a beneficiarse del statu quo corrupto, el abandono de los esfuerzos por cambiar la estructura social vigente y la caída en el individualismo del sálvese quien pueda.

Aunque es ampliamente conocido que la solución pasa por contar con instituciones de control fuertes e independientes, y con una legislación adecuada, no hay ninguna señal de interés al respecto.

La Corte de Cuentas ha sido siempre un instrumento político al servicio del poder dominante, no una institución de auditoría seria, capaz de descubrir la corrupción de quienes gestionan el aparato público y apoyar a las instituciones responsables de la persecución y sanción del delito.

La pérdida de confianza en la administración de los bienes públicos produce casi de forma automática una espiral de corrupción: se busca a personas, no leyes ni instituciones, que solucionen la perversión del manejo de los recursos estatales.

Y eso lleva a elegir a sujetos carismáticos que generan confianza, pero que son incapaces de enfrentar problemas estructurales, o a oportunistas que se llenan los bolsillos mientras critican el pasado.

Fortalecer la independencia de las instituciones de control y cerrar todo resquicio legal que dificulte o anule la rendición de cuentas son elementos indispensables para corregir esta especie de cáncer maligno que mina la salud de la sociedad salvadoreña.

Si no se actúa adecuadamente contra la corrupción, los costos humanos y los perjuicios en el desarrollo serán cada vez mayores. Porque el tamaño de El Salvador intensifica la interrelación entre su población, los efectos de las actividades disfuncionales resultan más dañinos y peligrosos. Por tanto, resulta temerario no atenderlas.

En los países tercermundistas como en ninguna otra parte, la lucha de clases constituye la esencia de sus historias, y en ningún otro sitio tal verdad es una verdad como lo es en nuestra América Latina.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

El recientemente reelegido como presidente del Brasil, Ignacio Lula da Silva, quién durante su primera y segunda gestión pasadas condujo al gigante suramericano a ocupar finalmente su legítimo lugar en el concierto de naciones como la gran potencia económica que es, y la primera de AL, sacándolo en apenas esos dos períodos del atraso que le supone estar bajo la égida de los sectores más oscurantistas de su país, enfrenta ahora un descarnado intento de esas mismas fuerzas por lograr su remoción, tal cual hicieran con su sucesora, Dilma Rusef, so excusa de corrupción, lo que también costara a Lula la cárcel, demostrándose luego que en ambos casos no fueron sino falsas acusaciones.

Como todo en nuestra América, para nuestros pueblos, la memoria histórica es uno de los muchos pendientes aún, más la naturalización de siglos de dominio y expolio conservador, carencia de educación, ausencia de sentido de la crítica objetiva, alienación derivada de la ultra ortodoxia pentecostalista, sobre exposición a la mediática desinformativa de derecha, etcétera, nuestros pueblos, y el brasileño también, juzgan visceralmente sus momentos en presente, no los antecedentes, volviéndose fáciles presas para secuestrar emocionalmente, manipulándolos como ha sucedido ahora mismo en aquel país. Pareciera que tampoco las dirigencias progresistas comprenden por completo la mentalidad fascista, pues con la experiencia peruana aún fresca, Lula se acompañó de un representante de la derecha en la vicepresidencia, supuestamente moderado, para atraer a los indecisos, a los desmemoriados, a quienes todavía suponen que alguna de aquellas acusaciones, tiene algún valor.

Tampoco se puede dejar fuera de la ecuación al gran hermano del norte, en donde las recientes elecciones hacen creer a los fascistas latinoamericanos que muy probablemente Trump retome la presidencia, lo que supondría una mayor animadversión al progresismo latinoamericano, y mayores niveles de nocivo intervencionismo gringo en la región.

Entonces las lecciones son claras, y pasan por primero la urgente condena al golpismo en Brasil, pero también para cualquier intento en cualquier locación de nuestra América Latina.
Segundo, los nuestros, nuestros países, son víctimas entre otros de su carencia de memoria, por lo que una educación de calidad debe ser una de las prioridades del progresismo.

Tercero; ningún estado progresista puede por sí solo concretar su sueño de independencia, por lo que la unidad en la diversidad es fundamental y prioritaria.

Cuarto, la derecha carece de amigos, hermanos, madre, padre o hijos, en cambio posee intereses y una desmedida ambición, y en consecuencia, no se la debe privilegiar al gestionar la cosa pública.

La triste realidad del Perú evidencia que el ex presidente Pedro Castillo pecó de ingenuo, mientras Lula en Brasil, confió demasiado en la vocación democrática de sus conciudadanos, olvidando cuán volubles somos los seres humanos cuando hay hambre.

Ahora aprendamos nosotros.

*Educador salvadoreño

Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

El día de navidad, cuando las personas procuran tener momentos de alegría y esperanza renovada, se supo la triste noticia: tres personas, una adulta de 33 años y dos niñas adolescentes de 13 y 15, murieron atropelladas, por un carro cuyo conductor estaba ebrio, cuando cerca de la medianoche, previa a la navidad, transitaban a pie, en celebración navideña, en la carretera del litoral a la altura del Cantón El Socorro, caserío Río Blanco, jurisdicción de Zacatecoluca, Departamento de la Paz. Las martirizadas por el monstruo masacrador de humildes se llamaban Digna Patricia Cornejo, Vanessa Beltrán Cornejo y Patricia Cornejo González.

El hecho trágico puede verse como uno más entre los accidentes de tránsito. Ya vendrán los propagandistas del estatus quo o sesudos analistas diciendo “eso pasa en todas partes” o “siempre hay muertos”. Más allá de la simpleza y de la zoncera, es oportuno examinar este grave hecho de fatales consecuencias. Desde el Estado, como mandatario de la sociedad, existe la obligación política de llevar a cabo programas para prevenir y disminuir homicidios, suicidios o muertes accidentales y, cuando suceden, tomar las medidas que sean necesarias.

En materia de muertes violentas, para diseñar y poner en práctica políticas públicas, es conveniente tener indicadores internos de país y comparados con otros países, sobre los orígenes de aquellas que se ubican en diversas categorías: conductas homicidas, delincuencia, suicidios, accidentes de trabajo u hogareños y desastres desde la naturaleza. Todas ellas pueden y deben ser afectadas por cursos de acción gubernamental y del Estado ya sea para prevenirlas o minimizarlas o hacer ajustes y enmendaduras por los daños causados.

En las causas de la muerte de las mártires de Río Blanco, ubicadas como resultado de accidentes en las carreteras, concurren varias, como son:
• Infraestructura deficiente (carente de iluminación o de senderos peatonales seguros),
• condición de precariedad campesina que obliga a las personas a transitar en esas condiciones en pos de algo tan elemental como es divertirse sanamente la nochebuena
• la irresponsabilidad de un conductor ebrio corroborando con esto que gran parte de la seguridad integral surge del interior de las personas,
• desamparo de los de abajo para ser victimizados sin posibilidad de compensación para ellos o sus familiares de parte de responsables, ya sea por acción u omisión.
Las carreteras y los automóviles, como instrumentos para que los humanos se transporten y ejerzan su libertad de transitar, se convierten en armas de letalidad social. En El Salvador, dicen las cifras oficiales, hay unos 4 muertos diarios por accidentes de tránsito. Eso significa que para 2022 se tendrán unos 1,460 muertos por esas causas, cifra que, para efectos comparados con otras realidades, equivale a 22 por cada 100 mil habitantes.
Cuando se revisan los informes de la OMS sobre la letalidad de los accidentes de tránsito se tiene que, en cifras redondeadas, en las Américas la tasa es 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes; en Europa, 10 y en África, 27.

En realidad, el enemigo principal de la sociedad salvadoreña, a vencer, es el subdesarrollo que se ensaña principalmente en los de abajo o, para decirlo con lenguaje rebuscado, las personas que están en los tres quintiles inferiores de la estructura de ingresos del país.

