En El Salvador : Un plan de seguridad que esconde los muertos que no cuenta.
Por: Miguel A. Saavedra.
El Salvador sigue siendo noticia. Con su afamado Plan de Seguridad y las declaraciones oficiales de ser el país más seguro del hemisferio, donde ahora ni una mosca se muere (excepto cientos de personas en las cárceles). Con un impecable y atiborrante maquillaje mediático y de redes. Sin embargo, detrás de la fachada triunfalista se esconde una realidad profundamente compleja y alarmante.
El elaborado «modelo» neofascista, continúa ocupando titulares internacionales bajo una narrativa pulida, envuelta en un impecable maquillaje mediático y digital que proclama el éxito absoluto de su estrategia de seguridad. Se difunde al mundo la imagen de un territorio blindado donde la criminalidad ha sido erradicada por completo, consolidando un supuesto «milagro» que es aplaudido con entusiasmo por analistas condescendientes y corifeos mediáticos.
Como dice un reportaje de #LaBaseAmLat : «El éxito de Bukele tiene otro costo: detenciones masivas, derechos suspendidos y posibles crímenes de lesa humanidad. Menos homicidios, sí… pero con miles sin juicio». Esa es la frase exacta que rompe el hechizo. Porque lo que te venden como milagro es un laboratorio social que te conmina a elegir entre dos caminos únicos: Seguridad o Libertad.Como si no pudieras tener las dos.
Mientras los analistas «prepago» y los medios corifeo se deshacen en alabanzas de lo insensato y del actuar oficial, los números y el alto costo siguen su avance por debajo.
Del pacto secreto a la masividad represiva
Ante la insostenibilidad del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas y del incumplimiento de las ventajas económicas, carcelarias y de apoyo al núcleo familiar de los jefes de pandillas encarcelados, el gobierno se sintió chantajeado y además vigilado por la investigación del Departamento de Estado de EEUU. Decisión inmediata: romper esos arreglos que llevaban casi una década, desde que el actual presidente fue alcalde de un municipio Nuevo Cuscatlán en La Libertad.
No lo digo yo. Ni es invento de la «oposición», como dicen. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde 2019 el gabinete de seguridad pactó con los jefes de la MS-13 para darles trato preferencial en las cárceles a cambio de reducir homicidios. El Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios del gobierno por mantener arreglos con las maras por el que las pandillas reducirían la violencia y brindarían respaldo político a cambio de dinero ,mejores condiciones carcelarias, apoyo a las familias y peticiones cada vez mayores. El portal El Faro lo había revelado ya en 2020.
El Plan Control Territorial no era suficiente para enfrentar el poder territorial que habían diseminado las pandillas. Entonces la apuesta fue otra: la masividad represiva y las capturas programadas con números diarios, a cambio de días libres, remuneraciones y ascensos en los estamentos de la policía y del ejército,a los ejecutores directos de la maniobra. El rompimiento del pacto, principalmente con la MS-13, con la que aparentemente se tenían más acercamientos, se transformó en una estrategia de seguridad que logra dos grandes objetivos:
1. Mostrar el músculo del Estado en el control territorial.
2. Intimidar a detractores políticos con el argumento de ser acusados de pertenecer o colaborar con esas estructuras criminales. De ahí en adelante, todos pueden ser vinculados bajo esa acusación.
El Régimen que se volvió República
Y aquí aparece el truco jurídico. Como brazo represivo se quitan derechos y se restringen libertades con un mecanismo eventual de la Constitución, decretando desde marzo de 2022 el Régimen de Excepción que se ha prorrogado mes tras mes hasta hoy sin señales de ser suspendido.Ya no es una emergencia. La emergencia es la ley de la República.Hoy cualquier desacuerdo o disidencia con el gobierno , ahora se dirime bajo criterio de régimen de excepción y combate contra las pandillas.
Eso implica ser capturado en cualquier momento y bajo cualquier sospecha, estar preso 3 a 5 años sin juicio ni delito comprobado, permanecer cautivo en condiciones de hacinamiento y malos tratos con la posibilidad de morir en cautiverio si la persona padece de enfermedades de cuido especial.
Los números oficiales hablan de más de 98 mil arrestos desde 2022. Amnistía Internacional denunció cientos de personas muertas en prisión y más de 90.000 detenidas arbitrariamente, hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Su informe «Seguridad sin derechos» documenta al menos 470 muertes bajo custodia estatal. Organizaciones locales como Socorro Jurídico Humanitario elevan la cifra a 554 personas fallecidas tras su detención y en agosto de 2026 la cifra ya se reportaba en 564.
La diferencia entre 470 y 564 ,no cambia el fondo: es un número mucho mayor que las cifras normales históricas de decesos en centros de reclusión. Han convertido las carceles salvadoreñas en una morgue paralela.
La fascinación por los números y los mercaderes del dolor
Se fascinan con las cifras: cien mil capturas, ocho mil liberados después de 3 años, pero queda una cantidad igual o mayor todavía presa sin juicio oportuno y justo. El gabinete de seguridad y los altos funcionarios se fascinan con los números y los muestran orgullosamente al mundo.Es la misma lógica perversa de aquel gobernante chino que en 1932 mandó desbordar el Río Amarillo para «salvar a su país». Para alcanzar la gloria del poder, no importa a cuántos haya que afectar.
