ENTREVISTA: Crímenes de lesa humanidad no prescriben.
«No se puede combatir el crimen delinquiendo, eso está prohibido por el derecho internacional»
Un informe concluye que existe una base razonable para creer que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad en el régimen de excepción. José Antonio Guevara, uno de los expertos internacionales que participó en la investigación, explica los patrones de abusos documentados y advierte que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
El jurista José Antonio Guevara Bermúdez es uno de los autores del informe que analiza el cometimiento de crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante el régimen de excepción y en esta entrevista explica los hallazgos que llevaron a esa conclusión tras meses de recopilación y análisis de información sobre la situación en el país.
Guevara es abogado especializado en derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional, y fue presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. A lo largo de su trayectoria, ha participado en investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos y en el análisis de responsabilidades estatales e individuales por este tipo de crímenes.
Tras documentar los patrones de abusos señalados en el informe, advierte que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que los funcionarios que hayan participado en su «diseño, ejecución o tolerancia» podrían ser investigados en el futuro.
Sus declaraciones se producen en el contexto de la presentación del informe «El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública», elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) y organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 195.º periodo de sesiones.
¿Cuáles son los hallazgos del informe que explican por qué ustedes llegaron a una conclusión tan grave?
Los hallazgos del informe se logran gracias al análisis de grandes cantidades de información. Se analizaron informes de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, se llevaron a cabo entrevistas con abogados, exfuncionarios, víctimas y familiares de víctimas. Llegamos a la conclusión de que -debido al patrón reiterado de detenciones arbitrarias, muertes en custodia, torturas, desapariciones forzadas y persecución- se han presentado crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Las violaciones de derechos humanos registradas no son casos aislados y no es posible hacer una interpretación de esta naturaleza de que se trate de un acumulado de casos aislados, porque son miles de violaciones.
¿Nos puede comentar qué nivel de gravedad o de evidencia debe existir para afirmar que estos crímenes están sucediendo?
Utilizamos el estándar de fundamento razonable para creer, que es el estándar que se utiliza por diferentes instancias internacionales para la determinación de hechos violatorios de derechos humanos y recomendaciones para lograr justicia penal. Este es utilizado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la determinación de responsabilidades y de personas vinculadas a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Los casos de detenciones arbitrarias, de tortura, de muerte o asesinato en custodia, de persecución de personas que son percibidas como opositoras políticas, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos, se tratan de crímenes de lesa humanidad y eso sería suficiente para que se puedan iniciar formalmente las investigaciones penales por las entidades que tienen competencia para hacer investigaciones penales. Nosotros no tenemos un mandato, lo tienen normalmente las fiscalías de los países o la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El informe también documenta muertes de manera directa por personal de centros penales y torturas dentro del sistema penitenciario, qué evidencia pudieron encontrar que permita entender qué está ocurriendo en las cárceles salvadoreñas?
Los testimonios de personas que han estado privadas de libertad y por diversos motivos han logrado salir y han podido rendir su testimonio indican cuál es el trato que les dan a las personas y qué es lo que sucede en esos casos en donde las personas son privadas de la libertad o mueren por negligencia, por la falta de atención médica o por consecuencia de los maltratos que reciben dentro de las cárceles. Insisto, esto no es una investigación que sustituya las investigaciones que deben de hacer las fiscalías para corroborar los hechos y para identificar a los acusados de haber cometido las atrocidades. Este informe es un estándar probatorio y aceptable para la discusión y para acreditar que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
¿Qué importancia considera que tiene este tipo de estudios cuando las mismas organizaciones han denunciado que la Fiscalía del país no está realizando este tipo de investigaciones?
Son relevantes porque marcan e identifican cuáles son los patrones. Permiten que en el corto, mediano o largo plazo -cuando hay un cambio de Gobierno o cuando hay algún tercer país que tenga la capacidad jurídica para iniciar investigaciones de crímenes de la humanidad- se pueda actuar debido a que este tribunal internacional solamente inicia investigaciones cuando los Estados en donde se cometieron no quieren o no pueden actuar. Es decir, cuando no llevan a cabo investigaciones o juicios encaminados a que haya justicia. La Fiscalía del país no pareciera tener ni la voluntad ni la capacidad para llevar a juicio a los responsables, es entonces cuando la Corte Penal Internacional podría actuar. Posiblemente en el futuro los gobiernos que sigan inicien investigaciones porque son crímenes que no prescriben, son delitos que el paso del tiempo no va a impedir que la Fiscalía de El Salvador, la Fiscalía de terceros países o de la Corte Penal Internacional inicie investigaciones.