La muerte en las carreteras por accidentes de tránsito y conexos es una de las facetas de ese poliedro trágico de la realidad que nos impone el inveterado, arraigado y terco subdesarrollo. Superar el subdesarrollo es el reiterado desafío que tienen por delante los dirigentes de El Salvador para el 2023. Ojalá, el próximo año la vida florezca y sea protegida en nuestro país y marchemos con paso firme hacia una sociedad educada y desarrollada.

Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

Desde la secundaria aprendimos que Cicerón, el notable filósofo de la antigua Roma, acuñó la frase “La historia es la maestra de la vida”. Y esa es una sencilla y gran verdad. Conociendo la historia los pueblos evitarán tropezar en la misma piedra dos veces. Claro, después viene la otra famosa frase de que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. En todo caso, la piedra de la tragedia no sería la misma de la farsa.

El 25 de diciembre recién pasado se cumplieron 100 años de la navidad sangrienta en El Salvador, cuando la dinastía Meléndez-Quiñónez perpetró una masacre contra una manifestación de mujeres que marchaban en apoyo al candidato presidencial opositor Miguel Tomás Molina. El desafiado candidato oficial era Alfonso Quiñónez Molina, cuñado de Jorge y Carlos Meléndez que, desde 1913, se turnaban en la presidencia.

La masacre de esa navidad sangrienta ha sido muy difundida, documentada y analizada. En algún momento se pensó que los movimientos revolucionario, progresista, y contestatario, sobre todo desde la esquina feminista, de El Salvador, conmemorarían en debida forma e intensidad este centenario, sobre todo para extraer lecciones de vida política.

Nadie ha dicho nada. Parece que la historia, como maestra de la vida, ha sido puesta en pausa. Y El Salvador sigue cargando problemas políticos, sociales y económicos que, hace 100 años, ya estaban esbozados y había un esquema gobernante oligárquico, represor, y concentrador de riquezas y poderes; pero solo duró 14 años, suficientes para sentar las bases de un subdesarrollo integral que, a pesar de los bolsones de aparente desarrollo que regodean a algunos, aún caracteriza la vida de la inmensa mayoría de salvadoreños.

Con la muerte de algo más de 150 detenidos, 56, 000 encarcelados, de los que al menos la quinta parte son consecuencia de detenciones arbitrarias, es decir, sin más causa procesal que la opinión prejuiciada del agente que la ejecuta, la consecuente liberación de más de 2, 000 de estos con evidente deterioro de su salud física y mental, la desinstitucionalización que favorece y encubre semejante realidad, son solo algunas de las consecuencias que podemos reseñar como efecto del régimen de excepción.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Qué decir de la corrupción que la caracteriza, con la comercialización de todo lo relacionado a los detenidos que hace el sistema carcelario, incluyendo a los ya fallecidos, o de las amenazas y agresiones físicas que agentes y militares en patrulla, practican contra la población civil, particularmente joven y de escasos recursos, anulando tácitamente al aparato judicial, cuyos dictados cuando favorece a algún detenido son las más de las veces simplemente desoídos, plegándose incontestable al régimen, para justificar y hasta encubrir estos delitos, vergonzosa, perversa y penosamente acompañado por buena parte de la población que lo sigue aplaudiendo y defendiendo.

Y es que el problema no reside en la persecución de quienes delinquen sino en las arbitrariedades que se han cometido contra inocentes, recluyéndolos junto a delincuentes, falleciendo así trágicamente algunos por los abusos en su contra por las condiciones que encontraron.

Tales injusticias, como el despreciable desempeño que la fiscalía, procuraduría general de la república, y hasta ahora, DDHH con su tibia y hasta nula actuación en el escenario descrito, supone no sólo la anulación de la institucionalidad conquistada y construida en los lustros pasados, pero además el retorno del estado represor, con la estrechez autárquica del deshonor uniformado, y el acompañamiento, la dirección y complicidad de un millennial, aspirante a dictador titular del nuevo siglo, es decir, con aires juveniles y despreocupado para restarle lo hediondo a miliche.

De ahí a la represión en propiedad, con todo y toque de queda y anulación de libertades constitucionales, no hace falta apenas un paso.

Y es que si en algo los tiranos se asemejan es en hacer acopio de lo que al otro le da, según estos, resultado, por lo que, de cara al venidero proceso electoral, no deberá sorprendernos que toda forma de disidencia, entiéndase, reflexiva y de expresión, podría ser perseguida como ya sucede en el escenario político de uno de nuestros países vecinos.

Es decir, tal silenciamiento que sin duda al menos se ha considerado, supondría detener además de la oposición política, a intelectuales, académicos y libre pensadores, tal cual sucede en ese país, y so excusa de garantizar la seguridad, acusando a estos de defender a terroristas.

Dicho de otro modo, enquistarse como una nueva dinastía de parte del actual ejecutivo, supone suprimir a la República, acabar con el sueño de un estado propio, inclusivo y sustentable, para en cambio imponer un orden represor que asegure y perpetúe la desigualdad excluyente e inicua que siempre nos condujo a la guerra entre hermanos.

*Educador salvadoreño

En la entrevista matutina de Encuentro con Julio Villagrán, el escritor y periodista, Walter Raudales habló sobre la coyuntura política y social de El Salvador.

Para el invitado, la situación de los salvadoreños se ha complicado, y con la pandemia se vino a agudizar, ya que estamos siendo gobernados prácticamente por una agencia de publicidad.

El escritor dijo que, el actual régimen si está definido, pero no se deja categorizar, porque es un gobierno de derecha y neoliberal.

Por otro lado, con el reciente tema de las pensiones, el periodista dijo que no toco a las AFP, con el anuncio que dio a conocer sobre las pensiones, por lo que considera que los trabajadores fueron timados.

“Este gobierno tiene una crisis sistémica, sostenido por la digitalización y mentiras, no hay propuestas de país, no se ve a donde va. Al presidente Nayib Bukele lo eligieron el 27% del padrón electoral, no es cierto la lógica que el pueblo lo quiere”, explicó.

El invitado explicó que, considera que hay que construir un nuevo sujeto histórico y social, y si es posible un nuevo El Salvador, es por eso que en el “Movimiento Izquierda Salvadoreña”, están claros que se debe de pasar por la generación de empleos, educación y salud, por lo que pronto anunciaran sus propuestas.

Raudales dice que no es nada bueno lo que se viene, y visualiza desorden, descontento popular, mentiras y mucha hambruna, por lo que el pueblo tendrá que decidir si permite una reelección para Bukele, pero se ve descontento.

Que haya una nueva propuesta de ley de pensiones es una realidad positiva, porque ofrece la posibilidad de debatir el tema a nivel nacional. La anterior normativa, todavía vigente, es un verdadero fracaso en términos de cobertura. Una deficiencia a la que se suma el exiguo monto de algunas pensiones, que contrasta con las abundantes ganancias de las empresas administradoras de pensiones.

Sin embargo, si bien corrige levemente algunos aspectos, la nueva ley no ofrece las perspectivas de cambio requeridas. Para empezar, se da por supuesto que la administración privada de los fondos de pensiones debe permanecer, pese a que un sistema público y solidario, no de ahorro individual, sería mucho más coherente tanto con la democracia como con la justicia social que preconiza la Constitución. Además, no se garantiza la universalidad de las pensiones, se deja fuera a los trabajadores informales, no se corrige la desigualdad de género en las asignaciones de fondos y no se aclara qué pasará una vez se suprima parte de la institucionalidad existente.

La subida de la pensión mínima propuesta es insuficiente. Con el aumento de necesidades que sobreviene con la edad, nadie debería tener una pensión menor de 600 dólares. La nueva ley olvida también tratar cuestiones indispensables. La actual edad de jubilación está reñida con el buen funcionamiento económico del sistema y con las posibilidades de universalidad. Definir la edad de retiro en función de las dificultades o riesgos propios del trabajo es lo ideal, pues favorece tanto la amplitud de la cotización como la mejor distribución de las asignaciones. Por otra parte, la pensión máxima propuesta es demasiado elevada.

