Honduras. Va a las urnas otra vez bajo la sombra del narco y el crimen.
Por Hector Silva Ávalos. *
Dos viejos candidatos de la derecha hondureña van a las urnas el 30 de noviembre en las presidenciales que los enfrentarán a Rixi Moncada, candidata oficialista y heredera del legado político de Xiomara Castro, la presidenta, y de su esposo, Manual “Mel” Zelaya, quien cogobernó tras bambalinas desde 2022. Las encuestas no arrojan preferencias claras.
Todo vuelve a estar empañado por el vaho del narco, la impunidad y el crimen organizado, como ha ocurrido en este país centroamericano desde principios de siglo. Como en los tiempos de Juan Orlando Hernández, el expresidente condenado a 35 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico en 2024, la política hondureña camina, aún, marcada por herencias criminales de las que la presidenta Xiomara Castro, elegida como sucesora de Hernández en noviembre de 2021, no se pudo librar del todo.
Castro llegó a la presidencia en 2022, cuando, hartos de la criminalidad y la violencia asociada a Hernández, la mayoría de los hondureños votó por ella y por la idea asociada a su campaña, la de la candidata que representaba la ruptura don el viejo régimen.
La presidenta ha gobernado en un ambiente hostil, bajo ataques constantes apuntalados desde tres frentes, el de su oposición política, el que montó Washington tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y el que alimentaron sus propios desaciertos y el de sus colaboradores más cercanos, incluido su esposo, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya.
Aun así, los análisis menos apasionados, que son pocos en Honduras, atribuyen a la presidenta logros importantes, sobre todo la reducción de la pobreza en varios puntos porcentuales y la baja en las cifras de homicidios.
En lo que toca a la pobreza, las cifras oficiales ponen en más 10 puntos la baja de la pobreza y en cerca de 15 la reducción en la pobreza extrema. Los datos y proyecciones del Banco Mundial son más conservadores, pero también hablan de una reducción: la pobreza, según esta multilateral, se redujo en cerca de 4 puntos de 2023 a 2024.
“Honduras ha logrado avances en la reducción de la pobreza, aunque sigue siendo uno de los países más pobres y desiguales de América Latina y el Caribe. Según el umbral de US$8.3 per cápita por día (PPP 2021), la pobreza afecta al 49.8% de la población (3.6 puntos porcentuales menos que en 2023), y se proyecta que disminuirá al 46.1% en 2025 y al 44.5% en 2026. La pobreza bajo el umbral de US$3.0 sigue siendo alta en la comparación regional, con un 15.7% en 2024.”, dice el Banco Mundial en un informe publicado este año.
Tanques de pensamiento afines a la oposición hondureña, en Honduras y en Estados Unidos, han hecho malabares para no reconocer la disminución en las cifras de pobreza, o al menos para no atribuirla como logro al gobierno de Castro, pero incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo, en su momento, palabras de reconocimiento para la administración de la presidente en este tema. En un informe que publicó en 2023, tras la visita de una misión a Honduras, el FMI dijo que “la recuperación económica… ha sido notable”.
Algo similar ha ocurrido con las cifras de homicidios. De acuerdo con una revisión anual hecha por la Fundación InSight Crime, “los homicidios siguieron disminuyendo notablemente en 2024, con una tasa de 25.3. Entre los aspectos positivos, las tasas de homicidios nen las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se redujeron a la mitad entre 2022 y 2024”.
Castro, además, gobernó los primeros años de su mandato aupada por la expectativa de que su gobierno marcaría distancias claras con el narco, la fuerza que, desde las sombras primero y con la complicidad abierta del Estado durante el mandato de Hernández, marcó los vaivenes de la política local. Esa expectativa se agotó pronto.
La larga sombra del narco y un cambio que no ocurrió
Desde un inicio, la presidenta hizo de esa idea de distanciamiento parte central de su narrativa política. Y, en esa historia, el primer capítulo escrito durante su administración fue la extradición de Hernández a Estados Unidos, que ocurrió pocas horas después de que Castro asumió la jefatura de Estado.
