En El Salvador. CUERPOS QUE NO CUENTAN. gobierno oculta homicidios y desapariciones. Aumenta duda en estadísticas oficiales.
Mientras el gobierno salvadoreño presume de logros récord en seguridad y celebra «más de mil días sin homicidios», los asesinatos y desapariciones persisten en el país, quedando excluidos de las cifras oficiales. Familiares, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos documentan una realidad paralela: la de crímenes que se vuelven invisibles y muertes no reconocidas.
Cuerpos que no cuentan
Casos como el de Natalia Raquel Bernal Gómez, hallada estrangulada en Huizúcar tras desaparecer durante cinco días en septiembre, no fueron incluidos en el informe oficial de homicidios del mes. La policía informó de «cero muertes violentas» en ese periodo, a pesar de las pruebas y testimonios de los primeros intervinientes y activistas. Este patrón se repite: los asesinatos documentados por ciudadanos no aparecen en los registros oficiales, y la administración de Nayib Bukele sostiene que «si él afirma que no hay homicidios, no los hay, punto.»
Reconfiguración de los crímenes y feminicidios invisibles
Organizaciones como S.O.S. Desaparecidos y ORMUSA mantienen sus propios recuentos independientes de homicidios y desapariciones, alertando al público a través de las redes sociales ante la reticencia de las autoridades a investigar. Al menos 58 asesinatos fueron reportados de forma no oficial en los primeros meses de 2025, mientras que las estadísticas policiales permanecieron sin cambios. Además, los feminicidios suelen registrarse como «suicidios» o no se clasifican bajo el marco legal actual, lo que impide su investigación adecuada. Entre enero y septiembre de este año, solo el Observatorio sobre la Violencia contra la Mujer documentó 27 feminicidios, ninguno de los cuales aparece en los informes gubernamentales.
Las madres en busca: testimonios y resiliencia
La incansable búsqueda de las madres de los desaparecidos se ha vuelto emblemática. Testimonios como el de la madre de Gregorio Valencia —cuyo hijo de 16 años soñaba con convertirse en perito forense— revelan que el dolor perdura intacto: «Es como si todo hubiera ocurrido en este mismo día.» Madres como la de Carlos Abarca, un estudiante de psicología de 22 años que desapareció, o la de Rodrigo Montalván, que aspiraba a ser médico, relatan la angustia y la impotencia ante la ausencia de respuestas. Muchos envejecen y mueren sin conocer el destino de sus hijos, lo que subraya la devastadora magnitud de las desapariciones forzadas y el abandono estatal.
Muertes bajo custodia y prisiones
Activistas y defensores de los derechos humanos advierten sobre homicidios dentro de las prisiones durante el estado de excepción. El entierro diario de entre seis y ocho cuerpos en fosas comunes dentro de instalaciones como Izalco y Mariona —una práctica que el gobierno ni reconoce públicamente ni registra en las estadísticas oficiales— forma parte de la crisis. Además, en el CECOT, migrantes deportados de Estados Unidos relatan torturas, violencia sexual y desapariciones, lo que desató alarma internacional por el nivel documentado de abusos.
Estadísticas independientes y manipulación institucional
Aunque el gobierno cita solo 39 homicidios oficiales entre enero y junio de 2025, los grupos sociales reconocen más de 58 asesinatos «no contados». Entre 2019 y 2025, los datos oficiales reportan 5.688 homicidios y 2.548 desapariciones, pero los colectivos afirman que la infradenuncia es mucho más extensa y que mantener la información bajo secreto impide la verificación de la realidad. El cierre del acceso público a estas cifras y la negativa a publicar datos alimentan la opacidad institucional y la narrativa oficial de supuesta seguridad.
Reacciones internacionales y derechos humanos
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado la erosión democrática, la represión sistemática y la crisis de derechos humanos que afecta a El Salvador. La tortura en los centros de detención, las desapariciones forzadas y la persecución de los medios independientes se repiten en sus reportajes. La impunidad y negligencia de las autoridades salvadoreñas han impulsado demandas de medidas de rendición de cuentas y un fortalecimiento de la supervisión internacional.
Estado emocional y resistencia de las víctimas
Las víctimas y sus familias se enfrentan a un «limbo permanente», definido por la incertidumbre y la desesperación, pero también por la resiliencia y la solidaridad en la búsqueda de la justicia. La lucha diaria por la verdad y contra el olvido persiste a pesar del silencio y la represión del Estado.
El Salvador está experimentando una transformación en la gestión de la seguridad pública y la transparencia respecto a homicidios y desapariciones. Aunque el gobierno presenta cifras históricas para la reducción de delitos violentos, representantes de víctimas, organizaciones sociales y organismos internacionales advierten sobre la infradenuncia y la opacidad en los informes oficiales. El acceso limitado a los datos, el cierre institucional a las demandas ciudadanas y la persistencia de casos incontables ponen de manifiesto la complejidad del contexto actual.
En este entorno, los testimonios de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos y exigen justicia demuestran que la memoria social y la resiliencia siguen siendo vitales en medio de la incertidumbre. La realidad de quienes aún esperan respuestas tras años de silencio expone el desafío no resuelto de la verdad institucional y la transparencia. El camino hacia la confianza pública y el fortalecimiento de los derechos humanos exige un compromiso abierto con la supervisión independiente y la rendición de cuentas.
La información presentada en este informe ha sido verificada con fuentes oficiales, registros independientes, testimonios directos y análisis de organizaciones internacionales, priorizando el rigor periodístico y el respeto a todas las voces implicadas en el asunto.
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