En realidad, una pensión superior a los dos mil dólares favorece exclusivamente a quienes a lo largo de su vida laboral ya han gozado de compensaciones salariales muy altas respecto al salario medio nacional. El sistema de pensiones debe ser un sistema solidario, no un modo de mantener desigualdades. Ofrecer a las personas la posibilidad de cotizaciones superiores a la básica para recibir posteriormente una pensión mayor, es otro aspecto que debería tenerse en cuenta.

La nueva ley de pensiones corre el peligro de quedar obsoleta poco después de entrar en vigor si no se corrige sustancialmente. No debe desaprovecharse la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir, romper el paradigma de la privatización que tanto daño ha hecho a la gente trabajadora y construir instrumentos legales que permitan la universalización de las pensiones. Poner parches de escasa calidad a lo que ha sido mal construido hasta el presente no es lo más indicado para la salud del país. Dar tiempo al pensamiento es necesario para construir tanto un futuro más digno como una ley de pensiones decente.

La última de la FGR es la agresiva persecución en contra del ex presidente Cerén por supuesto enriquecimiento ilícito, denunciando una serie de irregularidades que supuestamente realizó el anterior ejecutivo y aseverando el congelamiento de sus bienes materiales.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

El alegato de la fiscalía, hace suponer una masiva sustracción de recursos públicos.

Meses atrás por otro lado, cuando la Asamblea Legislativa iniciará aquellos procesos públicos hacia el interior del hemiciclo, sentó en un banquillo a varios ex funcionarios a los que por horas cuestionó sobre su quehacer y el uso que dieron a los recursos que tuvieron a su disposición cuando ejercieron. Sin ningún logro práctico.

Entre los funcionarios en cuestión, también se sentó al ex presidente Cristiani, a quién por horas se lo cuestionó sobre el fin que tuvieron las utilidades que produjeron la privatización de la banca, cerca de 700 millones de dólares, los cuales al igual que los 3.000 millones de dólares que utilizara la presente gestión durante la pandemia, son de fin “desconocido”.

Hay que acotar en este punto que al dejar sus funciones públicas todo funcionario pasa a una evaluación de ley, de la corte de cuentas, que dictamina si hubo o no enriquecimiento ilícito, la que el señor Cerén superó sin dificultades, pues es tenedor en su haber solamente de la pensión que lo favorece, sin poseer ninguna propiedad a su nombre.

En su caso particular, debemos recordar que hubo un sobre esfuerzo por determinar si el ex presidente habría transferido en algún momento bienes a terceros, lo que sin embargo no dio resultados, determinando que el ex presidente no posee bienes a su favor.

Por otro lado, y en el caso del ex presidente Cristiani, es de conocimiento público que malversó aquellos 700 millones de dólares a su favor, lo que fuera denunciado detalladamente por entidades multilaterales en sus informes, como el FMI, el BMI y el BID, lo que cualquiera puede comprobar.

Dicho de otro modo, aquella sentada en el hemiciclo fue solo parte de un vergonzoso circo que descalifica a la Asamblea, pues no solo no le compete tal tarea, pero además carece de la solvencia moral para emprenderla.

En el caso ex presidente Cerén, la cosa tiene otra intencionalidad, pues ya la institucionalidad ahora inexistente, que se erigió superando resistencias durante los diez años de conducción de la izquierda, y que echara raíces y fuera aplaudida sobre todo internacionalmente, por la credibilidad que lograra para el país, lo exonero de la práctica de enriquecimiento ilícito, pues no tiene mayor patrimonio que su pensión, la cual ha sido secuestrada por la FGR, privándolo de tales ingresos, mientras lo que se alega se ha secuestrado en su favor no es sino una gravísima mentira, dirigida a erosionar la figura del ex presidente.

Otro desmán que en apenas días pasará la factura a la ya nula credibilidad del actual régimen, no sólo por carecer de evidencias, sino también porque el ánimo último es la difamación.

Y esa, ya nadie se la cree.

*Educador salvadoreño

Apenas unos días atrás, el ejecutivo finalmente y luego de una espera de un año para los trabajadores, que justifica en las supuestas consultas hechas a diversos sectores no especificados, presentó a la asamblea legislativa su propuesta para superar los males originarios que arrastra consigo el modelo privado de pensiones.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

El modelo en cuestión posee la particularidad de ser una carga para el estado salvadoreño desde sus inicios, provocando una deuda que día a día aumenta y es pagada por todos los salvadoreños para beneficio de los privados que tutelan las Afp’s, quienes a lo largo de los años se han hecho sin trabajar, de la más grande y suculenta rebanada derivada del pastel pensionario.

El negocio es redondo porque mientras aparentan estas entidades agotar sus recursos acreditando deuda pública a través de empréstitos al estado, en realidad está reintegrando lo que éste le adelanto en concepto de pago de pensiones por los ahorros ya agotados de los trabajadores, por las que no ha percibido ningún aporte, que sí son entregados puntualmente a estas, percibiendo un primer e inicial beneficio así, que se complementa multiplicándose varias veces, como beneficio gratuito que percibe en la operación descrita arriba.

Ahora y después de un año de aguardar la muy pensada propuesta presidencial, que prometiera entonces en “unos días”, presenta al primer órgano un muy familiar esquema que alega ha sido ampliamente consultado, por quién sabe quién, para qué, cómo podemos calcular, en la asamblea se defina el texto final que en nada diferirá del que les llega.

Esencialmente está constituido por 9 puntos, a saber, del siguiente modo; el aporte patronal aumenta en un 1%, no así el del trabajador; las Afp’s percibirán un 1% en concepto de comisión, que en consecuencia promoverá un aumento en la rentabilidad, creándose además el ISP, mientras los que realizaron retiro no lo reintegrará, pero, percibirán un menor porcentaje calculado a partir del monto actual. No cambia el término de ejercicio laboral y la diáspora podrá cotizar para su retiro acá en el país.

La pensión menor será de $400.00. 

Aunque hay que esperar el texto final sí podemos apreciar vacíos graves de esta propuesta, como el que no está claro cómo se generará un mayor rendimiento conservando los mismos vicios estructurales financieros operativos, o la tácita confirmación de que, al contrario de la actual legislación en torno a las pensiones, en esta propuesta la pensión es “alienable», es decir, se constituye una prenda crediticia, tal cual sucede con el salario de activo, o peor aún, no se hace ninguna referencia a cómo se resolverá la creciente deuda estatal que se conforma al asumir éste el compromiso de saldar las pensiones sin percibir recursos para ello.

Es, como todo en este régimen, otra imprudente improvisación para saldar la creciente demanda y presión social para resolver esta problemática, sin resolverla realmente, pues en esencia no se reforma realmente nada, quedándonos con pequeños matices como al inicio.

Y para esta pensada tuvimos que esperar un año.

*Educador salvadoreño

Según el más reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, basado en datos de origen oficial, las desapariciones van en aumento. El hecho conecta con la sistemática negativa de todos los Gobiernos de la posguerra a ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Mientras nuestros tres vecinos más próximos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya han firmado la Convención, El Salvador permanece al margen. Y diversas señales apuntan a que el país no suscribirá ni este ni otros tratados de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Un tuit reciente del presidente de la República afirma que los cambios que experimenta El Salvador son tan positivos “que ya a nadie le importa lo que digan los grandes medios, los organismos internacionales, las ONG o la oposición”. Por supuesto, es una ingenuidad pensar que el aislamiento facilitará resolver los problemas nacionales. Sin duda, ni el propio presidente cree en lo que dice. Al final, cuando la realidad aprieta, no les queda más remedio que acudir a las instancias internacionales.

Tampoco todo es positivo en el país. Las cifras de las desapariciones, el aumento de la deuda y la negativa a a firmar el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, apuntan a que en algunos aspectos se está empeorando. La resistencia a comprometerse con nuevos instrumentos de defensa de los derechos humanos y la necia decisión de prescindir de la opinión de los organismos internacionales y de la sociedad civil salvadoreña afectarán negativamente tanto el desarrollo económico y social como las relaciones con la comunidad internacional.