A la extradición de Hernández siguió un largo juicio por narcotráfico en Nueva York en el que funcionarios estadounidenses y los criminales con los que el expresidente había hecho negocios dieron detalles sobre las alianzas del narco con el poder político de todo signo, pero en especial con el Partido Nacional, el hogar tradicional de la derecha hondureña.
La Honduras que los testigos explicaron en el juicio de Hernández es un país en el que las grandes bandas de narcotraficantes y sus socios políticos tienen acceso a puertos, carreteras y oficinas estatales para mover cocaína y para lavar las ganancias del negocio. Uno de esos testigos, Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias Cachiro y líder condenado de una de las bandas criminales más relevantes en la historia del país, lo explicó bien al decir que consideraba a Hernández uno más de su asocio delictivo. “Él era un cachiro; desde que me recibió dinero se convirtió en un cachiro”, dijo Rivera en el estrado en Nueva York.
Durante aquel juicio al expresidente, la mayoría de los nombres asociados al narco estaban relacionados con los dos grandes partidos históricos de Honduras, el Nacional y el Liberal.
El primero, el Nacional, presenta hoy como candidato presidencial a Nasry Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa, la capital, que no está exento de señalamientos de corrupción. Este partido es en el que militó durante toda su vida política Juan Orlando Hernández y es el que se convirtió en epítome de la penetración del narco. El expresidente y el PN llegaron a controlar todo el Estado, la fuerza pública e incluso a la prensa local y, gracias a ese control, se convirtieron en socios e incluso en patrones de las bandas dedicadas al tráfico de drogas a gran escala.
El otro partido, el Liberal, lleva a las urnas a Salvador Nasralla, un expresentador de televisión y candidato sempiterno que es el favorito de Washington y sobre quien no pesan, por ahora, señalamientos de colusión con el narco. Sobre el partido y algunos de sus miembros más relevantes, en cambio, hay manchas importantes. Uno de los principales operadores del Liberal, el banquero Yani Rosenthal, fue condenado a 36 meses de cárcel en Estados Unidos por lavarle dinero al narco.
Diputados de ambos partidos han sido señalados por el Ministerio Público local y por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), desmantelada por el expresidente Hernández en 2020, de formar parte activa en millonarios esquemas de corrupción con fondos públicos.
El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), desde el que gobierna la presidenta Castro, es una escisión del Liberal y sigue siendo, según su propia narrativa, la opción al bipartidismo y a los males enquistados en la vieja política. Pero no. La corrupción e impunidad, imbricadas con los aparatos liberales y nacionalistas, también echó raíces en LIBRE y en su primer gobierno. Hay casos que hablan de ello.
El de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es uno de esos casos de corrupción, acaso el más emblemático. Se trata de un fondo público, unos 10 millones de dólares, que fue abusado por diputados, la mayoría del partido oficialista.
La presidenta también deja varias deudas pendientes en materia de impunidad que afectan a minorías y a comunidades victimizadas por mafias criminales asociadas con el narcotráfico y la industria extractivista. Entre los casos más nefastos están los de acoso y ataques contra defensores en el Bajo Aguán, una zona rica en recursos naturales donde al menos 14 personas activistas y defensoras han sido asesinadas desde que Castro asumió el poder, de acuerdo un informe del portal periodístico Reporteros de Investigación. La mayor parte de esas muertes ocurrieron en 2023, cuando era viceministro de defensa un militar llamado Elías Melgar, asociado con empresas de seguridad y escuadrones de la muerte que operaban en ese territorio.En septiembre de 2024 fue asesinado el ambientalista Juan López en Tocoa, al norte del país. Todos los indicios apuntan a Adán Fúnez, un alcalde del partido oficialista. Aunque investigadores policiales recabaron suficiente información para emitir una orden de arresto, la fiscalía, controlada por LIBRE, nunca procedió.