Usted mencionó que estos crímenes podrían implicar responsabilidad internacional, pero ustedes también hablan de responsabilidad individual en el informe sobre quiénes «diseñaron, ejecutaron y toleraron» la política de seguridad del régimen de excepción, ¿podría ser más específico en qué tipo de funcionarios o niveles de mando podrían ser investigados bajo este principio?
Nos referimos a la responsabilidad nacional del Estado, pero no exclusivamente de este, sino todos aquellos servidores públicos que hubieran podido participar en los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos como tortura y desaparición forzada. ¿Qué quiere decir? Que tribunales de terceros países podrían iniciar investigaciones por servidores públicos de cualquier nivel, desde el policía que torturó y toda la cadena de mando hasta llegar al más alto nivel del poder del que participaron, de alguna manera, en la comisión de estos delitos. La Corte Penal Internacional normalmente, como parte de la política criminal de ese tribunal, investiga y sanciona a los más altos funcionarios del Estado que participaron. Eso puede ser desde el presidente de la República hasta los secretarios que tengan que ver con la seguridad.
Para El Salvador, qué significa que expertos internacionales concluyen que existe una base razonable para creer que se están cometiendo este tipo de crímenes?
Significa que es un análisis independiente y objetivo, preciso, con información objetiva. Eso ameritaría poner un alto en el camino, hacer un examen de conciencia, revisar las políticas y todas aquellas medidas que han erosionado el Estado de Derecho, que son necesarias para la rendición de cuentas y para poder reparar a las víctimas. También es un llamado de atención a la comunidad internacional y a terceros países para que colaboren, no solamente con el apoyo a organizaciones de la sociedad civil nacional e internacionales que están llevando a cabo estudios, también para que la comunidad internacional cese la cooperación y ayuda para la política de seguridad del Estado de El Salvador. Aquellos Estados que colaboren, cooperen o financien una política que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, podrían ser cómplices o copartícipes en la comisión de esos crímenes.
En un país como El Salvador, donde muchas personas perciben esta mejora en la seguridad, ¿por qué considera que es importante que la sociedad entienda la gravedad de una acusación de crímenes de lesa humanidad?
En el mismo informe reconocemos que es una obligación del propio Estado el garantizar la seguridad personal e integridad de las personas. Eso significa que las políticas de seguridad ciudadana deben hacerse y llevarse a cabo respeto a las reglas aplicables del derecho internacional.
La popularidad que puede tener un gobernante no le da licencia para violar las normas internacionales. Eso es muy importante que se reconozca. El derecho internacional en ninguna parte dice que cualquier gobernante que llegue al poder puede hacer lo que quiera para avanzar en sus políticas de seguridad o en cualquier otra política aun cuando le resulten exitosas. No se puede combatir el crimen delinquiendo, eso está prohibido por el derecho internacional. Y lo que es importante en El Salvador, es que la popularidad también ha tenido gobernantes que han sido condenados por la historia, como Adolfo Hitler. Insisto, la popularidad no legítima a ningún gobernante para violar su Constitución y menos aun para cometer los peores crímenes de trascendencia para la para la humanidad.
Para finalizar, ¿hubo algún caso o evidencia que a usted particularmente le resultara difícil de procesar en toda esta investigación que realizaron para el informe?
Toda la información fue difícil de procesar, porque se tuvo que hacer bajo la óptica del derecho penal internacional, en particular, ese segmento del informe que usted tiene en sus manos. Eso amerita un análisis minucioso de los informes, de las entrevistas y de las declaraciones y políticas de la legislación aplicable.
Insisto, esto ameritaría investigaciones ulteriores por autoridades competentes en materia penal para llevar a juicio a los responsables, incluso a los máximos responsables de la política que está generando pues este grave sufrimiento en miles de personas, muchas de ellas o miles de ellas que son inocentes. Incluso, el propio presidente de El Salvador ha reconocido que hay detenidos inocentes.