Cuando se critican algunos aspectos de la política salvadoreña y de la actuación del Estado, no se quiere decir que todo lo que sucede en el ámbito político es negativo. La crítica es siempre un apoyo al bien común, pues, incluso cuando está errada, ayuda a reflexionar y pensar mejor las cosas. En ese sentido, el Gobierno actual debería abrirse al diálogo y dar los primeros pasos para hablar con quienes tienen preocupaciones legítimas por el futuro de El Salvador.

El tema de las desapariciones y la firma de normativas internacionales sobre derechos humanos no son caprichos de la oposición, sino reclamos serios de personas e instituciones de la sociedad civil que responden al dolor y las quejas de un buen número de ciudadanos. Quienes solicitan la ratificación de nuevos instrumentos legales tienen razones de fondo, sustentadas en datos inobjetables. Dialogar al respecto no implica rendirse ni humillarse, sino buscar caminos comunes de desarrollo humano. Esperar a que las situaciones se tensen o los problemas crezcan no es lo mejor para el país. Tener mayoría no debe nunca ser una excusa para negarse a dialogar con la minoría.

Editorial UCA

Cómo es sabido el manejo del presupuesto se suscribe a cuantos haberes y necesidades tenemos de acuerdo a su alcance.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Un uso ideal supone un manejo equilibrado y responsable, despejando prioridades y en el ánimo de superar la pobreza consuetudinaria.

Que no es casual y sí un mal estructural. 

Estas últimas son las determinantes, pues supone atender ese orden de acuerdo a su importancia.

Así, por ejemplo, la educación es un rubro de valor que deberá ser abordado como una inversión, pues satisfará necesidades tanto del Estado como de la ciudadanía de manera sostenible a mediano y largo plazo.

Es de primer orden. 

Defensa nacional por el contrario no constituye una prioridad, pues no solo no estamos en conflicto con nuestros vecinos, pero además para manutenerla hay que contraer deuda pues carecemos de las tecnologías que requiere; por otro lado, nuestra riqueza real la constituye nuestra gente, la ciudadanía como tal, y es a ella a la que hay que privilegiar, con educación, salud, seguridad e infraestructura.

Estos dos ejemplos son por sí solos clarificantes, y, sin embargo, dada la realidad geopolítica se deben considerar otros elementos.

Por ejemplo, el actual conflicto en el Cáucaso impone acelerar y establecer el desarrollo de políticas y estrategias que aseguren nuestra soberanía alimentaria, así como el promover tecnologías para la preservación de la vida, con el propósito de lograr conquistar la menor dependencia de medicamentos y tecnologías de soporte vital del exterior, para precisamente por la experiencia acumulada en nuestro pasado reciente como en el conflicto en cuestión, poder nuestro país incluso incursionar en el mercado global de alimentos como de insumos médicos, que en el tiempo impondrá una mayor presión a la demanda de estos bienes.

Es decir; está dentro de nuestras capacidades el potencial de desarrollar una industria doméstica en los rubros de alimentos y medicamentos con una proyección global sostenible, que la evidencia patentiza son una prioridad que no reducirá en el tiempo.

Por supuesto tal proyecto supone desmantelar el fracasado modelo orientado a convertir al país en una plaza dedicada a la oferta de bienes y servicios, que en cambio lo transformó en un puente para el tráfico de drogas, armas, y blanqueo de fondos provenientes del narco, beneficiando directamente a la privilegiada élite financista doméstica.

Simplemente, o quizás intencionalmente, por no considerar la rampante corrupción derivada de las gestiones de derecha que desmotiva cualquier inversión legítima, como por encontrarnos geográficamente fuera de las rutas comerciales.

Y, sin embargo, superar el escenario descrito para alcanzar las metas referidas, con los exiguos recursos que contamos, la mayoría de los cuales proviene de deuda, si es posible.

¿Cómo es posible lograr una sociedad inclusiva con tales limitaciones? 

Destinando hasta un 7% del PIB a educación, modernizando el aparato educativo con el fin de que la población desarrolle habilidades técnicas que le hagan posible competir en igualdad de condiciones con otras latitudes.

¿Existe algún precedente que lo avale? 

En la década de los ’20 del siglo pasado, Finlandia votó por el desarrollo de un sistema de educación superior.

Los resultados los conocemos: constituye una de las sociedades europeas más prósperas sin haber recurrido al saqueo de terceras naciones como si lo hacen aún sus pares colonizadores continentales, y como resultado de ser una sociedad del conocimiento.

Vale acotar que cuando se votó, el delito campeaba en el país, lo que se superó en el tiempo, y es evidente en el hecho de que cada ciudadano lee al menos un libro mensualmente y es poseedor de en promedio 7 armas, algunas de las cuales suelen ser automáticas, y sin embargo prácticamente no existen los asesinatos.

Todos los estudios al respecto apuntan a que ello se deriva precisamente de la educación.

Por supuesto no fue fácil ni rápido, pues el largo camino a este estado superó incluso una guerra mundial, pero en consecuencia ahora su ciudadanía goza de un prestigio y una prosperidad sin par.

Entonces si es posible. 

Es posible porque deriva de las personas, a las que hay que dotar de formación técnica y ética laboral a través de la educación, lo que no será fácil o rápido, pero los beneficios están asegurados.

O, podemos seguir como hasta ahora, exportando gente ilegalmente.

Ese futuro gris, o, luminoso lo construimos nosotros.

*Educador salvadoreño

Cuando el ciudadano promedio aborda el tema de la política partidaria, es por lo regular desconfiado, al relacionarla con el gansterismo más bajero.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Esto porque para el ciudadano promedio el político es corrupto, o aspirante a serlo.

Nuestra historia nos permite comprenderlo al develar cómo la política partidaria sirve de común solo a los intereses de las élites, para lo que los políticos tradicionales abandonan la probidad, abrazando las conductas más arbitrarias y desconsideradas, así como insufribles imaginables, representando los intereses más abyectos, y abandonándolos cuando encuentren un mejor postor que les ofrezca más beneficios.

Consecuentemente no podemos beneficiarlos con el cheque de la confianza, del cual se aprovecharán sin dudar para enriquecerse y a los que representan.

Así las cosas, es comprensible que cada vez más ciudadanos se nieguen a participar de la política como tal, por el repudio que les supone, dejando que sean menos electores los que decidan por todos a través del voto, los destinos del país.

Para ilustrarlo solo debemos recordar el porcentaje de ciudadanos aptos para ejercer el voto, que participaron de la última elección presidencial de acuerdo al TSE: el 51%, lo que hace de aquellas las menos votadas desde el final del conflicto.

Traigamos entonces a la memoria, un resumen de las emociones que la política tradicional implicó los últimos treinta años.

Primero, la cruda desconfianza que el aparato político genera en la población, derivada de dos décadas de corrupción y saqueo que la derecha partidaria realizará durante sus administraciones, sin más beneficio que a la oligarquía, apenas el 1% de la población, privatizando todos los activos estatales a su favor, mientras la población se deprimió al extremo económicamente, y sufre desde entonces la agresión del hampa rampante, que se desatara con el abandono que el estado hiciera de sus obligaciones so excusa de la privatización, pudiendo encontrar una relativa seguridad solo aquel que pudo pagarla.

Por otro lado, el arribo de la izquierda política al ejecutivo solo supuso gestionar la crisis heredada de las anteriores dos décadas de libertinaje financiero, con algunos muy tibios progresos que no implicó superar el modelo económico neoliberal y sus vicios, responsable del abandono de la población a su suerte, por la supresión del estado de bienestar, así como su tácita anulación en favor de los privados, y que, al concluir su segunda administración sólo implicó como logro, dejar las cosas como se encontraron.

Por supuesto que la población rechaza y reprueba la política partidaria.

