El Salvador. Presentan carta ante la ONU por disolución del Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Por Lissette Mondragón. (LPG)
La diputada Claudia Ortiz informó que envió una carta al Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para alertar sobre retrocesos tras la propuesta de eliminar el CONAIPD y el Tribunal Sancionador.
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, informó que la semana pasada presentó una carta ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que expone su preocupación por los efectos que tendría la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD). El documento también fue remitido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a la Oficina del Coordinador Residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador.
Ortiz señaló que envió este aviso urgente para advertir sobre el “grave retroceso” que supone la eliminación del CONAIPD y del Tribunal Sancionador contemplado en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Según explicó, estas estructuras son parte de los mecanismos nacionales creados para implementar y monitorear la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD).
“Eliminación del CONAIPD y del Tribunal Sancionador”, afirmó la diputada, “dificultará aún más la inclusión y protección de miles de personas con discapacidad de todas las edades”. Agregó que las reformas propuestas por el Ejecutivo violan obligaciones internacionales y debilitan la rectoría en materia de inclusión. “Nuestro compromiso es defender a los más vulnerables y acompañar a sus familias”, sostuvo.
El 11 de noviembre, el Ministerio de Gobernación presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. La propuesta contempla eliminar completamente el CONAIPD y trasladar sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE). También plantea derogar los artículos 103 al 107 de la Ley Especial de Inclusión, que regulan la creación y funcionamiento del Tribunal Sancionador.
Ortiz indicó que, aunque esta ley entró en vigencia en 2021, la Asamblea Legislativa aprobó siete prórrogas que impidieron que el Tribunal Sancionador comenzara a operar. La última extensión postergaba su entrada en vigencia hasta enero de 2026. Sin embargo, la reforma enviada por el Ejecutivo busca eliminarlo definitivamente. Según la diputada, esta decisión contraviene el artículo 4.3 de la Convención, que establece la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan, así como los artículos 5.2 y 33, relacionados con la protección contra la discriminación y la existencia de mecanismos de monitoreo independientes.
El aviso presentado ante la ONU señala que, de aprobarse la reforma, el país quedaría sin un órgano rector especializado y sin un mecanismo administrativo de sanciones ante violaciones de derechos, lo que mantendría a las personas con discapacidad sin herramientas de protección. El documento afirma que la propuesta constituye una medida regresiva que contraviene el principio de progresividad establecido en el artículo 4.2 de la Convención.
La diputada también recordó que en junio de 2023 el Ejecutivo propuso reformas a más de 90 artículos de la Ley Especial de Inclusión, pero el estudio legislativo de ese proyecto quedó suspendido sin nueva discusión.
La carta hace referencia a las Observaciones finales de 2019 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya advertían sobre la falta de avances en accesibilidad, educación inclusiva, recursos institucionales, mecanismos de monitoreo y participación efectiva. Ortiz argumentó que, pese a estos señalamientos, el Estado salvadoreño no fortaleció la institucionalidad y actualmente busca eliminar los mecanismos existentes.
En su solicitud, Ortiz pidió al Comité tomar conocimiento inmediato de la situación, solicitar información al Estado salvadoreño sobre la compatibilidad de la reforma con la Convención, exhortar a suspender medidas regresivas y ofrecer asistencia técnica para adecuar las políticas públicas sin afectaciones a los mecanismos institucionales.
Fuente: La Prensa Grafica.