LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL SALVADOR.

Por: Daniel Zovatto. Director y editor de Radar Latam 360

Durante años he venido advirtiendo sobre la deriva autoritaria del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. He señalado con preocupación su reelección inconstitucional —la del actual periodo—, el control absoluto que ha logrado sobre todos los poderes del Estado, el progresivo debilitamiento del Estado de derecho y la erosión de los contrapesos democráticos. También he denunciado la persecución a defensores de derechos humanos y periodistas, así como la prolongación casi permanente de estados de excepción que han concentrado un poder extraordinario en manos del Ejecutivo. Este proceso ha venido acompañado de graves violaciones a los derechos humanos y de un preocupante deterioro de las garantías fundamentales que sostienen cualquier sistema democrático. Durante mucho tiempo, estas advertencias fueron desestimadas por quienes preferían mirar únicamente los resultados inmediatos en materia de seguridad. Nadie puede negar que El Salvador sufrió durante décadas una violencia brutal a manos de las pandillas, ni que amplios sectores de la sociedad salvadoreña hoy experimentan un alivio real frente a esa amenaza. Pero la lucha contra el crimen organizado no puede convertirse en una licencia para desmantelar el orden constitucional ni acabar con la democracia. La historia latinoamericana muestra con claridad que cuando el Estado sacrifica el Estado de derecho en nombre de la seguridad, termina debilitando las bases mismas del sistema democrático. Efectivamente, el régimen de Bukele carece actualmente tanto de legitimidad de origen como de ejercicio. Ha venido perdiendo, año tras año, su condición democrática para degradarse, en una primera etapa, a un régimen híbrido y, en nuestros días, a uno de carácter autoritario. El reciente informe presentado ante Naciones Unidas por un grupo internacional de expertos, que concluye que existen “motivos razonables” para creer que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción, confirma muchas de las preocupaciones que distintos analistas venimos planteando desde hace años. Este riguroso informe no es solo una alerta sobre la situación salvadoreña; es también una advertencia para toda la región sobre los riesgos de normalizar la concentración de poder, la militarización de la política y la erosión sistemática de las instituciones democráticas. El tóxico y peligroso “modelo Bukele” —que tanta seducción generabrn algunos países de nuestra región y que cuenta con la complicidad del presidente Trump— puede producir resultados visibles en el corto plazo, pero su costo institucional y democrático puede ser mucho más profundo y duradero que los problemas que pretende resolver. *Estamos advertidos*.