Y, sin embargo, corregir el rumbo del estado salvadoreño impone la participación de la población en política, es decir, construir la confianza de ésta a partir de la cual el soberano pueda, por intermedio de un instrumento partidario, edificar el futuro que anhela, participativo, inclusivo y próspero, que solo es posible mediante la superación de los males históricos que padecemos, lo que puede hacerse mediante precisamente la participación ciudadana.

Ahí entra la integridad, la coherencia y honorabilidad partidaria, derivadas de comprender lo que es en esencia la política: servicio.

*Educador salvadoreño

Es normal que los políticos formulen diversas promesas antes de llegar al poder y que luego, ante el choque de la realidad y de los recursos disponibles, cumplan, en el mejor de los casos, solo una parte de lo ofrecido.

Distinto es que a la hora de pedir el voto se mienta con alevosía y premeditación. Estando en campaña electoral, Bukele ofreció aumentar el Fodes para las alcaldías, pues, en los Gobiernos anteriores, los municipios habían sido abandonados y eso generó pobreza, subdesarrollo y migración forzada, entre otros males. Sin embargo, ya en la Presidencia de la República, no solo incumplió su promesa, sino que desde junio de 2020 dejó de transferir el Fodes a las alcaldías.

Además, en noviembre de 2021, a través de la bancada oficialista, redujo el Fodes del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado y creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), que maneja los recursos que originalmente eran para las alcaldías. Hoy, las administraciones de los municipios son incapaces de atender las demandas de su población.

En campaña, Bukele prometió implementar una reforma fiscal progresiva que beneficiara a los que menos tienen. A la fecha, el tema está en el olvido. Siendo candidato, dijo que el neoliberalismo “solo trae desigualdad, pobreza, endeudamiento, y por último, default”. Pero en su gestión no ha cambiado nada del modelo económico; al contrario, ha profundizado las políticas neoliberales. La mejor muestra de ello es la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal y el anuncio de la construcción de una Ciudad Bitcoin que funcionaría con la lógica de un paraíso fiscal.

Por otro lado, siendo aspirante a la Presidencia, se comprometió a mejorar la educación y prometió convertir a la universidad nacional en la mejor institución educativa de la región, para lo cual se incrementaría su presupuesto, se construiría dos sedes más y se remodelaría las existentes. No solo no se ha hecho nada de lo anterior, sino que se ha reducido presupuesto al centro educativo y el asignado se entrega a discreción. Otro ejemplo: el mandatario comenzó su gestión criticando con aspereza el nepotismo para poco después llenar el Estado con su familia y allegados.

Finalmente —aunque la lista podría continuar—, su principal bandera de campaña fue la lucha contra la corrupción; prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición y declaró públicamente en cadena nacional que metería a la cárcel a cualquiera de sus funcionarios que robara. Hasta hoy, ha perseguido a exfuncionarios y opositores acusados de corrupción, pero a los suyos los ha protegido.

Hay claros signos de corrupción en la compra de alimentos y en la entrega del bono de 300 dólares al inicio de la pandemia. También en la billetera electrónica Chivo, en los fondos de las tiendas de los centros penales, en la compra de insumos médicos, etc. Una cosa es no poder cumplir las promesas y otra hacer lo contrario de lo apalabrado. El actual Gobierno y quien lo dirige han cumplido la difícil tarea de superar toda marca previa de cinismo e incoherencia. Solo la venda virtual que el oficialismo ha construido y mantenido con esmero y muchos recursos impide que más gente vea con claridad esta realidad aberrante.

La comunidad Amando López fue fundada por los jesuitas, junto a repobladores en el bajo Lempa, constituyéndose una de las más organizadas de la localidad.

Luis Arnoldo Colato Hernández*

En consecuencia, es también una muy adelantada en temas de desarrollo social, lo que le ha generado desde el repoblamiento agrias confrontaciones con las autoridades políticas, y por razones políticas.

Para el caso, desde el 28 de octubre, la comunidad ha sido fustigada por militares que ingresan procurando avergonzar a los jóvenes, exigiendo se desnuden en la vía pública, para fotografiarlos.

Esto comenzó de acuerdo a FESPAD, en la cancha de la comunidad, con los que ahí se encontraban, para luego continuar en las calles.

En este punto hay que reparar que los jóvenes preparaban una dramatización de nuestra historia (sometimiento de Cuzcatat por la viruela, independencia, Anastasio Aquino, desmontaje de las tierras ejidales y fundación de la hacienda, asesinato del presidente Araujo, insurrección del ’32, masacre y persecución de la población originaria en enero de ese año, huelga de brazos caídos del ‘44, violencia contra la mujer en los 30’s, violencia política de los 40 a los 70’s, continuación de gobiernos militares mediante la manipulación electoral del ’72, masacre estudiantil del ’74, golpe de estado del ’79, asesinato del Santo Romero el ’80 e inicio del conflicto armado, etcétera)

La intención última es que los jóvenes conozcan objetivamente nuestra historia.

Peligroso, ¿no? 

Peligroso porque ser capaz de emitir un juicio de valor sobre nuestra historia requiere un presaber objetivo y crítico, razón por la cual desde su fundación dicha comunidad ha sido reprimida por las autoridades, como podemos apreciar.

Gracias a la denuncia de la propia comunidad, FESPAD, los religiosos partícipes y la presión internacional recibida luego de hacerse pública la denuncia, los jóvenes finalmente fueron liberados el domingo 6 del corriente, pero su psique quedará marcada por estos hechos.

Lo cierto es que el orden desigual e injusto establecido no tolera la disidencia, lo que explica la masiva inversión en comunicaciones que la presidencia hace, para alienar a la población.

Debemos sumar el que el régimen no tiene problemas con violentar los derechos de la niñez para someter a comunidades completas, o de asesinar – como a aquellos 2 ancianos durante el proceso electoral último -, o de cooptar el aparato estatal, o no dar cuentas por el uso arbitrario de recursos públicos, o de eliminar mediante tortura a detenidos bajo el régimen de excepción, anulando cualquier posibilidad de buscar justicia en instancias nacionales, en las actuales circunstancias, etcétera.

Así las cosas, este nuevo hecho revela cuánto hemos retrocedido, pues abiertamente la milicia vomita sus prejuicios sobre la sociedad civil, tal cual sucediera durante el conflicto armado, colocándonos al borde, y sin instancias a las que recurrir dentro del territorio.

Y sabemos lo que sucede con los pueblos cuando quedan huérfanos de ninguna representación, al arbitrio de una soldadesca con visión estrecha sobre el bueno y el malo, que sujeta su limitado juicio, al uniforme y sin criterio.

La vía alternativa: restablecer la institucionalidad.

*Educador salvadoreño

 

En la actualidad es común escuchar de los usuarios del sistema sanitario público “…que mal tratan en la unidad de salud, la clínica o el hospital…», “…no hay medicamentos…”, “…vine de tan lejos y no me atendieron…», etcétera; situaciones descritas por los usuarios a las que debemos sumar las que los operarios del sistema expresan: excesiva carga en los horarios, recursos y presupuesto limitado, escasez de personal y consecuente sobrecarga de las citas, etcétera.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

No es necesario ser un genio para calcular que lo que está detrás de esto es el histórico factor político tras el desorden administrativo excesivamente burocrático del sistema, en el que los recursos no se gestionan con la debida transparencia.

Así para el caso, la asignación presupuestaria al rubro de salud el presente año, es del 6% del PIB – MINEC -, mientras en 2021, se le agregaron según la misma fuente 54,2 millones más en relación al anterior, lo que supone privilegiar al área.

Sin embargo, cuando se añade a la ecuación la legislación vigente relativa al uso de recursos públicos, y, en consecuencia, la gestión simplemente se niega a dar cuentas sobre cómo se usan tales recursos, y tampoco el ejecutivo nos lo explica en su anual rendición de cuentas – la que se corresponde más con un mero acto proselitista que con el cumplimiento del mandato constitucional sobre el manejo de recursos en la administración – respaldados con las debidas evidencias físicas y los debidos informes económicos de las mismas, entonces lo que nos queda no es sino el mismo decadente esquema político corrupto de siempre.