Y aquí entra tu apunte más disruptivo, el del vicepresidente Ulloa. Un ex defensor de Derechos Humanos hasta antes de ser parte del poder junto a Bukele. Su argumento principal cuando visita otros países es que ,siempre deben haber daños colaterales inevitables y sobre todo que debe existir un agradecimiento eterno, casi como en la colonia española donde ladinos e indígenas debían permanecer bajo agradecimiento, servidumbre y obediencia al colonizador.
«El fin justifica los medios y los daños colaterales»,
Han aprendido a mercadear con el dolor ajeno. Argumentan con narrativas triunfalistas victimizando a personas que ni siquiera conocen, ni les importa su dolor. Barren con habitantes de zonas marginales de las grandes ciudades y del campo para mantener una desaforada campaña de limpieza social, mientras te venden que te salvaron.
El Dilema Impuesto: ¿Seguridad a Cambio de Derechos?
Lo que en marzo de 2022 se presentó como una medida de emergencia temporal a través del Régimen de Excepción prorrogado sistemáticamente mes a mes se ha convertido en la norma permanente de gobernanza Esto ha derivado en:
Militarización de la seguridad pública ,donde el ciudadano no vale , ni es escuhado por las instituciones , subordinación total del Poder Judicial al Ejecutivo, así como la restricción sistemática de la prensa y criminalización de la disidencia .El modelo implementado por la administración de Nayib Bukele opera como un laboratorio social que coacciona al ciudadano a elegir entre dos binomios incompatibles en una democracia genuina: seguridad o libertad.
Lejos de limitarse a las calles y comunidades vulnerables, este marco represivo ha mutado en una herramienta polivalente para la persecución política. El régimen de excepción ya no solo persigue el crimen; ahora judicializa y criminaliza al enemigo político y a todo aquel que el aparato estatal clasifique como “enemigo interno”.
La lista es amplia e inclemente: periodistas incómodos, defensores de derechos humanos, analistas, académicos y voces críticas que caen bajo el radar de sus redes de espionaje y seguimiento. Sin embargo, la paradoja más oscura del sistema se revela hacia adentro: la purga no perdona ni a sus propios leales cuando se desvían de la obediencia ciega. Casos emblemáticos como el del exasesor de seguridad Alejandro Muyshondt quien falleció bajo custodia estatal en circunstancias opacas tras su arresto o la encarcelación del expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, exponen el mensaje central del poder: en este tablero, la lealtad tiene fecha de caducidad y nadie es intocable.
Las consecuencias de esta lógica, donde «el fin justifica los medios», son ineludibles:
La tasa de encarcelamiento más alta del mundo: Más del 2% de la población adulta se encuentra tras las rejas, producto de detenciones arbitrarias basadas en sospechas endebles, denuncias anónimas, vivir en zonas marginales o simples rasgos físicos, sin el debido proceso ni garantías judiciales.
Deterioro humanitario en centros penales: Organismos locales e internacionales de derechos humanos documentan condiciones críticas de hacinamiento y tratos crueles, con cientos de muertes bajo custodia estatal que superan ampliamente las métricas históricas del sistema penitenciario.
La complacencia internacional: Como señala el análisis de fondo, el modelo subsiste en parte porque no altera los intereses estratégicos de las potencias globales, generando una «ceguera selectiva» donde las advertencias diplomáticas quedan reducidas a informes sin escalamiento real.
Dejan muchas preguntas en el aire : no es si bajaron los homicidios. Sí, bajaron. Pero la pregunta es: ¿a qué costo y a quién le favorece ese costo?
El debate en El Salvador no radica en negar la reducción de los homicidios callejeros un alivio innegable para una sociedad que sufrió históricamente la violencia pandillera, sino en cuestionar a qué costo político, ético y humano se ha construido esta paz aparente.
Glorificar un sistema que normaliza la suspensión indefinida de libertades y mercantiliza el dolor ajeno bajo narrativas épicas es ignorar que los derechos fundamentales no son concesiones graciables del gobernante de turno, sino el cimiento indispensable de cualquier república democrática duradera.¿Cómo se concilia el sueño desde la opulencia cuando la propia tranquilidad se financia con la libertad y la vida de los demás? .
Es el gran misterio de la política salvadoreña actual. Funcionarios en condiciones holgadas, sonrientes ante las cámaras, mientras miles de ciudadanos sin causa justificada yacen en prisión y una sombra de sospecha se cierne sobre el resto. Habitan en la opulencia y el confort de una realidad blindada, indiferentes al dolor de miles de familias destruidas. Ignoran deliberadamente a quienes yacen injustamente tras las rejas sin causa ni proceso, a los que viven con el terror latente de ser los próximos en la lista.
«Han aprendido a dormir tranquilos sobre un piso construido con el sufrimiento ajeno.»
Este es el video que no publican en las redes , los troll y bots ,sobre el impacto social del régimen de excepción y el precio humano que paga la población vulnerable.Ese es el costo humano del modelo de seguridad ejemplar que ahora venden a otros países.
Porque una seguridad que necesita miles sin juicio, cientos de muertos en cárceles y un régimen prorrogado por más de cinco años para sostenerse, no es seguridad. Es dominación y nuevo coloniaje con maquillaje de TikTok.