A pesar de la caída en las cifras de homicidio, el gabinete de seguridad de Castro ha estado en medio de varios señalamientos relacionados, también, con impunidad y nexos con el crimen organizado. El secretario de seguridad de la presidenta, Gustavo Sánchez, por ejemplo, se negó a investigar a fondo la posible participación de oficiales de la policía en una masacre de presas en la cárcel de máxima seguridad, aun cuando hay informes internos según los cuales munición policial fue utilizada en la matanza, según reveló el medio argentino Infobae. Sánchez también fue señalado por haber protegido de la investigación a posibles implicados con un narcolaboratorio durante los años del expresidente Hernández.
También hay polémica alrededor el Ministerio Público (MP), presidido desde 2023 por el abogado Johel Zelaya, cercano al oficialismo. Es en una controversia relacionada con la gestión de Zelaya que aparece uno de los casos que salpica al entorno de la presidenta con el narcotráfico.
En septiembre de 2024, autoridades estadounidenses filtraron a periodistas un video de 2013 en el que aparecen los líderes de la banda de narcotraficantes Los Cachiros negociando un soborno con Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y vicepresidente del Congreso cuando ese video fue publicado. Zelaya, quien hizo las maniobras políticas para colocar a Johel Zelaya al frente del MP, nunca fue investigado ni procesado.
La intromisión de la derecha estadounidense
La oposición hondureña, alrededor de la cual hoy se aglutinan los principales líderes de los partidos nacional y liberal, la mayor parte de las élites empresariales y el sector más conservador de la administración Trump en Estados Unidos, no ha dudado en achacar todas estas faltas y señalamientos a la presidenta Castro y su entorno mientras, en un ejercicio de olvido selectivo, intenta esconder a conveniencia sus propios pecados.
Políticos, voceros y agentes internacionales que alguna vez se abrazaron con le narcogobierno de Juan Orlando Hernández, o al menos hicieron silencio ante sus desmanes, hoy se rasgan las vestiduras. Ejemplos del doble rasero abundan, por ejemplo, en Washington.
La ultraderecha cubanoamericana, asociada al movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente Trump, ha llevado la batuta en Washington en el asunto hondureño con la tradicional narrativa geopolítica creada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, esa que postula que los gobiernos cercanos a la izquierda son cabezas de playa del comunismo internacional y los más cercanos a la derecha y al conservadurismo son, a pesar de cualquiera de sus pecados, la mejor opción. María Elvira Salazar, expresentadora televisiva reconvertida en representante republicana en el Congreso, ha sido la vocera principal de esa narrativa.
El 20 de noviembre pasado, Salazar, en su calidad de presidenta del subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental, convocó a una audiencia a la que tituló “Democracia en peligro: La lucha por elecciones libres en Honduras”. Ahí, la representante republicana y testigos convocados por ella achacaron los problemas del país centroamericano al “socialismo” y al gobierno de Castro, al que definieron como “títere” de los regímenes cubano y venezolano. No hubo, en esas alocuciones, mención a Juan Orlando Hernández, hoy convicto por narcotráfico y alguna vez aliado político de los Estados Unidos.
La comunidad internacional no partidaria, representada por organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Europa, más preocupada por los desmanes de Nayib Bukele en El Salvador o la tensión entre el presidente Bernardo Arévalo y las élites guatemaltecas, ha pasado de puntillas por el tema hondureño o lo ha ignorado. El 19 de noviembre, no obstante, ocho organizaciones basadas en los Estados Unidos pidieron a la administración Trump garantizar elecciones libres y transparentes.
Para este martes 25 de noviembre ha sido programada una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington en la que se hablará de las elecciones hondureñas.
Así navega Honduras hacia sus elecciones presidenciales. De las encuestas que se han publicado en los últimos meses, asociadas unas a la oposición y las otras al oficialismo, no quedan predicciones claras, solo intuiciones e informes privados recogidos por observadores extranjeros destacados en Tegucigalpa. Uno de esos agentes, diplomático europeo, aseguró a este medio que en conversaciones privadas con miembros de un bando y el otro se habla de un resultado que dejará muy cerca a Rixi Moncada, la candidata del oficialismo, de Salvador Nasralla, el favorito de Washington. Es aquí donde las dudas respecto a la independencia e integridad del Consejo Nacional Electoral cobran relevancia.
Fuente: Prensa Comunitaria