Y es que, ningún modelo de salud pública por bien planteado que este, funcionará, si no hay interés político porque funcione, y en cambio el propósito ulterior es él que sea fuente de más desafíos que soluciones.

Una solución la supone el que el modelo pase a ser preventivo, dejando atrás el esquema reactivo que lo caracteriza.

La introducción de clínicas comunales debidamente equipadas, cuyo propósito sea el de atender bajo este esquema a la vecindad de las inmediaciones, contribuiría a descongestionar las unidades de niveles superiores, porque el personal que se desempeñe bajo este esquema tendría la específica función de registrar a los vecinos en el modelo, educándonos en el tema de prevención, y brindando la atención primaria requerida cuando así fuese necesario.

Este primer filtro de un nuevo esquema de salud pública giraría en torno a la anticipación a través de la educación comunitaria, orientada a educar en salud, para, por ejemplo, identificar signos tempranos de cualquier dolencia derivando su debida atención.

De ser necesario el sistema se adecúa a partir de este primer escalón, trasladando los casos al nivel requerido de acuerdo a las necesidades de la población.

Entonces, no existe el sistema ideal, siempre habrá que enmendar, corregir, suprimir, añadir, pero de eso se trata, de adecuarse a las condicionantes proyectándose desde lo que se conoce, para así prevenir lo desconocido.

El propósito: mejorar desde un enfoque de dignidad la salud pública.

*Educador salvadoreño

Por un margen mucho más apretado del que predecían las encuestas, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se impuso al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada ayer en Brasil. La victoria del antiguo obrero metalúrgico y líder sindicalista dio lugar a masivos festejos en todo Brasil, así como a una generalizada sensación de alivio en América Latina y en la comunidad internacional en general.

No debe olvidarse que a partir del golpe de Estado legislativo que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016, la nación sudamericana entró en una espiral descendente en la que Michel Temer y el propio Bolsonaro destruyeron buena parte de los logros sociales, políticos y económicos conseguidos durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y desataron una persecución política, disfrazada de causas contra la corrupción, que culminó con el encarcelamiento de Lula durante más de año y medio.

La llegada de Bolsonaro a la presidencia, en enero de 2019, agravó y aceleró la descomposición del poder público. Entre los saldos más nefastos del aún gobernante han de mencionarse sus ofensivas en contra de las comunidades indígenas, los derechos sexuales y reproductivos y –especialmente grave– la destrucción de buena parte de la selva amazónica con la aprobación y el impulso gubernamentales. Asimismo, el candidato derrotado ayer hizo un manejo catastrófico de la epidemia de covid-19, promovió el armamentismo ciudadano y llevó el debate público a un nivel inédito de agresividad y procacidad.

Por añadidura, el aún presidente demolió la posición internacional de Brasil que Lula y Rousseff habían construido con delicados equilibrios diplomáticos y buenos resultados económicos. No es de extrañar, en consecuencia, que el triunfo del máximo dirigente del PT haya sido saludado de inmediato por casi todos los gobiernos del continente –empezando por el de México– y de otras regiones del mundo.

Sin embargo, resulta inevitable adelantar una transición difícil en las semanas que vienen. Durante su gobierno, Bolsonaro logró hacerse de una importante base de apoyo, estructurada en forma parecida al fascismo, e intoxicó a buena parte de la opinión pública con una retórica paranoica. Una prueba temprana de su talante antidemocrático fue la instalación de retenes policiales ilegales en diversas carreteras del país para impedir que los ciudadanos –simpatizantes de Lula en su mayoría– pudieran llegar a los centros de votación. Esa maniobra puede explicar la diferencia entre los resultados pronosticados por los sondeos previos a la elección, que daban al candidato del PT un margen de entre 4 y 7 por ciento, y el apretado resultado final, de menos de uno por ciento.

Por otra parte, es importante considerar que Lula no dispondrá de mayoría en el Legislativo y que diversas gubernaturas han quedado en manos de bolsonaristas, lo que hace pensar que la tercera presidencia del veterano político se desarrollará en condiciones particularmente difíciles. Pero lo más importante es que en el mayor país de Latinoamérica la ultraderecha ha sido derrotada y que Brasil vuelve a encarrilarse en un proyecto con sentido social y nacional. Esto es motivo de alivio y de esperanza dentro de esa nación y fuera de ella.

Año con año, cada familia enfrenta un dilema que es más patente en la medida que sus hijos crecen: ¿qué será de ellos? La respuesta no es apenas una introspección, pues implica al aparato educativo, que desde siempre es reo del esquema político que lo secuestra para renovarlo cada cinco años sin realmente avanzar, lo que podemos descubrir al advertir que no dota al educando de herramientas que favorezcan como mínimo la interpretación de datos o su resolución.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

La razón que subyace tras este fenómeno son los intereses tras del modelo, y que lo reducen intencionalmente al memorista bancario, basado en un esquema tradicional y sin participación del educando. En este esquema la competencia es capital, lo que debemos traducir en ventajas para quienes acceden al modelo desde sus privilegios de clase, lo que constituye una tácita exclusión para el resto, que derivan en educandos sin horizonte académico o laboral, frustrados y acomplejados en un juego desigual.

Los datos del último ejercicio realizado por la DIGESTYC, antes de ser desmontada, así lo evidencian: un aplastante 34% de nuestros jóvenes entre 17 y 21 años carentes de perspectiva luego de su fracaso académico, sumándose a los llamados “ninis”, quienes simplemente viven, sin estudiar o trabajar, porque en lectura, matemáticas y ciencias no perciben la debida formación para comprender la información a su disposición, lo que la prueba PISA/OECD hace patente en las evaluaciones realizadas al país los últimos 16 años.

La solución está en la construcción de un modelo educativo que favorezca y potencie las capacidades individuales dentro de un esquema cooperativo que parta de la equidad y la igualdad, considerando los méritos del educando mientras obvia la procedencia de clase del mismo.

Esto se logra asumiendo el estado el desarrollo de una escuela participativa y adaptada a la realidad del educando, abandonando el control del sistema o las fórmulas prefijadas, fomentando el aprendizaje por descubrimiento y creatividad a través del compromiso del educando, que admite así el descubrimiento del otro, superando al yo que sustituirá por el nosotros.

Lograr esto supone otra audacia que es capital para la consecución de un nuevo sujeto pedagógico: Introducir al esquema educativo el ejercicio cooperativo y participativo, sin distingo de clase, género o creencias religiosas, lo que supone abandonar la iniciativa privada escolar para que el aparato educativo sea plenamente estatal. Es decir; acabar con el doble estándar educativo, el de los pudientes y el de los pobres, reuniendo a todos los educandos bajo un mismo esquema que potencie la igualdad y la equidad, acabando así desde la escuela con otro de los males estructurales: la exclusión social.

La corona debe ser un bachillerato de dos años al que se sume otro de práctica social que suponga un trabajo en el sentido más exprofeso por la experiencia inicial en su especialidad, y por esta vía, la incorporación al mundo laboral y en razón de los propios méritos.

¿Y qué hay de los docentes?
En el actual modelo el ejercicio docente es visto más como un oficio que como una profesión, lo que supone su pauperización como consecuencia no sólo de una pobre formación percibida desde una propuesta comercial, no andragógicas o pedagógica, y menos dirigida a satisfacer las necesidades educativas de la República.

¿Cómo compruebo esto?
Hay alrededor de 70,000 docentes recibidos de este modelo que no pueden instalarse en plazas oficiales que lo corroboran.

Entonces, la nacionalización de la educación, la construcción de un modelo proactivo, participativo y flexible, así como la formación permanente y especializada, son sin duda el camino que otras sociedades como la finlandesa y la noruega nos han mostrado para seguir en la construcción de un modelo educativo sostenible y sustentable.

