Bajo Custodia Estatal: Cientos de Muertos y Torturas que Desmienten las Cifras Oficiales en El Salvador

El conteo oculto

Las bases de datos independientes, construidas con denuncias familiares y análisis forenses, revelan un panorama de abusos sistemáticos y falta de transparencia.

• Socorro Jurídico Humanitario (SJH): Ha documentado más de 430 muertes bajo custodia estatal, y ha presentado sus hallazgos ante la Corte Penal Internacional para una eventual investigación por crímenes de lesa humanidad.
• Cristosal: Reportó la muerte de 261 personas adultas y 4 menores entre 2022 y julio de 2024, dejando a 176 niños en orfandad.

“La escasa confiabilidad de la información oficial hace probable que el número de muertes sea mucho mayor”, señala su informe El silencio no es opción.

Hacinamiento y condiciones inhumanas

La alta mortalidad está directamente ligada al hacinamiento derivado del encarcelamiento masivo. Más de 87,000 personas han sido detenidas desde que entró en vigor el régimen, lo que ha colapsado el sistema penitenciario. Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y International Crisis Group describen las prisiones como espacios de “tratos crueles e inhumanos” que facilitan muertes bajo custodia.

Entre las violaciones más graves documentadas se encuentran:

• Hacinamiento extremo: El ingreso indiscriminado sobrepasa la capacidad carcelaria.
• Falta de recursos básicos: Racionamiento de comida, agua y acceso limitado al baño.
• Riesgo sanitario: Insalubridad, mala ventilación y calor extremo provocan desmayos y enfermedades como tuberculosis, infecciones respiratorias y problemas gastrointestinales.

Muertes por violencia y negligencia

El perfil de las víctimas contradice la narrativa oficial de que se trata únicamente de pandilleros. Según organizaciones civiles, el 94 por ciento de los fallecidos no tenía vínculos con estructuras criminales y permanecía en detención provisional.
Los patrones de muerte se dividen principalmente en dos tipos:

• Muerte por enfermedad agravada: La falta de atención médica y de medicamentos, sumada a la insalubridad del encierro, constituye una negligencia estatal.
• Muerte por violencia directa: Cuerpos entregados con hematomas, fracturas y golpes indican tortura o tratos crueles a manos de custodios o por riñas sin intervención oficial.

La respuesta oficial: negación e impunidad

Pese a los informes internacionales, el gobierno salvadoreño mantiene una defensa cerrada de su política de seguridad. La Fiscalía General de la República ha archivado la mayoría de las investigaciones relacionadas con muertes en prisión dentro del marco del Régimen de Excepción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han exigido acceso sin restricciones a los centros penitenciarios para monitorear las condiciones, pero las autoridades salvadoreñas no han respondido.

La impunidad, aseguran los organismos consultados, convierte la política penitenciaria en un sistema de castigo silencioso, donde el Estado conserva el control de las cifras, pero no de las vidas que se apagan tras los muros.

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