*Educador salvadoreño

Los gobiernos populistas y autoritarios van en ascenso en el mundo. Desde el control de las instituciones, mantienen políticas agresivas contra las minorías y los opositores. Seducen a la población con su crítica a los partidos y políticos tradicionales, usualmente demasiado cargados de discursos ideológicos y de serias contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen.

Meten velocidad a sus proyectos sin reparar en gastos o en legalidades, y buscan culpables de los problemas en los migrantes, los extranjeros o cualquier sector social que despierte miedo o rechazo a causa de prejuicios existentes. No admiten la crítica y tienden a un nacionalismo fanatizado que se apoya en la fuerza militar o policial.

Esa tendencia se da en países desarrollados, generalmente con partidos conservadores y con una clase media asustada por alguna crisis. En América Central, la tendencia se repite, con la diferencia de que en el istmo el autoritarismo populista se aúpa en los sectores empobrecidos, ávidos de cambio, que ven en la autoridad fuerte, una esperanza. En Nicaragua, el régimen de Ortega, ya una dictadura en forma y contenido, reprime con brutalidad a la oposición. Lo siguen, con formas más suaves y más sofisticadas, el resto de los países centroamericanos. En El Salvador, Nuevas Ideas llegó al Ejecutivo montado en un partido taxi y posteriormente arrasó en la elección legislativa. Con los dos poderes bajo su control, la toma de las demás instituciones estatales se llevó a cabo con rapidez, prescindiendo de toda legalidad, procedimiento o principio. La agilidad en la toma de decisiones, la efectividad de algunas de ellas, el lenguaje desinhibido, y la entrega de bienes básicos en momentos de emergencia sedujeron a una buena parte de la población. En un cultura autoritaria y machista, el autoritarismo gusta, porque da la impresión de eficacia.

Sin embargo, el modo de gobernar, más allá de la propaganda, no se separa de los vicios del pasado. El endeudamiento tiene un ritmo galopante, la lucha contra la pobreza como fenómeno estructural es escasa o prácticamente nula, la violencia ilegal se combate mediante la violencia legalizada del Estado sin atender a las causas estructurales del delito. Las promesas son muchas y muy grandes, pero el ritmo de cumplimiento es lento. La prevención de desastres continúa inoperante; la corrupción aflora en ciertas dependencias. Se exige fidelidad absoluta tanto a los propios como a los aliados, y la cultura del diálogo se ha sustituido por la burla, el insulto y la intolerancia. El mundo de la política, de los principios, de la búsqueda del bien común se ha cambiado por la propaganda y el espectáculo.

Lo que importa es seducir. Pero lo que se produce es una seducción triste, porque no cumple con lo que ofrece y, por ello, está llamada al fracaso. La deuda, la pobreza, la desigualdad y la violencia, en la medida que se perpetúan, producen decepción. Además, los modos de ejercer el autoritarismo empiezan a a caer en el ridículo. Acciones como detener y exhibir a un médico porque atropelló a un gato, hablar de artículos ocultos de la Constitución y argumentar que los colores azul y blanco en las escuelas tensan a los niños terminarán cansando a la población que no ve los resultados esperados de la teatralidad gubernamental. Al final, la ciudadanía encantada con el régimen autoritario terminará despertando en el viejo y conocido país de siempre, con las esperanzas rotas y con las mismas únicas opciones de hace décadas: o emigrar, o aguantar con la ilusión de que las cosas un día estarán mejor, o jugársela en el delito y la corrupción. Por sí sola, sin encontrar asidero en la realidad, la seducción solo conduce a una tristeza profunda en el espíritu.

Antes que nada, comprendamos que una presidencia producto de una reelección es vejatoria del estado de derecho, por tanto, ilegítima e ilegal. De concretarse, la constitución no deja lugar a dudas, señala el curso que deberá seguir la población.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

En este punto cualquier argucia con la intencionalidad de favorecerla, es también definida constitucionalmente como un acto sedicioso, como un flagrante desafuero a la naturaleza de la República, sin valer los intentos de sorprender en su sencillez al soberano, reseñando artículos constitucionalmente inexistentes, calificados de “ocultos» por estos estafadores, en el ánimo de sustentar su ilegal postura.

Es decir; no podemos justificar corregir los graves males estructurales que hemos padecido desde siempre, argumentando que no se puede superar la podredumbre que la corroe desde su interior por los canales legales, desmontando así el estado de derecho con el autogolpe, lo que por definición volvió ilegal a la gestión.

Así las cosas, incluso de haberse concretado la supresión de la delincuencia que nos aflige desde siempre, único proyecto presentable desde el ejecutivo, pero que en la práctica supone el irrespeto de los más elementales derechos ciudadanos, traduciéndose en una verdadera persecución contra la pobreza, por la pobreza en sí, repudiando los derechos de la ciudadanía en razón de su origen, generando las concretas condiciones para un nuevo enfrentamiento insurreccional, por la persecución misma, desproporcionada y hasta criminal en los casos que ha supuesto el asesinato de ciudadanos inocentes bajo la detención de agentes del estado.

Y si esto es así, se violenta la constitución y probablemente supone el riesgo de una insurrección, ¿Qué hay tras el intento de reelección?

Asegurar la impunidad.

Los delitos en cuestión van, desde el masivo y descarnado saqueo de las arcas públicas, vejación del estado de derecho, asesinato y probable tráfico de drogas.

Si el estimado lector me confiere la administración de recursos financieros y a la vuelta de, por ejemplo, seis meses demanda un informe de los beneficios obtenidos o en su defecto, cualquier pérdida sufrida, y sencillamente me niego, sin duda me procesara por estafa, y es esto lo que ha sucedido, pues el régimen se niega a dar explicaciones por el uso discrecional que ha hecho de los recursos públicos, incluso blindándose tras una política que deniegan información de naturaleza pública, hasta por siete años.

Así para el caso, el primero de mayo pasado, con la remoción de la plana mayor del aparato judicial, sustituida por elementos partidarios, como en el caso del fiscal general y aberrantemente, ahora con la procuradora, el ejecutivo reúne en su persona el tácito poder absoluto, anulando así a la República.

Sumemos el trágico asesinato en detención de decenas de ciudadanos por los que las autoridades deberán dar cuentas en su momento, como por los alijos de drogas recuperados en el país, descubiertos luego en el viejo mundo.

La crisis entonces, sería más fácil de resolver en el marco de la legalidad sorteando esta gordiana trama, cuando aún es posible solventar los sinsentidos de este régimen llanamente anárquico.

*Educador salvadoreño

El pasado 15 de septiembre, dos grandes columnas con miles de ciudadanos inconformes, se desplazaron por las avenidas de San Salvador hasta reunirse en el centro de la capital, donde expresaron su agrio descontento con la conducción del país.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Las personas asistieron a pesar de la amenaza que supuso el enfrentamiento anunciado con los incondicionales del régimen, quienes finalmente no asistieron, apropiándose entonces de las calles quienes llegaron al evento desde el interior, los contornos y la capital misma, para participar de aquella fiesta, netamente popular.

De nada sirvió el esfuerzo oficialista por detener la protesta, con la campaña desplegada en los ingresos de San Salvador, con el ánimo expreso de detener a quienes se trasladaron en sendas caravanas con vehículos rentados, hacia la capital, para sumarse a las distintas organizaciones partícipes del evento.

Y aquí la clave del éxito de la convocatoria: no es solo una sino decenas, cientos de organizaciones sociales inconformes, representantes de todo el espectro del pensamiento social, con expresiones tan disímiles como los radicales movimientos LGBTI y feministas, hasta la derecha moderada en el extremo opuesto del abanico social, movidas por un solo objetivo: detener el proyecto adelantado desde el oficialismo.

Todo esto en tal magnitud, que el evento principal adelantado en casa presidencial, privado, clasista y divorciado del pueblo, simplemente fue eclipsado y hasta ignorado por la prensa internacional que dedicó sus portadas al movimiento social ocupante de la capital.

De ello podemos inferir que los esfuerzos desde el oficialismo por demeritar y hasta anular la queja social, con su discurso del paraíso aquí en la tierra, bendecido de Dios que derrocha felicidad y dicha, es simplemente una distorsión mediática de la realidad, que no refleja el sentir de las mayorías, si bien lo respalda un buen porcentaje de la población, que en todo caso sólo se corresponde con los afines a la gestión, que de ningún modo supone que el proyecto adelantado sea el correcto y de ningún modo representa el sentir de todos.

En principio porque desde la toma de posesión, la administración careció de proyecto, lo que ha resuelto con la improvisación permanente; tampoco responde su quehacer a los intereses de las mayorías, sino al concreto beneficio de los de siempre, las élites.

Son estos últimos los beneficiarios de las encubiertas privatizaciones que realiza el régimen, como por ejemplo la del agua, o los así llamados megaproyectos, adelantados con capital asiático, que no han sido acuñados por la administración y que los referidos han aprovechado sin trasegar al país tecnologías o empleos, por lo que el beneficio es enteramente para privados, y para colmo, extranjeros que usufructúan los recursos naturales del país.

Entonces el quid está en lograr que esta dispersión del pensamiento logre concretar una agenda mínima, en la que el papel de todos sea reconocido, y todos y todas sean representados y encuentren un nicho.

Tal agenda supone un esfuerzo en el que todas y todos cedan en favor del bien mayor, y que es recuperar, reconquistar el estado de derecho.

*Educador salvadoreño

En este tiempo está de moda recurrir a la voluntad de las mayorías para justificar cualquier medida, incluso aquellas que contradicen las reglas de convivencia nacional expresadas en la Constitución.

Por: Omar Serrano*

La frase en latín “vox populi, vox Dei” ha sido repetida para sostener que la voz de la mayoría tiene la razón y es el argumento de fondo del oficialismo. Pero la historia de la humanidad está llena de ejemplos que revelan que las mayorías también se equivocan.

Cuentan que en el siglo XIV, durante la Peste Negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad que se estima que mató a casi la mitad de la población de Europa, una gran mayoría de la gente estaba convencida de que la enfermedad era un castigo divino por sus pecados. La manera de librarse de ese castigo era flagelándose duramente para satisfacer la ira de Dios. Pero al percatarse que los autocastigos no funcionaban, argumentaban que el arrepentimiento no era sincero y que había que flagelarse con más dureza, con mayor brote de sangre a través de latigazos más fuertes. Mucha gente lo hacía en las plazas. Este ejemplo es elocuente, pero hay muchos más que reflejan que la mayoría también yerra. Uno de los más citados es el referendo de Poncio Pilato en el que la mayoría de la población pidió la liberación de Barrabás y no la de Jesús.

No por ser mayoría tenían la razón. En el mismo sentido se puede hablar del gran respaldo popular a Hitler. Por otra parte, durante siglos enteros era normal creer que había razas superiores y, por tanto, con el derecho a someter, esclavizar y hasta eliminar a las inferiores. En nombre de esta creencia se sometió a la población negra y a los pueblos originarios de América. Una discriminación muy evidente y lamentablemente vigente hasta nuestros días, es el de la supuesta superioridad natural del hombre sobre la mujer. Además, son incontables los ejemplos en que los pueblos se han equivocado, con mayúscula, al elegir a sus gobernantes. Las mayorías no son infalibles. Y con esto no estamos afirmando que la población decidía algo estando conscientes de que no estaba bien. No, probablemente la mayoría de personas pensaban que estaban actuando bien y que hacían lo correcto. Fue la historia la que demostró después que se equivocaron.

Una lección que nos deja la historia de la humanidad es que los grandes cambios frecuentemente están marcados por la protección de las minorías y por líderes o lideresas que se oponen a las ideas establecidas y aceptadas por las mayorías. Ha sido así porque a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de discriminación contra minorías y contra los más débiles. Así se persiguió, encerró y asesinó a los judíos, así el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, así hoy se sigue discriminando a la mujer, a la población LGBTI+ y a todo aquel o aquella que se atreve a pensar por su cuenta. Afortunadamente, también en la historia hemos tenido a un Nelson Mandela y a un Martin Luther King para luchar por la igualdad de las razas, a un Giordano Bruno, precursor de Galileo Galilei, que descubrió algo que contradecía la creencia de la mayoría. Afortunadamente existen hombres y mujeres valientes y comprometidas que siguen luchando por la equidad de género.
Cuando se recurre a un argumento que la historia ha refutado muchas veces, corremos el riesgo de argumentar con algo falso. Una falacia es un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia está en un argumento convincente, el cual parece bien construido, pero al analizarlo detenidamente comprobamos que es mentira. Vox populi vox Dei ha sido, muchas veces, una falacia, es decir, un argumento incorrecto, equivocado en la historia de la humanidad que, lamentablemente, se sigue utilizando.

*Vicerrector de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 105.

Una reforma, es en esencia una actualización para adaptarse a nuevos desafíos, que debemos traducir en un “ponerse al día”, para que los beneficiados puedan responder a las necesidades implícitas al ejercicio de la disciplina afectada por la reforma en cuestión.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Para el caso, la continua revisión del sistema educativo es una prioridad que debe adoptarse en el ánimo de ofertar a la población educativa, opciones para responder a las dinámicas ética, técnica y laboral.

En este sentido considerar variables como el que nuestro país detenta un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados, sin recursos naturales, que poseemos en nuestra franja costera minerales consolidados en formaciones calcáreas no explotadas, que nuestra población ronda los 7, 000, 000 de habitantes, de los que al menos el 22% se encuentra fuera por razones laborales, y que la formación promedia de acuerdo al MINED, es de apenas cuarto grado, son elementos a considerar para esa venidera reforma en ciernes.

El acceso a tecnologías es también un desafío pues si bien se han entregado computadoras, estas no constituyen una solución pues en su mayoría carecen de acceso a la red, y la comunidad educativa tampoco ha sido formada para utilizar sus herramientas, reduciendo la inversión a apenas una novedad.

Considerar el retorno al bachillerato de tres años tampoco es una opción pues como bien confirmará cualquier alumno en la academia, cualquier academia, no es lo prolongado en la formación básica lo que determina ningún éxito, lo que se constata en las desigualdades entre nuestros profesionales de cualquier área y los provenientes de cualquier país vecino.

Cualquier reforma debería considerar la calidad como prioridad; así por ejemplo no podemos como nación seguir graduando a miles de profesionales cada año de los que apenas el 2 o el 2,4% encontrarán un nicho laboral [MINTRAB].

Ello implica elevar el rango de la academia para forjar solamente a los aspirantes con las aptitudes que aseguren su integración, así como con las habilidades requeridas al desarrollo de la República, cuya incorporación a la vida laboral se dé por descontada en la medida que responda a ello.

Implica esto que cualquier reforma debe considerar incorporar conocimiento genérico de las leyes de la República, dosificadas y con un enfoque reflexivo; emprendedurismo financiero, moral y cívica, pero, sobre todo, creativismo, probado por sistemas como el finlandés, tenido como uno de los mejores sistemas educativos, derivando ciudadanos con aspiraciones e iniciativa propia y crítica, anuentes al desarrollo de nuevas tecnologías y dispuestos siempre a emprender nuevos retos y desafíos.

La corona debería ser los enfoques pluriculturales y pluricognitivos aplicados desde la edad más temprana, como la garantía constitucional de acceso gratuito y universal al sistema, que derivará, está comprobado, en mejores y más comprometidos ciudadanos.

Nada de esto servirá empero si las condiciones de desigualdad e inequidad existentes históricamente en nuestro país, no son superadas, pues como ahora los educandos simplemente juzgarán una incoherencia la desconexión de la realidad con lo aprendido en el sistema.

Es decir; cualquier reforma no puede ser parcial.

*Educador salvadoreño